20 de octubre de 2013

Un nuevo Código Penal para criminalizar la protesta y la miseria

Foro de Bogados de Izquierdas (Mundo Obrero)
Una reforma al servicio del capital y las fuerzas de seguridad. En pocas palabras esta sería una buena forma de definir el significado de la reforma del Código Penal que ha remitido a las Cortes el gobierno del Partido Popular, una reforma que no pasará desapercibida y que, desgraciadamente, padecerán las clases populares y aquellos que osen contestar en las calles las políticas antisociales de la Troika, la banca y su gobierno faldero.

Ya desde su remisión como anteproyecto de ley ante el Consejo de Ministros, no se ocultaba uno de los fines más inmediatos de la contrarreforma, y así lo exponía el Ministro Gallardón: “reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia callejera”. Es evidente la utilización instrumental en defensa de la clase dirigente que cualquier régimen hace no solo de las instituciones, sino además de los propios instrumentos jurídicos como los códigos penales. Lo curioso de este caso es que se viene a legislar previendo lo que, a ojos del propio gobierno, se nos viene encima: más recortes de derechos, más miseria, más desahucios, más violaciones a los principios que inspiraron la Constitución y más respuesta democrática de los ciudadanos en la calle. Es esa presunción la que obliga a los dirigentes de este régimen en decadencia a fortalecer sus mecanismos de coerción ante esa nueva realidad social y a reprimir con mayor dureza las infracciones derivadas de la pobreza y el estado de necesidad económica. Y todo ello lo hace dentro de esa lógica neoliberal que en nuestro Estado tiene una deriva franquista, que es la de reprimir sin contemplación al ciudadano que se resista, aún pacíficamente, a los mandatos de la dictadura político-financiera que pretende capitanear la sociedad de los próximos años.

Será delito hurtar una barra de pan
Por un lado, del nuevo Código Penal cabe destacar la desaparición de las faltas, una medida que el gobierno presenta como de racionalización de la administración de justicia, pero que va a suponer una mayor criminalización de determinadas conductas relacionadas con la penuria económica y los pequeños problemas comunitarios. Así, el mero hecho de hurtar un paquete de arroz, trabajar como mantero o conectarse sin autorización a la red eléctrica de Iberdrola pasará a ser delito, aunque sea leve, lo que en la práctica significa la facilitación de la detención en comisaría de la persona denunciada, un aumento de la pena y la generación de antecedentes penales. Sobre la cuestión del aumento de las detenciones, hay que recordar que a día de hoy la mera imputación de una falta nunca puede justificar la detención por parte de la policía si existe capacidad de identificación de la persona denunciada, situación que se revierte con la reforma, ya que la conversión de muchas faltas en delitos leves abre la puerta a que la mera imputación de dicho delito leve conlleve la detención de la persona y su confinamiento en una celda de la comisaría más cercana.

Además, la supresión de determinadas faltas y su definitiva remisión a la jurisdicción administrativa, como la anacrónica de falta de respeto a un agente de policía, va a suponer un incremento de la sanción que impone la administración y dificultar el acceso a la revisión judicial, ya que el actual sistema de tasas judiciales va a imposibilitar o desincentivar a las clases populares el recurso judicial ante las decisiones arbitrarias de la administración.

Acallar la protesta social
Por otra parte, además de esta mayor criminalización de la pobreza, la reforma tiene como objetivo el de acallar la protesta social. Es un paso más, pero profundo y ajustado a las necesidades de represión ante una mayor movilización y organización de la ciudadanía y sus medios de lucha, respuesta represora que encaja en lo que desde hace años se ha venido llamando derecho penal del enemigo. Otros gobiernos ya han venido utilizando este instrumento de la misma manera, como la famosa “ley Corcuera” diseñada para reprimir los derechos y libertades y garantizar la impunidad de las actuaciones desproporcionadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque en esta ocasión se va más lejos castigando severamente todo tipo de discrepancias con los agentes de policía. Es innegable que las mayorías absolutas favorecen dichos retrocesos, pero no es menos cierto que todos los gobiernos desde la proclamación de la Constitución vigente han apuntado en esa dirección de restringir los derechos que en la misma sólo se definen sobre el papel.

Este proyecto de código va un paso más allá, ya que pretende criminalizar incluso la opinión y el pensamiento. Si el Código Penal hoy vigente solamente castiga acciones u omisiones, con la contrarreforma se pretende castigar el mero uso de consignas y mensajes, incluidos también los de carácter político. Cómo si no se puede interpretar que en el nuevo Art. 559 CP se sancione como delito “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557CP Bis, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Indudablemente se quiere punir a los que simpaticen con las luchas sociales, en especial a los usuarios de las redes sociales que difundan convocatorias disidentes con el poder establecido.

Con el actual Código Penal en la mano, en teoría, los jueces de este país no pueden sancionar los llamamientos a participar en una manifestación no comunicada que pretenda, por ejemplo, mostrar su rechazo contra la monarquía cortando el tráfico en el Paseo de la Castellana, siendo excepcionales, y deplorables, los casos de algunos jueces y fiscales que así lo intentan. Pero con esta nueva redacción se abre la mano a que la policía y la fiscalía persigan y los jueces condenen este tipo de conductas que se desarrollan en diferentes redes sociales, lo que a todas luces puede ser inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que, de aprobarse definitivamente este proyecto de nuevo Código Penal, cientos de ciudadanos podrán pasar por la comisaría por el sólo hecho de haber repartido o distribuido propaganda para el ejercicio de derechos fundamentales. Y lo peor, poco podemos esperar del Tribunal Constitucional, presidido hoy por un (ex)militante del PP, como órgano que vele por nuestras garantías constitucionales y declare inconstitucional dicho precepto.

Un paso pues que nos lleva a un tablero de juego más parecido al de una dictadura que al de una democracia, y por ello es necesario una oposición clara a esta reforma, una toma de conciencia de lo que significa y de organizar a la ciudadanía y a los interlocutores jurídicos, jueces, fiscales, abogados etc. que creen en la democracia con independencia de su ideología para crear una respuesta contundente a este atropello, a este golpe contra nuestro sistema de libertades, ya de por sí frágil, pero que con la aprobación de esta contrarreforma prácticamente desaparece.

Esta reforma muestra cómo el poder carece de soluciones para salvar el Estado social, porque no está entre sus objetivos, por lo que no tiene más remedio que acabar también con el Estado democrático y de derecho. La sociedad en su conjunto está obligada a reaccionar, empezando por el poder judicial que se va encontrar en la encrucijada de demostrar si forma parte de la solución o del problema, si quiere ser activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos o indiferente ante los abusos de los derechos de las personas. Y, en este momento, la indiferencia sólo puede ser interpretada como complicidad.