3 de marzo de 2013

Que los árboles no nos impidan ver el bosque

Juan-Ramón Capella (UCR)
Los datos de la corrupción generalizada en la política y en las instituciones españolas están a la vista de todos. El abismo entre lo que los potentes consideran normal y lo que la mayoría de las gentes ven como inmoral e inaceptable está ahí, y es inaceptable. Pero no es lo esencial. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. El bosque es el fracaso de las políticas emprendidas desde los años ochenta del siglo pasado, la supuesta modernización de España.


Todo el castillo de naipes se ha venido abajo: cada año se predica la recuperación para más adelante y cada año la crisis y el paro se vuelven mayores, y se precarizan y debilitan los diferentes vínculos que cohesionan la sociedad. ¿De quién, de dónde y para hacer qué pueden surgir las inversiones que pongan en movimiento a seis millones de parados? ¿Qué perspectiva pueden tener los españoles? ¿Hacia dónde nos llevan las políticas de recortes que descapitalizan los hogares, las escuelas, las universidades, los dispensarios y los hospitales, el comercio y las industrias, incluidas las industrias culturales clave?

¿Desde dónde se ha gestado esta catástrofe que no tendrá fin mientras manden quienes mandan y han mandado? Repasemos la historia.

El capítulo primero de esta historia es la transición: una transición que las gentes vivían alegremente como fin de la dictadura pero que creaba un sistema político deliberadamente hermético a sus demandas para que, a pesar de las libertades, el sistema de dominio social siguiera igual. Como hemos podido ver.

El capítulo segundo es el viraje político emprendido por Felipe González en el gobierno: una política económica neoliberal. O sea, las primeras privatizaciones, el ingreso en la Unión Europea, el desmantelamiento exigido por ésta de algunas grandes industrias como la siderurgia, la construcción naval, la minería, y la limitación, también europea, de la ganadería y la agricultura. Aunque gracias a las ayudas europeas todo fue posible: las olimpiadas de Barcelona, la expo de Sevilla, la alta velocidad ferroviaria... Ahí empezó la alegría mientras se desmantelaba parte del país. Las viviendas valían cada vez más y muchos se creyeron millonarios. El gobierno repartía alegremente las cartas de los grandes negocios; algunas compañías e instituciones públicas fueron puestas bajo el mando de franquistas reconvertidos.

Se entró en la Otan contra la opinión de la mayoría de los españoles, que aceptaron el engaño de que no estaríamos en su estructura militar. Era un primer auge del timo, del fraude: un gobernador del Banco de España, un director general de la Guardia Civil, una directora del Boletín Oficial del Estado y algún ministro tuvieron que pasar una temporada a la sombra. Mario Conde desvalijaba Banesto desde dentro pero recibía doctorados honoris causa. El estado organizó una banda de delincuentes, los GAL, para matar etarras al margen de la ley. Un ministro, Corcuera, propugnaba que la policía entrara en las casas pegando una patada en la puerta y otro, Barrionuevo, dirigía el terrorismo de estado. La UGT fue extorsionada en la persona de Nicolás Redondo; Comisiones Obreras defenestró pasito a pasito a Marcelino Camacho.

Así se llegó al tratado de Maastricht de 1991, contra cuya firma Izquierda Unida se quedó sola, acompañada únicamente por los activistas de la izquierda extraparlamentaria: todos denigrados desde el periódico sagrado, El País, por no hablar de los demás. El tratado de Maastricht creó una unión monetaria pésimamente diseñada, desequilibrada y a la larga inviable, al unir economías nacionales desiguales, como se señaló entonces y la crisis del euro demuestra ahora.

El proceso de construcción de la Unión Europea trasladó una parte sustancial de la soberanía política del pueblo español a organismos (Comisión y Consejo Europeos) no elegidos democráticamente y tampoco controlables por un parlamento europeo que carece de poderes reales ni, como es natural, por los ciudadanos. Todo esto sucedió sin que los españoles apenas piaran. Se entiende, pues, que después de que España perdiera su soberanía monetaria y una buena parte de su soberanía política, la UE ordenara al gobierno de Aznar que hiciera los deberes neoliberales correspondientes a partir de 1996.

