24 de julio de 2013

Tribunal Constitucional contaminado

Tribunal Constitucional contaminado

Joan Coscubiela Diputado Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados
nuevatribuna.es | 22 Julio 2013 - 14:22 h.
Pieza a pieza y a velocidad de vértigo todas las instituciones del Estado sin excepción sufren una grave crisis de credibilidad y de profunda deslegitimación social. Tanto, que está en riesgo la consistencia democrática de nuestra sociedad.

Ahora, al conocerse la militancia en el PP de su Presidente, se ha recrudecido la polémica sobre el Tribunal Constitucional. Aunque a mi entender el debate se ha situado interesadamente en las ramas y no en el tronco del conflicto ni en las raíces de un problema que viene de lejos.

España vive un proceso de degradación democrática que tiene en la concentración del poder político y su distribución bipartidista, si no la única, sí una de sus principales causas. El ejercicio absolutista de la mayoría absoluta por el PP lo ha hecho más patente y lo ha agravado, pero las causas son anteriores y más profundas.

La diferencia entre lo que sucede hoy y lo que viene pasando durante décadas es que el desequilibrio electoral entre los dos grandes partidos, las escasas convicciones democráticas del PP y su sentimiento de impunidad han provocado un deslizamiento desde la distribución bipartidista del poder hacia el control monopolístico del mismo.

No es un tema menor porque afecta a la esencia misma de la democracia que, para ser real y efectiva, requiere la existencia de controles y contrapoderes democráticos. Y cuando el partido del Gobierno controla con nombramientos partidistas todas, absolutamente todas, las instituciones del Estado, la democracia sufre graves riesgos. Aunque también se deteriora cuando el control lo ejerce el bipartidismo dominante.
Este es el sustrato sobre el que se edifica el deterioro de la credibilidad del Tribunal Constitucional, que no es nuevo y que tiene su punto de inflexión con la mayoría absoluta de Aznar y la elección como Presidente del Tribunal de Jiménez de Parga.

Ya antes, se había suscitado el debate sobre la independencia del Tribunal en relación al Ejecutivo. En uno de sus recursos de amparo, Ruiz Mateos planteó la recusación del Magistrado Miguel Rodriguez Piñero por amistad manifiesta con el Presidente del Gobierno Felipe Gonzalez. Y el Tribunal Constitucional dictó en 1988 un Auto, que ahora adquiere nueva actualidad, en el que dejó sentado que: "La Ley Orgánica no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de estos partidos cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengue la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir".

Claro que este restrictivo criterio de recusación saltó por los aires 19 años después, en el 2007, cuando, en el Recurso contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya, el Tribunal a instancias del PP acordó la recusación del Magistrado Pérez Tremps. En aquella ocasión el Constitucional elevó y mucho los criterios de imparcialidad de sus miembros. Tanto, que de aplicarse en estos momentos, una buena parte de los Magistrados incurriría en causa de revocación en asuntos de gran trascendencia, como la Reforma Laboral o la declaración del Parlament de Catalunya.
Los criterios utilizados en la resolución que acordó la recusación de Pérez Trempscomportan una clara incongruencia y doble moral con los mecanismos y criterios que desde hacia tiempo se vienen aplicando para la elección de Magistrados. Bien, doble moral sí, pero la contradicción es sólo aparente, porque en el fondo los criterios de elección de Magistrados y la recusación de Perez Tremps no dejan de ser dos maneras de conseguir el mismo objetivo, el control político del Constitucional.
A estas alturas de la contaminación que sufre el Constitucional, no basta con señalar lo obvio. Resulta imprescindible diagnosticar sus causas profundas. El Tribunal Constitucional está contaminado y su Presidente carece de las condiciones básicas para ocupar un cargo que requiere, no se olvide, de una gran "auctoritas", que es lo que en el fondo significa ser calificado de jurista de reconocido prestigio.
Pero, aunque sea ir contra corriente de la opinión mayoritariamente publicada, el problema de fondo no es que sea afiliado al PP. Eso agrava la contaminación, sobre todo al haberlo ocultado, y puede provocar recusaciones múltiples. Pero no es el factor determinante y evitando la afiliación política formal de los Magistrados no se resuelve el grave problema de contaminación del Tribunal.

