13 de noviembre de 2012

La presión popular logra por primera vez retrasar la subasta de un piso en Zizur

movimientos contra los desahucios




La presión popular logra por primera vez retrasar la subasta de un piso en Zizur

Aritz INTXUSTA
IRUÑEA



Mientras en Madrid se trabaja por parchear el drama de los desahucios, la presión popular se reivindicó ayer en Nafarroa como una fórmula de acción directa con un poder real a la hora de cambiar las cosas. Activistas navarros arroparon ayer a María Cumbicus, una vecina de Zizur Nagusia, cuya vivienda iba a ser subastada en la Audiencia Provincial. Su apoyo resultó crucial y logró que la subasta del piso no se llevara a cabo y Bankia no pujara, logrando de esta forma un respiro de 20 días para la afectada.



Cumbicus, de 50 años y con tres hijos, se hipotecó con Bankia en el año 2005. Desde hace unos meses no puede afrontar el coste de las letras y el banco le intenta desposeer de su vivienda. Debido a estos impagos, el banco puede recomprar la vivienda de esta mujer de origen ecuatoriano acudiendo a la subasta. Según la normativa actual, Bankia solo tendrá que abonar el 60% del precio al que Cumbicus compró la vivienda.



Si la subasta se hubiera celebrado y Bankia ejerciera su derecho a compra del piso al 60% de su valor, la afectada se quedaría sin casa y con una deuda considerable. Según hicieron público desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), esta mujer seguiría debiendo 76.000 euros a la entidad rescatada.



PAH se felicitó ayer por haber conseguido este retraso, aunque sostiene que aún queda mucho camino por recorrer. En su página web, celebran su «pequeño gran éxito». Por norma general, una vez que la subasta se lleva a cabo, se abre un periodo para que se produzca el desalojo físico de la propietaria. Normalmente, este trámite suele durar entre uno y seis meses antes de que el agente judicial se persone en la vivienda para expulsarla.



Por todo ello, el fracaso de la subasta de ayer supone solo un respiro a Cumbicus. De momento, las dinámicas que ha suscitado el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo, han ido encaminadas hacia la paralización de la ejecución de los desahucios o los desalojos efectivos. En casos como el de Cumbicus, esto solo es una parte del problema, puesto que la verdadera solución a su situación vendrá de la aceptación de la dación en pago, porque mientras no pueda deshacerse de su vivienda y de su deuda, los intereses del préstamo de esta mujer solo irán creciendo y su problema se agravará.



El Parlamento se posiciona



El debate sobre los desahucios llegó ayer a la mesa del Parlamento navarro mientras los solidarios se arremolinaron con sus pancartas en torno a los juzgados. La iniciativa nació del PSN, pero el texto se mejoró con aportaciones de NaBai y Bildu. Finalmente, salió adelante por unanimidad.



El texto hace referencia únicamente a las ejecuciones de desahucio, es decir, al desalojo físico de las personas que no pueden hacer frente a los plazos de su hipoteca. En ella, se insta a los bancos a que detengan los desalojos y a que abran procesos de negociación individualizados con sus clientes para evitar que se queden en la calle. Este llamamiento a las entidades crediticias en general se hace más específico para las que tienen una mayor cuota de mercado en Nafarroa: Caja Rural de Navarra y la Caixa. Esta última, protagonista en el suicidio de Barakaldo, es quien más peso tiene en Nafarroa después de la adquisición de CAN. Por otro lado, PSN, PP y UPN rechazaron en marzo una iniciativa similar a la de ayer.

Fuente: Gara

El 14N: la primera huelga internacional del siglo XXI



El 14N: la primera huelga internacional del siglo XXI

13 nov 2012

Nacho Álvarez

Profesor de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid. Miembro del colectivo EconoNuestra



Si cualquier convocatoria de huelga general merece una especial atención por su trascendencia e impacto político, la que se celebrará mañana, 14 de Noviembre, aún más: se trata de la primera huelga internacional del siglo XXI.



