UCR 17 de Febrero de 2010
Próximo a cumplirse el 29 aniversario del 23-F y tras la publicación del libro "La Conspiración de mayo" en el que, en relación con aquél desgraciado evento, se desvela por primera vez uno de los secretos mejor guardados de la transición española presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro "a la turca", la gran apuesta golpista denominada "Operación Móstoles", dentro de un movimiento de corte franquista que hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil y que fue la causa real y única de que La Zarzuela pusiera en marcha aquella chapucera maniobra político-militar-institucional del 23 de febrero de 1981.
Con fecha de 16 de febrero de 2010, Amadeo Martínez Inglés ha remitido al Sr presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, un escrito, con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, en el ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria (art. 76.1 de la Carta Magna) que depure las responsabilidades del rey Juan Carlos I en aquella triste jornada de nuestra historia reciente; y también, sobre la base de los claros y rotundos indicios racionales que apuntan a que el monarca español ha cometido en su juventud y en sus años de reinado, al margen del 23-F, otros graves delitos relacionados con el terrorismo de Estado, la malversación de fondos públicos, la corrupción e, incluso, el homicidio premeditado, se inicien por la Cámara Baja del Parlamento español los trámites necesarios para que las Cortes españolas, según lo que contempla el artículo 59.2 de la CE, puedan "reconocer la inhabilitación" de Juan Carlos de Borbón para seguir ocupando la jefatura del Estado español. A continuación la carta de Amadeo Martínez Inglés
Carta dirigida al
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.
Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.
El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.
El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.
Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”.
En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”.
Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”.
Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente:
Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.
Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.
Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.
Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.
Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010
17 de febrero de 2010
«La reforma más urgente y necesaria es la del sistema financiero, y no la de las pensiones"
En opinión del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, si hay una reforma que corra prisa, esa es la del sistema financiero, y no la de las pensiones. Según Toxo, es urgente proceder a la reestructuración financiera para preservar el sistema de cajas de ahorro y reducir su atomización; en caso contrario, el riesgo de que se repitan casos como el de Caja Castilla-La Mancha (CCM), que fue intervenida por el Banco de España el año pasado, es elevado.
«Hay un retraso considerable en la toma de medidas y el riesgo de más casos como el de Caja Castilla-La Mancha es alto. Lo sabe el Gobierno y el Banco de España, que es quien tiene la obligación de velar por el sistema financiero», señaló
Para el secretario general de CCOO, las cajas de ahorro necesitan la reestructuración, en respuesta al aumento de la morosidad por los riesgos en los que han incurrido. "Este incremento de los impagos es una de las causas fundamentales de que el crédito no fluya en la economía y no llegue ni a las empresas ni a las familias».
Una reforma urgente, pero siempre preservando el sistema de cajas de ahorro, y dejando al margen "los intereses políticos" a la hora de fusionar cajas de ahorro, concluyó Toxo
Comienza la privatización del agua en Honduras
Ante la pretensión del ilegítimo congreso hondureño, dominado por los mismos congresistas que dieron el golpe de estado el verano pasado, de llevar a cabo la privatización del agua, vendiendo en un primer paso la hidroeléctrica José Cecilio del Valle a una corporación italiana, los ciudadanos de las 90 población del sur, han amenazado con tomar las instalaciones y cortar las carreteras de acceso.
La principal actividad del congreso hondureño después del golpe de estado fue suspender los derechos constitucionales, servir como cárcel de tortura y vender la infraestructura y recursos públicos de honduras a manos privadas.
Ahora comienzan a notarse las consecuencias. Los terratenientes que vieron como sus tierras improductivas eran trabajadas por campesinos que no tenían que pagarles por trabajar, han vuelto a tomar posesión de ellas apoyados por las fuerzas policiales y militares. El agua sigue el mismo camino.
La hidroeléctrica José Cecilio del Valle abastece de agua a 120.000 personas, hasta ahora pública, pasará a manos privadas. El último día en el que el dictador Roberto Micheletti estuvo liderando el régimen represor, sancionó un decreto aprobado por el congreso por el que se aprobaron unas legislaciones sobre obras públicas, entre las que se encuentra la de la hidroeléctrica.
Al día siguiente, para ocultar el decreto, se falsificó la Gaceta Oficial del Estado, imprimiendo en la Empresa Nacional de Artes Gráficas dos series diferentes con el mismo número y en sólo 20 de las gacetas impresas se incorporó el decreto.
La principal actividad del congreso hondureño después del golpe de estado fue suspender los derechos constitucionales, servir como cárcel de tortura y vender la infraestructura y recursos públicos de honduras a manos privadas.
Ahora comienzan a notarse las consecuencias. Los terratenientes que vieron como sus tierras improductivas eran trabajadas por campesinos que no tenían que pagarles por trabajar, han vuelto a tomar posesión de ellas apoyados por las fuerzas policiales y militares. El agua sigue el mismo camino.
La hidroeléctrica José Cecilio del Valle abastece de agua a 120.000 personas, hasta ahora pública, pasará a manos privadas. El último día en el que el dictador Roberto Micheletti estuvo liderando el régimen represor, sancionó un decreto aprobado por el congreso por el que se aprobaron unas legislaciones sobre obras públicas, entre las que se encuentra la de la hidroeléctrica.
Al día siguiente, para ocultar el decreto, se falsificó la Gaceta Oficial del Estado, imprimiendo en la Empresa Nacional de Artes Gráficas dos series diferentes con el mismo número y en sólo 20 de las gacetas impresas se incorporó el decreto.
16 de febrero de 2010
Jubilatio
Agustín Moreno
Escuela 16 de Febrero de 2010
El profesorado inicia una campaña para adelantar las jubilaciones a los 60 años. Es justo: renueva plantillas, evita el agravio comparativo, impide cerrar el acceso cinco años a los interinos y reconoce la responsabilidad social y el desgaste en la profesión.
Y en esto llegó el gobierno. El mismo que hace un año quitaba importancia a la crisis, después quería reducir las cuotas sociales a los empresarios y días atrás anunciaba la recuperación. El que ha autorizado prejubilaciones con cincuenta y pocos años en RTVE, la banca y grandes empresas para ajustar plantilla y aumentar beneficios. Ahora dice que hay riesgo financiero para el sistema y quiere elevar la edad de jubilación a los 67 años a los albañiles, a los trabajadores a turno, de cadena, a los maestros. Mientras, a González (BBVA) le queda una pensión de 80 millones de euros.
Con el nivel de desarrollo tecnológico se puede y se debe trabajar menos para trabajar todos. No hay que retrasar la salida sino adelantar la edad de entrada al trabajo de los jóvenes, una vez formados, para reducir su tasa de paro que es del 40% Es más lógico que trabaje una persona de 25 años que una de 66 ¿O buscan acortar el período de disfrute de la pensión? Ya lo dice El Roto: “para garantizar el futuro de las pensiones, hay que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento”. Tratan de reducir los derechos y cuantías de las pensiones y de meter miedo para engordar el negocio de los planes y fondos privados.
La propuesta gubernamental es un disparate: las cuentas están saneadas (62.000 millones de euros de superávit y siempre queda la financiación vía fiscal), en España las pensiones son un 65% de las europeas y nos jubilamos más tarde (63,8 años). También un suicidio político para el PSOE: hace el trabajo sucio, obliga a los sindicatos a convocar movilizaciones y perderá las elecciones.
Aparte de la crisis, la difícil situación económica se debe al modelo productivo de ladrillo y turismo y a la rigidez que nos impone el euro, responsable último de un déficit y una deuda exterior de las mayores del mundo. Las soluciones no pasan por recortar derechos sociales, sino por cambiar el modelo y replantearse los dogmas.
Escuela 16 de Febrero de 2010
El profesorado inicia una campaña para adelantar las jubilaciones a los 60 años. Es justo: renueva plantillas, evita el agravio comparativo, impide cerrar el acceso cinco años a los interinos y reconoce la responsabilidad social y el desgaste en la profesión.
Y en esto llegó el gobierno. El mismo que hace un año quitaba importancia a la crisis, después quería reducir las cuotas sociales a los empresarios y días atrás anunciaba la recuperación. El que ha autorizado prejubilaciones con cincuenta y pocos años en RTVE, la banca y grandes empresas para ajustar plantilla y aumentar beneficios. Ahora dice que hay riesgo financiero para el sistema y quiere elevar la edad de jubilación a los 67 años a los albañiles, a los trabajadores a turno, de cadena, a los maestros. Mientras, a González (BBVA) le queda una pensión de 80 millones de euros.
Con el nivel de desarrollo tecnológico se puede y se debe trabajar menos para trabajar todos. No hay que retrasar la salida sino adelantar la edad de entrada al trabajo de los jóvenes, una vez formados, para reducir su tasa de paro que es del 40% Es más lógico que trabaje una persona de 25 años que una de 66 ¿O buscan acortar el período de disfrute de la pensión? Ya lo dice El Roto: “para garantizar el futuro de las pensiones, hay que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento”. Tratan de reducir los derechos y cuantías de las pensiones y de meter miedo para engordar el negocio de los planes y fondos privados.
La propuesta gubernamental es un disparate: las cuentas están saneadas (62.000 millones de euros de superávit y siempre queda la financiación vía fiscal), en España las pensiones son un 65% de las europeas y nos jubilamos más tarde (63,8 años). También un suicidio político para el PSOE: hace el trabajo sucio, obliga a los sindicatos a convocar movilizaciones y perderá las elecciones.
Aparte de la crisis, la difícil situación económica se debe al modelo productivo de ladrillo y turismo y a la rigidez que nos impone el euro, responsable último de un déficit y una deuda exterior de las mayores del mundo. Las soluciones no pasan por recortar derechos sociales, sino por cambiar el modelo y replantearse los dogmas.
El Gobierno español reconoce abiertamente a la dictadura hondureña
Gonzalo Sánchez
Tercera Información
El ministro de exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos ha declarado en una conferencia hace unas momentos que, "si ha habido una visita del secretario de Estado para Iberoamérica a Tegucigalpa y se ha entrevistado con toda publicidad y transparencia con el nuevo presidente Lobo, creo que España ha reconocido al presidente Lobo y a su nueva andadura política."
El "presidente" Lobo, resultó ganador de unas elecciones fraudulentas organizadas por la dictadura que lideraba Roberto Micheletti.
Las elecciones, que no fueron reconocidas por la Comunidad Internacional, se llevaron a cabo en medio de un clima de tensión social provocado por las prácticas de la dictadura, las cuales incluyeron despariciones, asesinatos, represión, suspensión de los derechos constitucionales, detenciones ilegales, persecución por motivos raciales y el cierre de medios de comunicación afines a la oposición al régimen dictatorial hondureño.