Me explico. El control partidario -de un bipartidismo complementado en ocasiones por CIU y PNV- de las instituciones ha llevado a que el factor determinante para ocupar alguna de las más altas instituciones del Estado sea el fuerte vínculo político –con militancia formal o no– de los candidatos. Pero no cualquier militancia, sino la del partido o partidos que ocupan el poder o son decisivos. Existen juristas de reconocido prestigio que jamás estarán en el Tribunal Constitucional, unos por su no militancia política y otros precisamente por su militancia o adscripción ideológica a ideas que se consideran extramuros del bipartidismo dominante. Y no es un problema de personas. Hay  interpretaciones de las leyes que caben perfectamente en la Constitución que, con estos criterios de elección de Magistrados, jamás estarán presentes en el Tribunal Constitucional

Lo importante no es la militancia política formal de Pérez de los Cobos sino que, sin este fuerte vínculo con el poder económico y político, no sería Magistrado del Constitucional. No soy nadie para poner en duda sus méritos, pero conozco y tengo criterio sobre el mundo en que ha actuado profesionalmente. Y creo no ser injusto si afirmo que, entre sus "méritos" el que ha sido determinante para alcanzar la Presidencia del Constitucional es su fuerte relación con los poderes económicos y con la dirección del PP, desde la época de Aznar, sin la cual sus méritos serían iguales o inferiores a la de otros juristas, que jamás estarán en el Constitucional. Ese es el nudo democrático de la cuestión. Sugiero leer el post de Antonio Baylos “La Buena estrella de Pérez de los Cobos”.

Lo perverso en términos democráticos es que la configuración de las altas instituciones del Estado, que no sólo deben ser independientes del Ejecutivo, sino actuar como mecanismos de control y de contrapeso democrático del Gobierno, se configuren en función del criterio de afinidad ideológica y sobre todo sumisión al poder político y no se olvide también al económico.

¿Puede un Magistrado garantizar su imparcialidad a pesar de ser afiliado a un partido?, cómo dice el Auto de 1988 del Tribunal Constitucional.
Llegados a este punto conviene recordar aquello de que mucho más importante que las respuestas son las preguntas. Porque si seguimos el hilo conductor de las informaciones del País, en el mejor de los casos se conseguirá la dimisión del Presidente del Constitucional, pero las causas de la contaminación del Tribunal, el control bipartidista PP-PSOE de las instituciones, continuarán intactas. Dejaremos para otro día el papel de los poderes mediáticos en la construcción de la fuerte concentración de poder económico y político.
Las preguntas que creo debemos hacernos son otras.
¿Cambiaría algo la “imparcialidad” de Pérez de los Cobos en el Recurso contra la Reforma Laboral del PP- por poner un ejemplo - si no hubiera sido afiliado formalmente al PP? Creo sinceramente que no.
¿Puede el Tribunal Constitucional garantizar una interpretación abierta e inclusiva de toda la ciudadanía con los actuales mecanismos y criterios de elección de los Magistrados? Mi respuesta es que no.
¿Puede llamarse democrático un país que tiene todas sus instituciones colonizadas por asentamientos de militantes del partido del Gobierno? Mi respuesta es NO.
Como suena a menudo en las calles, “le llaman democracia y no lo es”. La democracia plena requiere de muchos factores, pero hay uno constituyente, la existencia de contrapoderes democráticos. Sin estos contrapoderes económicos, sociales y políticos la democracia no es real.
No sólo el Constitucional está contaminado, la democracia está gravemente intoxicada

