30 de diciembre de 2013

CARBÓN PARA EL ARZOBISPO

JOSE MARI ESPARZA ZABALEGI, JUAN DEL BARRIO
MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NAVARRO
CARBÓN PARA EL ARZOBISPO
«Con teólogos y religiosos hemos ratificado la inmoralidad de ese proceder, y ellos han echado por tierra las acusaciones del Arzobispado de que sólo pretendíamos atacar a la Iglesia. Cristianos y religiosos apoyaron desde el inicio la Plataforma.»
2013/12/26


El día 28, a las 17.30, Santos Inocentes, iremos con los Magos y el Olentzero a entregar carbón al Arzobispo de Iruñea. Víctimas de una monumental inocentada, seguimos todavía atónitos de ver cómo, en pocos años, la Iglesia aprovechó el «regalo» que le hizo el Gobierno de Aznar con el Decreto-Ley que le permitía la inmatriculación de miles de bienes de culto, añadido al privilegio que ya tenía desde el franquismo de inmatricular casas parroquiales, tierras, atrios, cementerios y todo cuanto la Iglesia declarase ante un registrador «esto es mío porque lo testifico yo». Y por menos de 30 euros, quedarse la Catedral de Pamplona, Aralar o la fortaleza de Uxue. O la Mezquita de Córdoba.

Han sido años fructíferos. Con los historiadores hemos sabido del origen de esas propiedades y cómo los pueblos acordaron construir y pagar a su costa sus iglesias, retablos y ermitas, nombrando sus curas, almosneros, campaneros y capellanes, y usando los edificios para escuelas, ayuntamientos, archivos, cementerios y bazarres, hasta que nuevas construcciones municipales cubrieron esos servicios. Un solo ejemplo: Pamplona se quedó sin toros durante siete años para construir la capilla de San Fermín.

Con juristas, registradores y catedráticos en Derecho hemos visto la inconstitucionalidad que supone que un Estado dizque aconfesional otorgue a la Iglesia Católica, y solo a ella, la potestad de actuar como fedatario público, permitiéndole tamaña apropiación de bienes, sin notoriedad y sin conocimiento de los pueblos.

Con teólogos y religiosos hemos ratificado la inmoralidad de ese proceder, y ellos han echado por tierra las acusaciones del Arzobispado de que sólo pretendíamos atacar a la Iglesia. Cristianos y religiosos apoyaron desde el inicio la Plataforma. «No podéis servir a Dios y al dinero», les recordó Jesús Lezaun. «Me parece una rapiña, indigna de la Iglesia y de Jesús. Es un fraude contra el erario público, contra la ciudadanía con cuyos impuestos se siguen conservando esos templos y esas cosas», les espetó públicamente el teólogo franciscano Joxe Arregi.

Y tras escuchar a todos, la sociedad ha dado su benedicto: cerca de 200 Ayuntamientos y Concejos de Navarra, incluido el de Pamplona, han mostrado su apoyo a la Plataforma y lo han ratificado en tres Asambleas municipales. El Parlamento Navarro ha emplazado al Gobierno a defender los bienes de los pueblos. Tan sólo la mayoría absoluta del PP ha impedido que se trate en las Cortes españolas la inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia inmatricular con la simple certificación del Diocesano. La prensa del Estado, en general, se ha hecho eco del escándalo implicándose en la denuncia. En todos los lugares surgen iniciativas similares a la Navarra, (salvo en nuestra hermanas las Vascongadas, todo hay que decirlo, que parecen estar en el Limbo).

Y es que todos han comprobado que, además de lo escandaloso del procedimiento inmatriculador, desde su inicio la Iglesia se ha dedicado a vender (hay empresas dedicadas a ello), a alquilar, a hipotecar y a ejercer actos de dominio, (control, censura, cobro por entrada). Eso sí, endosando a la ciudadanía las obras y manteni- miento, fuera ésta creyente o no. La ecuación resultante clama al cielo: «Yo me hago propietario + tú me lo arreglas + yo no pago ningún impuesto + tú pagas por entrar + yo vendo y alquilo = Inmensurable negocio inmobiliario».

Para colmo, cuando la Iglesia dice que todo lo ha hecho «para tener seguridad jurídica» dice la verdad que le conviene. Ella se lo ha asegurado todo jurídicamente a costa de la total inseguridad del Patrimonio. A diferencia de lo que ocurre cuando la propiedad es pública, por ejemplo en la Baja Navarra, aquí numerosos edificios amenazan ruina y la Iglesia no tiene intención alguna de arreglarlos. Acabarán cayéndose, malvendiéndose o devolviéndose a los pueblos a costa, claro está, de tirar de talonario. Nunca nuestro patrimonio estuvo tan desprotegido.

Mientras, la iglesia calla y se protege en la trinchera del Gobierno que, acogiéndose cínicamente a la Ley de protección de datos, ha negado a las comunidades autónomas la información que conseguimos en Navarra de todo lo inmatriculado por la Iglesia, porque son conscientes del escándalo que produce en los pueblos la simple información de lo ocurrido. Ya en los Tribunales, la Iglesia alega usucapión (prescripción adquisitiva) traicionando así la buena fe de los pueblos que les dejaron usar esos bienes. La casa del cura era tan del Ayuntamiento como la del médico, la del maestro, o la del secretario. Sólo la prerrogativa  atribuida a la Iglesia católica en época franquista y aun vigente para inmatricular bienes explica que el Ayuntamiento haya podido recuperar la casa de estos tres, y no la del cura, porque el Arzobispo tenía la potestad legal de inscribirla en el Registro. Y porque con toda la caradura lo hizo, adelantándose a la mayoría de ingenuos ayuntamientos, que también tenían potestad para haberlo hecho. Si eso no es un robo descarado, que alguien le ponga un nombre más adecuado.

Estos días navideños el Arzobispo, jerarca inmobiliario, nos vendrá otra vez con el Niño Jesús, nacido en medio de la pobreza, venido al mundo a predicar la humildad, el desinterés (¿estará ya inmatriculado el Portal de Belén?) el rechazo a los bienes materiales, etc. ¡Pobre Niño Jesús, qué mal te tratan algunos!. Carbón para ellos. Y de paso, les recordaremos que esto sólo acaba de empezar.