Durante la jornada electoral de la que Porfirio "Pepe" Lobo resultó venecedor, no alcanzó ni siquiera el 30% de participación, por lo que el pueblo en resistencia, organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y el ex presidente Manuel Zelaya, llamaron a la Comunidad Internacional a no reconocer el resultado de las elecciones.
Pese a que el Gobierno del PSOE, mediante María Teresa Fernández de la Vega, le garantizó a Zelaya el apoyo de España contra la dictadura, se acaba de anunciar que el país europeo va ya ha reconocido al golpista Pepe Lobo.
Como dirigente del derechista Partido Nacional (PN) de Honduras, Pepe Lobo llamó a sus diputados en el congreso a apoyar a Micheletti desde que se dio el golpe de estado y aún hoy, durante su liderazgo se siguen manteniento las prácticas represoras de su sucesor Micheletti, Diferentes organizaciones por los Derechos Humanos siguen denunciando estas prácticas propias del terrorismo de estado que siguen provando muertes, desapariciones y atentados contra los periodistas que no acatan las directrices del régimen ultra-derechista hondureño.
España, después de la toma de posesión de Pepe Lobo como "presidente" de Honduras, aflojó el discurso contra la dictadura, exigiendo a Lobo un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que aglutinase a todos los sectores del pueblo. Sin haber integrado en su gobierno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), lo que supone dejar fuera a la mayoría de Honduras, España ha decidido reconocerlo.
El FNRP está integrado por todos los sindicatos de trabajadores de Honduras, organizaciones campesinas, de mujeres, artistas e intelectuales, obreros, estudiantes, indígenas y por los partidos de izquierda hondureños.
Aunque previamente el gobierno español había apoyado la Propuesta de San José, en la que se igualaba a los golpistas con Zelaya ya que entre los puntos de la propuesta se recogía la amnistía para los golpistas por los crímenes cometidos y se obligaba a Zelaya a firmar una declaración en la que renegase llevar a cabo el referéndum para preguntar al pueblo si deseaba establecer una urna para impusar una Asamblea Nacional Constituyente. Esto último suponía el objetivo principal del golpe de estado que la derecha y ultra-derecha hondureña le dio al presidente Zelaya.
No es la primera vez que el gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero reconoce a un régimen ilegítimo. Durante 2006, España reconoció al mexicano Felipe Calderón como presidente del país latinoamericano pese a las fuertes críticas de Izquierda Unida (IU), la cual sostenía que había pruebas evidentes de que hubo fraude en las elecciones y que probablemente el candidato de izquierda López Obrador fue el ganador de las elecciones mexicanas.
Tercera Información
El ministro de exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos ha declarado en una conferencia hace unas momentos que, "si ha habido una visita del secretario de Estado para Iberoamérica a Tegucigalpa y se ha entrevistado con toda publicidad y transparencia con el nuevo presidente Lobo, creo que España ha reconocido al presidente Lobo y a su nueva andadura política."
El "presidente" Lobo, resultó ganador de unas elecciones fraudulentas organizadas por la dictadura que lideraba Roberto Micheletti.
Las elecciones, que no fueron reconocidas por la Comunidad Internacional, se llevaron a cabo en medio de un clima de tensión social provocado por las prácticas de la dictadura, las cuales incluyeron despariciones, asesinatos, represión, suspensión de los derechos constitucionales, detenciones ilegales, persecución por motivos raciales y el cierre de medios de comunicación afines a la oposición al régimen dictatorial hondureño.
Durante la jornada electoral de la que Porfirio "Pepe" Lobo resultó venecedor, no alcanzó ni siquiera el 30% de participación, por lo que el pueblo en resistencia, organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y el ex presidente Manuel Zelaya, llamaron a la Comunidad Internacional a no reconocer el resultado de las elecciones.
Pese a que el Gobierno del PSOE, mediante María Teresa Fernández de la Vega, le garantizó a Zelaya el apoyo de España contra la dictadura, se acaba de anunciar que el país europeo va ya ha reconocido al golpista Pepe Lobo.
Como dirigente del derechista Partido Nacional (PN) de Honduras, Pepe Lobo llamó a sus diputados en el congreso a apoyar a Micheletti desde que se dio el golpe de estado y aún hoy, durante su liderazgo se siguen manteniento las prácticas represoras de su sucesor Micheletti, Diferentes organizaciones por los Derechos Humanos siguen denunciando estas prácticas propias del terrorismo de estado que siguen provando muertes, desapariciones y atentados contra los periodistas que no acatan las directrices del régimen ultra-derechista hondureño.
España, después de la toma de posesión de Pepe Lobo como "presidente" de Honduras, aflojó el discurso contra la dictadura, exigiendo a Lobo un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que aglutinase a todos los sectores del pueblo. Sin haber integrado en su gobierno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), lo que supone dejar fuera a la mayoría de Honduras, España ha decidido reconocerlo.
El FNRP está integrado por todos los sindicatos de trabajadores de Honduras, organizaciones campesinas, de mujeres, artistas e intelectuales, obreros, estudiantes, indígenas y por los partidos de izquierda hondureños.
Aunque previamente el gobierno español había apoyado la Propuesta de San José, en la que se igualaba a los golpistas con Zelaya ya que entre los puntos de la propuesta se recogía la amnistía para los golpistas por los crímenes cometidos y se obligaba a Zelaya a firmar una declaración en la que renegase llevar a cabo el referéndum para preguntar al pueblo si deseaba establecer una urna para impusar una Asamblea Nacional Constituyente. Esto último suponía el objetivo principal del golpe de estado que la derecha y ultra-derecha hondureña le dio al presidente Zelaya.
No es la primera vez que el gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero reconoce a un régimen ilegítimo. Durante 2006, España reconoció al mexicano Felipe Calderón como presidente del país latinoamericano pese a las fuertes críticas de Izquierda Unida (IU), la cual sostenía que había pruebas evidentes de que hubo fraude en las elecciones y que probablemente el candidato de izquierda López Obrador fue el ganador de las elecciones mexicanas.
Los españoles que juraron fidelidad a Hitler
Alberto Piris
El viejo cañón
Ahora que varios grupos de nostálgicos han celebrado en Madrid y otras capitales diversos actos de conmemoración de la participación española en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de la unidad militar conocida como "División Azul", no viene mal un ligero repaso de la Historia.
El 31 de julio de 1941, los miembros del contingente militar español que Franco puso al servicio de Hitler, vistiendo el uniforme alemán de campaña, participaron en la ceremonia de juramento de fidelidad.
Esta fue la fórmula utilizada, pronunciada por el Jefe de Estado Mayor de la citada división: "¿Juráis obediencia al Führer alemán en la lucha contra el comunismo, cumpliendo cuanto mande en relación con esta lucha, por sí o por los jefes en quienes delegue, hasta el sacrificio de la vida?",
A lo que los hombres allí formados respondieron sonoramente: "¡Sí, juro!". El jefe de la división, general Muñoz Grandes, en su posterior arenga recordó que "Lo que mi pueblo jura, lo cumple o muere". Y concluyó así la alocución: ¡Viva el Führer, viva el Ejército Alemán, viva Alemania!
No está de más recordar que ni siquiera los militares profesionales españoles juraban expresamente fidelidad personal a Franco, aunque ésta se diera por sobreentendida. La fórmula del juramento de Bandera del ejército español comenzaba así: "¿Juráis a Dios y prometéis a España...?". Nadie se atrevió a modificar la tradicional fórmula del juramento militar, introduciendo en ella el nombre del dictador, lo que, por otra parte, no hubiera sido motivo de extrañeza ya que la omnipresente figura de Franco reinaba por doquier, desde los sellos de correos hasta las invocaciones con las que se cerraba cualquier acto oficial.
A la luz de que aquí se comenta, se puede valorar en su justa medida, en esta España del siglo XXI, las extrañas concesiones que se siguen haciendo, con la benevolencia de muchos, a esos residuos históricos que en Europa ni siquiera tienen voz y, en muchos países, han sido declarados ilegales y perseguidos por las autoridades.
¿Es que los que juraron fidelidad a Hitler, o los que les apoyan todavía, lo consideran un honor personal, como para recordarlo tras haber conocido el horror que aquél trajo al mundo?
El viejo cañón
Ahora que varios grupos de nostálgicos han celebrado en Madrid y otras capitales diversos actos de conmemoración de la participación española en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de la unidad militar conocida como "División Azul", no viene mal un ligero repaso de la Historia.
El 31 de julio de 1941, los miembros del contingente militar español que Franco puso al servicio de Hitler, vistiendo el uniforme alemán de campaña, participaron en la ceremonia de juramento de fidelidad.
Esta fue la fórmula utilizada, pronunciada por el Jefe de Estado Mayor de la citada división: "¿Juráis obediencia al Führer alemán en la lucha contra el comunismo, cumpliendo cuanto mande en relación con esta lucha, por sí o por los jefes en quienes delegue, hasta el sacrificio de la vida?",
A lo que los hombres allí formados respondieron sonoramente: "¡Sí, juro!". El jefe de la división, general Muñoz Grandes, en su posterior arenga recordó que "Lo que mi pueblo jura, lo cumple o muere". Y concluyó así la alocución: ¡Viva el Führer, viva el Ejército Alemán, viva Alemania!
No está de más recordar que ni siquiera los militares profesionales españoles juraban expresamente fidelidad personal a Franco, aunque ésta se diera por sobreentendida. La fórmula del juramento de Bandera del ejército español comenzaba así: "¿Juráis a Dios y prometéis a España...?". Nadie se atrevió a modificar la tradicional fórmula del juramento militar, introduciendo en ella el nombre del dictador, lo que, por otra parte, no hubiera sido motivo de extrañeza ya que la omnipresente figura de Franco reinaba por doquier, desde los sellos de correos hasta las invocaciones con las que se cerraba cualquier acto oficial.
A la luz de que aquí se comenta, se puede valorar en su justa medida, en esta España del siglo XXI, las extrañas concesiones que se siguen haciendo, con la benevolencia de muchos, a esos residuos históricos que en Europa ni siquiera tienen voz y, en muchos países, han sido declarados ilegales y perseguidos por las autoridades.
¿Es que los que juraron fidelidad a Hitler, o los que les apoyan todavía, lo consideran un honor personal, como para recordarlo tras haber conocido el horror que aquél trajo al mundo?
15 de febrero de 2010
Anteproyecto de Iniciativa Legislativa Popular para la Ley de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista
Propuesta de "anteproyecto de ley de verdad, justicia y reparación” para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad".
Miguel Ángel Rodríguez Arias.