Los ‘indignados’ vuelven a las plazas para pedir la dimisión del Gobierno

Los ‘indignados’ vuelven a las plazas para pedir la dimisión del Gobierno

indignadosPlaza de la Puerta del Sol de Madrid en el primer aniversario del 15 M. FERNANDO SÁNCHEZ
De nuevo la convocatoria está circulando rápidamente por las redes sociales, y de nuevo son las plazas las que acogerán las principales concentraciones.
Este viernes 26 de julio se ha convocado una marcha ‘indignada’ para tomar las principales plazas y exigir la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy y la convocatoria de elecciones.
En el llamamiento, principalmente a través de Facebook y Twitter, se asegura que “ha llegado el momento, se encuentran en un callejón sin salida y lo mejor que puedes hacer [en referencia al Gobierno] es pedir perdón, dimitir y convocar elecciones generales”.

Hasta el momento ya hay más de 50 ciudades confirmadas, entre ellas las principales plazas donde se desarrollaron las acampadas del 15M, incluida la Puerta del Sol de Madrid.
Los convocantes piden que tras la dimisión del Gobierno “se deje en manos del pueblo la construcción de una alternativa para todos, democrática y honesta”. Asimismo, exigen que “toda propuesta ciudadana que alcance las 500.000 firmas sea sometida a un referéndum vinculante” o que “se revise la Constitución, la deuda externa y las privatizaciones realizadas por anteriores gobiernos”.

EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA DE LAS DIETAS. Kontuz! cree que ha quedado en entredicho la independencia del Supremo

EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA DE LAS DIETAS

Kontuz! cree que ha quedado en entredicho la independencia del Supremo

EFE - Miércoles, 24 de Julio de 2013 - Actualizado a las 16:26h
(2 votos)
 ¡comenta!
  • Mail
  •  
  • Meneame
  •  
  • Tuenti
  •  
  •  
  •  
La asociación Kontuz!, con Pablo Ibáñez y Patxi Zamora en el centro de la mesa, durante una rueda de prensa.
La asociación Kontuz!, con Pablo Ibáñez y Patxi Zamora en el centro de la mesa, durante una rueda de prensa. (Javier Bergasa)
Vista:
  • La asociación Kontuz!, con Pablo Ibáñez y Patxi Zamora en el centro de la mesa, durante una rueda de prensa.
La asociación Kontuz!, que ha ejercido junto a UPyD la acusación popular en el caso Caja Navarra, cree que el archivo de la causa abierta contra la presidenta Yolanda Barcina y otras decisiones como las referidas a José Blanco o Jaume Matas "ponen en entredicho" la independencia del Tribunal Supremo.
PAMPLONA. Kontuz! afirma en un comunicado que esta "rapidísima" resolución del Supremo es "atentatoria contra el más elemental criterio de justicia", así como "de una pobreza argumental absoluta y totalmente carente de sustancia jurídica".
Vista la exposición razonada de la juez de instrucción de Pamplona, Mari Paz Benito, la resolución del Supremo "nos asombra por su escasa altura, impropia de tan alto tribunal", asegura Kontuz!.
La asociación destaca no obstante que "la batalla jurídica no ha hecho más que comenzar", ya que continúan las diligencias en la Audiencia Nacional por la denuncia presentada por Kontuz! contra el expresidente Miguel Sanz y el exdirector de Caja Navarra Enrique Goñi.
Además, la juez Benito sigue investigando los créditos concedidos a miembros del consejo de administración de la entidad o el origen de las actas de la Comisión Permanente, porque "a día de hoy no sabemos a ciencia cierta ni siquiera si hubo reuniones ni si se hicieron actas de las mismas", recuerda la asociación.
Por ello, Kontuz! cree que esta resolución del Supremo "no debería ser motivo de satisfacción para los afectados", puesto que "toda la ciudadanía sabe ahora qué dietas cobraron por unas reuniones dobles y triples sin contenido alguno".

