8 de mayo de 2013

"Nos negamos a ser esclavos, el capitalismo ha entrado en una fase nueva y está dispuesto a convertir en calderilla la lucha obrera de 200 años”











Entrevista a Manuel Rodríguez (Campamento Dignidad Plasencia) y a Manuel Cañada (Campamento Dignidad Mérida)
"Nos negamos a ser esclavos, el capitalismo ha entrado en una fase nueva y está dispuesto a convertir en calderilla la lucha obrera de 200 años”


Activistas incansables que hacen suyas todas las causas dignas de nuestra tierra (y de este mundo), Manuel Rodríguez y Manuel Cañada son, por decirlo con Brecht, dos compañeros imprescindibles.

¡76 días en lucha! ¡Se dice pronto! Regreso un poco al pasado. ¿Por qué el “Campamento Dignidad”? ¿De quién partió la idea?La idea de los Campamentos Dignidad nace en la Plataforma por la Renta Básica de Extremadura. Los Campamentos Dignidad son el fruto de un largo proceso de movilización cuya expresión más visible fue la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica.
La Plataforma que puso en pie la ILP estaba integrada inicialmente por movimientos vecinales como la Asociación de Aldea Moret (Cáceres), asambleas de parados y plataformas por el empleo (Plasencia y Almendralejo) o colectivos por los derechos sociales como La Trastienda (Mérida). Alrededor de estos núcleos se ha ido construyendo un movimiento muy plural, en lo ideológico, en lo generacional y en lo social.
La ILP por la Renta Básica recabó 27.000 firmas, el equivalente a 1.400.000 a nivel del Estado, el mismo número de avales ciudadanos que la promovida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas a favor de la ILP de Dación en pago y alquiler social.
Pero si los Campamentos Dignidad han prendido como una esperanza entre los parados y paradas, y entre una parte importante de la clase obrera de Extremadura, no es sólo porque haya un trabajo constante, sino porque la lucha de los Campamentos conecta con la intuición de que ya no estamos para juegos florales. El capital tiene plan pero la gente obrera, hasta el momento, apenas tiene otra cosa que nostalgia de “los buenos tiempos del consumo” o llantos. Los Campamentos Dignidad surgen de esa rebeldía elemental frente a la impotencia. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. No somos carne de hipoteca ni de despido. No somos fardo de caciques ni de entretenimiento de burócratas. Eso dijimos y nacieron los Campamentos Dignidad.


Cristina de Borbón, inimputable


Cristina de Borbón, inimputable

 | 08 Mayo 2013 - 13:57 h.








Nunca negaré mi condición de republicano porque lo soy y, salvo trueno, rayo o terremoto, lo seguiré siendo hasta el fin de mis días. No por capricho, azar o antojo peregrino, tampoco porque crea que una República colmaría todas mis aspiraciones ciudadanas –seguiría siendo un régimen vulnerable e imperfecto incluso en el mejor de los casos-, sino porque una República democrática nace de la manifestación efectiva y periódica de la voluntad popular y niega, por esencia, los derechos de la sangre y los linajes. Es cierto que hoy varios de los países más avanzados del mundo –Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca- son monarquías, pero también que no deben su bienestar a ese régimen sino a que sus titulares aceptaron el ostracismo político y a coyunturas económicas, sociales, culturales y religiosas difícilmente explicables en un artículo: Suecia, qué duda cabe, tendría por lo menos el mismo índice de desarrollo humano que goza ahora mismo sin monarquía, pero de momento han decidido seguir con la tradición y mantener a Carlos Gustavo en el trono para sacarlo en los sellos y entregar no sé qué premios una vez al año, puesto que ni firma las leyes, ni preside consejos de Ministros, ni manda en las fuerzas armadas, ni ejerce misión diplomática conocida, ni tiene atribución constitucional alguna. Los suecos son ricos y probablemente se puedan permitir lujos irracionales que a otros están vedados.

9 de mayo: huelga general por la retirada de la ‘ley Wert’

9 de mayo: huelga general por la retirada de la ‘ley Wert’PDFImprimirE-mail
Servicios Públicos Enseñanza Pública
Escrito por Agustín Moreno   
Miércoles, 08 de Mayo de 2013 00:00












Hay una campaña contra la educación pública que comprende recortes, una contrarreforma legal, una serie de medidas complementarias y la nueva reforma universitaria. Las razones de fondo obedecen a motivos ideológicos y a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Sobre casi todo ello ya hemos hablado, pero los problemas siguen ahí y ante la continuidad de las agresiones se han convocado movilizaciones para los primeros días de mayo.

1. La lógica de la que parte el Gobierno es que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, que para un mercado de trabajo precario no hay por qué invertir demasiado, que basta con formar a una élite en la “excelencia”. De ahí que el objetivo del gobierno del PP es reducir la inversión educativa del 4.6% al 3,7% del PIB, muy lejos del deseable 7% que dedican los países de nuestro entorno con mejores resultados. Ello producirá el consiguiente impacto en la calidad del sistema educativo (despido de profesorado, aumento de la ratio, recorte de la atención a la diversidad, de becas y de comedores, endurecimiento de las condiciones de trabajo, etc.); impacto solo aminorado por el esfuerzo del profesorado y  las familias comprometidas con la escuela pública.
2. El anteproyecto de ley de educación (LOMCE) es clasista, privatizador, confesional, antidemocrático y desahucia a una parte importante del alumnado al segregarlo de forma temprana hacía vías muertas. Lo más reciente ha sido el varapalo que ha recibido del Consejo de Estado. Esta institución es un cementerio de elefantes de la clase política y no el soviet de Petrogrado. Que una institución tan conservadora haya dictaminado contra la LOMCE indica que solo el ministro Wert está a la derecha del sentido común.
El Consejo dice que no entiende que la ley no vaya acompañada de una memoria económica que asegure su financiación; critica la pérdida de participación de la comunidad educativa; pide que Educación para la Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países europeos; que no se debe discriminar al alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a las clases alternativas que imparten valores éticos y sociales; no ve las subvenciones a centros que segreguen por sexo sin justificación y pide medidas académicas a favor de la igualdad; las comunidades bilingües son las que deben garantizar una proporción razonable de su lengua y el castellano; los exámenes externos, en su caso, tienen que realizarlos funcionarios públicos y no empresas privadas o profesores contratados.
Por último, reclama un gran pacto social que dé estabilidad al sistema educativo. Este punto es el más importante, porque un anteproyecto que no tiene ningún tipo de consenso de la comunidad educativa y sólo es defendido por el ministro de Educación más desprestigiado de la democracia, nace inevitablemente muerto