Mañana Europa vivirá una Jornada Europea de Acción y Solidaridad por el empleo y contra las medidas de austeridad, que incluye protestas y manifestaciones en múltiples países así como una convocatoria de huelga general en España, Portugal, Italia y Grecia. Además, a dicha convocatoria se unirán en nuestro país múltiples colectivos y movimientos sociales, contribuyendo con ello a que la huelga trascienda el ámbito estrictamente laboral.



Los ciudadanos europeos, especialmente los de los países periféricos, han experimentado un significativo retroceso de sus condiciones de vida desde que comenzó la crisis. Los trabajadores griegos han visto cómo sus salarios y pensiones se recortaban entre un 30% y un 40%, cómo se suprimían el 15% de los empleos públicos, cómo se retrasaba en 4 años la edad de jubilación y cómo se cerraban cientos de colegios y hospitales. En Portugal se suprimieron las pagas extra de empleados públicos y pensionistas, se han eliminado 100.000 puestos de funcionario y una reforma laboral ha reducido las indemnizaciones por despido, las vacaciones, los subsidios de desempleo y la remuneración de las horas extraordinarias. El gobierno italiano incrementó el IVA del 21% al 23%, elevó la edad de jubilación hasta los 66 años y congeló las pensiones, al tiempo que ha procedido a la privatización de numerosas entidades públicas. En España conocemos de sobra las recetas exigidas por la Troika: los recortes salariales y los despidos han afectado de forma generalizada a los trabajadores tanto en el sector público como en el privado, se ha retrasado la edad de jubilación y se ha alargado el periodo de cómputo para su cálculo, la reforma del mercado de trabajo facilitó y abarató el despido al tiempo que quebraba la negociación colectiva, y los recortes en sanidad y enseñanza han sido generalizados y masivos (eliminación de derechos de asistencia, cierre de servicios y unidades, copago de medicamentos, incremento de las tasas universitarias, despidos de personal, etc.).



Estas políticas, implementadas bajo la presión de Bruselas y en nombre de la recuperación económica, no han hecho más que profundizar la crisis, empobrecer a millones de ciudadanos en toda Europa e incrementar las desigualdades sociales. Además, estas medidas se han adoptado sin respaldo social y de forma fraudulenta, dado que no estaban contempladas en los programas electorales de los gobiernos que las han impuesto.



Con ello, en los diversos países de la periferia europea se consuma una estafa similar: una crisis de origen bancario, vinculada a la sobredimensión de los balances de estas instituciones y/o al endeudamiento externo, ha podido ser transferida por las élites económicas al sector público, de forma que sea sufragada por el conjunto de la ciudadanía y, particularmente, por las clases trabajadoras. Los rescates vinculados al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, incluido el rescate de 100.000 millones de Euros solicitado en junio por el gobierno español a la UE para recapitalizar la banca, permiten –de forma más o menos directa– ir saldando las deudas con los acreedores privados y los inversores extranjeros a cambio de que el país “rescatado” contraiga una nueva deuda con la UE, que pasa a ser pagada con los recortes sociales y los impuestos de los ciudadanos.



La socialización de las pérdidas bancarias, una estructura impositiva regresiva y caracterizada por la desfiscalización de las rentas del capital, y la negativa del BCE a comprar deuda de los países en apuros han determinado que las economías periféricas incrementasen durante la crisis su deuda pública. Así, aunque el déficit primario (aquel que excluye el pago de intereses sobre la deuda) de Portugal, España, Grecia e Italia se sitúa actualmente, en promedio y según datos de Eurostat, en el -1,6% del PIB, estas economías se ven forzadas a hacer dramáticos recortes sociales para seguir pagando los abultados intereses de la deuda pública. Sólo en España los intereses de esta deuda ascienden a 114.000 millones de euros durante el periodo de 2008 a 2012 (equivalente a un 12% del PIB).



