15 de octubre de 2013

Primera expropiación de la Junta de Andalucía para evitar un desahucio

Primera expropiación de la Junta de Andalucía para evitar un desahucio

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado este martes el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda andaluza. La decisión impedirá el desalojo de una pareja de Huelva con dos hijos cuya vivienda fue embargada por una sociedad de gestión de activos. La expropiación temporal se ha puesto en marcha en apenas 20 días de la aprobación de la nueva Ley de función social de la vivienda y después de que el TC paralizase el decreto recurrido por el Gobierno de Rajoy.
 | 15 Octubre 2013 - 14:42 h.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda andaluza, ubicada en la calle Alonso de Ercilla en Huelva capital y perteneciente a María del Carmen Andújar, que convive en la citada vivienda con su marido y con sus dos hijos, en aplicación de la Ley 4/2013 de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de septiembre.
Según han informado fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, se trata de la primera vivienda andaluza con el expediente culminado que será expropiada temporalmente durante tres años para evitar el desahucio de María del Carmen y su familia.
En rueda de prensa en Huelva, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha mostrado su satisfacción al tratarse de "la primera expropiación temporal que se hace en España para impedir un desahucio y ha sido de la mano del Gobierno andaluz, que ha evitado echar a la calle a una familia en situación de exclusión social".
Esta medida, que se concreta en la incoación del procedimiento y la declaración de interés social y necesidad de ocupación, evitará el desahucio de esta familia en riesgo de exclusión con dos hijos y residente en un piso, que fue embargado por una sociedad de gestión de activos como paso previo a su desalojo.

La jibarización de la educación pública

La jibarización de la educación públicaPDFImprimirE-mail
Servicios Públicos Enseñanza Pública
Escrito por Agustín Moreno   
Martes, 15 de Octubre de 2013 04:32
Wert puede ser todo lo neoliberal que quiera, pero no puede ponerse a la derecha del sentido común. No puede afirmar que con decenas de miles de profesores menos en las aulas y con más alumnado va a mejorar la calidad educativa y el éxito escolar. Y cuando se insulta a la inteligencia con este descaro, ya no es creíble nada de lo que se diga. Por ejemplo, cuando para defender su ley asegura que no perjudica a la escuela pública, sino todo lo contrario. Para limitar el peso de la educación pública en España utiliza argumentos de brocha gorda que niegan una evidencia: la educación ha mejorado en la etapa democrática, aunque tenga que seguir mejorando. Veamos las vías para reducirla.

La política de recortes, que se vienen produciendo con la excusa de la crisis, asciende a 6.400 millones de euros desde 2010. Los recortes y el RDL 14/2012 han supuesto 22.686 profesores despedidos en los dos últimos años, según el propio ministerio de Educación, mientras que el alumnado aumentó en 191.486. Se han endurecido las condiciones de trabajo del profesorado, ha aumentado la ratio de alumnos por aula, ha suprimido programas de atención a la diversidad, políticas de becas, etc. Y lo que, en todo caso, podrían ser medidas coyunturales para la reducción del déficit, se consolidan en una ley orgánica. Es tremendo ver como no falta financiación para sanear la banca, cubrir los agujeros de las autopistas, socializar las pérdidas de las grandes empresas y los proyectos fallidos (Castor) y no hay recursos para la inversión de futuro más rentable de un país.
La insuficiente financiación de la LOMCE ha sido desde el primer momento pura improvisación. Empezó sin memoria y con una financiación inexistente. Wert priorizaba el rápido lanzamiento de la ley y los aspectos ideológicos, aunque fuera una chapuza. Sin detenernos en el proceso seguido, finalmente en su memoria aparece una inversión como coste de implantación de 1.335 millones de euros. Si se compara con la actual LOE, que tenía 7.033 millones previstos para la misma partida, se produce una reducción de 5.658 millones, es decir, se invertirá solo un 19% de la inversión de la actual LOE. Para colmo, el MEC solo asegura un 30% de la inversión y deja el resto en manos de unas comunidades autónomas cada vez más presionadas para que reduzcan sus déficits. El deseo del ministerio de obtener fondos europeos para el desarrollo de la ley es otro cuento de la lechera más.

La reforma de los ayuntamientos desmantelará un tercio de los servicios sociales

La reforma de los ayuntamientos desmantelará un tercio de los servicios sociales

por Kaos. Tijeretazos y recortes sociales
Martes, 15 de Octubre de 2013 15:05
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La reforma de los ayuntamientos desmantelará un tercio de los servicios sociales
La reforma de las administraciones locales que se encuentra en trámite parlamentario desmantelará un tercio de los servicios sociales en España, es decir, la parte que financian actualmente los ayuntamientos y de la que se benefician más de siete millones de ciudadanos...
Agencias
...fundamentalmente mayores, mujeres víctimas de violencia de género, menores en desamparo y personas con discapacidad.
   Así lo denuncia un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, con datos del Ministerio de Hacienda,  revela que los ayuntamientos gestionaron el año pasado 5.118 de los 15.232 millones de euros que se destinaron a estos fines en todo el país, es decir, uno de cada tres euros. De este dinero, el 25% (3.851 millones) fueron aportaciones propias de las entidades locales.
   El informe concreta además, que 2.410 millones de los 5.118 gestionados fueron a políticas de educación (becas de comedor, por ejemplo) y 802 millones se destinaron al área de sanidad. El 38% del total se empleó en la adquisición de servicios en el sector privado para su entrega directa a los ciudadanos (como ayuda a domicilio o teleasistencia) y un 21% a transferencias directas ya fuera a individuos o familias o a las ONG que les atienden.