1 de noviembre de 2012

Amnistía Internacional denuncia la violencia policial en el Estado español

Amnistía Internacional denuncia la violencia policial en el Estado español


Casi todas las denuncias por abusos policiales son archivadas sin apenas investigación. Una campaña de firmas iniciada por la ONG pide al ministro de Interior revertir esta situación de impunidad







España
Félix Povedano Mínguez-Tercera Información
31-10-2012




La ONG Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para denunciar los "abusos policiales" en España, así como para que se tomen medidas encaminadas a garantizar la correcta identificación de los agentes uniformados.



La organización asegura que, en numerosas ocasiones, "funcionarios de la Policía han golpeado reiteradamente a personas que se manifestaban de manera pacífica en protesta por los recortes, incluso en cabeza y cuello, con graves lesiones como resultado.



Pese a la gravedad de estos hechos, Amnistía Internacional se queja de la "falta de investigaciones efectivas", de forma que, en muchos casos, las denuncias quedan archivadas "sin apenas investigación", mientras que en otras ocasiones ni siquiera se inicia indagación alguna.



Una de las razones de que esto ocurra es la ausencia de identificación de los agentes en sus uniformes, lo cual facilita la comisión de todo tipo de abusos policiales, como los que se denunciaron durante la jornada de protesta frente al Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre, cuando Madrid fue tomado por 1.300 agentes de policía.



Además de la dificultad de identificar a los policías por su uniforme, "los abusos" de los antidisturbios y el archivo de la mayoría de los casos, Amnistía Internacional denuncia que buena parte de esta violencia se realiza, al menos en España, Grecia y Rumanía, con armas de fuego u otro tipo de materiales, como pelotas de goma y gases lacrimógenos.



Con el fin de que "se inicie una investigación exhaustiva e imparcial sobre todos estos hechos", la ONG está impulsando una recogida de firmas dirigida al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.



[Foto portada: Sabidondo
Gallardón eliminará la inmunidad penal a partidos políticos y sindicatos


Diariocrítico/Agencias 31/10/2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este miércoles que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.



Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas.



De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.



Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición.



Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios.



La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia.



En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad".



Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados.



Sin embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma.



Por eso ha insistido en que no se puede impedir el derecho de representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma "torticera".



"No puede ser que vivamos en un país en el que el reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", ha añadido el ministro.



Para hacer esta reforma, ha advertido, habrá que estar "muy atentos" a la doctrina que ha dictado el Tribunal Constitucional y a los límites que marca en este sentido.



Además ha recordado que en la ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso se modifica la ley electoral para introducir como causa de "inelegibilidad" no sólo cuando hay sanciones penales, sino también administrativas.



Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas.



Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado.



"Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde". Antes, la portavoz de UPyD ha defendido sus propuestas para "frenar la lacra" de la corrupción. Aunque ha subrayado que la mayoría de los políticos son "honestos, sacrificados, altruistas y generosos", Díez ha reconocido que los partidos "no están tomando decisiones necesarias para separar el trigo de la paja y para que ni una sola manzana podrida estropee el resto".



'Funeral' en Pamplona por la muerte del empleo y los derechos sociales

La marcha fúnebre, en su trayecto por las calles del Casco Viejo de Pamplona. (@uloren / Ujué Lorente ) Asamblea de parados de Pamplona


'Funeral' en Pamplona por la muerte del empleo y los derechos sociales

Los convocantes de la marcha llaman a los ciudadanos a "rebelarse, pelear y luchar", "las únicas herramientas que pueden hacer que vuelvan tanto los derechos sociales, como el empleo"



EP - Jueves, 1 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 12:48h





Varias decenas de personas, convocadas por la Asamblea de parados de la Comarca de Pamplona, han asistido este jueves a un velatorio y una marcha fúnebre por las calles del Casco Viejo de Pamplona por "la muerte del empleo y los derechos sociales", con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos.



PAMPLONA. En primer lugar, los asistentes han celebrado un velatorio en la calle Mercaderes de la capital navarra, donde han depositado velas y flores a dos tumbas en las que se podía leer 'R.I.P. Empleo' y 'Derechos sociales'. Posteriormente, han llevado a cabo una marcha fúnebre por varias calles del Casco Antiguo de Pamplona.



Durante este acto, el portavoz de la Asamblea de parados de la Comarca de Pamplona, Israel González, ha explicado que el objetivo de este acto es realizar "un homenaje a dos compañeros ausentes en la Comunidad foral, los derechos sociales y el empleo".



González ha criticado que "con las medidas que se están aplicando y con la crisis económica, es evidente que esos dos compañeros no van a regresar si no hay un cambio profundo de sistema, si no hay unas nuevas medidas que generen empleo, y si no hay marcha atrás a las medidas adoptadas en Navarra por parte del Gobierno de UPN y del PSN cuando formaba parte del Ejecutivo".



