22 de noviembre de 2013

La financiación público-privada, una estafa de Estado

Pedro J. Ortega (Mundo Obrero)
En varias ocasiones portavoces de IU han vinculado en un mismo mensaje las relaciones de la trama Gürtel con la existencia en España de aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches y estaciones de AVE sin viajeros. Mensajes que ilustran un Consejo de Ministros sentado en torno a una mesa de La Moncloa con el aval crediticio de las grandes constructoras y que tiene mucho que ver con la relación existente entre una derecha entusiasmada con la fórmula de “Colaboración Público Privada” y las anotaciones de donantes en los papeles de Bárcenas. No hay que ser un lince para hallar la explicación.


La Colaboración Público-Privada (CPP), según recoge la biblia neoliberal española ‘Expansión’, del Grupo Unidad Editorial -propietaria del diario El Mundo-, en un blog especializado sobre la CPP, define a ésta como “el as debajo de la manga de la Administración Pública” en un momento de contención del gasto. Y aclara: “ante la actual recesión y los fuertes ajustes presupuestarios, la CPP aparece como la mejor solución para facilitar el suministro de los servicios básicos y para dotar de las infraestructuras necesarias que aumenten la competitividad nacional. Un motor que promovería la cohesión social y económica, a la vez que vertebraría el territorio”.

Nada más lejos de la realidad. Que Izquierda Unida forme parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y elabore los presupuestos de un departamento tan engorroso como el de Fomento, permite conocer de primera mano que las cifras reales del pago con erario público mediante esta fórmula son un soberano escándalo y que tanto un análisis cuantitativo como cualitativo desmontan el intento de la derecha de crear un clima de opinión entusiasta con la fórmula CPP.

Y es que en Andalucía, en un ejercicio de rigor con las maltrechas horquillas presupuestarias, sumado a la ética política de quienes se enfrentan a la planificación y gestión de las carreteras andaluzas, se aboga por aplicar la racionalidad económica, social y medioambiental de las infraestructuras, lo que obligatoriamente no pasa por aceptar la CPP sino por combatirla.

Un ejemplo concreto

La CPP aplicada a un total de tres tramos de carretera repartidos entre las autovías Iznalloz-Darro, autovía de Almanzora y autovía del Olivar, que suman 91 kilómetros de longitud total, supone para las arcas públicas andaluzas una exorbitante hipoteca hasta 2044 de casi 3.600 millones de euros. Los números cantan. La cifra supone el cuádruple de lo que costaría con el pago con fondos propios, algo menos de 900 millones de euros. La diferencia entre ambas cantidades (3.600 millones de CPP y 900 millones con fondos propios) y afirmaciones como la de Expansión sobre la CPP como “la mejor solución para facilitar el suministro de los servicios básicos” es un insulto. La CPP supone rehipotecar sine die a una administración ya endeudada a corto, medio y largo plazo. Es un acto de usura financiera.

Más números. Los casi 3.600 millones de coste de estos tres tramos mencionados equivalen a algo más de un tercio del presupuesto anual previsto por el Ministerio de Fomento para los próximos años en todas sus políticas y en el conjunto del territorio español, de acuerdo a la previsión económica del Gobierno. Absolutamente desproporcionado.

Resulta del todo lógico y coherente que IU en el gobierno andaluz se haya mantenido firme y haya anunciado que, manteniendo el compromiso de la Junta con estas infraestructuras, está buscando fórmulas de financiación más adecuadas. En plena crisis y con un horizonte financiero incierto, la Consejería de Fomento y Vivienda está estableciendo sus prioridades en función de criterios de racionalidad económica. Y ello a pesar de las presiones, a veces descaradas y a veces sutiles, de los guardianes de un statu quo construido sobre la premisa de que el progreso económico consiste en el trasvase de rentas de lo público a lo privado mediante obras en ocasiones de dudosa utilidad social.

El Partido Popular, brazo político de las grandes constructoras, defiende esta fórmula de CPP con el mismo encono con el que el Gobierno central asfixia las cuentas andaluzas. En un increíble ejercicio de cinismo, el mismo PP entusiasta de la CPP pide a las administraciones que hagan “como buenos padres de familia y no gasten más de lo que tienen”. El gran argumento del PP (también del PSOE en Andalucía mientras ha gobernado estas competencias) en defensa de este modelo es que la construcción de carreteras “genera empleo”. Quizás la derecha ignora que el ratio de autovías por habitante en Andalucía es mayor que la media europea y también mayor que en países como Alemania y Francia, con tasas de desempleo mucho más bajas. La salida de la crisis y la creación de empleo no están en la construcción de más y más carreteras y mucho menos a costa de hipotecar la vida de los andaluces a favor de los beneficios de la CPP para las grandes empresas constructoras, único agente que gana con esta fórmula de financiación y sus requisitos junto, cómo no, a las entidades financieras que deben aportar los créditos a las concesionarias u operadores, con unas condiciones y costes financieros cada vez más cuantiosos, que revierten al final en el pago de la Administración al concesionario: es decir, en el contribuyente. Como curiosidad: el Partido Popular en el Parlamento andaluz, a través de iniciativas de diferente índole, ha solicitado a la Consejería de Fomento en lo que llevamos de curso político, alrededor de 9.000 millones de euros en construcción de carreteras. Así se las gastan los defensores de la austeridad.

El ciudadano es al final el gran pagador de este modelo. Y la ganadora, la banca. Porque en el actual contexto económico, tanto desde el punto de vista de las mayores exigencias en materia de restricciones presupuestarias a corto-medio plazo, como desde la óptica de las actuales condiciones del mercado financiero (crédito cerrado o con intereses elevados), la fórmula de CPP ofrece más desventajas que ventajas. Porque no es una fórmula complicada sólo para la Administración, sino también para las empresas, sobre todo para las medianas y pequeñas, que quedan totalmente fuera de juego.