21 de septiembre de 2013

Pensiones: más cerca de la privatización

 Pablo Archel / Diario de Noticias
A lo largo de las últimas semanas, diversos medios de comunicación se están haciendo eco de una iniciativa gubernamental en virtud de la cual las empresas estarían obligadas a ofrecer un plan de pensiones a su plantilla. Aunque desconocemos el contenido íntegro de la propuesta, las filtraciones efectuadas a los medios nos descubren algunos contenidos que nos alarman y que, de convertirse en realidad, nos abocarían a una privatización de facto del sistema público de pensiones, quedando difuminados los beneficiosos efectos de una prestación que, como la actual, es universal y pública, y está basada en criterios de solidaridad intergeneracional. Vayamos por partes.


Como digo, a falta de concretarse el contenido exacto de la propuesta gubernamental, las empresas tendrían que ofrecer de forma obligatoria a sus trabajadores un plan de ahorro que se financiaría exclusivamente con aportaciones de los trabajadores que serían descontadas de la nómina. ¿Estarían obligados los trabajadores a realizar aportaciones a dicho plan? No, la pertenencia al plan sería voluntaria, de manera que la única obligación de la empresa sería ofrecer a la plantilla una vía de ahorro previsión. La propuesta gubernamental recoge algunas de las peticiones históricas del sector de los seguros y la banca que ya se están frotando las manos ante el previsible aumento de su negocio. Aunque el Gobierno ya ha dicho -en sintonía con las empresas aseguradoras-, que para incentivar la suscripción de estos planes se plantea una rebaja en las comisiones, no hay que olvidar que la media estatal de las comisiones de gestión por estas operaciones es del 1,1%, mientras que la media de los países de la OCDE apenas llega al 0,4%. Así están las cosas.

Pero es que, de llevarse a cabo esta propuesta, se acentuaría todavía más la terrible injusticia que preside todo el sistema de incentivos a la suscripción de planes de pensión privados. No hay que olvidar que las cantidades aportadas a estos planes gozan de una fiscalidad muy favorable, al minorar la base imponible del aportante, con lo que éste consigue ahorros muy suculentos, ya que la rebaja se aplica sobre su tipo marginal (el más alto). Algunos me dirán que en realidad se trata de un diferimiento del impuesto, pues en el momento del rescate hay que tributar por lo desgravado en años anteriores, pero conviene recordar que, en Navarra, todavía está vigente la exención fiscal del 40 para las aportaciones realizadas, siempre que el plan tenga una antigüedad de dos años y se rescate en forma de capital (todo a la vez).

Es decir, el sistema de incentivos fiscales a los planes privados de pensiones (lo que conocemos como desgravaciones) supone, en realidad, una renuncia del Gobierno a gravar las rentas de las personas que suscriben estos planes, por lo que estamos asistiendo a una transferencia de recursos de los que no pueden (o no quieren) suscribir estos planes privados hacia las personas que, generalmente de mayor poder adquisitivo, contratan este tipo de productos. Uno todavía se sorprende más cuando lee que la propuesta gubernamental se plantea aumentar los máximos que se pueden aportar a estos planes. En la actualidad estos límites están fijados en 10.000 euros para partícipes de menos de 50 años de edad y de 12.500 euros para quienes hayan superado los 50. Por un momento pregúntense ustedes quiénes se pueden permitir ahorros de estas cantidades y tendrán una pista sobre los beneficiarios de los planes gubernamentales que acentúan la regresividad de nuestro sistema fiscal rozando, por tanto, la inconstitucionalidad. Estamos hablando de 6.000 millones de euros que ha dejado de ingresar el Estado y que bien podrían haberse dedicado a evitar el deterioro de las pensiones públicas.

Decía al principio de este trabajo que la propuesta gubernamental rompe el principio de solidaridad intergeneracional. Para comprender bien esta expresión hay que tener en cuenta que el sistema actual, conocido con el nombre de sistema de reparto, supone que con las cotizaciones actuales se pagan las pensiones actuales. El Estado se compromete a que en el futuro hará lo mismo con quienes hoy están financiando al sistema de pensiones. Se trata de un pacto intergeneracional que está funcionado razonablemente bien. Pues bien, la propuesta gubernamental potencia los planes individuales (cada aportante cobraría lo ahorrado por él mismo), y acaba con el principio de solidaridad. Además, se rompe el principio de universalidad, pues solamente algunos trabajadores estarían en condiciones de dedicar parte de sus ingresos a planes de pensiones, por lo que la propuesta seguiría sin incorporar a los sectores de población más necesitados.

Escribo estas líneas a petición del Observatorio del Mayor de Navarra, colectivo de personas muy preocupado por el devenir de sus pensiones, y que observa con indisimulada alarma que cada paso que se da en incentivar los planes de pensión privados, supone un drenaje de recursos del sistema público de pensiones sembrando de dudas su futuro.

Quedan, por último, algunas preguntas de difícil respuesta, como qué pasará si el plan privado se declara en quiebra, algo que entra dentro de lo posible. ¿Tendremos que ir al rescate con fondos públicos? O, ¿quién custodiará los ingentes fondos aportados por los trabajadores en los planes que ofrezcan las empresas? ¿Quién decidirá el destino de las inversiones? Como se ve, para quienes pronosticaban el fin de las ideologías, les aseguro que esto es ideología sin fin.