10 de noviembre de 2012

El crimen de Barakaldo en el capitalismo realmente existente


Salvador López Arnal / Rebelión
¿Qué es el capitalismo? No es una definición pero apunta donde debe apuntarse: el crimen -que no suicidio- de Barakaldo.

La comisión judicial se encontró abierta la puerta del domicilio de la mujer fallecida cuando llegó a su casa para ejecutar el desahucio. Es la segunda muerte vinculada a un desahucio, a ese lado oscuro del tenebroso capitalismo (español, muy catalanoespañol y olé) en el que seguimos inmersos.

Recordemos otros nudos: el pasado 25 de octubre, no hace ni un mes de ello, un hombre de 54 años se ahorcó en Granada horas antes de ser desahuciado. Al día siguiente, 26 de octubre, otra persona trató de suicidarse antes de ser desahuciada en Burjassot (Valencia).

¿Cuántos más? ¿Conocemos las cifras?

Este primer semestre de 2012, cien mil desahucios. En total, en estos últimos años, unos 400.000. Digo bien, no exagero. ¿Cuántas personas que no han podido más, que se han quedado sin nada y con su desesperación inconsolable? ¿Cuántas personas han quedado tocadas para siempre? ¿Cuántas? ¿Podemos ponernos en su piel, en su alma?

¿La justicia? ¿La justicia digo? El resto, sabido es, es silencio. Ahora -¡ahora!- algunas voces judiciales dicen que ya está bien. Que no son cobradores del frac. ¡Qué listura doña Pastura! ¡Qué ocurrencia donde Prudencia!

Eso sí, ahora, en noviembre de 2012, un organismo judicial de Bruselas ha afirmado que la ley española es ilegal. ¡Ilegal! ¿Ahora, en noviembre de 2012, toca decir eso? ¿Antes no?

PPSOE dicen encerrarse, dicen que todo va a cambiar, dicen que va a contemplar los casos de las personas más desfavorecidas, dicen que arreglan el tema antes de final de año, dicen que las cosas no pueden seguir así. ¿Alguien les puede creer? ¿Hemos perdido el juicio político? Aunque así fuera, aunque ahora cambiaran la letra b de la página 67 en su nota a pie 423, ¿qué decir de todo el daño causado? ¿Habita en él el olvido?
Mas, el Mesías indepe, su partido, CiU, un partido de señoritos de clases altas y medias (y gentes confundidas). ¿Han dicho algo? ¿No tienen nada que decir? ¿Eso no va con el soberanismo y el amor a la tierra y “la voluntad del pueblo”?

¿Y los padres de doña Cristina, la esposa de don Urdangarin, el ex de Telefónica, la multinacional de la abyección donde cinco trabajadores siguen en huelga de hambre? ¿A él también le han desahuciado? ¿Le pilla lejos el tema? ¿El no interviene en política?

¿Quiénes son los responsables de este nuevo crimen, de los otros crímenes, de este inmenso lodazal de infamia e injusticia? Desde luego, esa civilización, esa cultura político-económica que cree natural la corrupción, la malversación de fondos, las desigualdades sociales aléficas, la explotación de las gentes, la marginación social de millones de trabajadores, la búsqueda del máximo beneficio como eje esencial de las empresas, de las entidades creadas por sus héroes –“los emprendedores”-, los átomos básicos de su ontología social criminal.