El darwinismo escolar o la ‘ley Wert’

El darwinismo escolar o la ‘ley Wert’

por Agustín Moreno
Martes, 23 de Julio de 2013 23:25
Compartir redes sociales
Vota este articulo
(0 votos)
  • tamaño fuente reducir tamaño fuente aumentar tamaño fuente 
  •  
El darwinismo escolar o la ‘ley Wert’
Alevosamente, en el verano, como se hacía en el franquismo, con los centros educativos cerrados, se han rechazado esta semana en el Congreso de los Diputados once enmiendas a la totalidad a la LOMCE.
Son la expresión de la soledad del PP y de la absoluta falta de consenso. Refleja la incapacidad del ministro para alcanzar algún acuerdo con alguien que no sea su elefantiásico ego y su sectarismo ideológico. Porque no estamos hablando de otra cosa: llegó sin tener ni idea de educación y se va a ir sabiendo menos. Para ocultarlo, utilizó en el debate parlamentario gruesas descalificaciones hacia la oposición: ruido y furia que expresa su total incompetencia. Tiene su mérito tener a todo el mundo en contra, menos a Rouco y a la patronal privada, y conseguir de la oposición una declaración solemne donde se compromete a derogar la ley en cuanto puedan.
De ella se han dicho muchas cosas: que es privatizadora, confesional, recentralizadora, poco democrática, que ignora al profesorado, etc. Pero el espíritu de la ley, eso que dice Wert que no hemos captado, es su ideología neoliberal y su carácter segregador que refuerza los patrones de desigualdad social. Esta ley está informada por dos grandes motivos: el negocio y la ideología.

Se trata de convertir el derecho público fundamental a la educación en un servicio económico a prestar por el mercado y que entra en el campo de la competencia. De ahí el carácter privatizador de la ley para entrar en un rico pastel que en España, según los últimos datos del INE de 2010, supuso un beneficio de casi 700 millones de euros para los centros privados de enseñanza. Es un nuevo y jugoso nicho de negocio que permite obtener fondos públicos e ingresos regulares, apalancamientos financieros, cesiones de suelo, cobrar cuotas abusivas y obtener beneficios fiscales. Por ello vemos a grandes compañías que nada tienen que ver con la educación(son de construcción, seguridad o limpieza) pujar para la gestión privada de escuelas infantiles en la comunidad de Madrid.
Pero, sobre todo, son razones ideológicas las que están detrás de la ley Wert. Por una parte, una cierta aristocratización de la educación. No les gusta la mezcla social y para ello refuerzan la red privada-concertada, no solo para atender las reivindicaciones de la Iglesia católica, sino porque no quiere ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con el cambio para la mejora de su sociedad. Parece que parten del prejuicio de que la escuela pública crea ciudadanos más a la izquierda, algo que puede ser cierto en la medida en que se produce cierta segregación de clases por la doble red. En su ignorancia o servidumbre hacia la Iglesia católica no quieren saber que los países del norte y centro de Europa los ricos llevan también a sus hijos a la escuela pública, donde conviven todas las clases sociales y se refuerza el sentimiento de pertenecer a una misma colectividad. Y encima su éxito escolar es mayor en los rendimientos del alumnado.
El gobierno del PP nos está lanzando el mensaje de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. Sociales y económicas, se entiende, no en relación al talento del que tanto le gusta hablar al ministro. En su lógica de contables neoliberales, no tiene sentido invertir más en educación, que para ellos es un gasto. Hay que poner en coherencia el sistema educativo con un mercado de trabajo precario y en rotación, y con una sociedad poco cohesionada y desigual. Y para ello se propone una escuela segregadora y clasista, donde la excelencia no sea para todos, sino para unos pocos. Si ponemos en relación esta filosofía educativa con la política de becas y la afirmación de Wert de que se dedique a otra cosa el estudiante que saque menos de un 6,5; o la afirmación de su secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, de que no hay que formar a más científicos, podemos colegir que para Wert la escuela para todos es como dar margaritas a los cerdos.
La segregación clasista de la LOMCE se produce por varias vías: los itinerarios tempranos y la disminución de la comprensividad para todos, el refuerzo de la doble red (pública y privada-concertada), las reválidas, los bachilleratos de excelencia, la especialización de los centros para que compitan unos con otros, la publicación de las pruebas externas, la segregación por sexos en centros que reciben fondos públicos, etc. Cabe destacar en este sentido determinados programas bilingües como el de la Comunidad de Madrid, que nadie ha evaluado, y que pueden producir tal segregación que convierten la escuela en un riesgo para una parte del alumnado. El elemento que une todas estas medidas es la elitización de la enseñanza y la ruptura del principio pedagógico de trabajar con grupos heterogéneos, que es lo natural, algo que avala la comunidad científica internacional como lo más eficaz para la equidad y el éxito en l os resultados generales. La filosofía segregadora conduce a un aumento del fracaso escolar, solo evitable a través de trampas estadísticas en las que está pensando el ministro Wert, como considerar exitoso, escolarmente hablando, no sacar el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, aquellos a los que se derive a un itinerario de poca monta como la Formación Profesional Básica.
La ley quizá se apruebe finalmente con la mayoría absoluta del PP y con todo el mundo en contra, aunque en política los tiempos se aceleran y ya veremos cómo acaba el caso Rajoy-Bárcenas. En cualquier caso, nada está perdido. Porque no puede durar una ley impulsada por el ministro peor valorado de la democracia y que ha tenido tanto rechazo social y político. Habrá que seguir denunciando esta ley y debatiendo entre la comunidad educativa sobre la escuela que queremos. Que no puede ser otra que la escuela de tod@s y para todo@s, pública, laica, inclusiva, gratuita, que asegure el derecho a educarse y a aprender con éxito de todo el alumnado. Esta es la diferencia de enfoque en el que radica la verdadera excelencia. Es decir, todo lo contrario que el sistema educativo que diseña la ley Wert, que es puro darwinismo escolar al servicio del darwinismo social, económico y político. Por eso no tiene futuro una ley sectaria que hace retroceder la igualdad entre los ciudadanos.