UCR Febrero de de 2010
La presente iniciativa ciudadana plantea, mediante la recogida de 500.000 firmas, la presentación ante el Parlamento de la nación de un proyecto legislativo que dé lugar a la definitiva apertura en España de un amplio proceso institucional de “verdad, justicia y reparación” para todas las víctimas del franquismo que implique al conjunto de los poderes públicos, y al conjunto de las administraciones territoriales, y que cuente con la plena participación de la ciudadanía y el conjunto de actores sociales, políticos y sindicales de la sociedad española.
Se pretende, para ello, hacer uso de dos cauces diferenciados de participación ciudadana, en primer lugar, y ante todo, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución española; en segundo lugar, complementariamente, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española. En este segundo caso, en términos de petición colectiva y respecto de aquellas materias que no se corresponden propiamente con un texto legislativo como la petición de la concreta composición de los miembros de la Comisión de la Verdad y otras que pueda estimar la Comisión Promotora. Se articularía simplemente anexando un texto al propio articulado de la iniciativa legislativa popular con aquellas cuestiones concretas y se recogerían las firmas simultáneamente para ambos textos.
En cuanto a las características y fundamentación del enfoque, estructura y contenidos del articulado en si, todo ello resulta abordado en la exposición de motivos del anteproyecto que acompaña a esta hoja informativa.
¿Qué es una iniciativa legislativa popular?.
La iniciativa legislativa representa el cauce constitucional por excelencia de participación directa de los ciudadanos en la tarea legislativa. Como señala la aludida ley orgánica reguladora la 3/1984 que el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren suficiente eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
¿Qué es el derecho de petición?
Al contrario que la iniciativa legislativa popular, se ha destacado siempre el carácter menos formalista del derecho de petición, sea individual o colectivamente ejercido; señala su específica ley orgánica reguladora, la 4/2001, que las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. El mismo cauce de recogida de firmas previsto para la Iniciativa legislativa popular satisface, por tanto, sobradamente los requisitos mínimos exigidos para las cuestiones objeto de petición colectiva planteadas por la Promotora y que no puedan ser reguladas por iniciativa legislativa o no sean propia materia de ley, como nombramientos y demás. Las peticiones podrán versar además, sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general y atendiendo en todo caso a las concretas especificidades reglamentarias de cada órgano.
Posibles fases para la iniciativa legislativa planteada.
1- (FEBRERO-ABRIL 2010) Debate abierto y constitución de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad.
- Iniciativa abierta a toda organización de la memoria histórica, derechos humanos o lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo, organizaciones políticas, sociales, sindicales, que les resulten asumibles los deberes de “verdad justicia y reparación” tal y como han sido definidos por Naciones Unidas y el Derecho internacional; así como el contenido de los derechos humanos reconocidos a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la paz, y sus familiares, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales en materia de derechos humanos.
- El contenido de tales acuerdos e instrumentos internacionales constituirá el programa y punto de referencia de esta iniciativa y de los trabajos y posicionamientos públicos de su Comisión Promotora y los representantes de la misma, siempre desde el respeto a los diferentes puntos de partida de las distintas personas y organizaciones implicadas en dicha convergencia.
a) debate y modificación del anteproyecto base por los juristas, obtención del proyecto de ley de la iniciativa.
Se requiere legalmente la elaboración de un “texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos”, “que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda u otro más avanzado o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura”
b) refrendo democrático por las asociaciones integradas del proyecto presentado por la mesa o comisión de juristas.
c) análisis y estructuración de elementos logísticos de la Comisión Promotora, estructura, financiación, implantación y coordinación territorial con el conjunto de organizaciones de la memoria para su implantación en el conjunto del territorio, con miras a un periodo sostenido de trabajo común.
2- (ABRIL 2010): Depósito del texto articulado de la iniciativa y nombres de personas individuales y organizaciones integrantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa en la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados (en caso de rechazo posibilidad, que deberá estar fundamentado en la ausencia de homogeneidad, u otras causas expuestas, posibilidad de recurso de amparo ante el TC).
3- Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de recogida de firmas, que se podrá realizar en los pliegos tradicionales, que podrán ir en castellano o, conjuntamente, con cualquiera de las lenguas co oficiales en los territorios del Estado; y también se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular.
4- El plazo para la recogida de firmas será de nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Como señala la propia ley orgánica ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central.
5- Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En este trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas
Miguel Ángel Rodríguez Arias.
UCR Febrero de de 2010
La presente iniciativa ciudadana plantea, mediante la recogida de 500.000 firmas, la presentación ante el Parlamento de la nación de un proyecto legislativo que dé lugar a la definitiva apertura en España de un amplio proceso institucional de “verdad, justicia y reparación” para todas las víctimas del franquismo que implique al conjunto de los poderes públicos, y al conjunto de las administraciones territoriales, y que cuente con la plena participación de la ciudadanía y el conjunto de actores sociales, políticos y sindicales de la sociedad española.
Se pretende, para ello, hacer uso de dos cauces diferenciados de participación ciudadana, en primer lugar, y ante todo, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución española; en segundo lugar, complementariamente, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española. En este segundo caso, en términos de petición colectiva y respecto de aquellas materias que no se corresponden propiamente con un texto legislativo como la petición de la concreta composición de los miembros de la Comisión de la Verdad y otras que pueda estimar la Comisión Promotora. Se articularía simplemente anexando un texto al propio articulado de la iniciativa legislativa popular con aquellas cuestiones concretas y se recogerían las firmas simultáneamente para ambos textos.
En cuanto a las características y fundamentación del enfoque, estructura y contenidos del articulado en si, todo ello resulta abordado en la exposición de motivos del anteproyecto que acompaña a esta hoja informativa.
¿Qué es una iniciativa legislativa popular?.
La iniciativa legislativa representa el cauce constitucional por excelencia de participación directa de los ciudadanos en la tarea legislativa. Como señala la aludida ley orgánica reguladora la 3/1984 que el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren suficiente eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
¿Qué es el derecho de petición?
Al contrario que la iniciativa legislativa popular, se ha destacado siempre el carácter menos formalista del derecho de petición, sea individual o colectivamente ejercido; señala su específica ley orgánica reguladora, la 4/2001, que las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. El mismo cauce de recogida de firmas previsto para la Iniciativa legislativa popular satisface, por tanto, sobradamente los requisitos mínimos exigidos para las cuestiones objeto de petición colectiva planteadas por la Promotora y que no puedan ser reguladas por iniciativa legislativa o no sean propia materia de ley, como nombramientos y demás. Las peticiones podrán versar además, sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general y atendiendo en todo caso a las concretas especificidades reglamentarias de cada órgano.
Posibles fases para la iniciativa legislativa planteada.
1- (FEBRERO-ABRIL 2010) Debate abierto y constitución de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad.
- Iniciativa abierta a toda organización de la memoria histórica, derechos humanos o lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo, organizaciones políticas, sociales, sindicales, que les resulten asumibles los deberes de “verdad justicia y reparación” tal y como han sido definidos por Naciones Unidas y el Derecho internacional; así como el contenido de los derechos humanos reconocidos a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la paz, y sus familiares, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales en materia de derechos humanos.
- El contenido de tales acuerdos e instrumentos internacionales constituirá el programa y punto de referencia de esta iniciativa y de los trabajos y posicionamientos públicos de su Comisión Promotora y los representantes de la misma, siempre desde el respeto a los diferentes puntos de partida de las distintas personas y organizaciones implicadas en dicha convergencia.
a) debate y modificación del anteproyecto base por los juristas, obtención del proyecto de ley de la iniciativa.
Se requiere legalmente la elaboración de un “texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos”, “que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda u otro más avanzado o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura”
b) refrendo democrático por las asociaciones integradas del proyecto presentado por la mesa o comisión de juristas.
c) análisis y estructuración de elementos logísticos de la Comisión Promotora, estructura, financiación, implantación y coordinación territorial con el conjunto de organizaciones de la memoria para su implantación en el conjunto del territorio, con miras a un periodo sostenido de trabajo común.
2- (ABRIL 2010): Depósito del texto articulado de la iniciativa y nombres de personas individuales y organizaciones integrantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa en la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados (en caso de rechazo posibilidad, que deberá estar fundamentado en la ausencia de homogeneidad, u otras causas expuestas, posibilidad de recurso de amparo ante el TC).
3- Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de recogida de firmas, que se podrá realizar en los pliegos tradicionales, que podrán ir en castellano o, conjuntamente, con cualquiera de las lenguas co oficiales en los territorios del Estado; y también se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular.
4- El plazo para la recogida de firmas será de nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Como señala la propia ley orgánica ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central.
5- Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En este trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas
El régimen pretende convertir la crisis en otro 23-F para el rey
El rey Juan Carlos levantó una importante polémica al conocerse que en los últimos días está manteniendo encuentros discretos con distintos sectores económicos.
En momentos en los que la Casa Real y el rey Juan Carlos en particular viven una crisis creciente de popularidad, los poderes fácticos, con el gobierno socialdemócrata de Zapatero a la cabeza, intentan reforzar la figura del monarca para que encabece una supuesta unidad de partidos, sindicatos y patrones contra la crisis económica.
Si el 23-F convirtió casi a un país entero al "juancarlismo", parece ser que la crisis actual podría ser el nuevo golpe con el que se pretendiese legitimar a una institución obsoleta y no democrática en el siglo XXI.
Las reuniones en el Palacio de la Zarzuela se producen en el mismo contexto en el que el Borbón pide a los partidos políticos un gran pacto para salir de la crisis.
En la entrega de los Premios Nacionales de Investigación, el pasado jueves, por segunda vez desde el mensaje de Navidad, el Borbón señaló que es “hora de grandes esfuerzos y grandes acuerdos para recuperar un crecimiento económico fuerte y duradero, y para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis”.
El viernes mismo recibió a los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quienes explicaron al rey el contenido del reciente acuerdo salarial para tres años alcanzado con CEOE-CEPYME.
La Casa Real incluyó el encuentro con los dirigentes sindicales “en la serie de contactos habituales” que Don Juan Carlos mantiene, “con especial incidencia en los últimos meses, con representantes del mundo económico, empresarial y laboral, dadas las graves consecuencias de la crisis económica en nuestro país, especialmente en términos de destrucción de empleo”.
La víspera, el jueves, el Rey recibió a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que informó a Don Juan Carlos de las últimas medidas tomadas por el Gobierno, como el recorte del gasto hasta 2013, en 50.000 millones de euros, y las propuestas del Ejecutivo sobre la reforma de las pensiones y del mercado laboral.
El jueves también, el Rey recibió al presidente saliente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que acaba de concluir su mandato, tras el nombramiento de Rodrigo Rato como nuevo máximo ejecutivo de la institución madrileña. El Gobierno subrayó que las reuniones del monarca “son parte de la normalidad democrática”.