Pero hay más agentes, sin olvidarme -intento evitar “agudas” críticas de generalización apresurada y de vulgar economicismo- de la psicología de cada uno, de cada persona afectada, de cada “suicida”. ¡Ja, ja, ja!
¿Qué agentes entonces? Por ejemplo: el responsable o responsables de la empresa que arrojaron al paro a la persona desesperada o algunos de sus familiares (no conozco, no soy capaz de conocer el caso de la mujer de Barakaldo). También, desde luego, algún responsable de “recursos humanos” formado en alguna universidad de prestigio que tiene además un master en alguna escuela renombrada de negocios. Los accionistas y los consejos de Administración que aprietan clavijas mientras gritan: más, más, más… Los botines insaciables de turno que pueblan nuestra geografía después de hacer provocado uno de las mayores crisis sociales de la historia del país de Machado., Cenuda y Martí i Pol. El antihumanismo nuclear del sistema. La cultura de la codicia y del sálvese quien pueda. El darwinismo ­¡pobre Darwin!- social imperante.
Hay otros agentes también. En segundo plano si se quiere. Nosotros mismos, yo mismo. Aquellos que no estallamos de rabia, de indignación, de no poder más, y no nos enfrentamos, en lucha permanente, en guerra de clases, no desatada por nosotros, a un sistema económico, a una civilización antagónica a la libertad, a la justicia y a la vida razonable y prudente. ¿No nos habló ya de ella Chaplin en “Tiempos modernos” hace más de 60 años? ¿Quedan dudas? ¿De qué?

¿Y por qué formamos parte de una u otra manera del actual estado de cosas? ¿Por ceguera, por inconsciencia, porque sacamos tajada? Acaso porque a algunos, por ahora, no nos va mal del todo, emitimos parole, parole, solo parole, y somos realmente el colchón que, en el fondo, para o acomoda los efectos de las agresiones criminales al “sistema”.

Sin miedo a decirlo, para que nos oiga: vivir honestamente es vivir contra el Capital y construir otro mundo, que ya está en este, fuera de su mundo.

Tenemos ocasiones para practicar el tema. Cada día. No es justo ni consistente ni razonable vivir de otra manera.

¡Qué el 14N tiemblen las ciudades y las instituciones! ¡Que se hagan pipi encima! Nos sobran las razones para todo. Para todo. ¡A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo! ¡Hasta arrojarlos en el mar! Sin miedo y sin vacilaciones. Todo está por hacer y todo es posible. ¿No nos contaron acaso que todo lo justo y lo racional es o debía ser real?

Contra los desahucios, movilización social

Juan Torres López (Ganas de escribir) / UCR

El Partido Popular y el Socialista se han negado durante años a tomar cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los bancos y poner fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que vienen ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.
 
A los dirigentes de ambos partidos les viene dando igual que los mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución. 

Los gobiernos de ambos partidos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo han sido completamente insensibles al dolor y la tragedia que padecen tantas familias, sino que, para colmo, no han dudado nunca a la hora de enviar a la policía para defender los intereses bancarios a base de palos y palizas a quienes han tratado de defender un derecho constitucional tan elemental y humano.

Han demostrado a las claras que el afecto que dicen sentir por la Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y los privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las ayudas de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace años las mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin ingresos que no pueden pagar sus hipotecas.

Sin embargo, una vez más podemos comprobar que ningún poder es invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos de manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el cambio de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los intereses de la banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que está ocurriendo es justamente eso: que la movilización y la solidaridad ciudadana obligan por fin a que el gobierno y la oposición muevan ficha y cambien una actitud que hasta ahora ha sido de completa indiferencia. Los hechos están demostrando claramente que si no se hubieran producido las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos con la policía, las denuncias y, en definitiva, la respuesta ciudadana ante una situación social injusta, los desahucios seguirían produciéndose indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.

Es muy importante que la gente sepa esto y sea consciente de su poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios y el poder político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto de la presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se han producido avances favorables al bienestar y la justicia, demostrándose así la falsedad de esos discursos que constantemente nos dicen que las huelgas, los sindicatos o las protestas en la calle no sirven para nada.

Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de que el gobierno haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el problema de los desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las movilizaciones sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten nuestros derechos más elementales.

Pero precisamente porque demuestran esto es por lo que no debemos bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora y que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia. Solo podremos esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al drama de los desahucios si la movilización social se mantiene y se refuerza, incluso en mayor medida que antes.

Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver que lo que está en juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal que dé largas al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la vivienda.

Por eso, ahora es el momento de seguir presionando para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino para que se garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la han perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.

