25 de octubre de 2012

Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía

Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía


– 25 octubre, 2012

Publicado en: EN ESPAÑA

Foro de Organizaciones de Periodistas (*)

Ante la gravísima situación de la profesión periodística y los medios de comunicación, las organizaciones abajo firmantes llamamos a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial de la democracia.



Trabajadores de El País protestan por el inminente ERE. ©FESP Si bien es cierto que todos los sectores de la producción y profesionales atraviesan momentos difíciles, los medios de comunicación suman a los factores comunes que tienen con otros sectores la característica particular de trabajar con un material que influye de forma directa en bienes fundamentales de la sociedad.



Los derechos a la Información y a la Comunicación de la ciudadanía son reconocidos como Derechos Humanos y como tales merecen un tratamiento específico con el fin de preservar la dignidad y la libertad de la ciudadanía.



Los despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales, las ofertas de trabajo esclavistas y los cierres de medios en los últimos años están causando un grave deterioro de la calidad informativa, limitan la independencia de los periodistas, debilitan el compromiso de la prensa con las libertades, el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el pluralismo y atentan contra el derecho a un trabajo digno que garantiza la Constitución.



Por tanto, instamos al Gobierno a que tome conciencia de que el hundimiento de la prensa afecta directamente a los cimientos de la democracia, a cuya construcción en nuestro país han contribuido con ejemplaridad los medios de comunicación y sus trabajadores.



Preservar los medios públicos de comunicación

Es sumamente preocupante el cierre, debilitamiento o externalización de funciones de las televisiones y radios públicas estatales, autonómicas o locales. No se les debe analizar desde la visión de la rentabilidad económica sino de la rentabilidad social que deben dar y nos oponemos rotundamente a que, bajo la etiqueta de “medios públicos igual a despilfarro”, se trate de acabar con un sector que da empleo a miles de periodistas y que contribuye de forma importante al desarrollo democrático y al debate plural.



Defendemos unos medios públicos gestionados con rigor y dedicados a difundir información basada en la objetividad, la imparcialidad y la veracidad.



Pedimos a los ciudadanos que no olviden el grado de responsabilidad de los políticos en el deterioro de la credibilidad de los medios públicos con sus estrategias de control de la información y con el nombramiento de representantes en los consejos que no responden a los exigibles perfiles de independencia que marca la ley.



Los gobernantes no pueden olvidar su obligación de informar y explicar a sus gobernados de sus actuaciones y la mejor forma de hacerlo es a través de los medios públicos si se hace de manera veraz, plural e independiente.



Medios doblemente necesarios en una sociedad donde mucha información de los medios privados responde exclusivamente a sus intereses comerciales.



Minimizar los medios públicos está incrementando de manera significativa la desocupación; lo que no encaja con la intención manifestada de reducir el paro.



Es necesaria una reformulación de los medios públicos estatales, autonómicos y locales para que no se conviertan en entes sobredimensionados y con fines partidistas. Se ha de apostar por la producción propia y por contenidos que respondan a una información veraz e independiente, con criterios de cercanía territorial y difusión de valores culturales y de servicio social.



Erradicar la precariedad laboral de los periodistas

Nunca la situación laboral de los periodistas había llegado a tal grado de deterioro; pero a esta situación no la ha llevado solo la actual crisis económica. Esta sí ha mostrado las lacras de una profesión que durante décadas se ha deteriorado a causa de cambios laborales en los distintos convenios de los sectores afectados y de una política de desregularización laboral propiciada por los empresarios; sin que los sucesivos gobiernos de la democracia hayan hecho nada para evitarlo.



La precariedad de los periodistas reduce la calidad de la información y perjudica a la democracia En estos últimos años ha sido evidente la dualidad laboral que se ha creado en la mayoría de empresas. Por un lado se han pagado grandes sueldos a periodistas y presentadores con firma y rango de estrella y por el otro se ha labrado la más intensa precariedad en los niveles inferiores de la profesión.



Los ajustes en las redacciones se han venido haciendo desde hace años; bien por la vía directa del despido como por las políticas de convergencia estratégica para el aprovechamiento de supuestas sinergias entre las distintas plataformas o de la polivalencia profesional para aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación.



Estas prácticas solo han servido para recortar costes; mientras que en nada han servido para mejorar la calidad de los medios, como puede apreciarse.



Durante los largos años de bonanza, la casi totalidad de las empresas de medios españoles ha negado, como siguen negando, a miles de trabajadores de la información el contrato laboral al que tienen derecho. Hablamos de un permanente fraude a la Seguridad Social, reiteradamente denunciado ante distintas administraciones, que no se ha sabido corregir y que hoy maximiza los efectos de la crisis.



Miles de periodistas que han trabajado durante años en esas condiciones, hoy no solo han perdido sus puestos de trabajo sino que tampoco han recibido indemnización alguna ni accedido al seguro de desempleo.