13 de febrero de 2010
En la muerte del revolucionario comunista, el preso número 4.584 en el campo de exterminio en Mauthausen.
Aragonés de Capdesaso (Huesca), un pueblo cercano a Peralta de Alcofea (de donde eran mis padres, mi tío, un soldado republicano muerto en la batalla del Ebro, y mi abuelo, un campesino fusilado por la guarda civil caminera en el Camp de la Bota de Barcelona en octubre-noviembre de 1939), militante del Partido Comunista de España, combatiente en la resistencia popular contra el golpismo franquista en la 43ª División del Ejército republicano español, la división de la "Bolsa de Bielsa", militante también de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), las juventudes del PSUC [1], Mariano Constante Campo falleció el pasado miércoles 3 de febrero cuando estaba a punto de cumplir 90 años. Había nacido en 1920.
Exiliado en Francia desde febrero de 1939, formó parte de una Compañía de Trabajadores Extranjeros al servicio del Ejército francés, cayendo prisionero en junio de 1940. Fue deportado a Mauthausen por su militancia antifascista hasta su liberación en mayo de 1945. Más de cuatro años en el infierno. Viviendo, combatiendo. De los 841 republicanos aragoneses encarcelados en Mathausen, murieron 474.
Como otros, como muchos luchadores comunistas, Mariano Constante no sólo logró subsistir en circunstancias que apenas logramos pensar sino que, junto a otros, logró organizar la resistencia en el campo. Fue el preso número 4.584.
Entre sus publicaciones, merecen destacarse Los que sí hicimos la guerra, un ensayo que solía recomendar Manuel Vázquez Montalbán, Los años rojos, Yo fui ordenanza de los SS y Republicanos Aragoneses en los campos nazis.
Mariano Constante seguía siendo militante del Partido Comunista de España y era miembro de Izquierda Unida.
Un escritor, un profesor, un comunista catalán, Francesc Xavier Pardo, ha acuñado bien una moneda de la lucha antifranquista en su memoria: “Mariano Constante (al igual que Joan Pagès), fue de los primeros que en los años 70 hablaron abiertamente sobre el campo de concentración nazi de Mauthasuen ligándolo a su experiencia personal, en dicho campo, como cautivos republicanos españoles hasta la liberación en mayo de 1945. Muchos os acordaréis de sus materiales precariamente filmados en "super 8", montados en "Ayxelà", y de la película de Alain Resnais, "Nuit et brouillard" [Noche y Niebla], con la que ilustraban sus charlas clandestinas... Y ellos dos, hace tres y cuatro décadas, fueron de los primeros, también, en ir a dar conferencias sobre su experiencia concentracionaria a algunos institutos públicos de Barcelona (e incluso a la "Escuela de Ingenieros" de Barcelona en 1974), del bajo Besós y del Bajo Llobregat [zonas próximas a Barcelona]. Fuimos muchos los que quedamos, para siempre, atrapados por esta historia entonces desconocida, y por su historia…” [2]
Yo fui también uno de los jóvenes estudiantes-trabajadores que se quedó atrapado por su historia, totalmente desconocida para nosotros entonces como apunta Xavier. Atrapados para siempre desde luego.
Hasta la victoria siempre, viviendo tenazmente en el sendero de la no claudicación, camarada, compañero. No es necesario recordártelo, nunca lo has olvidado, pero recordémoslo todos [3]:
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
[…]
Que aquella causa aparezca perdida,
nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
sólo atendieran a ellos mismos,
importa menos.
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
como en aquellos días:
noble y tan digna de luchar por ella.
Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
a través de los años, la derrota,
cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa.
Gracias, compañero, gracias
por el ejemplo. Gracias por que me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.
Pero no fue tan sólo uno. Fueron, siguen siendo, muchos más de los que ellos, como cantaba Raimon, dicen y piensan.
Exiliado en Francia desde febrero de 1939, formó parte de una Compañía de Trabajadores Extranjeros al servicio del Ejército francés, cayendo prisionero en junio de 1940. Fue deportado a Mauthausen por su militancia antifascista hasta su liberación en mayo de 1945. Más de cuatro años en el infierno. Viviendo, combatiendo. De los 841 republicanos aragoneses encarcelados en Mathausen, murieron 474.
Como otros, como muchos luchadores comunistas, Mariano Constante no sólo logró subsistir en circunstancias que apenas logramos pensar sino que, junto a otros, logró organizar la resistencia en el campo. Fue el preso número 4.584.
Entre sus publicaciones, merecen destacarse Los que sí hicimos la guerra, un ensayo que solía recomendar Manuel Vázquez Montalbán, Los años rojos, Yo fui ordenanza de los SS y Republicanos Aragoneses en los campos nazis.
Mariano Constante seguía siendo militante del Partido Comunista de España y era miembro de Izquierda Unida.
Un escritor, un profesor, un comunista catalán, Francesc Xavier Pardo, ha acuñado bien una moneda de la lucha antifranquista en su memoria: “Mariano Constante (al igual que Joan Pagès), fue de los primeros que en los años 70 hablaron abiertamente sobre el campo de concentración nazi de Mauthasuen ligándolo a su experiencia personal, en dicho campo, como cautivos republicanos españoles hasta la liberación en mayo de 1945. Muchos os acordaréis de sus materiales precariamente filmados en "super 8", montados en "Ayxelà", y de la película de Alain Resnais, "Nuit et brouillard" [Noche y Niebla], con la que ilustraban sus charlas clandestinas... Y ellos dos, hace tres y cuatro décadas, fueron de los primeros, también, en ir a dar conferencias sobre su experiencia concentracionaria a algunos institutos públicos de Barcelona (e incluso a la "Escuela de Ingenieros" de Barcelona en 1974), del bajo Besós y del Bajo Llobregat [zonas próximas a Barcelona]. Fuimos muchos los que quedamos, para siempre, atrapados por esta historia entonces desconocida, y por su historia…” [2]
Yo fui también uno de los jóvenes estudiantes-trabajadores que se quedó atrapado por su historia, totalmente desconocida para nosotros entonces como apunta Xavier. Atrapados para siempre desde luego.
Hasta la victoria siempre, viviendo tenazmente en el sendero de la no claudicación, camarada, compañero. No es necesario recordártelo, nunca lo has olvidado, pero recordémoslo todos [3]:
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
[…]
Que aquella causa aparezca perdida,
nada importa;
Que tantos otros, pretendiendo fe en ella
sólo atendieran a ellos mismos,
importa menos.
Lo que importa y nos basta es la fe de uno.
Por eso otra vez hoy la causa te aparece
como en aquellos días:
noble y tan digna de luchar por ella.
Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido
a través de los años, la derrota,
cuando todo parece traicionarla.
Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa.
Gracias, compañero, gracias
por el ejemplo. Gracias por que me dices
que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
como testigo irrefutable
de toda la nobleza humana.
Pero no fue tan sólo uno. Fueron, siguen siendo, muchos más de los que ellos, como cantaba Raimon, dicen y piensan.
Manifestaciones por todo el país contra el retraso de la jubilación
Los sindicatos se manifestarán el 23-F en Madrid, Barcelona y Valencia. El calendario de movilizaciones comenzará el 22 de febrero y finalizará el 6 de marzo.
España | TerceraInformación | 13-02-2010
"Somos los más interesados, como representantes de los jubilados y de los trabajadores que en el futuro accederán a la jubilación, en el sostenimiento y solvencia del sistema público de pensiones", ha asegurado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Por este motivo, en la rueda de prensa para presentar la campaña de movilizaciones que van a desarrollar los dos sindicatos mayoritarios, ha pedido una respuesta masiva en defensa del sistema público de pensiones y de rechazo de las propuestas del Gobierno que pretenden alargar la vida laboral hasta los 67 años.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, junto a su homólogo de UGT, Cándido Méndez, han llamado ante los medios de comunicación a la participación en las casi 100 manifestaciones que los sindicatos han organizado en las capitales de provincia y en las principales ciudades del país para la última semana de febrero y la primera de marzo, así como a las asambleas y concentraciones previas.
Toxo, tras calificar de "ajustada" la respuesta de los sindicatos a la pretensión de retrasar la edad de jubilación, ha destacado que el sistema público de pensiones "goza de buena salud", y que por ello resulta "imprudente" generar alarma sobre el estado del sistema, como ha hecho el Gobierno con sus propuestas. "Vincular el futuro de las pensiones al Plan de Austeridad como mínimo es una temeridad", ya que lanza una señal de alarma a los mercados, añadió.
"La Seguridad Social es la institución más solvente de nuestro país", ha asegurado el secretario general de CCOO, quien ha defendido el consenso para acometer cualquier reforma. Para Toxo no se puede actuar bajo la idea del recorte de las prestaciones sociales, porque si algún problema hay con las pensiones en nuestro país es su cuantía, que son más bajas que las de los países de nuestro entorno.
Además de la mejora de las pensiones mínimas, el secretario general de CCOO, se mostró partidario de actuar sobre los ingresos, en lugar de hacerlo únicamente sobre la reducción de gastos. Así, citó la culminación de la separación de fuentes, más empleo y de calidad, reduciendo la temporalidad, y la mejora del Salario Mínimo Interprofesional para tener bases de cotización más sólidas, como medidas que contribuirían a mejorar la financiación del Sistema de Pensiones.
Finalmente, Toxo manifestó que antes de iniciar la negociación de otros acuerdos se deberían cerrar los temas pendientes del Acuerdo de Pensiones de 2006: la integración en el Régimen general de los trabajadores del Régimen Especial Agrario y del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, así como rebajar la edad de jubilación de los trabajadores sometidos a condiciones de trabajo penosa o peligrosas
La nieta de Negrín recusa a varios magistrados que juraron lealtad a Franco
Carmen Negrín Fetter, nieta del ex presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín, reclama la abstención del presidente del Supremo, Carlos Dívar, y otros magistrados de la sala especial del 61 por falta de imparcialidad para abordar el caso Garzón y los crímenes franquistas.
NUEVATRIBUNA.ES - 12.2.2010
El recurso se basa en que todos ellos juraron "lealtad al caudillo y a los principios del movimiento nacional cuando ingresaron en la carrera judicial" y ahora tienen que decidir sobre los recursos planteados por las asociaciones de la memoria histórica que acudieron a Baltasar Garzón para que investigara la desaparición de sus familiares, es decir, sobre una causa relativa al franquismo. La nieta de Negrín argumenta que estos magistrados no pueden ser imparciales porque tienen sobre sus conciencias un conflicto de lealtades.