No podemos consentir que los dos partidos mayoritarios se quieran poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco la soga que ata a las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que se rompa para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder y beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino aliviando la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente elevadas, generando un parque social de viviendas que permita el acceso a ellas de quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como he dicho, la suya a quienes la han perdido en los últimos. No basta con que los dos grandes partidos negocien entre ellos soluciones de compromiso, seguramente buscando tan solo el beneplácito de la banca, sino que deben escuchar a las organizaciones y movimientos que han estado en la calle defendiendo a los desahuciados años para garantizar, en definitiva, que el derecho a la vivienda sea efectivo para todos.

No podemos consentir que se limiten a lavarle la cara a los bancos. Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a las miles de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia y los hechos recientes demuestran que con la movilización social sirve, podemos conseguirlo.

El cierre de Garoña es inapelable

Rojo y Negro / Rebelión
Ecologistas En Acción se congratula por el cierre definitivo y ya inapelable de la central nuclear de Garoña. Después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibiera la documentación, el último capítulo de un proceso rocambolesco se salda con final feliz.


El próximo 6 de julio de 2013 será la fecha oficial de cierre de la central burgalesa, de acuerdo a una orden ministerial vigente. La clausura tendrá lugar una vez que el CSN estudie la documentación recibida y eleve al Ministerio de Industria Energía y Turismo un informe de evaluación.

Todos estos trámites acaban con un rocambolesco proceso que ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre el futuro de la central. El Gobierno, de acuerdo al programa electoral del Partido Popular, abogó por la continuidad de Garoña. Una orden Ministerial permitió a Nuclenor, empresa propietaria de la central, solicitar una prórroga de funcionamiento hasta 2019.

Pero el plazo de solicitud de prórroga venció el 6 de agosto y también lo hizo la fecha límite para presentar recurso administrativo, un mes después. Con el envío de la documentación al CSN, queda ya fuera de toda duda que Nuclenor, participada por Iberdrola y ENDESA al 50%, no buscará la prórroga.

Se cierra así el pulso que Iberdrola y ENDESA han echado al Gobierno para intentar favorecer las condiciones no solo de Garoña, sino del resto de las centrales nucleares españolas. Todas ellas se van a ver sometidas a una tasa por producción de la electricidad, por indicación directa de Bruselas, que considera que el actual mercado eléctrico español favorece esta fuente de energía. Además se verán obligadas a acometer inversiones derivadas de las pruebas de resistencia.

En el caso de Garoña debería además haberse realizado gastos adicionales por la mala situación de seguridad. No podía tampoco descartarse que en el futuro aparecieran nuevos problemas técnicos que dieran lugar a una parada de la central para reparaciones o, en el peor de los casos, a un accidente. Habría sido un verdadero escándalo político si el gobierno hubiera cedido ante la presión pública de la industria nuclear.

Ecologistas en Acción se congratula del cierre, que supone una reducción de los riesgos que sufre la población y el medio ambiente, y reclama un plan de desarrollo para la zona. La preocupación por los trabajadores y la comarca de Garoña debe ser prioritaria para las autoridades y los agentes sociales. La buena noticia del cierre se debe en última instancia a las mayores exigencias de seguridad y transparencia por parte de la sociedad, a las que debe someterse también el sector nuclear.

Lo que Inda se olvidó de incluir en su libro sobre Urdangarín


El confidencial / UCR
En el oportuno libro Urdangarín, un conseguidor en la Corte del rey Juan Carlos (Esfera de los libros), escrito por los periodistas del diario El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, se detallan cuatro reuniones clave en el caso del que actualmente entiende la justicia. La primera tuvo lugar entre el Rey, con asistencia del Príncipe de Asturias, y el propio ex jugador de balonmano. Un encuentro tenso en el que al duque de Palma le quedó claro que en La Zarzuela soltaban amarras y que lo que deseaban el monarca y el que aspira a serlo es que pusiera tierra de por medio. Él, chulesco, les respondió: “Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana… ¡pues yo también!”. 

Otra, entre don Juan Carlos y su hija la infanta Cristina, propiciada por la reina Sofía, en la que su padre le echó una bronca fenomenal y le pidió que se alejase del “conseguidor".