Esos trabajadores, excluidos de los convenios del sector, han visto recortadas sus colaboraciones o rebajado drásticamente el precio de ellas de manera unilateral.



Es fundamental un gran pacto entre todos los actores implicados que erradique el intrusismo y sea escrupuloso con la adecuada remuneración y la categoría profesional de los distintos trabajadores de los medios de comunicación.



Asimismo, rechazamos la oferta de prácticas no remuneradas y la utilización de estudiantes y becarios para cubrir puestos estructurales.



Al tiempo que reclamamos que, ha llegado la hora de que se reconozcan los derechos de autor de los periodistas y que este principio se recoja en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual”.



Fortalecer la independencia profesional de los periodistas

Esta precariedad e inseguridad laboral está impidiendo que los informadores puedan desarrollar con independencia de criterios su labor de mediadores de la información veraz a la que tiene derecho la ciudadanía.



Las redacciones, diezmadas, se ven incapaces de atender las necesidades informativas del buen periodismo; gran parte de las informaciones que hoy reciben los ciudadanos son aportadas por fuentes interesadas cuya veracidad no es contrastada.



Así, el periodismo se está convirtiendo en un mero transmisor de publicidad o propagandas encubiertas, sin tiempo para reflejar la realidad social ni investigar a favor de los intereses de los ciudadanos.



Ante esta calidad informativa plana, distante e indiferenciada, no resulta extraña la perdida de lectores que sufren los medios y el descrédito social creciente de los medios y de los periodistas que reflejan los estudios desde hace algunos años.



Garantizar una información de calidad

Ante esta situación de la información, que está siendo rechazada por gran parte de la sociedad, y la crisis particular del sector que va más allá de lo puramente económico; consideramos que todos los actores sociales del ámbito de la comunicación y el propio Gobierno de España deben reaccionar de manera inteligente, si no se quiere acabar con una de los pilares de una sociedad democrática.



En este contexto, rechazamos que se pretenda someter la deontología profesional a las leyes del mercado y recordamos que sin periodistas no hay periodismo, un lema que puede parecer una proclamación pretenciosa pero que no lo es cuando comprobamos que algunos editores están sustituyendo a periodistas por otros perfiles “técnicos”.



La ciudadanía necesita que urgentemente se pongan en juego mecanismos eficaces para garantizarle el acceso a una información veraz, plural y completa; en suma, que tengan realmente posibilidades de ejercer su derecho fundamental a la información y a la comunicación.



La práctica de ruedas de prensa sin preguntas debe ser reprobada desde todos los ámbitos profesionales.



Ayudas a los medios

Consideramos urgente un plan de ayudas a la prensa, que debe estar condicionado al mantenimiento del empleo; un plan destinado a impulsar proyectos innovadores, no una vía de financiación de recortes laborales y salariales.



Resulta imprescindible el servicio público de la información porque los grandes medios se orientan sólo en beneficio de sus intereses comerciales Instamos a los medios a que retiren la publicidad sexual por ser contraria a la ética, atentar contra la dignidad de la mujer y haberse demostrado en varias operaciones policiales que suelen ser utilizados por las bandas mafiosas dedicadas a la prostitución para captar clientes.



En esa línea, estimamos que cualquier plan de ayudas públicas no puede tener como destinatarios a medios que publican anuncios sexuales.



Igualmente, consideramos que ante la convocatoria de concursos públicos de concesión de licencias de emisoras de radio y televisión, las administraciones deben exigir en sus pliegos de condiciones proyectos solventes -y no basados en intereses políticos- que creen empleo, garanticen la calidad de la información y dinamicen las sociedad donde surgen.



Constituir una mesa sectorial de diálogo

Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes de este manifiesto, consideramos imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales y sindicales de este mismo ámbito.



El objetivo de la misma es facilitar al Gobierno una visión amplia y pormenorizada de la actual situación del periodismo en España para que pueda impulsar una acción firme y reflexiva para la recuperación del sector, más allá de los presupuestos puramente economicistas, aunque contando con ellos.



Entendemos que la acción de esta mesa sectorial debe abordar el tratamiento y formular propuestas sobre estos tres puntos básicos.



-Examinar cuidadosamente todos los expedientes de regulación de empleo del sector de la comunicación que se presenten: Que estén bien tramitados, basados en el diálogo y acuerdo de las partes, con especial atención a que las empresas que los impulsen no estén disfrutando de ayudas especiales de la administración o gestionen dinero que procedan del presupuesto general.



Asimismo, fijar criterios para que todas las ayudas que los medios reciban de las administraciones estén vinculadas a proyectos de viabilidad que contemplen el compromiso de consolidación de los puestos de trabajo.