Así, se ha referido a la nueva ley de Renta Básica, que "ha dejado a miles de personas sin cobrar". Asimismo, ha censurado "los retrasos en cobros de personas que sí tienen derecho a la prestación" y ha añadido que "otro tipo de prestaciones, como las de desempleo, se están tardando muchísimo tiempo en recibir actualmente".



Finalmente, González ha llamado a las personas a "rebelarse, pelear y luchar", ya que, a su juicio, "son las únicas herramientas que pueden hacer que vuelvan tanto los derechos sociales, como el empleo".


Fuente: Diario de Noticias de Navarra

La estafa de la deuda pública

La estafa de la deuda pública


Escrito por Vicenç Navarro

Jueves, 01 de Noviembre de 2012 05:28

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual.



Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.



La gran estafa



El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.



La causa real del crecimiento de la deuda



La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.



Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).



Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.



Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).



Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.



El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.



Las injusticias del sistema actual



El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.









Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU).



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Fuente: Público





Saltan las alarmas en la Casa del Rey por la creciente espiral de abucheos a la familia real




. El confidencial-

Hubiera resultado casi impensable hace sólo unos años. Pero el profundo malestar ciudadano por los efectos combinados de la crisis y los recortes, y sobre todo el desplome de la credibilidad en la Corona a causa de episodios como el caso Urdangarín o la cacería de elefantes en Botsuana, han convertido las expresiones públicas de rechazo a la familia real en una imagen habitual. Felipe de Borbón y su esposa, Letizia Ortiz, fueron abucheados la semana pasada a su llegada al teatro Campoamor de Oviedo para presidir la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Y una sonora bronca recibió ayer a la reina Doña Sofía en la Lonja de Valencia, que albergó la ceremonia de los Premios Jaime I.

La de ayer fue la tercera exhibición de hostilidad hacia un miembro de la familia real en poco más de un mes. El pasado 17 de septiembre, los abucheos a los Príncipes eclipsaron el acto de inauguración del curso escolar en un colegio público de Fuensalida (Toledo). Es cierto que el grueso de las expresiones de descontento fue dirigido contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por los recortes educativos. Pero el heredero y su esposa tampoco se libraron de la ruidosa pitada que les dedicó un nutrido grupo de estudiantes, profesores y padres de alumnos, una representación de esa España cabreada cuya confianza en la clase dirigente está bajo mínimos.

Quienes peor parados están saliendo de esta creciente espiral de descontento popular son los Príncipes de Asturias, precisamente las dos figuras que la Casa del Rey trata de proteger y potenciar, dada su condición de futuros Reyes de España. La paradoja es que, al tener una agenda oficial mucho más intensa, Don Felipe y Doña Letizia son también los miembros de la familia real más expuestos públicamente y, por tanto, los que sufren un mayor desgaste. El pasado mes de mayo, la pareja ya fue increpada por un grupo de ciudadanos cuando recorría las casetas de la Feria del Libro de Madrid, pocas horas antes de que el Príncipe, esa misma noche, aguantase impertérrito los silbidos al himno nacional y las burlas al Rey durante la final de Copa en el estadio Vicente Calderón.
 
 

El contacto directo de Don Juan Carlos con la ciudadanía en actos públicos se ha visto sensiblemente reducido desde el estallido del caso Urdangarín y el escándalo provocado por el safari en Botsuana. Una de las razones de esa agenda menguante está, obviamente, en el desgaste del monarca provocado por la edad -el próximo 5 de enero cumplirá 75 años- y por sus intervenciones quirúrgicas, las dos últimas hace tan sólo seis meses, tras romperse la cadera durante la polémica cacería africana. Pero hay otro argumento de peso, menos evidente, para justificar su progresivo alejamiento de la calle: preservar en lo posible su figura de jefe del Estado de la ira popular. Esa estrategia explica que en los últimos meses el Rey haya limitado su agenda oficial, casi en exclusiva, a audiencias en La Zarzuela y viajes al extranjero.

Esfuerzos baldíos

​Los esfuerzos de la Casa del Rey por relanzar la imagen de la Corona y rescatarla de los estragos causados por el último annus horribilis no han calado en amplias capas de la sociedad, a juzgar por las continuas muestras de rechazo en la calle. Ningún gesto de La Zarzuela parece suficiente para acallar ese imparable malestar: desde el castigo a Iñaki Urdangarín, apartándolo de la agenda oficial de la familia real y forzando su salida de Telefónica, a las disculpas públicas del monarca por la cacería en Botsuana, pasando por la mayor transparencia en las cuentas de la institución monárquica, el recorte en su presupuesto o el diseño, mucho más moderno, de la nueva web de la Casa Real. Todo parece quedarse corto.