La tercera, cuando en la fiesta de su 40 cumpleaños, organizada en su honor por la infanta en su palacete de Pedralbes, pidió ayuda económica a su cuñado porque no podía hacer frente -20.000 euros mensuales-a la hipoteca del susodicho inmueble. Don Felipe, dicen los autores, le mandó a paseo y le recordó que en la Familia Real cada uno se paga su casa.

Pero el libro también nos relata con todo lujo de detalles la reunión de Zarzuela del 6 de julio de 2004, en la que el Rey puso en suerte a su yerno el toro valenciano. “Ahora pasad con Alberto Aza a una sala anexa, que Iñaki os quiere contar un proyecto”, comentó a Paco Camps y Rita Barberá, que habían acudido a Palacio a hablar de la Copa América. Dos meses después, ambos le adjudicaron a dedo el primer Valencia Summit por 1,1 millones de euros.

Inda y Urreiztieta han olvidado recordar en el libro, según su propio testimonio, que el Rey instó al dueño del imperio LVHM (Louis Vuitton, Hermès y Möet), Bernard Arnault, a dar 200.000 euros al marido de su hija. La primera fortuna de Francia se mosqueó, no entendía nada, pero al final accedió a astillar 100.000. Este episodio, sin embargo, no apareció finalmente en el libro.

Los primeros ocho imputados del 'caso Bankia' cobraron 2,2 millones de euros sólo en 2011



Andrés Muniz (Público) / Kaos en la red


Pese a sus jugosas retribuciones, ninguno se enteró de la gravedad del agujero de la entidad antes de la dimisión de Rato, según han declarado. Dos de ellos fueron incluidos en la Comisión de Auditoría del banco pese a no saber contabilidad 

 La primera ronda de testimonios del 'caso Bankia', desarrollada esta semana, ha servido para constatar que ocho exconsejeros imputados en la causa no sabían que la entidad tenía un agujero contable superior a 2.900 millones de euros, y que sólo lo conocieron, generalmente por los periódicos, a partir de la dimisión de Rodrigo Rato el 9 de mayo de 2012. Eso es lo que ha escuchado desde el lunes el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Fernando Andreu.