El escrito presentado ante el pleno de la sala especial del 61 del Tribunal Supremo asegura que Carlos Dívar y Luciano Varela, entre otros, accedieron a la carrera judicial antes de 1977 y entonces "juraron por Dios lealtad al caudillo y a los principios fundamentales del movimiento nacional". A pesar de que, ese juramento se anuló con la Constitución, la nieta de Negrín cree que los magistrados pueden tener un conflicto de intereses personal y moral y una falta de imparcialidad subjetiva a la hora de resolver el caso Garzón y la persecución de los crímenes franquistas.
Carmen Negrín reclama la abstención de estos jueces y al mismo tiempo, ha comunicado al Consejo del Poder Judicial esta circunstancia para que no admitan ningún escrito firmado por estos magistrados que desde el martes pasado están recusados y pueden no ser imparciales.
El pasado 27 de noviembre, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta sala Carlos Granados. La razón es que ambos integran, junto a Dívar, la denominada Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo -la competente para entender sobre recusaciones de magistrados del alto tribunal- , y tenían sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.
A principios del pasado mes de diciembre, la Sala del 61 dictó una providencia en la que ordenaba la realización determinados trámites relacionados con la recusación planteada por familiares de desparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica contra estos cinco magistrados (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra) .
Las asociaciones consideran que estos magistrados están "contaminados" para entender de la causa contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta de Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón.
La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella -el sindicato 'Manos Limpias'- y también por su "posición pública" contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo, según la parte recusadora
NUEVATRIBUNA.ES - 12.2.2010
El recurso se basa en que todos ellos juraron "lealtad al caudillo y a los principios del movimiento nacional cuando ingresaron en la carrera judicial" y ahora tienen que decidir sobre los recursos planteados por las asociaciones de la memoria histórica que acudieron a Baltasar Garzón para que investigara la desaparición de sus familiares, es decir, sobre una causa relativa al franquismo. La nieta de Negrín argumenta que estos magistrados no pueden ser imparciales porque tienen sobre sus conciencias un conflicto de lealtades.
El escrito presentado ante el pleno de la sala especial del 61 del Tribunal Supremo asegura que Carlos Dívar y Luciano Varela, entre otros, accedieron a la carrera judicial antes de 1977 y entonces "juraron por Dios lealtad al caudillo y a los principios fundamentales del movimiento nacional". A pesar de que, ese juramento se anuló con la Constitución, la nieta de Negrín cree que los magistrados pueden tener un conflicto de intereses personal y moral y una falta de imparcialidad subjetiva a la hora de resolver el caso Garzón y la persecución de los crímenes franquistas.
Carmen Negrín reclama la abstención de estos jueces y al mismo tiempo, ha comunicado al Consejo del Poder Judicial esta circunstancia para que no admitan ningún escrito firmado por estos magistrados que desde el martes pasado están recusados y pueden no ser imparciales.
El pasado 27 de noviembre, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta sala Carlos Granados. La razón es que ambos integran, junto a Dívar, la denominada Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo -la competente para entender sobre recusaciones de magistrados del alto tribunal- , y tenían sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.
A principios del pasado mes de diciembre, la Sala del 61 dictó una providencia en la que ordenaba la realización determinados trámites relacionados con la recusación planteada por familiares de desparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica contra estos cinco magistrados (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra) .
Las asociaciones consideran que estos magistrados están "contaminados" para entender de la causa contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta de Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón.
La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella -el sindicato 'Manos Limpias'- y también por su "posición pública" contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo, según la parte recusadora
12 de febrero de 2010
Colombia. Descubiertas fosas comunes perpetradas por el ejército y los paramilitares a sueldo del presidente Álvaro Uribe.
Las últimas noticias de Colombia son alarmantes. En el cementerio de La Macarena, a 200 km de Bogotá, fueron enterradas numerosos cadáveres, depositados anónimamente allí por el ejército a partir de 2005. Este descubrimiento responde a las investigaciones abiertas por la justicia colombiana referidas a la implicación del Estado por medio del ejército y de los paramilitares en esta clase de atrocidades. Un millar de fosas comunes podrían ser encontradas en todo el territorio colombiano, según la ONU. Las evaluaciones de los magistrados que instruyen este asunto en el marco del programa “Justicia y Paz” hablan de alrededor de 50.000 desaparecidos desde 2005, es decir, desde el inicio del primer mandato presidencial de Álvaro Uribe.
El Movimiento de Jóvenes Comunistas denuncia estos crímenes que subsisten desde hace años en Colombia. La represión política y el terror que hace reinar el gobierno de este país y los paramilitares, con la complicidad de los EE.UU., se traduce en muertos, desapariciones y también en amenazas permanentes a los militantes de izquierda y a sus familias, y ¡en primer lugar a los militantes comunistas !
Exigimos la realización de una investigación de la ONU y de los Tribunales Internacionales y la apertura de un proceso por crímenes contra la Humanidad perpetuados por el gobierno de Uribe y sus aliados.
Por otro lado pensamos que ya es hora de que “el conflicto armado interno” o guerra civil que asola este país desde hace décadas cese al fin. Para ello solicitamos la disolución efectiva de los paramilitares y su enjuiciamiento. Esta paz sólo podrá ser real con un verdadero derecho a la oposición en este país y con la realización de profundas reformas sociales que garanticen las necesidades primarias como el acceso a la sanidad, a la educación…
¡Lo que hoy está en juego en Colombia no es otra cosa que la lucha entre fascismo y democracia ! También apoyamos a nuestros compañeros que luchan allí por la instauración de un verdadero Estado de Derecho y por el esclarecimiento de la verdad sobre los muertos y desaparecidos.
El Movimiento de Jóvenes Comunistas denuncia estos crímenes que subsisten desde hace años en Colombia. La represión política y el terror que hace reinar el gobierno de este país y los paramilitares, con la complicidad de los EE.UU., se traduce en muertos, desapariciones y también en amenazas permanentes a los militantes de izquierda y a sus familias, y ¡en primer lugar a los militantes comunistas !
Exigimos la realización de una investigación de la ONU y de los Tribunales Internacionales y la apertura de un proceso por crímenes contra la Humanidad perpetuados por el gobierno de Uribe y sus aliados.
Por otro lado pensamos que ya es hora de que “el conflicto armado interno” o guerra civil que asola este país desde hace décadas cese al fin. Para ello solicitamos la disolución efectiva de los paramilitares y su enjuiciamiento. Esta paz sólo podrá ser real con un verdadero derecho a la oposición en este país y con la realización de profundas reformas sociales que garanticen las necesidades primarias como el acceso a la sanidad, a la educación…
¡Lo que hoy está en juego en Colombia no es otra cosa que la lucha entre fascismo y democracia ! También apoyamos a nuestros compañeros que luchan allí por la instauración de un verdadero Estado de Derecho y por el esclarecimiento de la verdad sobre los muertos y desaparecidos.
No más "reconciliación del embudo”
José Luis Pitarch
UCR 10 de Febrero de 2010
El investigador y profesor de Derecho Penal Internacional Miguel A. Rodríguez Arias acaba de dar remate a su extraordinario esfuerzo de aprestar un “Borrador de Anteproyecto de Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad”, en el cual hemos colaborado, en mucho o en poco, con aportaciones, con alientos, personas y asociaciones. Que no admitimos la tramposa, insuficiente reconciliación del actual régimen por parcial, controlada, troceada (“reconciliación del embudo”, se permite uno llamarla), sino reclamamos una reconciliación comparable a las que hubo en Alemania o Italia tras el fascismo.
Aunque aquí somos más generosos o longánimos: no pedimos, por ejemplo, que Fraga --con las manos manchadas de sangre de torturados y fusilados con su voto a favor, y explicante-justificante máximo del “asesinato de Estado” en cuanto Ministro de Información, ¡uf, información!-- responda de sus presuntos delitos de lesa humanidad como Philippe Pétain, Pierre Laval, Von Ribbentrop o Speer. Nos basta que se vaya a su casa de una vez, no manche, presidiéndola, la Mesa inicial del Senado cada legislatura, no presida un partido que se dice democrático. (Claro que en este partido hay buen montón de fascistas más o menos vergonzantes; de ahí que apenas prosperen por acá partidos fascistas confesos, cual sucede en otros lares, vean Austria, Holanda, etc).
El Anteproyecto de Arias busca llegar a las Cortes, en el ámbito de la Iniciativa Legislativa Popular (Artículo 87.3 de la Constitución) y para su correspondiente tramitación parlamentaria. Lo cual anuda con el "derecho a participar en los asuntos públicos directamente" (derecho esencial, cardinal, Artículo 23 de la citada, perteneciente al “núcleo duro” de los “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” del Título Primero de la Constitución), así como con el 66.1 ("Las Cortes Generales representan al pueblo español").
Uno ha cursado mensaje de felicitación a Rodríguez Arias, del que extractaré a ustedes pasajes, con algunos añadidos. Veamos: cuando este amado país termine de verdad, no sólo a medias (y la mitad de la verdad es con frecuencia la mayor mentira), esa "transición" o transacción del embudo, corrompida por la coacción de “lo tomas o lo dejas”, tragas esto, eso y aquello, o no hay democracia, ni elecciones, ni partidos legalizados, ni Constitución, y de cierre el Ejército, aberrantemente, en el neurálgico Título Preliminar de la Constitución, heredando el Art. 37 de la Ley Orgánica del Estado del césar marroquí; cuando termine, decimos, esa transición trufada de señuelos y bachillerías que han prosperado sobre la ignorancia y buena fe de un pueblo sin experiencia ni madurez democrática, habrá al fin un Gobierno --esperemos que republicano, República igual a Regeneración-- que se atreva a rotular calles a nombre de los combatientes antifascistas o "maquis", héroes en toda Europa, del este y del oeste, menos en España, en tantas cosas la "excepción europea".
Sí, excepción en letras gruesas, que aún hemos tenido autos de fe inquisitoriales en el siglo XIX (en mi Valencia; no les extrañen demasiado los amoríos telefónicos de Camps con un gangstercillo, o lo de Rita confesando --¡qué ignorancia jurídica!-- regalos de 3.000 euros en consideración a su alto puesto o función (delito del Art. 426 del Código Penal), o lo de La Rúa exonerando a toda prisa a su amigo President en vez de tener en cuenta un revelador informe de la Policía que ponía a Camps contra las cuerdas, llegado días antes del preconcebido lock-out de actuaciones, o las cien cuentas secretas de Fabra en sólo un año, o lo de Blasco navegando desde el núcleo duro del marxismo-leninismo y el FRAP “terrorista” al núcleo duro del PP valenciano. ¡Tierra querida y fascinante!, no de inmoralidad sino de amoralidad). Disculpen el paréntesis.