-Reconsiderar los recortes de presupuestos aplicados o que se piensen aplicar que lesionen la calidad los medios, especialmente en los de titularidad pública o semipública de ámbitos locales. Espacios en los cuales los medios privados no satisfacen las necesidades informativa ni culturales. En esos casos, poner en marcha acciones eficaces ante las autoridades con responsabilidad directa sobre estos medios -presidentes de las diputaciones, consejos comarcales y alcaldes- o sobre las empresas productoras para preservar su continuidad.



-Estudiar en profundidad medidas viables, no sólo de carácter económico, que ayuden a superar este déficit democrático, cultural y de cohesión social que ha agravado la actual crisis, pero que responden a modelos y prácticas nocivas de larga trayectoria.



En momentos tan graves para el sector de la comunicación, pensar que estamos solo ante un problema de financiación de las empresas y confiarlo todo a la recuperación de la dinámica del mercado sería un suicidio social.



No podemos equivocarnos creyendo que las leyes del mercado pueden estar por encima de principios fundamentales como los derechos a la Información y la Comunicación, que solo se pueden sustentar ante un auténtico pluralismo de los medios que aleje el peligro de la concentración de la información y de los recursos para financiarla en pocas manos. Solo de esa manera se garantizará el pluralismo de nuestra sociedad.



Con la misma intención se debería prestar especial atención a la creación de normas de estímulo para facilitar a todo los grupos sociales el acceso y utilización de las modernas herramientas de comunicación. Estos medios comunitarios imprescindibles para hacer cierta la libertad de expresión, también pueden servir para dinamizar la ocupación laboral de los periodistas.



Es imprescindible que el Gobierno y a los grupos parlamentarios aprueben de una vez por todas una ley de transparencia y acceso a la información pública, un derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de nuestra democracia.



Las organizaciones firmantes de este manifiesto entendemos que los medios de comunicación deben ser el canal de expresión de nuestro pluralismo social y los profesionales del periodismo quienes, con independencia y honestidad, deben estar en condiciones de garantizar la veracidad y la oferta plural de contenidos de interés ciudadano y de calidad que transmitan estos medios.



(*) El Foro de Organizaciones de Periodistas lo integran la Agrupación de Periodistas de CCOO, la Agrupación General de Periodistas de UGT, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el Sindicat de la Imatge-UPIFC.



Se suicida antes de ser deshauciado. Otra victima del terrorismo capitalista

25/10/2012


Se suicida antes de ser deshauciado. Otra victima del terrorismo capitalista



x Boltxe.


Esto es terrorismo, terrorismo puro y duro. Esto es la democracía burguesa y esto es su sitema ecónomico, el capitalismo



Un hombre de 53 años que estaba a punto de ser desahuciado ha aparecido colgado en el patio de su vivienda en el barrio de La Chana en Granada. La desesperación ante la salvajada que iba a realizar el banco contra su vivienda le ha llevado a esta dramatica decisión.

Precisamente ha sido la policía, quien ha encontrado el cuerpo del hombre. Pueden estar satisfechos los bancos y el sistema capitalista, autenticos culpables de esta muerte.

Domingo ( que así se llamaba )era soltero y tenía un pequeño comercio de prensa, revistas y libros, entre otras cosas, situado junto a la frutería de su hermano; ambos negocios están comunicados.

"En el barrio nos ha sorprendido mucho lo que ha pasado, no sabíamos nada de que tenía este problema, si no, la asociación de vecinos se hubiera movilizado para ayudarle", el presidente de la asociación de vecinos de La Chana, que ha explicado que el fallecido era una persona muy conocida en el barrio y que regentaba esa tienda desde hace al menos 20 años.

Esto es terrorismo, terrorismo puro y duro. Esto es la democracía burguesa y esto es su sitema ecónomico, el capitalismo. Esto es lo que nos toca combatir hasta vencer. El capitalismo y su forma política de organizarse. Desde lo mas profundo de la solidaridad obrera e internacionalista, el mayor desprecio al sistema capitalista y el mejor y mas cariñoso recuerdo a este hombre asesinado por el capitalismo



El PP provoca la mayor caída de poder adquisitivo de los últimos 27 años

El PP provoca la mayor caída de poder adquisitivo de los últimos 27 años


El agravamiento de la crisis como consecuencia de la deriva antisocial en la que el Gobierno del Partido Popular ha sumergido el futuro de los españoles, ha provocado la mayor caída de poder adquisitivo desde 1985.



España
Víctor J. Sanz - Tercera Información
24-10-2012




Según el Ministerio de Empleo, los salarios pactados en convenio crecieron, hasta el mes de septiembre, un 1,3%, mientras que los precios lo hicieron, hasta el mismo mes, un 3,4%.



Esta diferencia es la mayor caída del poder adquisitivo de los españoles desde hace 27 años.