​La Casa del Rey asiste con una mezcla de estupor y resignación a esta escalada de animadversión ciudadana, que unas veces se expresa de forma espontánea y, en otras ocasiones, responde al llamamiento de grupos organizados, ya sean sindicatos, colectivos de funcionarios o miembros de plataformas como el 15-M. "Cuando la calle está incendiada, como ocurre ahora, hay que aguantar y poner buena cara", asegura un portavoz de La Zarzuela. "Frente a ese malestar no podemos hacer mu​cho más, salvo ser más selectivos a la hora de confeccionar la agenda oficial", añaden las mismas fuentes.

Tampoco ayuda a rebajar la tensión el hecho de que los miembros de la familia real vayan siempre acompañados en sus apariciones públicas, como es preceptivo, por un miembro del Gobierno o alguna autoridad autonómica, ya que son éstos los que suelen atraer las mayores muestras de rechazo y descontento. Ayer en Valencia, por ejemplo, las banderas republicanas y los pitos con que fue recibida la Reina por un centenar de ciudadanos se mezclaron con los gritos de "¡ladrones!" dirigidos al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y a la alcaldesa de la ciudad,Rita Barberá.

La necesaria huelga general



Público-
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Las políticas públicas que el gobierno Rajoy en España y el gobierno Mas en Catalunya están llevando a cabo están afectando muy negativamente al bienestar de la mayoría de la población española, incluyendo la catalana. Sus enormes recortes de gasto y empleo público están deteriorando los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia (mal llamadas guarderías en España), servicios domiciliarios a las personas con dependencia y servicios de prevención de la exclusión social, entre otros, que configuran la calidad de vida de toda la población, y muy en especial de las clases populares (la clase trabajadora y las clases medias de rentas medianas y bajas), que son las que utilizan predominantemente tales servicios.
Tales gobiernos han reducido también las transferencias públicas tales como las pensiones, de manera tal que los beneficiarios de estas transferencias han visto reducir su capacidad adquisitiva de una manera muy notable. Las pensiones de vejez, que son responsables de que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya, no sean pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo de la inflación. Como consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en los medios de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando, una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha sido incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes, resultado, en parte, de las reducciones de las ayudas a las familias (ver la colección dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia, Observatorio Social de España, publicado recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).
Tales gobiernos han aprobado también reformas laborales que se presentaban como la solución para el elevado desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en teoría se deseaba, reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25% de la fuerza laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la población, creando un enorme sentido de inseguridad, responsable del gran descenso de los salarios en España (lo cual, en realidad, era el objetivo real, nunca explicitado, de tales reformas).
Tal reducción de los salarios junto con los recortes tan notables del gasto público y la destrucción de empleo (tanto público como privado) han creado un enorme bajón en la demanda de productos y servicios, responsable, en parte, del descenso tan marcado del crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en un informe del gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. Tales políticas están contribuyendo a la recesión que la economía española, incluyendo la catalana, está sufriendo. De hecho, y tal como algunos de nosotros hemos estado alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no sólo han sido ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país de la crisis, sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han encargado de mostrar.
Las políticas que se están aplicando están afectando negativamente el bienestar de la población y empeorando la situación económica
En realidad era muy fácil predecir las consecuencias tan negativas de tales políticas, pues iban en dirección contraria a las que los gobiernos Rajoy y Mas deberían haber llevado a cabo, es decir, políticas expansivas de gasto público, orientadas hacia la creación de empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la capacidad adquisitiva de la población, tales como la subida de salarios. Son estas medidas las que podrían sacar a España de la recesión, la cual está profundizándose, yendo hacia la depresión. Fue mediante tal tipo de políticas que la administración del presidente Roosevelt terminó con la Gran Depresión (existente en EEUU al principios del siglo XX), expandiendo –a través del New Deal- el gasto y empleo público, y facilitando la sindicalización a fin de facilitar el crecimiento salarial. Un tanto semejante ocurrió en Europa después de la II Guerra Mundial, cuando las economías europeas estaban en recesión. Ésta dejó de existir a base de un enorme aumento del gasto público, facilitado por el plan Marshall. Y hoy, cuando la economía española se está deteriorando, el gobierno Rajoy y el gobierno Mas están recortando el único sector –el sector público- que podría estimular la economía, pues el sector privado esta paralizado debido a su enorme endeudamiento (endeudamiento, por cierto, causado en gran parte por la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, resultado de la reducción de los salarios y aumento del desempleo). Tales intervenciones son profundamente erróneas, y se están desarrollando porque permiten alcanzar los objetivos que las fuerzas conservadoras y neoliberales (que tales partidos gobernantes representan) han deseado siempre, a saber, el debilitamiento y privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios, debilitando a los sindicatos. Y lo están consiguiendo a base de haber transmitido, a través de los medios de información y persuasión públicos y privados que las fuerzas conservadoras y neoliberales controlan, y que son la gran mayoría, el mensaje de que no hay alternativas a las políticas altamente impopulares que están desarrollando.
