25 de noviembre de 2013

Una Banca Pública andaluza como herramienta al servicio de las personas


SECTOR FINANCIERO
Una Banca Pública andaluza como herramienta al servicio de las personas
El 21% del sistema financiero europeo corresponde a entidades con financiación públicas.
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En Andalucía el sector financiero es prácticamente inexistente. En gran parte, su inexistencia se debe al proceso de bancarización de las Cajas de Ahorro y a la reordenación bancaria que ha sucedido en España, pero también se debe a la falta de estrategia económica y a la falta de modelo de desarrollo a largo plazo de los poderes públicos andaluces que, sin visión estratégica, han permitido el desmantelamiento del sector financiero andaluz. Motivo por el cual desde IULV-CA se comprometió en el Acuerdo de Gobierno con el PSOE Andalucía, la creación de una entidad financiera pública, social y ética. Tras meses de trabajo, a mediados de octubre, IULV-CA presentó su informe de propuesta al Grupo de Trabajo del Parlamento Andaluz para la creación de un Instrumento Público Financiero para Andalucía que concluye con una defensa del Banco Público como el instrumento financiero que necesita Andalucía.


El control del pensamiento único que ejerce el neoliberalismo sobre el imaginario colectivo de la sociedad, hace creer que las instituciones públicas y su intervención en la economía distorsionan la competencia y que son costosas para los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Analizando el sector financiero, sólo a nivel europeo, detectamos que en 27 países existen 302 entidades financieras (entre bancos y agencias) con participación pública total o parcial. Juntas representan el 21% del total del sistema financiero europeo. El control de estas entidades están en manos del sector público, lo que permite orientar las políticas financieras en función de los intereses de los gobiernos, atendiendo a sectores socioeconómicos estratégicos y respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, siendo una importante herramienta anticíclica ante los vaivenes, turbulencias y antojos de los capitales financieros.

En España, lejos de dotarse los distintos gobiernos a nivel central, regional y local con herramientas financieras públicas suficientemente potentes como para ayudar a la articulación de las diferentes políticas estratégicas, lo que ha tenido lugar ha sido un proceso de privatización de las cajas de ahorro (la crítica a su modelo de negocio y gestión lo dejamos para otro momento), para después bancarizarlas. Lejos de normalizarse la actividad financiera, la bancarización tiene como resultado que el sector financiero español pase a tener de 46 a 13 entidades financieras, de las cuales al menos 6 fueron o son inviables desde su creación, con lo que continuará el proceso de centralización y concentración financiera creándose entidades cada vez mayores en dimensión y poder, que serán siempre demasiado grandes como para dejarlas caer, asumiendo el Estado enormes riesgos que se traducirán en nuevas ayudas públicas con altísimos costes para la ciudadanía.

A pesar de las cuantiosas ayudas otorgadas, rescates e inyecciones de liquidez, las entidades financieras no hacen fluir el crédito. El riesgo sistémico existente en las finanzas y la opacidad para conocer el verdadero estado de las entidades financieras hace que éstas desconfíen entre ellas, en lo que se conoce como la “trampa de la liquidez”. Ninguna entidad presta a otra, por lo que las ingentes cantidades de liquidez que consiguen captar quedan acaparadas para hacer frente a sus necesidades inmediatas o destinándolas a productos seguros como la compra de deuda soberana o, por ejemplo, depositando el dinero que reciben del Banco Central Europeo en el propio Banco Central Europeo. 

Mientras tanto, el Estado sanea con dinero público los estados contables y balances de las entidades financieras esperando la buena voluntad de que los bancos restablezcan el flujo de crédito, pero la estrategia de estas entidades es de espera y acaparamiento. Las consecuencias más directas de lo anterior, son la reducción y restricción del crédito a las PYMEs y a la ciudadanía, afectando de forma directa a la inversión en la economía productiva, es decir, no se completa el ciclo del capital en la economía real. 