Frente a semejante estafa global las organizaciones sindicales europeas han convocado la primera huelga general del siglo XXI. Dado que la agresión contra los derechos laborales, sociales y democráticos es continental, también la respuesta tiene que serlo, en lo que constituye un importante hito en la historia sindical europea.



Este es el camino a seguir si se quiere frenar la ofensiva que vivimos en este momento contra los derechos sociales y si se pretende impulsar una política económica alternativa, que tome como punto de partida el abandono de los recortes fiscales y camine hacia moratorias, renegociaciones y quitas significativas en el pago de las deudas. Las declaraciones programáticas, los manifiestos críticos y los llamamientos a un cambio en la política, aunque necesarios, serán papel mojado si no cuentan con el respaldo social necesario y con la movilización popular que los empuje.



Por todo ello, mañana seremos millones las trabajadoras y trabajadores, los ciudadanos, que –desde Lisboa hasta Atenas, pasando por Madrid y Roma– no daremos clase, no pasaremos consulta, no acudiremos a los talleres ni encenderemos las fundiciones, no sacaremos las escobas de los armarios, no encenderemos los ordenadores de las oficinas, no abriremos nuestras tiendas ni descolgaremos los teléfonos de los centros de atención al cliente, no nos pondremos a los mandos de metros, trenes o autobuses ni tampoco consumiremos. En definitiva, las personas que hacemos que nuestra sociedad se ponga en marcha cada mañana no lo haremos en esta ocasión. Porque parar mañana significa generar las condiciones para que una alternativa política sea posible pasado mañana. Nuestro futuro y el de los nuestros depende de ello.

  Fuente: Diario digital Público

I-E plantea la retirada de fondos públicos si persisten los desahucios

I-E plantea la retirada de fondos públicos si persisten los desahucios





José Miguel Nuin y Txema Mauelón, de Izquierda-Ezkerra. (Mikel Saiz)



Izquierda-Ezkerra va a presentar mociones para que, tanto los ayuntamientos como el Gobierno foral, exijan a todas las entidades financieras que operan en Navarra que no ejecuten "ningún desahucio más" y, en caso contrario, retiren de ellas los fondos públicos y los coloquen en Banca Ética.



PAMPLONA. La presentación de mociones en los Ayuntamientos y en el Parlamento ha sido anunciada hoy en rueda de prensa por los parlamentarios José Miguel Nuin y Txema Mauleón, quienes han criticado la postura del Gobierno de Navarra al señalar que, ante este problema, "está desaparecido".



Nuin ha señalado que las mociones que van a impulsar tiene su antecedente en el Ayuntamiento de Tenerife, que ha conseguido paralizar tres desahucios de esta forma. "La queremos trasladar a Navarra porque nos parece muy interesante", ha manifestado.



En el caso del Gobierno de Navarra, Izquierda-Ezkerra ha pedido que se dirija "en especial" a Caixabank, por ser la principal entidad financiera que opera en la Comunidad foral y por ser el Ejecutivo accionista, a través de Caja Navarra.



José Miguel Nuin ha valorado que la lucha social frente a las víctimas de la crisis, en este caso las familias desahuciadas, "es eficaz" ya que a su juicio "se está viendo que es la lucha y la movilización social lo que está provocando movimientos y reacciones".



Sobre los cambios legales que se están barajando, el portavoz parlamentario de Izquierda-Ezkerra ha defendido que tiene que ser "necesariamente incorporado" el que establece la paralización "con efecto inmediato" de los desahucios de primeras viviendas.



Nuin ha solicitado además que en los 350.000 casos de desahucios que ya se han producido en los últimos cinco años, a estas familias para las que PP y PSOE "han llegado tarde", ha dicho, se reconozca "con carácter retroactivo" la dación en pago, de forma que se condone la deuda que pueda seguir teniendo con las entidades financieras que les han desahuciado.



Para Izquierda-Ezkerra éste es, ha resaltado Nuin, "otro asunto fundamental a introducir en la legislación".