La política del Gobierno de Mariano Rajoy, focalizada en devaluar el peso de los salarios en la renta nacional, en beneficio de los resultados empresariales, y materializada en la reforma laboral en vigor desde el pasado mes de febrero, ha devenido en esta alarmante situación de empobrecimiento crónico de la mayoría de la población española, que alcanza ya al 21% de la misma.



La transigencia del Gobierno Rajoy para con las exigentes imposiciones de la patronal a los trabajadores ha venido a empeorar seriamente la legislación laboral en lo que a este apartado se refiere.



El pasado mes de mayo el Gobierno del Partido Popular asestó un nuevo golpe a los trabajadores, reduciendo a uno los años de ultraactividad de los convenios colectivos. Esto, en la práctica, se traduce en que los convenios colectivos que no se negocien cada año, solo podrán ser prorrogados durante un año más, para luego, directamente, desaparecer. Es decir, los trabajadores que estén acogidos a convenios colectivos no renovados, no deberán esperar revisión salarial alguna.



Esto regirá para aquellos convenios que aún mantienen en su redacción la cláusula de revisión salarial, cuya presencia en los convenios solo alcanza el 27%



El lento ritmo con el que se están renovando los convenios colectivos está agravando aún más esta reducción del poder adquisitivo, baste un dato: los convenios firmados en 2012 solo registran un incremento salarial del 0,7%



Esto por lo que se refiere a los factores que influyen en las rentas salariales, pero además hay que tener en cuenta los factores que influyen en los costes. La subida del IVA, el incremento del coste del combustible, la implantación del copago sanitario, o el constante y descontrolado aumento del coste de la electricidad han aumentado el IPC hasta el 3,4%



La situación es tan alarmante que una entidad como el Banco de España, tradicional aliado de la patronal y del que los trabajadores no deben esperar nada bueno, ha pedido a las empresas que moderen sus márgenes de beneficios para contener los precios, quizás pensando más en que las grandes cifras no se le disparen que en mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.



Prohibido grabar a “los grises”: el régimen no quiere testigos de agresiones y detenciones policiales

Prohibido grabar a “los grises”: el régimen no quiere testigos de agresiones y detenciones policiales


Posted by oscar at 23:36 actualidad, Los ultras y los grises, Pásalo .oct 18

2012.

Vídeo: Cosas que pasan con el PP que con Franco también pasaban. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha confesado que “se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” que se encuentren “en el ejercicio de sus funciones“.







La dictadura neofascista que paso a paso está instaurando el gobierno de derecha extrema del Partido Popular no quiere testigos de la represión a los ciudadanos que protestan como víctimas de sus mentiras y nefasta gestión .



El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha puesto como ejemplo para justificar el último delirio filofascista las manifestacioes del aniversario del 15-M o las protestas mineras, en las cuales gracias a los vídeos de particulares pudimos ser testigos de la brutalidad y violencia del cuerpo de policía a la hora de actuar, en la mayoría de los casos injustificada.

Cosidó, consciente de que mostrar al público las agresiones y la represión injustificada pueden terminar con la impunidad propia de régimen totalitario con la que actuan las fuerzas de seguridad en España, se ha escudado en un supuesto “avance en la aceptación de una cultura de violencia, (contra la policía) una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y solidaria“.



ELIMINAR EL ÚNICO RECURSO DE DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS POLICIALES

Hasta ahora, grabar los abusos policiales era la única forma de, con suerte, poder defenderse ante los mismos y sus consecuencias. Si la iniciativa sale adelante, las víctimas de agresiones policiales y detenciones arbitrarias no podrán disponer de pruebas con las que mostrar su inocencia ante los tribunales a la hora de defenderse de la falsa acusación que suele acompañar una detención injustificada. La versión que quiera contar la policía, será la que tenga validez ante el juez.

Los “grises” del PP podrán actuar con impunidad y contundencia sin miedo a ser denunciados. Quien se atreva a intentar grabarlo, será detenido y el material grabado confiscado.





ACTIVISMO INTERNACIONAL PARA DENUNCIAR LA DERIVA FILOFASCISTA DEL GOBIERNO

La única posibilidad de evitar que la derecha extrema lleve adelante su último delirio es una campaña activa que a nivel internacional, advierta de las intenciones del régimen que estamos padeciendo. Advirtiendo a organismos como el Europarlamento de que se intentan violar nuestros derechos como ciudadanos europeos, o la Corte Europea de derechos Humanos, llamando la atención de organizaciones como Amnistía Internacional para que denuncie los atentados contra los derechos civiles que podamos sufrir, y siendo activos en los foros de noticias de medios internacionales denunciando nuestra preocupación por la deriva filofascista de nuestro gobierno.

El ejecutivo más nefasto de la democracia no puede permitirse el lujo de ensuciar aun más su imagen internacional, hoy ya por los suelos.

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