Y Aznar los hizo, congeló salarios, privatizó Iberia para unos colegas de su cole, Telefónica para otros, siempre a muy buen precio. Declaró edificable la práctica totalidad del territorio español. Los constructores se pusieron a construir, las Cajas de Ahorro, repartidas entre el PP, el PSOE y los nacionalistas, se pusieron a prestar, los ayuntamientos a urbanizar y cobrar, y todos a poner el cazo para recibir —para su partido o para su bolsillo o ambas cosas a la vez— su parte del negocio. Se creó así un tupido tejido industrial vinculado al ladrillo edificado sobre el terreno pantanoso del crédito. Y un mercado de favores de intenso tráfico. Eran los tiempos en que el abanico de las diferencias de ingresos se abrió casi a 360 grados.

La tercera revolución industrial, la de la informática, hizo posible técnicamente, mientras tanto, el crecimiento de la globalización —un ejército internacional de mano de obra barata— y una onda larga de expansión. El neoliberalismo lo invadió todo más por el cambio tecnológico que por méritos propios hasta que llegó el crack del año ocho: toda la pirámide del crédito se desplomó porque el capitalismo experimentó la mayor de sus inherentes crisis sistémicas de sobreproducción, cuando de pronto nadie puede pagar lo producido y todo se viene abajo.

En esas estamos. En el caso de España, el Estado carece hoy por hoy de margen de maniobra económica y la persistencia del neoliberalismo le enfanga en la deuda cada vez más. El Estado dilapida bienes colectivos de los españoles. El empresariado ha obtenido una reducción brutal de los costes laborales y disciplina a todos blandiendo la regalada libertad de despedir. Pero ¿en qué ha invertido en España? El país se descapitaliza a pasos agigantados en material y en personal: ni los mejor formados con cargo al erario público encuentran trabajo aquí.

¿Adónde llevan las políticas económicas neoliberales del Psoe y del PP que no sea al abismo, a empeorar y empeorar? Ya empieza a ir para atrás el conjunto neoliberal de la eurozona. ¿Alguien puede creer que este empresariado nuestro, entregado al lujo y a la corrupción, va a crear industrias capaces de poner en movimiento siquiera a la tercera o incluso a la cuarta parte de los millones de parados?

Se trata pues de hacer otra cosa: de crear bienes sostenibles y distribuir bien esa riqueza. De trabajar y redistribuir: redistribuir el trabajo y cerrar el abanico de las diferencias de ingresos, redistribuyendo también las rentas. ¿Cómo hacerlo posible?

Algunos de los pasos necesarios son:

El primer paso es político: hay que reformar en profundidad el régimen político, lo que exige la convocatoria de unas cortes constituyentes si se quiere llegar hasta el final.

No sólo hay que jubilar o poner a la sombra al personal político incapaz que ha venido gobernando el sistema: hay que abrir paso a gentes nuevas no infectadas por la corrupción.

Hay que ingeniar un sistema político que quede en manos del pueblo. Que éste pueda controlar y que cuente con mecanismos sólidos de exigencia de responsabilidades. Las públicas y las privadas. Que resuelva además lo que dejó a medias la primera transición. Crear unas instituciones que sean realmente nuestras.

Y esas instituciones tendrán que recuperar soberanía. Renegociar Maastricht o denunciar ese tratado. Utilizar las capacidades conjuntas que tendrá entonces el Estado para reorientar y estimular la producción. Y si eso supone nuevos sacrificios a todos, que esta vez sirvan para algo —y no como ahora, cuando los de arriba se lucran a nuestra costa, a costa de nuestros salarios, nuestra sanidad, nuestra educación—; que sirvan para que recuperemos colectivamente la perspectiva y los valores de quienes siempre hemos vivido de nuestro trabajo.

Cortes constituyentes.
Renegociar Maastricht o denunciar ese tratado.
Quita y espera de la deuda.
Impulso industrial, agrario y comercial, sostenible, desde el Estado remozado.