Pese a esta 'ceguera' generalizada respecto a la penosa realidad del banco --que le ha obligado a pedir un rescate de 23.000 millones de euros--, estos ocho exconsejeros del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, se embolsaron en retribuciones y dietas del grupo, sólo en el año 2011, un total de2.249.000 euros, según los datos aportados por la entidad al Banco de España.
A la cabeza de ese ranking figura Mercedes Rojo Izquierdo, exasesora de Esperanza Aguirre, con 374.000 euros ingresados el año pasado. Se da la particularidad de que, según confesó al juez, no tiene conocimientos financieros ni de contabilidad, sino de farmacia, aunque no acabó la carrera. Pese a esa falta de preparación, fue incluida precisamente en la Comisión de Auditoría del banco, aunque ella misma puso reparos por no considerarse idónea. ""Hay otra gente que sí sabe", le contestaron.
A continuación, figura Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, con Aznar como presidente del Gobierno y en la primera etapa de Montoro como ministro del ramo. Cobró del grupo en 2011 un total de 355.000 euros.
Por encima de los 300.000 euros también se situaron Angel Villanueva, secretario general de Bancaja (307.000) ; y el empresario levantino de muebles Remigio Pellicer (302.000), éste último colocado en el Consejo a propuesta del PSOE. Al estilo de Mercedes Rojo, Pellicer fue incluido en la Comisión de Auditoría, sin especial preparación en contabilidad, y, aunque tuvo reticencias, aseguró que fue designado para ese órgano sin que le consultaran.
El exsecretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada, ,considerado persona de confianza de Rodrigo Rato en el partido, se embolsó en 2011 un total de 270.000 euros. A renglón seguido de esta peculiar lista, el presidente de La Caja de Canarias y Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, con 235.000 euros; el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la etapa Ruiz-Gallardón, Jesús Pedroche, con 204.000; y el exconcejal socialista en Madrid José María de la Riva.
Como resumió Suárez del Toro, la misión de todos ellos era meramente "asistir a las reuniones del Consejo". Por sus testimonios ante el juez, ninguno supo que la auditora Deloitte había lanzado advertencias a la elaboración de las cuentas antes de que, en marzo de este año, Bankia declarase unos beneficios de 305 millones de euros, ni, en defintiiva, tomaron conocimiento del agujero de la entidad --que pasó a reconocer pérdidas por 2.900 millones en mayo--, hasta la dimisión de Rodrigo Rato.
Sobre los consejos del Banco de España de la necesidad de profesionalizar el Consejo, ante la evidente politización del órgano --quién no es del PP, es del PSOE o de los sindicatos--, algún testigo aclaró la cuestión: "La composición y las designaciones las marcaba la Ley".
Poco en claro se ha sacado de las comparecencias, aparte de esa falta de información que alegan tener del agujero de Bankia antes de que estallara el escándalo.
Algunos, como Pedroche o Romerto de Tejada, han llegado a sostener que fue correcta y tanto daba, desde el punto de vista contable, la declaración de beneficios de 305 millones y la de pérdidas, dos meses después, por 2.900 millones. Argumentan que cambió el sistema de contabilidad aplicado por Deloitte, y que el Consejo decidió apoyar las nuevas cuentas presentadas por el sucesor de Rato, José Ignacio Goirigolzarri, por "sentido de la responsabilidad".
No han faltado entre estos primeros ocho comparecientes los que hayan apuntado además, como Pedroche, al Banco de España y al anterior Gobierno socialista como muñidores de la operación de fusión y salida a bolsa de Bankia. "Tuve la sensación de representar un guión escrito por otros", señaló el expresidente de la Asamblea de Madrid.
Y también se ha intentado culpabilizar a Deloitte, poniendo en duda que informasen al Consejo de problemas en las cuentas, como hicieron De la Riva y Romero de Tejada. Por ello, las acusaciones consideran esencial la declaración del representante de la auditora, que deberá aclarar esas insinuaciones.
En cuanto a la responsabilidad de Rato en una supuesta ocultacion de información de la situación real del banco a los consejeros, fuentes del caso destacan que, primero habría que probarlo, y, en segundo lugar, determinar si tenía obligación de facilitar datos de ese tipo al Consejo.
Las declaraciones de los 33 exconsejeros de BFA y Bankia proseguirán el próximo 19 de noviembre con la exdirigente del PP Mercedes de la Merced --quien por cierto, sólo en 2011, cobró del grupo 376.000 euros--. El cierre al desfile de imputados lo pondrá el expresidente de la entidad y vicepresidente económico del Gobierno desde 1996 a 2004, Rodrigo Rato.
El juez Andreu abrió el caso  al admitir a trámite, el pasado 4 de julio, una querella del partido Unión Progreso y Democracia. Acordó llamar como imputados a 33 exdirectivos, por delitos genéricos de apropiación indebidad, administración desleal, falsedad contable y maquinación para alterar el precio de las cosas, cuya imputación concreta a cada querellado realizará, si procede, después de tomarles declaración.

La nota del fraude

Roberto Bissio ( Red del TercerMundo) / Rebelión
En un histórico fallo de mil quinientas páginas (dos veces más largo que “El Quijote”) emitido en Sydney el lunes 5 de noviembre, la jueza federal australiana Jayne Jagot declaró culpables a la calificadora de riesgo Standard and Poors y al banco ABN-Amro por haber mentido a los inversores.

Los engañados fueron doce municipios de Nueva Gales del Sur que en 2006 compraron al banco papeles de inversión denominados “Rembrandt” a los que Standard and Poors había dado la nota AAA (triple A), reservada para las inversiones “extremadamente sólidas”.

Los papeles que llevaban el prestigioso nombre del pintor holandés y que en la jerga financiera se conocieron como CPDO (sigla en inglés de “obligaciones de deuda de proporción constante”) jamás hubieran sido adquiridos por los concejos municipales sin esta nota, ya que de lo que se trataba era de encontrar una manera segura de colocar el dinero de los fondos de pensión de sus trabajadores.