En Andalucía, el 99,95% de las empresas son PYMEs, por tanto, las necesidades del crédito en nuestra Comunidad son minoristas. Pero la bancarización del sector financiero, junto con la restricción crediticia, hace que se haya perdido cercanía, conexión, territorialidad y capacidad de vinculación entre las necesidades financieras de las empresas andaluzas con los negocios e intereses de la gran banca privada, dejándose de atender la demanda financiera de la gran mayoría social de Andalucía.

De entre todas las fórmulas y modelos de entidades financieras posibles, tras el estudio y análisis de las diferentes alternativas, desde IULV-CA se considera que la fórmula que mejor se adapta a las necesidades del desarrollo de Andalucía y de su tejido productivo, es la de un Banca Pública Universal, ya que es la única opción con capacidad, competencias y operatividad para atender a los principales elementos económicos y políticos que brevemente hemos ido destacando.

UN PROYECTO CONCRETO Y VIABLE

El Banco Público de Andalucía, deberá ser una sociedad anónima de titularidad 100% pública, dotada de “ficha bancaria”, regulada por ley, con rígidos criterios de solvencia. La gestión tiene que ser absolutamente profesional, siendo los principios rectores la transparencia, la participación, la eticidad, impidiendo que las retribuciones de los directivos dependan del comportamiento y beneficio de la entidad en los mercados. El órgano de máxima dirección será nombrado por el Parlamento de Andalucía y será responsable ante él. A su vez, habrá una Comisión de Control participada por representantes sociales y contará con las funciones de autorización, evaluación y control de la gestión. Es imprescindible que exista una comisión de control ético de la institución. De esta forma, se pretende que el Banco Público esté sujeto al control social a través de los representantes sociales y al control político a través del Parlamento de Andalucía.

Su actividad debe orientarse a proporcionar crédito a las actividades en función de las prioridades definidas por la política de desarrollo económico socialmente justo, territorialmente equilibrado y ambientalmente sostenible. El resultado de la actividad de la entidad debe cubrir los costes de operación de la misma y posibilitar su expansión. En un principio, dada su naturaleza de banco, no existen restricciones en las fuentes de financiación, incluidos depósitos y operaciones monetarias con el Banco Central Europeo. 

Entre los objetivos del Banco Público se encuentran: crear un polo financiero propio de Andalucía, que sitúe a nuestra comunidad en igualdad de condiciones con otras regiones dentro del Estado y del entorno europeo; atender a las necesidades básicas de financiación de las PYMEs andaluzas; apoyar proyectos a medio y largo plazo de los agentes económicos andaluces que favorezcan el desarrollo de un nuevo modelo productivo cuyas principales prioridades sean la creación de empleo, la atención a las necesidades sociales y la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales; servir como instrumento para la planificación del desarrollo industrial, económico y social de Andalucía; generar los mecanismos financieros de prevención y solución de los cambios provocados por los ciclos económicos; captar el ahorro de la ciudadanía andaluza y crear una banca de proximidad, constituyendo un referente de entidad financiera trasparente, ética y adecuada a las necesidades de los usuarios.

En coherencia con los objetivos, las competencias que el Banco Público Andaluz debería asumir son las de: proporcionar dinero a crédito conforme a los criterios de prioridad establecidos por la planificación andaluza y los Estatutos de la propia entidad; captar el ahorro de la ciudadanía, empresas e instituciones andaluzas a través de la creación de instrumentos de captación de dicho ahorro; proporcionar servicios y productos financieros conforme a los criterios de transparencia, eticidad y adecuación previstos en los Estatutos de la Entidad; entre otras. 

En definitiva, la Banca Pública debiera ser una herramienta al servicio de los andaluces y andaluzas, que actuase desde una perspectiva estratégica como palanca dinamizadora de un modelo de desarrollo capaz de articular las prioridades estratégicas de un nuevo modelo productivo. El objetivo final no es otro que de ser una región menos dependiente y con capacidad propia para atender a las necesidades financieras, económicas, de empleo y bienestar del interés general de la mayoría social andaluza. Nuestro deseo y el deseo de IULV-CA es que este proyecto sea real cuanto antes en Andalucía y seguir trabajando para que se materialice en todas las regiones del Estado.

Publicado en el Nº 266 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2013