17 de abril de 2013

Barcina, más cerca del banquillo



Barcina, más cerca del banquillo
MIRANDA TAMBIÉN SALIÓ DE SU DECLARACIÓN JUDICIAL PEOR DE COMO ENTRÓ POR SU INCAPACIDAD PARA JUSTIFICAR LAS DIETAS DE LA PERMANENTE DE CAN, SU LEGALIDAD Y LA FALTA DE CONTROL DEL GOBIERNO. TODOS LOS FOCOS SE CIERNEN AHORA SOBRE LA PRESIDENTA
Miércoles, 17 de Abril de 2013 - Actualizado a las 05:03h
Fuente: Diario de Noticias de Navarra
CONCLUYERON ayer las testificales de los tres miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Can cuyas dietas opacas pueden juzgarse en Navarra. En otra demostración de descarada amnesia selectiva, el exvicepresidente Miranda coincidió con el expresidente Sanz y el alcalde Maya en dejar sin respuesta las preguntas relativas a quién convocaba las reuniones, quién decidía que fueran dobles y concatenadas, quién fijó cuánto se pagaba y quién daba las órdenes de pago. Con el indecente añadido de que todos los declarantes han reconocido que cobraron 2.680 euros en el caso del presidente de la Permanente y 1.717 los vocales por unas sesiones a las que acudían sin orden del día y cuyas actas carecían de contenido. Circunstancias escandalosas de las que ayer Miranda culpó al secretario de Can, Alberto Pascual, sobre el que vertió la responsabilidad de cualquier irregularidad. La segunda línea argumental del también exconsejero de Economía y Hacienda fue que correspondía al Banco de España la labor inspectora de la entidad financiera, que a su juicio se movía en una suerte de vacío legal pretendidamente exculpatorio pese a que los Estatutos de Can recogen que es en concreto al responsable económico del Gobierno a quien compete el control de la Caja.

ABORTO EN NAFARROA ¡En la sanidad pública, ya!


ABORTO EN NAFARROA

¡En la sanidad pública, ya!

ELENA LAKABE, OIHANA LÓPEZ Y BEGOÑA ZABALA
Martes 16 de abril de 2013
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Navarra, tierra de contrastes y de algunas otras cosas más, nos vuelve a sorprender. Esta vez ha sido gratamente. La Cámara de Comptos, organismo dependiente del Parlamento encargado de fiscalizar las cuentas públicas, presenta un informe en el que no sólo sugiere, sino que afirma rotundamente, que las Interrrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se deben hacer, y salen más económicas, en los centros públicos. Analicemos por partes, el enjundioso contenido del informe, realizado, por cierto, a petición de la izquierda parlamentaria. Nadie piense que al Gobierno de Navarra le importa un pito la salud sexual y reproductiva de las mujeres y menos las cuantiosas sumas que gasta en sostener los chiringuitos privados que prestan servicios médicos.
En primer lugar hace un estudio exhaustivo y riguroso sobre los costes de las intervenciones en la clínica privada de Antsoain, y llega a una conclusión que es casi un clásico en las manifestaciones que se producen continuamente en contra de la privatización de la sanidad pública: es sustantivamente más caro lo que se paga a los centros privados por las prestaciones y servicios que debe hacer la salud pública, que realizarlos en los centros públicos propios. Detalla casos concretos y precios y hace varias comparativas, en las que se ve el desfase de precios y costos, por lo que recomienda que se economice utilizando los servicios y centros públicos. La pregunta se une a las preguntas que estos días se están haciendo miles de personas en nuestra sociedad navarra ¿por qué los políticos y las políticas que gobiernan la Comunidad foral insisten de forma tan machacona en privatizar las prestaciones y servicios públicos si salen más caros? Urge urgar en los bolsillos de los dineros no sólo públicos, sino también privados, para analizar esta interesante pregunta.

España se niega a firmar convención que declara que crímenes de guerra no prescriben


España se niega a firmar convención que declara que crímenes de guerra no prescriben

La persecución judicial en España de los crímenes del franquismo seguirá, de momento, siendo una quimera, de acuerdo a los planes del Gobierno.
Por un lado, el Ejecutivo se resiste, amparándose en dudas jurídicas, a firmar la Convención de la ONU que declara que los crímenes de guerra no prescriben, y por otro, destaca que la Ley de Amnistía de 1977 sólo es derogable por el Parlamento y no por ningún juez o tribunal.
El Gobierno expone su postura, que no deja resquicio alguno a la investigación de esos delitos, en la respuesta escrita que le ha enviado al diputado de la formación Izquierda Unida,  Gaspar Llamazares, quien trasladó al Gobierno la perplejidad de los países más avanzados en materia de derechos humanos por el hecho de que España no haya iniciado el proceso de adhesión a la Convención contra la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Asimismo, el parlamentario destacaba en su pregunta al Gobierno que asociaciones y ong’s como Amnistía Internacional habían manifestado preocupación por la lentitud y archivo de numerosos casos de desapariciones forzosas y crímenes de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1977, sobre todo desde que el Tribunal Supremo estableciese en febrero de 2012 la inhibición de la Audiencia Nacional en favor de juzgados territoriales.