5 de abril de 2013

Las simas del olvido


Carlos Guzmán / Noticias de Navarra
La semana pasada, como viene a ser tristemente habitual cada cierto tiempo por estas tierras, se conoció la noticia de que en la exhumación de la sima El Raso de Urbasa donde se esperaba encontrar los restos de tres represaliados por el franquismo, se hallaron finalmente los restos de diez personas, diez personas a las que el fascismo les quitó la vida hace setenta y siete años.


En Navarra, una región que en 1936 apenas contaba con 350.000 habitantes y en la que no existió frente bélico alguno, pocas horas después de la sublevación fascista del 18 de julio, la maquinaria del régimen genocida ya dejó entrever cuál iba a ser la magnitud de la cruenta represión que le iba a preceder, llevando a cabo un desfile de más de 8.000 militares y requetés armados por la pamplonesa plaza del Castillo.

En apenas unos pocos días la barbarie se desató por toda la geografía navarra, y los enemigos de la libertad y la democracia emprendieron su particular cruzada contra sindicalistas, socialistas, nacionalistas, comunistas, anarquistas, y contra cualquier ciudadano o ciudadana que se hubiera significado en favor de la II República (imprescindible recordar lo totalmente democrático de la instauración de ésta tras unas elecciones municipales en las que la ciudadanía del Estado español libremente decidió prescindir del agotado reinado de Alfonso XIII).

En la retaguardia navarra, bajo la acusación de rojo-separatistas, se ejecutaron más de 3.000 asesinatos (2.857 fusilados identificados con nombres y apellidos en Navarra 1936, de la esperanza al terror y reconocidos posteriormente por el propio Parlamento de Navarra el 10 de marzo de 2003), dejando más de 4.000 huérfanos y cientos de familias destruidas por las desapariciones, violaciones, torturas y confiscaciones de bienes. La represión franquista en Navarra fue una represión sistemática y estructural que buscó extirpar de forma total el más mínimo vestigio del ideario contrario al régimen.

La posterior dictadura intentó imponer una amnesia colectiva que condenara al olvido a las víctimas y a sus familias presentando el conflicto como una cruzada salvadora contra el separatismo, el comunismo y la masonería. Durante décadas las familias se vieron obligadas a llorar a escondidas y en silencio la ausencia de sus seres, sin saber en la mayoría de los casos dónde se hallaban localizados los restos de éstos.

Con la muerte del dictador y ya mediada la llamada Transición, la cruzada salvadora pasó a presentarse la mayor parte de las ocasiones como un conflicto fratricida en el que desde una óptica revisionista e interesada se igualaba a vencedores y vencidos, sesgando la realidad, y sin hacer la más mínima diferenciación crítica entre quienes defendieron la II República y quienes se sublevaron de forma antidemocrática contra la legitimidad republicana. (Situación que aún sigue dándose a día de hoy, basta con escoger al azar tres o cuatro libros de texto escolares y analizar brevemente los contenidos y el tratamiento que se le da al periodo histórico 1931-1975 para comprobarlo de primera mano).

A pesar de todo, con el paso de los años fueron las segundas y terceras generaciones las que, ávidas de verdad y justicia, comenzaron a recorrer el tortuoso camino que les llevase a encontrar los restos de sus antepasados represaliados. Sin prácticamente apoyo legal e institucional, fue al calor de las asociaciones de Memoria Histórica donde se comenzó a trabajar en la investigación, localización y exhumación de fosas comunes. A pesar de contar con una insuficiente Ley de Memoria Histórica del año 2007, las instituciones del Estado prácticamente se limitaban a subvencionar parte de los costos trabajos derivados de las exhumaciones.

Recién llegado al Gobierno Mariano Rajoy, en los PGE de 2012 la partida destinada a las labores relacionadas con la Memoria Histórica fue reducida de 6,2 a 2,5 millones de euros (una reducción del 59,67%), y ya en los PGE de 2013 esta partida fue eliminada totalmente. Con este brutal recorte, se condenó a la financiación particular y voluntaria de los costosos gastos generados por las exhumaciones de los represaliados por el franquismo.

Ante una represión genocida en la que los represaliados fueron quienes defendieron la legalidad y legitimidad de las instituciones constitucionales, y en la que tras la Guerra Civil los represores se convirtieron en pieza sistémica del régimen imperante, una vez finalizada la dictadura se presupone deber inquebrantable del Estado en cuestión ser el máximo defensor y garante de investigar, esclarecer, juzgar, reconocer y reparar todos los crímenes ocurridos anteriormente. Sin una total y efectiva ruptura con el orden e instituciones del régimen anterior, en caso del Estado español, éste no solo no ejerció sus responsabilidades, sino que de forma descaradamente infundada intento olvidar y hacer olvidar lo ocurrido décadas atrás.

En países como Alemania o Italia, tras las caídas de sus regímenes nazi fascistas se produjeron rupturas totales, y fueron desde el primer momento los Estados quienes asumieron sus responsabilidades y se encargaron de combatir la impunidad y de trabajar en favor del reconocimiento y de la reparación de las víctimas de los holocaustos, algo que de ninguna manera se quiso llevar a cabo en España por los conductores de la Transición.

En Navarra aún son cientos, y miles en el resto del Estado español, los héroes anónimos víctimas de la barbarie y de la sinrazón, desaparecidos, cuyos restos están abandonados a su suerte en cualquier sima, barranco, fosa o cuneta víctimas de un olvido interesado. Deber de toda la ciudadanía debe ser el exigir a las instituciones del Estado que sean ellas quienes ejerciendo sus responsabilidades, luchen contra las simas del olvido, y asuman todos los trabajos de investigación, localización, exhumación, reconocimiento y reparación de todas las víctimas de dictadura franquista.