Por la excepción europea nos andábamos. Miren la exotiquez de que ni los Habsburgo (tras Carlos I de Austria-Hungría), ni los Hohenzollern alemanes (tras el forfait del káiser en 1.918), ni los Saboya italianos después de Humberto II, ni los Borbones franceses desde 1.830, ni los ídem napolitano-sicilianos desde 1.860, ni los Poniatowski polacos desde el siglo XVIII, ni la Sublime Puerta, ni los descendientes del rey Pedro de Yugoslavia, del rey Boris de Bulgaria, del rey Miguel de Rumania, del rey Zogu de Albania, ni los de los zares, of course, han retornado al trono. Mas aquí ya disfrutamos por cuarta vez a los Borbones, que siempre han venido a través de golpe de estado o de guerra civil (la de “la Independencia” también lo fue, muchos militares obedecieron a José Bonaparte, en cuya familia había abdicado Carlos IV). ¡Somos únicos, incomparables! (Y Juan Carlos sabía, el 23-F, que por quinta vez ya no iban a venir. Es una de las claves del golpe blando cuando quiso convertirse en duro).
Habrá al fin unos gobernantes --retomemos el hilo de mi mensaje a Arias-- que se atrevan también a titular plazas con nombres de los secuestrados, torturados, asesinados y enterrados sin nombre por fosas, pozos y barrancos. (Porque, a hoy día, ni siquiera al Teniente General valenciano Vicente Rojo Lluch, máximo jefe del Ejército de la República, le han concedido una costanilla en Valencia). Habrá unas Cortes y un Gobierno, en fin, que tengan la dignidad de ascender a general honorífico o póstumo a algunos coroneles de muy alta conceptuación profesional (incluido "Estado Mayor") cuya carrera fue dinamitada (Monge Ugarte, Díez Gimbernat,...) por estar fichados como "úmedos", mientras llegaban a general Blas Piñar o Cañadas (progolpistas a la luz del día, impulsores del sedicioso "manifiesto de los cien" de diciembre 81), y otros muchos como Gastón Molina o Marchante, por citar sólo breves ejemplos.
Cantaremos entonces con Labordeta, por última vez: ""Habrá un día en que todos... /veremos una tierra que ponga 'libertad' ((todos, repitamos, sin las exclusiones o trágalas de esta reconciliación del embudo: la de los guerrilleros antifascistas, últimos soldados de la República, ejercientes del sagrado derecho de resistencia armada a la tiranía (vide Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke…), derecho que parió los Estados Unidos; la de los sepultados con rabia fascista en fosas comunes, y hasta hoy; la de los militares leales al pueblo))... para así levantar/ a aquellos que cayeron/ gritando libertad..."". Y ese día ya no habrá magistrados como Don Luciano Varela ignorando fundamentales preceptos de justicia internacional y universal, incluido el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 31 de octubre último; haciendo los imposibles contra prácticamente el único juez que ha dicho bien claro y bien alto que la dictadura franquista fue simplemente genocida y delincuente de lesa humanidad.
Si me permite aún el lector, acababa uno el e-m a Arias así: Con un punto de dolor a mis sesenta y montón de años, vuelvo a mi amigo Labordeta (con quien estuve no hace tanto en Jaca rememorando y honrando a Fermín Galán y García Hernández): "También será posible/ que esa hermosa mañana/ ni tú ni yo ni el otro/ la lleguemos a ver;/ pero habrá que empujarlo/ para que pueda ser". Ahí estamos.
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José Luis Pitarch, es Presidente estatal de Unidad Cívica por la República y Profesor de Derecho Constitucional (Univ. de Valencia)
Un grupo de intelectuales firma un manifiesto de apoyo a Garzón
Un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran escritores como Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, han suscrito un manifiesto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que muestran su "preocupación" por los pasos dados por el Tribunal Supremo , que tramita una querella contra el magistrado a raíz de su investigación de los crímenes del franquismo.
El manifiesto, para el que se solicitan admisiones en la dirección de correo electrónico hemosconocidolanoticia@gmail.com, lo firman también la política y abogada Cristina Almeida, el cantautor Paco Ibáñez, los escritores Fanny Rubio y Manuel Rivas y catedráticos como el arabista Pedro Martínez Montávez o el filólogo Joan Oleza. También suscriben el escrito el actor Jordi Dauder, el sociólogo José Vidal Beneyto, el hispanista Iam Gibson, el coordinador del grupo para la recuperación de la memoria histórica Matías Alonso Blanco, la abogada Gloria Wilhelmi, el penalista Miguel Ángel Rodríguez Arias y Carmen Negrín, nieta del último presidente del Gobierno de la II República.
Todos ellos muestran su "inquietud "por el hecho de que a los familiares "de las oficialmente 130.000 víctimas del franquismo se les sustraiga en nuestro país el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de reconocimiento, de reparación y de justicia". Añaden que los desaparecidos de las dictaduras "constituyen una realidad dramática en países hoy democráticos, y, en algunos lugares, han perdido el derecho de defensa, en tanto que sus verdugos han quedado impunes para siempre". Así lo reconoce la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009, según recuerdan, "para el cual la ausencia de búsqueda oficial de desaparecidos supone un trato cruel e inhumano considerando a éstos víctimas de tortura".
Insisten en que la Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras organizaciones advierten a la comunidad internacional que han de perseguir los crímenes contra la humanidad en sus distintos territorios. "Por ello nos ha llenado de orgullo que la justicia española haya abierto una gran brecha en la persecución de crímenes en otros países (Chile, Argentina, El Salvador, etcétera) cercanos. Sin embargo, ha callado de forma vergonzante acerca de la realidad de los crímenes en su propio país", reza el manifiesto.
"No podemos recibir parabienes en el extranjero por nuestro sentido de la justicia en la tutela de esos hechos cometidos en el pasado, y asistir a la vez al vergonzante y penoso espectáculo de sentar en el banquillo a uno de los jueces más respetados en todo el mundo en esta tarea de dar voz a las víctimas del franquismo, acusado de prevaricación por un "pseudo sindicato" llamado Manos Limpias que ensucia nuestras esperanzas de una justicia democrática", dicen los firmantes del manifiesto.
"El peor golpe desde el 23F"
Añaden, en referencia al sindicato que se ha querellado contra Garzón ante el Tribunal Supremo, que "quienes se pretenden llamar Manos Limpias, amparados en esta ocasión, ellos sí, efectivamente, por altos tribunales, lejos de exigir sus responsabilidades, prefieren sentar en el banquillo a un hombre decente, capaz de poner el ejercicio de su profesión a la altura, teóricamente hablando, de nuestra democracia".
"Por eso, nosotros también nos consideramos sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón y estamos tristemente convencidos de que si la oblicua maquinaria puesta en marcha contra este magistrado avanza en el sentido que intuimos, asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, 'al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra Democracia el peor golpe desde el 23F'", añade el manifiesto.
"Es increíble que veamos en estos últimos tiempos actuaciones de jueces que han merecido la repulsa del conjunto de la sociedad, sin que por los tribunales y órganos disciplinarios de la judicatura éstos hayan merecido un solo reproche corporativo cuando se han lesionado derechos fundamentales de la persona", continúa el escrito, que finaliza con una cita de Ernesto Sábato: "Su presencia será donde se halle un perenne alegato de libertad y democracia frente a quienes se consideran impunes".
ELPAIS.com >España
11 de febrero de 2010
IU le expresa al juez Garzón su "completa solidaridad"
El juez Garzón está siendo perseguido con el objetivo de acabar con su carrera judicial por investigar los crímenes cometidos por el fascismo en época de la dictadura franquista contra quien se opusiera a su régimen.
Cayo Lara, Coordinador Federal de Izquierda Unida (IU), recordó que este trabajo desempeñado por el juez Garzón ha sido, "a instancias de los familiares de desaparecidos durante la dictadura franquista y de cerca de 30 asociaciones vinculadas a la recuperación de la Memoria Histórica que buscaron justicia en la Audiencia Nacional y acabar con el olvido en que durante décadas habían caído las víctimas del régimen."
El dirigente de izquierdas ha expresado sobre la denuncia que "una formación como la nuestra, que guarda un escrupuloso respeto sobre la independencia del Tribunal Supremo, no puede dejar de valorar que permitir que llegue hasta aquí la persecución de un magistrado con una querella proveniente de grupos que podría calificarse de extrema derecha nos recuerda épocas y actuaciones que creíamos totalmente superadas. Da la impresión de que se evita cuestionar un periodo triste de nuestra historia en el que los tribunales persiguieron y condenaron a los demócratas."
Por ese motivo, si la denuncia prosperase, "estaríamos entonces ante el primer encausado en relación a los terribles crímenes de la dictadura franquista, pero sentándose en el banquillo un magistrado que buscaba aclarar lo sucedido y no uno de los culpables directos de aquellas atrocidades ni sus cómplices."
Cayo Lara ha señalado que algunas de las confusas lecturas que se hacen de la actual Ley de Memoria Histórica, como la del juez instructor, "podrían haberse evitado si en la fase de elaboración de esta norma durante la pasada legislatura hubiera habido mayor interés, entre otros por parte del Gobierno, para aceptar distintas enmiendas presentadas por Izquierda Unida. Éstas fueron elaboradas en permanente contacto con las asociaciones y los familiares afectados, y precisamente trataban de exponer con mayor claridad los objetivos de esta ley para evitar los ataques de quienes desde los sectores más reaccionarios nunca aceptarán los avances que ha supuesto".
España | Gonzalo Sánchez - Tercera Información | 10-02-2010 |
A Grecia le ha tocado ser Madoff
Isaac Rosa
“Sea bilateral o colectiva, Grecia conseguirá la ayuda sólo bajo unas condiciones estrictas y si se compromete a profundas reformas.” -Michael Meister, vicepresidente parlamentario del CDU alemán-
Grecia la tiene que pagar, no puede irse de rositas con la que ha liado. Y no me conformo con que la Unión Europea le imponga duras reformas sociales, recortes en pensiones y cambios en el sistema sanitario y el mercado laboral, como sugirió días atrás Bruselas. Exijo un castigo mayor: que bombardeemos Atenas, invadamos el país y rapemos la cabeza a sus habitantes. Qué menos, ¿no?
Vale, se me fue la mano. Es que me caliento, después de tantos días leyendo noticias sobre Grecia, convertido en el apestado de la Unión Europea, al que nadie quiere ni dar los buenos días por si los mercados internacionales te toman por amigo de los malditos griegos.
Seguramente los griegos no han hecho los deberes (cómo le gusta esa expresión a los euroburócratas), y ahora pagan sus errores, agravados por la embestida de los mismos granujas internacionales (especuladores, agencias de calificación) que nos llevaron a la crisis. Para casos así siempre ha estado el FMI, dispuesto a rescatar a los países en apuros, ayudando con una mano y apretando con la otra. Pero esta vez la Unión Europea ha decidido que no hace falta llamar al FMI, que nosotros mismos podemos hacer ese trabajo.
