4 de abril de 2013

Mutuas y bajas laborales: Mirando al futuro


Mutuas y bajas laborales: Mirando al futuro

viernes, 22 de marzo de 2013

Grupo de Salud de Izquierda-Ezkerra

Recientemente se ha publicado en diversos medios de comunicación, un artículo de opinión sobre el proyecto de Real Decreto para el control de las bajas laborales de menos de un año de duración. Partimos de la base de que estamos de acuerdo con la mayor parte de los comentarios realizados por las tres personas firmantes del documento, como no puede ser de otra manera, en la medida en que no podemos aceptar una norma que atenta contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras en relación al cuidado de la salud y que apunta a la privatización de servicios sanitarios, y en la medida en que estos comentarios son coincidentes con lo expresado por asociaciones sanitarias muy diversas, organizaciones sociales, sindicatos, grupos políticos y distintas personas y entidades.

Podría parecer que la norma está enfocada a solucionar situaciones absurdas como que, ante un politraumatismo severo o un proceso oncológico en tratamiento, la persona afectada o sus familiares tuvieran que ir al Centro de Salud cada semana para recoger un parte de confirmación. Pero, con la excusa de disminuir la burocracia en la tramitación de los partes de confirmación de bajas y de minorar molestias a profesionales sanitarios y a trabajadores enfermos, se abre una vía muy peligrosa hacia otros aspectos que poco o nada tienen que ver con la gestión de la incapacidad temporal con criterios clínicos. Tratar de disminuir la actual carga burocrática de los profesionales de atención primaria, estaría muy bien, más la posible intromisión de otros profesionales en la atención a sus pacientes, estaría muy mal pues haría desaparecer o ningunearía a quienes realmente están prestando una atención sanitaria cercana, imparcial, integral e integrada.


La sobrecarga burocrática no disminuye realmente pues deben redactarse nuevos informes adicionales y, sin embargo, las Mutuas pasan a ser de hecho las soberanas en decisiones con carácter clínico como lo es fijar la fecha de finalización de las bajas. Estas pasarán automáticamente a ser altas solamente con que las propongan a organismos tan saturados como los centros de salud o el INSS, si estos no se oponen en 4 o 7 días. Además, se abre un peligroso acceso a diversa documentación clínica por parte de dichas Mutuas (entidades semipúblicas, semiprivadas y todo lo contrario a la vez) y, por otro lado, el acceso a las Historias Clínicas individuales por parte de los facultativos del INSS se convierte en casi universal. También se entorpece aún más la posibilidad de que se reconozca el origen laboral de las distintas afecciones padecidas por trabajadores y trabajadoras, entre otros muchos inconvenientes que no vamos a detallar.

Algunos puntos contenidos en el proyecto están en franca colisión con lo contenido en la legislación vigente, pero esto no es inconveniente para el actual Gobierno de España ya que puede aprobar, cualquier viernes y sin pensarlo demasiado, uno de tantos Reales Decreto Ley a los que desgraciadamente ya nos ha acostumbrado.

El contenido final del Real Decreto puede que no llegue a tener todo el alcance previsto en el proyecto, pero eso, en el mejor de los casos, será solo un parón en el camino emprendido hacia la privatización de los servicios sanitarios, con riesgo de ser retomado y ampliado más adelante, incluso con rango de ley, ante la pretensión general de dar más poder a las Mutuas.

Por otra parte, parece subyacer en el fondo del proyecto el objetivo claro de que estas entidades se encarguen de gran parte de la atención sanitaria general, primera fase de un plan privatizador que a la larga podría conllevar también la desaparición de las propias Mutuas o quedar como simples gestoras de prestaciones económicas, derivando a favor de grandes o medianas corporaciones sanitarias con ánimo de lucro participadas por extraños personajes o por sus familiares, más o menos ocultos.

Queremos resaltar la parte de responsabilidad que haya podido tener Navarra en este proceso. Nos asombra que con la que está cayendo, aunque sea tímidamente, se felicite al Gobierno de Navarra en el citado artículo de opinión, se supone que por las actuaciones de su Departamento de Salud. Este, al parecer, se limita a cumplir su obligación mínima al oponerse a parte del contenido, en similar sentido a otras Comunidades Autónomas.

De hecho, el Gobierno de Navarra, desde el año 2010, viene firmando y renovando sucesivos convenios con el INSS en materia de incapacidad temporal cuyo contenido puede consultarse en el BOE. Sin obviar intenciones positivas, como pueda ser la gestión de esta prestación con criterios clínicos y la pretendida desburocratización, no puede pasarse por alto que esos convenios han sido uno de los gérmenes de este proyecto de Real Decreto, pues incluso se ha citado en distintos diarios que se había copiado el “Modelo Navarro”. Hay que ser muy cándido para entender que alguien da una contraprestación económica sin esperar obtener un beneficio a cambio; no hay más que leer la prensa diaria

Además, estos convenios también guardan cláusulas muy curiosas como la masiva remisión de datos informáticos, tablas de duraciones de procesos, acceso por los facultativos del INSS a la información clínico laboral de las historias clínicas individuales (tímida y vergonzantemente modulado en el programa específico), seguimiento especial de patologías psiquiátricas, contestación a propuestas de las Mutuas, etc. Todo ello a cambio de un máximo de dos millones de euros al año, si nos hemos portado bien y se han cumplido los objetivos marcados. Y, si nada externo lo remedia, se volverá a firmar este año, incluyendo además otros aspectos como el seguimiento especial (¿trato de favor o discriminatorio?) de las bajas en empresas de más de 400 trabajadores: Administraciones Públicas, Universidades, alguna industria del ramo de objetos con ruedas y poco más, dada la estructura empresarial de Navarra.

Cabe resaltar, también, que estos convenios no se firmaron antes por distintos Gobiernos de Navarra por no considerarse oportuno desde la defensa de las competencias propias y, en gran medida, porque se estimaba que iban en contra de las esencias conceptuales fundamentales que rodeaban a nuestro régimen de convenio económico. A cambio de unas migajas, en gran parte consumidas en favor de las pretensiones del INSS, se ha permitido una andanada a la línea de flotación de nuestro particular régimen económico, uno de los pilares básicos de nuestro régimen foral, sentando un precedente que puede ser muy peligroso en el futuro. Sin autonomía y sin suficiencia económica y financiera, la capacidad de autogobierno resulta casi testimonial.

Sorprendentemente se han escuchado muy pocas voces en contra de dichos convenios, probablemente por motivos y complicidades muy distintas en cada caso, incluso de entidades pretendidamente reivindicativas y de lucha. Una de las escasas excepciones fue un tímido intento parlamentario por parte de Izquierda-Ezkerra de escasa repercusión pues se quedó más sola que la una.

El actual llanto y crujir de dientes sirve para poco, ante los muchos años de mirar para otro lado, la complicidad voluntaria o involuntaria más o menos silenciosa y la sensación de que, aplicando la interpretación más bondadosa, al menos hemos sido unos grandes tontos útiles.

Sin olvidar el pasado y asumiendo errores, hay que mirar hacia el futuro con diversas acciones, entre otras, no renovando el convenio con el INSS y actuando desde distintos frentes para que no se aprueben normas como el actual proyecto de Real Decreto, que no es más que otra pieza en el afán de desmantelamiento de la sanidad pública, la paulatina desaparición de los derechos laborales y el hundimiento general de las garantías sociales de la ciudadanía.