No es cierto que no haya alternativas
Pero es fácil de demostrar que sí que hay alternativas. Por cada recorte de gasto público que tales gobiernos están realizando a fin de conseguir mayores ingresos al Estado, se pueden mostrar otras medidas que podrían haber incrementado tales ingresos al Estado en cantidades similares o incluso superiores a las que han conseguido a base de recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte de 6.000 millones de euros en sanidad pública llevados a cabo por los gobiernos Rajoy y Mas, se podrían haber conseguido 5.600 millones revertiendo la bajada del impuesto de sociedades (que tanto el PP como CiU aprobaron) de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan un 0,12% de todas las empresas españolas). O en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200 millones, se podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de impuestos de sucesiones. O en lugar de recortar 600 millones de euros para los servicios de dependencia, se podría reducir el subsidio a la Iglesia católica (aprobado por el PP y CiU) para enseñar clases de religión en las escuelas públicas. Y así, un largo etcétera.
En realidad, el Estado español, tanto central como autonómico, podría conseguir fácilmente más de 120.000 millones de euros, no sólo corrigiendo el fraude fiscal (que está altamente concentrado en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) obteniendo 66.000 millones de euros, sino también corrigiendo la enorme regresividad en las políticas fiscales. No es por casualidad que los países de la Eurozona que están atravesando mayores dificultades, con déficits públicos mayores (Grecia, Portugal, España e Irlanda) hayan tenido todos ellos dictaduras o sistemas profundamente conservadores que determinaron Estados pobres, con escasa conciencia social (que explica el escaso desarrollo de sus Estados del Bienestar) y poco redistributivos (ver mi artículo “El mantenimiento o desmantelamiento del Estado del Bienestar” en www.vnavarro.org). Éstas son las causas de sus crisis, puesto que la gran influencia que las fuerzas conservadoras han continuado teniendo sobre sus Estados no han permitido cambiar sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34 años después de reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola de la Europa Social (su gasto público social por habitante es de los más bajos de la UE-15). De ahí la urgencia de que haya una respuesta conjunta en todos estos países frente al ataque frontal al bienestar de su ciudadanía.
Las medidas antidemocráticas que se están imponiendo
Tales políticas de austeridad están siendo apoyadas por las fuerzas conservadoras y neoliberales que dominan el sistema de gobierno de la UE, y que están construyendo esta Europa y esta España (incluyendo Catalunya), a espaldas de los distintos pueblos y naciones que la constituyen. Las políticas públicas que tanto el gobierno Rajoy como el gobierno Mas están llevando a cabo son medidas que no tienen ningún mandato popular. Es, por lo tanto, un ataque a la democracia española que merece una respuesta contundente. Se están implementando medidas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía, sin que la mayoría de la población (incluso aquella que les votó) hubieran aprobado tales políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su programa electoral. Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue la que originó la crisis con sus comportamientos especulativos, han alcanzado una cifra enorme, equivalente  casi al 10% del PIB, sin que ninguna ayuda se haya proveído a las clases populares, que han sido víctimas de tales comportamientos. Hoy en España, incluyendo Catalunya, el ciudadano que no está indignado es porque no conoce lo que está pasando en su país. Nunca antes se había hecho tanto para tan pocos a costa de la gran mayoría de la población.
Dos últimas observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en Catalunya, resultado de las políticas que se están realizando, sin que exista ningún mandato electoral para ello. Y existe también un agotamiento que está conduciendo a una rendición, expandiéndose la percepción de que las movilizaciones y la agitación social no sirven para nada. Eso no es cierto. La constante manipulación de nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que, mientras el dictador Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. De 1974 a 1978, España fue el país que proporcionalmente tuvo mayor número de huelgas y manifestaciones populares que haya habido en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tal agitación social fue lo que determinó la Transición de la dictadura a la democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal democracia tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda Transición ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en la que la ciudadanía sea la que configure las políticas públicas del Estado, requerirá también una enorme agitación.
La otra observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y medio de personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme impacto a lo largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la gente sale a la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de que una huelga general con la participación de millones de españoles que coincida con movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona, mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas llevadas a cabo por los establishments español y catalán, así como por el establishment europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba todo el argumentarlo que utilizan tales establishments, cuando se presentan como los portavoces del deseo popular. Y en España, tales movilizaciones exigiendo que se reviertan tales políticas que carecen del apoyo popular, son continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto durante la dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el periodo democrático (que determinaron una expansión de los derechos civiles, laborales y sociales) y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales derechos, sino la propia existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente limitada en nuestro país) se está violando. En realidad, la reducción de aquellos derechos es consecuencia directa de la eliminación de la democracia, mediante la aplicación de medidas carentes de mandato popular.