A los griegos les espera una mala temporada. Si quieren ser rescatados por Europa, el gobierno socialista deberá enfundarse las promesas de una política más social con que ganó las elecciones hace tres meses, y ya anuncia un duro ajuste que va a doler. “La ayuda no puede salir gratis”, anunció Almunia. La van a pagar.
Las cosas funcionan así, claro. Pero estaría bien que esa dureza que los mandamases económicos muestran con la débil Grecia, la hubieran tenido también con todos los bancos, empresas y sectores económicos que en el último año han sido rescatados con dinero público, y a los que no se ha impuesto tutela alguna ni reformas dolorosas.
A los pobres griegos les ha tocado el papel de Bernard Madoff, pagar los platos rotos. Por si acaso, no perdamos de vista lo que pase allí, no sea que otro día nos toque a nosotros
PUBLICO.ES 11/02/2010
10 de febrero de 2010
Qué es Die Linke y qué propone en Alemania
1. ¿De dónde proviene Die Linke?
Desde mediados de 2007, Die Linke (La Izquierda) reúne diversas facciones y personalidades políticas de la República Democrática Alemana y de la República Federal. Anteriormente, el PDS o Linkspartei.PDS (Partido del Socialismo Democrático) agrupaba sobre todo a ciudadanos de Alemania Oriental que, en su mayoría, habían pertenecido previamente al SED (Partido Socialista Unificado de Alemania). En los primeros noventa también se unieron al Partido personas de izquierdas de Alemania Occidental, sobre todo antiguos miembros del Movimiento del 68, ex-militantes de Die Grünen (Los Verdes), el DKP (Partido Comunista Alemán) u otras organizaciones de izquierda.
En 2004 se integraron nuevos grupos tras la fundación de la WASG (Alternativa Electoral por el Trabajo y la Justicia Social), incluyendo sindicalistas y activistas de movimientos sociales occidentales y, sobre todo, socialdemócratas que abandonaron el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán) tras adoptar este su plan de reformas Agenda 2010. Por tanto, Die Linke reúne tradiciones y corrientes políticas y sociales muy diversas . Se basa en el respeto mutuo a las diferencias y al bagaje personal de sus miembros. El Partido sabe que tiene ante sí una gran oportunidad histórica de crear algo nuevo a partir de las distintas experiencias de la Alemania dividida y reunificada: una Izquierda para todos los alemanes.
2. ¿Cómo concilia Die Linke esta nueva situación con su historia?
Die Linke aprende de la historia: para hacer triunfar una política de izquierdas y de emancipación deben extraerse conclusiones para el presente y el futuro a partir del pasado, de su historia, de sus victorias y también de sus derrotas, especialmente del fracaso del socialismo real en el siglo XX. La República Democrática de Alemania no colapsó por la superioridad de sus enemigos sino por sus propios defectos y errores, por lo injusto de sus políticas y su sistema y por los recelos del Gobierno ante la población. El PDS, que surgió del partido estatal SED, pudo sobrevivir y consolidarse, no por negar su historia o ponerle punto final, sino por asimilarla desde el principio. Por asimilación de la historia entendemos comprenderla a través del análisis crítico de la historia del SED, de la República Democrática de Alemania y del Partido para así actuar mejor en el futuro. El SED-PDS se disculpó ante el pueblo de la República Democrática de Alemania en el congreso extraordinario de 1989 por las injusticias cometidas por el SED e inició un proceso irreversible de abandono del estalinismo.
La historia de la nueva Izquierda no es sólo la historia de la República Democrática Alemana o de sus ciudadanos. En la historia de la Izquierda que tratamos de asimilar y de la que debemos aprender también cuentan los triunfos, las derrotas y los errores de los movimientos de izquierda de Alemania Occidental a partir de 1967 y 1968. También el giro de la mayoría del SPD hacia una política neoliberal sin componentes socialdemócratas.
3. ¿Qué dice Die Linke acerca de la República Democrática Alemana?
La fundación de la República Democrática Alemana supuso un intento legítimo de evitar que se fortalecieran los motores sociales del Nacionalsocialismo, tras el triunfo de los Aliados sobre la Alemania nazi, y de construir un Estado Socialista en suelo alemán. Las palabras clave fueron reforma agraria y desmantelamiento del gran capital. Pero el proyecto fracasó, y no sólo debido a acontecimientos internacionales como el enfrentamiento entre bloques antagónicos o la Guerra Fría. Ante todo fracasó por razones internas: por la escandalosa falta de democracia, por el desprecio de los derechos civiles elementales, por la sistemática desconfianza del aparato del Estado ante los ciudadanos y, finalmente, por la incapacidad del sistema económico de satisfacer las necesidades de consumo de la población.
4. ¿Qué opina Die Linke sobre el “Muro”?
La construcción del Muro de Berlín, del supuesto “muro de protección antifascista”, fue una clara muestra de debilidad por parte del gobierno de la República Democrática Alemana. El Muro no iba dirigido contra enemigos exteriores, sino contra los derechos civiles y las libertades individuales de los ciudadanos. Ciertamente, los Estados tiene el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero la historia del Muro fronterizo entre los dos Estados alemanes se convirtió en sinónimo de abuso de este derecho. Los disparos que recibieron en el Muro quienes querían abandonar el Estado suponen una violación injustificable de los derechos humanos fundamentales.
5. ¿Qué opina Die Linke de la “orden de fuego”?
Tras el fin de la República Democrática de Alemania muchos van tras la pista de una “orden de fuego” general, un documento mediante el cual el Gobierno ordenaba expresamente a los guardias fronterizos disparar contra todo ciudadano o ciudadana que intentase atravesar la frontera del Estado. Tal documento no ha sido hallado hasta el momento. Sí se han documentado algunas órdenes de fuego dirigidas a unidades del Ministerio para la Seguridad del Estado desplegadas en la frontera. En cualquier caso, hubo disparos en la frontera y cientos de muertos –con o sin orden. El que no haya aparecido una orden general de fuego proveniente del Politburó o del Gobierno hace imposible descubrir a los responsables que, de todos modos, no hicieron nada para impedir los disparos. Y en caso de que el régimen fronterizo funcionase sin órdenes centrales, ello revela mucho más que una orden general de fuego sobre los mecanismos sistemáticos de represión empleados.
6. ¿Qué opina Die Linke de los antiguos colaboradores del Ministerio para la Seguridad del Estado y de los “colaboradores informales” ?
El PDS adoptó desde el principio acuerdos vinculantes por los cuales las candidatas y candidatos a responsabilidades políticas e institucionales tenían que hacer públicas sus biografías, sobre todo quienes habían ejercido como “colaboradores informales” del Ministerio para la Seguridad del Estado. Si no se informaba de ello inmediatamente y se descubría después, se procedía generalmente al cese en el cargo. Para el PDS era importante el análisis de la propia biografía política y la reflexión y valoración de sus consecuencias. Además de las motivaciones, era muy importante preguntarse por las repercusiones en los demás de las propias acciones. El PDS nunca pensó que se debiese encubrir nada de las actividades del servicio de espionaje y del aparato de represión del Ministerio para la Seguridad del Estado, siempre dirigidos hacia el interior del partido, pues al pueblo se le tenía por poco informado y de opinión variable. Nosotros mantenemos una posición escéptica sobre la compatibilidad de las actividades de los servicios de seguridad del Estado con la transparencia y el control democráticos.
7. ¿”Cuántos años tiene” la nueva Izquierda?
Die Linke no es una moda pasajera surgida de la nada: se encuadra en una tradición política que se remonta a la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar, y a personalidades como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los máximos exponentes de la lucha por el comunismo en Alemania. Esto no significa que el partido provenga de las antiguas “camarillas” del SED, de los “viejos e incorregibles comunistas” de Alemania Occidental o de ex socialdemócratas frustrados, como nos recriminan nuestros adversarios políticos (sin preocuparse de averiguar si es falso). Los militantes de los partidos del antiguo Bloque Democrático Antifascista de la República Democrática Alemana también se adscribieron a otros grupos políticos, sobre todo a la CDU (Unión Demócrata Cristiana) y al FDP (Partido Democrático Liberal), a quienes además traspasaron su patrimonio. Esto no parece ser tema de discusión política en absoluto. Sí es un hecho que más del 95% de los antiguos integrantes del SED no se afiliaron al PDS; pero aún hoy nuestros adversarios siguen intentando desenterrar arraigados rencores anticomunistas, un recurso ya utilizado durante los años del enfrentamiento entre bloques antagónicos y la Guerra Fría. Eso sí que es estar anclado en el pasado.
8. ¿Qué ha pasado con el antiguo patrimonio de Die Linke?
El patrimonio del SED fue depositado en fideicomiso en base a la Ley de Partidos Políticos de la República Democrática de Alemania (secciones 20 a y 20 b) aprobado en febrero de 1990 con fecha de inventario del 7 de octubre de 1989. Se encomendó a una Comisión Independiente para la Verificación del Capital de los Partidos Políticos y otras Organizaciones de la República Democrática Alemana inventariar y comprobar la adquisición del patrimonio del partido conforme a la ley.
Además, a principios de 1990, el PDS destinó por su cuenta al presupuesto del Estado 3.041 millones de Marcos de la República Democrática Alemana para proyectos sociales y culturales. Gran parte del capital disponible del partido se empleó en pagos de deudas, siguiendo instrucciones de los administradores fiduciarios en base a directivas de la Agencia de Privatización de Empresas de la República Democrática de Alemania.
El SED tenía 44.000 empleados cuyos contratos debían ser rescindidos, además de aproximadamente 750 inmuebles que requerían gastos de mantenimiento muy elevados, hasta que se traspasasen a una nueva entidad gestora o a un nuevo dueño.
El PDS renunció a los bienes del SED en el extranjero en 1990, sin que la presidencia del comité ejecutivo del partido supiese exactamente en qué consistían. La renuncia se formalizó ante notario el 14 de mayo de 1992 según un convenio entre la Agencia de Privatización de Empresas de la República Democrática Alemana y el PDS. La lista de bienes en el extranjero que logró elaborar el PDS tras muchas investigaciones se publicó en el boletín 12/5575 del Parlamento Federal con fecha 19 de agosto de 1993 y se añadió al informe financiero del partido. Anteriormente, en 1990, funcionarios del SED y del PDS habían intentado proteger el patrimonio del partido ocultándolo a la Agencia de Privatización de Empresas. Se transfirieron aproximadamente 107 millones de marcos al extranjero, bienes que después fueron recuperados a través de la citada Agencia. Durante la primera mitad de 1990 se formalizaron además varios préstamos del partido para la creación de empresas sin la aprobación de la Agencia de Privatización de Empresas. Con ello se pretendía crear nuevos puestos de trabajo para los antiguos empleados del partido. Pero el procedimiento fue declarado ilegal y la Agencia embargó los fondos.
