14 de abril de 2013

Tres falsedades sobre el Decreto-Ley andaluz en defensa de la función social de la vivienda

Estas falsedades con el derecto impulsdo por Izquierda Unida aparecen tanto en el discurso del Partido Popular y de sus cargos públicos, como en la línea editorial de ciertos medios de comunicación conocidos por su tendencia reaccionaria y derechista...


1) “La Junta de Andalucía tiene miles de viviendas vacías” (a veces el PP dice que 5.000, otras que 70.000).

En el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía no hay viviendas vacías. En sus más de 81.000 viviendas residen 350.000 personas a precios muy asequibles.

El parque público de vivienda cumple ya plenamente su función social. Las viviendas que puedan quedar puntualmente desocupadas lo estarán como consecuencia de la rotación natural del parque (fallecimientos, mudanzas...) y son inmediatamente reasignadas a través de los registros municipales de vivienda.

Es imposible que haya un stock de vivienda vacía en el parque público andaluz, como pregona el PP. De hecho, hay una fortísima sobredemanda, dado el carácter extremadamente asequible de estas viviendas, con alquileres en ocasiones por debajo de los 50 euros. Suele ser más caro el IBI que la propia vivienda.

2) “La Junta de Andalucía (la Consejería de Fomento y Vivienda, o la consejera) continúa desahuciando a familias de las viviendas del parque público de vivienda”.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció el 28 de junio del año pasado en el Parlamento la paralización de todos los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta de Andalucía, en razón de la situación de emergencia social y económica. Es una medida inédita y adoptada con carácter extraordinario y

excepcional. El objetivo es que nadie que no pueda pagar su vivienda por un empobrecimiento por pérdida de empleo pierda su casa.

Desde entonces no se ha producido ni un solo desahucio en el parque público, ni se va a producir. No obstante, los inicios de los expedientes de desahucio se continúan y se continuarán publicando en el BOJA, en cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo. La Consejería está obligada a notificar a los inquilinos de

viviendas del parque público el incumplimiento de sus obligaciones, porque lo contrario sería dejar el parque público sin control ni vigilancia. Lo que ocurre ahora es que la Consejería, una vez agotado el proceso administrativo, no judicializa el asunto, con lo que en ningún caso se produce el lanzamiento o desahucio efectivo.

3) “La consejera Elena Cortés era consejera o directiva de Cajasur, que realizaba desahucios”.

Elena Cortés nunca fue miembro del consejo de administración de Cajasur, sino de su asamblea general, organismo sin ninguna capacidad ni responsabilidad de gestión. Elena Cortés era miembro de esa asamblea, con unos 200 integrantes, en calidad de diputada provincial. La asamblea general era convocada una o dos veces al año con el único objeto de presentarle las cuentas de la entidad.