Nos quieren pobres, calladas y heterosexuales

Nos quieren pobres, calladas y heterosexualesPDFImprimirE-mail
Mujer y Feminismo Mujer y feminismo
Escrito por Esther Vivas   
Miércoles, 24 de Julio de 2013 04:28
La cruzada del Partido Popular (PP) no sólo arremete contra derechos fundamentales como sanidad, educación, vivienda, trabajo, sino, también, contra libertades sexuales y reproductivas. El PP busca imponer un determinado modelo de sociedad al servicio del capital a la vez que machista y homófobo. Nos quieren pobres, calladas y heterosexuales.

La semana pasada el Gobierno proponía a las comunidades autónomas vetar, en la sanidad pública, los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial y fecundación in vitro) a lesbianas y mujeres solas. Una medida que atenta contra la igualdad de acceso a los servicios públicos y discrimina a quienes se salen de la estricta "norma” heteropatriarcal. Si eres mujer, pobre, lesbiana o no tienes pareja, prohibido quedarte embarazada. Para el PP, sin hombres no hay hijos. Y la derecha impone, así, su arquetipo de familia: una, hetero y unida.
Nos encontramos frente a un Gobierno que se escandaliza porque dos mujeres puedan ser madres, dos hombres padres, de que una mujer sola pueda tener hijas e hijos, pero que no siente la más mínima vergüenza en aplicar unas políticas generadoras de hambre, paro y desahucios. La doble moral de quienes no tiene principios. Obedientes sólo a la doctrina del capitalismo y el patriarcado.
Ayer en el escrache feminista frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, para, justamente, condenar esta medida, la represión fue la respuesta. Un Gobierno que persigue y criminaliza aquellos que no callan. La "política de la porra” es la otra cara de la "política de las tijeras”.