Pero la solidez no era tal. Los papeles colapsaron con la crisis financiera global y los inversores perdieron el noventa por ciento de los ahorros de sus funcionarios, unos dieciséis millones de dólares.

La suma es ínfima, comparada con el total de las pérdidas trillonarias ocasionadas por la crisis que estalló en setiembre de 2008 con la bancarrota de la banca de inversión Lehman en Wall Street. Pero de todas maneras las acciones de McGraw-Hill, la corporación propietaria de Standard and Poors, cayeron cinco por ciento en un día, ante el temor a que el fallo siente jurisprudencia y desate una cascada de demandas.

Al explicar el sistema financiero, muchos lo comparan con un casino. Cuanto mayor es el riesgo, mayor la ganancia si el jugador acierta. La calificadora de riesgo, en esta metáfora, apenas orienta al inversor en su decisión, explicando las posibilidades de que algo ocurra, pero no es su culpa si el caballo ganador no es el favorito y el apostador pierde su dinero.

En el mundo de las finanzas reales, los garitos de juego son un modelo de honestidad al lado de los comportamientos que la jueza Jagot describe en detalle en su sentencia. El banco ABN-Amro publicó informaciones “falsas” o “negligentemente distorsionantes” sobre el sistema de apuestas subyacente en el CPDO que estaba vendiendo. Este producto fue disfrazado como bueno, utilizando un modelo matemático sesgado y tomando datos sabidamente “exagerados” para que dieran el resultado mínimo que Standard and Poors requeriría para su nota máxima. Luego, en cuatro oportunidades diferentes, Standard and Poors confió en los datos y suposiciones de ABN-Amro sin verificarlos como debería hacer -según la jueza- una agencia calificadora de riesgo “razonablemente competente”. Una sola de estas verificaciones hubiera bastado para que “Rembrandt” perdiera su nota AAA.

La nota máxima de la calificadora no sólo era un requisito para que las autoridades municipales compraran, sino que a juicio de un testigo experto, el CPDO era “grotescamente complicado”, tanto que no podía esperarse de un concejero municipal que entendiera qué apuesta estaba haciendo.

Standard and Poors anuncio que apelará. Amanda Banton, abogada de los inversores, sostuvo que “este fallo ayudará a que las calificadoras de riesgo sean responsables y a que sus notas sean transparentes”.

Aunque lejano de los centros de poder y por montos relativamente pequeños, el juicio australiano es significativo porque apunta al corazón del mecanismo que llevó a la crisis financiera de 2008. En los años previos, la desregulación financiera permitió la creación de “vehículos de inversión” cada vez más complejos y riesgosos, que eran vendidos al público como buenos. En el caso de las hipotecas, por ejemplo, los bancos ansiosos por generar negocios en Estados Unidos concedían créditos hipotecarios a familias de bajos ingresos y empleos inestables. Estas hipotecas de baja calidad eran luego divididas en partes y mezcladas con una pequeña proporción de créditos buenos. El coctel financiero resultante recibía una calificación AAA de alguna de las tres grandes agencias (Standard and Poors, Moody’s o Finch) y era vendido al público como inversión o utilizado como colateral para “apalancar” papeles derivados.

Cuando la burbuja de las hipotecas estalló, los bancos fueron rescatados. El ABN-Amro, por ejemplo, fue comprado en 2007 por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis, y luego vuelto a comprar por el Estado holandés cuando los dos últimos quebraron en 2009. Pero nadie rescató a los inversores engañados o a los trabajadores que perdieron sus fondos de pensión por haber confiado en las calificadoras de riesgo.

En Estados Unidos, intentos similares de responsabilizar a estas agencias por sus errores han sido frenados con el argumento de que todo lo que hacen las calificadoras es opinar y la opinión, aun equivocada, está amparada por la libertad de expresión. La jueza Jagot, con su fallo histórico, pone las cosas en su lugar: en negocios, la mentira no es opinión sino fraude, y el fraude es un delito.