28 de enero de 2013

"No golpeen a manifestantes. ¡Salir a la calle es un derecho!"

"No golpeen a manifestantes. ¡Salir a la calle es un derecho!"


Amnistía Internacional entrega más de 60.000 firmas en el Ministerio del Interior para pedir el fin de la impunidad policial tras los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos







España
Tercera Información
28-01-2013




El 25 de octubre pasado, Amnistía Internacional presentó el informe: Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea, denunciando expresamente el caso de España, entre otros, donde personas que se han manifestado pacíficamente contra las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno han recibido golpes y patadas, han sido rociadas con gas lacrimógeno y alcanzadas y heridas por balas de goma.



Estas violaciones de derechos humanos no han tenido una respuesta contundente por parte de las autoridades. Por eso, la organización lanzó una ciberacción a través de su centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org El objetivo es, señala la ONG, acabar con la impunidad que rodea muchos de los casos y que se respete el derecho de manifestación pacífica.



En estos cuatro meses, Amnistía Internacional ha recogido más de 60.000 firmas y hoy las ha entregado en el Ministerio del Interior, al tiempo que ha solicitado una reunión con responsables de este Ministerio para abordar estos asuntos.



La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del Estado de Derecho. Pero, igualmente, las normas internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones.



Esto no ha ocurrido en España durante manifestaciones celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia, por citar sólo tres ejemplos en los últimos dos años. Especialmente reseñable es el episodio ocurrido la noche del 25 de septiembre de 2012, tras la convocatoria denominada “Rodea el Congreso” dentro de la Estación de Cercanías de Atocha en Madrid.



Las imágenes disponibles de este suceso muestran cómo los agentes de policía golpearon de manera indiscriminada, sin distinguir entre viajeros y posibles manifestantes, poniendo en grave riesgo a los viajeros en la intervención policial que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento.



La organización también ha documentado que cuando estas personas denuncian las agresiones sufridas, a menudo no encuentran amparo en las autoridades. Las demandas por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables.



Además, en los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados. Esta cuestión es clave para luchar contra la impunidad, ya que existe obligatoriedad sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según diversas normas, entre ellas la instrucción del Ministerio del Interior 13/2007.



Declaraciones preocupantes



Según informes de prensa, el 18 de octubre de 2012 pasado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, avanzó que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando. Dos días después, también según informaciones aparecidas en prensa, el Ministro del Interior, Jorge Fernández, matizó estas declaraciones asegurando que “El ordenamiento jurídico debe y va a ser capaz de encontrar los mecanismos adecuados para conseguir que el respeto del derecho a la libertad de expresión no sirva nunca de parapeto para atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos”.



Amnistía Internacional buscará en la reunión solicitada con las autoridades, confirmación de los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. En cualquier caso, limitar el derecho a la libertad de información podría incrementar el clima de impunidad que actualmente rodea las agresiones policiales. Gracias a las grabaciones, se ha podido demostrar el uso desproporcionado de la fuerza, agresiones contra personas que no suponían ningún riesgo para la seguridad, e incluso, han servido para desmontar acusaciones falsas contra manifestantes.



Por otra parte, en una entrevista realizada en Radio Nacional de España el pasado 2 de octubre de 2012, la delegada del Gobierno de Madrid sugirió la posibilidad de “modular el derecho de manifestación”.



Amnistía Internacional hainsistió el jueves pasado con esta de entrega de más de 60.000 firmas en pedir al gobierno al español que investigue los abusos que se han cometido durante la celebración de las diferentes manifestaciones y que proteja el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad.



[Foto de Amnistía Internacional]