11 de abril de 2013

Carta abierta al Rey Juan Carlos


Carta abierta al Rey Juan Carlos

Que el Rey para dar ejemplo a la ciudadanía renuncie a su aforamiento y a su blindaje jurídico y constitucional para que se someta con todas las consecuencias a una investigación fiscal.
Que el parlamento estudie encauzar a Juan Carlos I por alta traición si finalmente encanja el hecho de mantener cuentas secretas en el extranjero sin declarar a la Hacienda española como merecedor de la activación de este procedimiento.

Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:

aromeroJuan Carlos I de Borbón a la sazón rey de España recibe una herencia de su padre don Juan de Borbón Conde de Barcelona que se hace efectiva el día 21 de octubre de 1993, se procede al reparto de la herencia y Juan Carlos I recibe tres cheques con una cantidad de 375 millones de pesetas que la ingresa en la sociedad alsaciana de banca de ginebra en la cuenta nº 10031.  Los albaceas recomiendan que no repatrie la herencia de su padre a territorio español porque  podrían sembrar dudas sobre el patrimonio acumulado por el Conde de Barcelona.  En ese momento presidia el gobierno español Felipe González Márquez, no ha de extrañar que en un despacho semanal, el Rey le informara de esta situación o no, en todo caso sería muy importante que se pronunciara públicamente sobre si tenía información o no.  En aquella época el jefe de la oposición era Jose María Aznar.
Una cuestión de este tipo es lógico pensar que también pudo ser compartida con el jefe de la oposición aunque no lo podemos asegurar.  La responsabilidad máxima recae por tanto en la decisión de Juan Carlos I de mantener el dinero de la herencia de su padre en el extranjero, en las cuentas suizas.  También los albaceas dando un consejo que va en contra de los intereses generales de España y que de confirmarse en todos los extremos podían haber colaborado con un delito.


El delito fiscal en España, si la cantidad defraudada es menos de 120.000 euros se contempla la sanción administrativa, si es superior a los 120.000 euros entra en el terreno del delito penal y además de la sanción económica se contempla de uno a cinco años de prisión menor.

Desde el punto de vista político, ético y moral, el ejemplo que debe dar la máxima magistratura del Estado, se trata del Jefe del Estado que debe dar ejemplo al conjunto de la ciudadanía.  Ese ejemplo se quiebra y aparece evadiendo impuestos, ocultando patrimonio y cuentas bancarias en Suiza y es posible en más paraísos fiscales como Urdangarín su yerno, como Bárcenas y como otros defraudadores a la hacienda pública.

La definición del concepto del delito fiscal es hacer daño a la hacienda pública y a los recursos que el Estado necesita para financiar sus servicios y sus actividades, una de ellas es asignar una partida anual a la casa real.  La Constitución dice textualmente: “las cortes generales habilitarán anualmente una partida en los presupuestos generales del estado para el sostenimiento de la casa real”.
La opinión pública española está alarmada e indignada por esta noticia que hemos conocido a través de los medios de comunicación.  En un país como el nuestro con seis millones de parados, donde un millón y medio no recibe ningún tipo de ayudas, con más de doscientos mil autónomos que cierran las persianas de sus negocios, con recortes en sanidad, copagos etc, con recortes en educación, quitando pagas extraordinarias a los funcionarios etc, en medio de esta crisis que los ciudadanos paguen todos sus impuestos entre ellos los que van destinados a la casa real mientras el Rey tiene el dinero en cuentas en el extranjero que no ha declarado a hacienda, constituye además de un delito una traición a los intereses generales del país y una corrupción cometida por el máximo representante del Estado. Por tanto debemos exigir:
  1. Que se abra una investigación por la Agencia Tributaria. Más allá de la cuantía defraudada por la gravedad ética e inmoral de los hechos.
  2. Que se investigue que si hay más cuentas en paraísos fiscales.
  3. Que se aclare si el gobierno actual conocía la existencia de estas cuentas en Suiza del Rey de España, así como si las llegó a conocer en su día Felipe González y José Mª Aznar.
  4. Que el Rey para dar ejemplo a la ciudadanía renuncie a su aforamiento y a su blindaje jurídico y constitucional, dejando de ser irresponsable jurídica y políticamente para que se someta con todas las consecuencias a una investigación fiscal.
  5. Que el parlamento estudie encauzar a Juan Carlos I por alta traición si finalmente encanja el hecho de mantener cuentas secretas en el extranjero sin declarar a la Hacienda española como merecedor de la activación de este procedimiento.
  6. No descartamos que todo este proceso conlleve la abdicación y la renuncia de Juan Carlos I.
Reciban un saludo,
Antonio Romero
Presidente de honor del PCA
Miembro de la comisión ejecutiva de IU-LVCA
Coordinador de la red de municipios por la III Republica