El 31 de agosto de 1991 también fueron embargadas las cuentas bancarias del PDS por resolución administrativa de la Agencia de Privatización de Empresas, de modo que a partir del 1 de septiembre de 1991 se hubo de emprender de hecho la refundación financiera del PDS. Desde entonces el partido sólo podía disponer de cuotas de los afiliados, donativos y financiación pública.
El 18 de julio de 1995 se llegó a un acuerdo entre el PDS, la Agencia de Privatización de Empresas (y el organismo que la sucedió) y la Comisión Independiente para solucionar la cuestión del patrimonio ante el Tribunal Administrativo Superior de Berlín. El PDS no recuperó sus fondos, pues su adquisición no fue reconocida como ajustada a Derecho, ni siquiera las cuotas de los militantes pagadas al SED. Se le adjudicaron cuatro inmuebles, principalmente las propiedades del antiguo KPD (Partido Comunista Alemán), incluyendo el edificio Karl Liebknecht de Berlín, sede del Comité Ejecutivo del Partido, y el equipamiento que se encontrase en sus oficinas. Los administradores fiduciarios devolvieron además la editorial e imprenta Neues Deutschland Verlag und Druckerei GmbH y la editorial Karl Dietz Berlin Verlag GmbH, participadas por el PDS
http://die-linke.de
5 de febrero de 2010
STALIN, SALVADOR O VERDUGO DE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA
Una de las cuestiones controvertidas de la Guerra Civil Española, es el papel que jugó la Unión Soviética durante los 3 años que duró la contienda ¿sirvió el régimen de Stalin a la causa Republicana o por el contrario, se puede decir que fue otro de sus verdugos?, vamos a mostrar los hechos y que cada cual decida al final donde posicionarse.
La ayuda soviética al bando Republicano, en el aspecto militar, supuso un balón de oxígeno, dadas las circunstancias internacionales existentes, tras la creación del Comité de Londres , organización creada a petición de Francia para controlar la intervención extranjera en España, a la cual se adhirieron 27 países, entre los cuales se cuentan las principales potencias democráticas de la Europa de aquel momento Reino Unido y Francia.
Este comité no consiguió jamás su objetivo, porque desde el comienzo Alemania, Italia y Portugal ayudaron a los sublevados y por el bando Republicano recibieron ayuda principalmente de Rusia, México y Francia. Esta última vendió armas a los republicanos hasta que se creo el Comité de Londres. También los Estados Unidos ayudaron a ambos bandos, puesto que a los sublevados les vendían gasolina y a los Republicanos les vendía aviones, con excepción de México y los Estados Unidos, todos formaban parte del Comité de Londres.
No obstante, la ayuda Soviética al bando Republicano estuvo condicionada desde el principio, en el aspecto político, debido a la guerra abierta en Rusia contra los opositores al régimen de Stalin, la persecución a los Trotskistas o aquellos que se salieran de la doctrina estalinista que quedaron latentes en el XV congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética PCUS, en el cual se expulsó a los Trotskistas a Zinóviev y Kámenev, éstos últimos se retractaron y fueron readmitidos en el partido aunque no recuperaron sus puestos dentro del PCUS en 1934 con el comienzo de la gran purga y tras el asesinato de Sergéi Kírov, fueron expulsados del partido, arrestados y forzados a admitir su "complicidad moral", tras lo cual fueron condenados a diferentes periodos de condena en Agosto de 1936 ambos fueron condenados a muerte en un juicio farsa. Después de expulsar a Trotsky del partido, fue deportado a Kazajistán y definitivamente expulsado de la URSS. En 1929 hasta su muerte, mantuvo una firme oposición al Estalinismo hasta su asesinato, en México, el 21 de agosto de 1940. Bajo estas circunstancias, llegan a España el embajador soviético Marcel Rosenberg, acompañado de de un gran séquito que incluía, como jefe de la misión militar soviética, anterior jefe del servicio de inteligencia militar, el general Jan Berzin junto a otros consejeros soviéticos, entre ellos Goriev y kulik y los mariscales Malinovski y Rokossovki y koniev, oficiales del ejército rojo, que lucharon bajo una serie de disfraces, entre ellos el coronel Lazar Stern, bajo el alias de general Emilio Kleber, que ganó fama mundial como salvador de Madrid, o Dimitri Paulov, apodado Pablo, el más capaz de los jefes tanquistas, que llegaría a ser ministro de defensa Polaco tras el final de la II guerra mundial.
En lo que respecta a la ayuda logística para la guerra contra los sublevados, los rusos aportaron, según algunos autores, en armamento:
680 aviones
331 carros de combate
1.699 piezas de artillería
60 coches blindados
450.000 fusiles
20.486 ametralladoras y fusiles ametralladores
30.000 toneladas de munición
El coste de esta ayuda militar fue de 500 millones de dólares en oro de la época una cantidad exorbitada para la ayuda prestada.
Por otro lado agentes del NKVD, encabezados por el futuro desertor Alexander Orlov, que llegó en Septiembre de 1936 para perseguir cualquier desviación de la doctrina estalinista en la España republicana éstos actuaron de forma clandestina en la zona Republicana durante toda la guerra y es que en el fondo, una de las principales preocupaciones de Stalin era la influencia e infiltración Trotskista en la República Española, debido a que su triunfo le podría haber desplazado como garante de la revolución Marxista, por este motivo envió agentes del NKVD a España para eliminarlos físicamente también en el principal centro de reclutamiento de las Brigadas Internacionales (BI) en Paris, el NKVD interrogaba a todos los voluntarios que no pertenecían al partido e incluso a muchos voluntarios, se les pedía el pasaporte antes de entrar en España, luego los pasaportes eran enviados por valija diplomática a Moscú. Se sabe que por este procedimiento, se hicieron con al menos 2000 pasaportes Norteamericanos, los cuales luego sirvieron al NKVD para introducir agentes ilegales en este país.
En Albacete, la base de la BI estaba bajo el control de la dirección política del Komintern, encabezado por André Marty, responsable Francés del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, quien durante años, había trabajado para los servicios de espionaje militares soviéticos y colaborado, de manera activa, en la guerra encubierta del NKVD contra el Trotskismo, se puede decir, que Marty fue uno de los comunistas, no Ruso más obsesionado con la eliminación de los detractores del estalinismo de toda índole con el llegó un gran número de funcionarios del Komintern, entre ellos, los delegados Italianos Luigi Longo y Giuseppe de Vittorio, que detestaban el fanatismo de Marty. Aunque también estalinistas convencidos, como el futuro líder de la Alemania Oriental, Walter Ulbricht, el cual dirigía una unidad del NKVD que localizaba Trotskistas en las BI procedentes de Alemania, Austria y Suiza.
Marty siguió su estela sangrienta y despiadada en la caza contra los Trotskistas uno de sus colaboradores escribiría de él:
"Para Marty el enemigo estaba mas dentro del territorio Republicano que al otro lado de las líneas"
Debido a su conducta, al final fue llamado a dar explicaciones ante los dirigentes comunistas franceses en París, donde admitió sin reservas, el haber ordenado fusilar a 500 brigadistas, declaro que habían cometido toda clase de delitos y que se habían encargado del espionaje franquista.
Y es que en realidad, los Rusos, no provocaron las divisiones en el bando Republicano, pero sí las alentaron, con su persecución de los herejes del Estalinismo, los cuales en España Republicana, eran según su criterio, fundamentalmente Trotskistas y militantes del POUM.
Las diferencias entre los Trotskistas y los Estalinistas estaba en las formas de desarrollar el Marxismo- Leninismo y quedaron plasmadas en el XIV congreso del partido comunista de la Unión Soviética en Diciembre de 1925, allí se vieron las caras
las dos corrientes de pensamiento, después de la muerte de Lenin en Enero de 1924, mientras Trotsky defendía la teoría de la Revolución Permanente, Stalin defendía la teoría del Socialismo en un sólo país. Ésto y la pugna despiadada por el poder, les llevó a convertirse en acérrimos enemigos, llegando a acusar a los Trotskista de agentes contrarrevolucionarios, lo cual los acabó poniendo en la lista de enemigos del pueblo Ruso, tras el congreso XV celebrado del PCUS en 1929.
En el contexto anterior, podemos decir que cuando estalló la guerra civil española, se encontraba el POUM, el cual no aceptaba los postulados Estalinistas.
El Partido Obrero de Unificación Marxista fue fundado en 1935, en un momento decisivo de la II República por la unión de la Izquierda Comunista de España (ICE), con el Bloque Obrero Campesino (BOC).
El ICE era un partido de origen Trotskista, aunque para esas fechas había roto con esos postulados, había sido fundado por Juan Andrade y Andreu Nin, éste ultimo había sido secretario personal de Trotski en Moscú, también formó parte de la Oposición de Izquierda que se oponía al ascenso de Stalin dentro del PCUS, en 1930 abandonó la URSS.
El BOC era un partido comunista implantado sobre toda Cataluña, su máximo dirigente era Joaquín Maurin había sido dirigente de la Federación Comunista Balear, federación territorial del PCE que se escindió de este partido en 1930.
El POUM criticó, lo que consideraba la degeneración burocrática y totalitaria de la revolución Rusa de la mano de Stalin, fue el único partido que condenó Los Procesos de Moscú, en su periódico "La Batalla". A pesar de ser un partido Marxista revolucionario, en el POUM había pluralidad de tendencias internas.
Formaron parte del Frente Popular y en las elecciones de 1936, Joaquín Maurin, secretario general del POUM, fue elegido diputado por las Cortes Republicanas, en sus discursos parlamentarios denunció que el gran peligro contra la República no era el movimiento huelguista, ni la ocupación de tierras de la primavera de 1936, sino la conspiración militar que se estaba gestando y la violencia política derechista.
Cuando estalló la guerra, a Maurin le sorprendió el conflicto en Galicia organizando el POUM, debido a que en Galicia triunfó el alzamiento militar. Éste intento escapar hasta zona Republicana, pero fue detenido en Jaca y encarcelado bajo el nombre falso de Máximo Uriarte, paso toda la guerra civil en la cárcel. En 1944 fue juzgado y condenado a 30 años de cárcel, fue indultado en 1946, se exilio a Estados Unidos donde murió el 5 de Noviembre de 1973.
Con la desaparición de Maurin de la escena, Nin pasó a ser secretario ejecutivo del POUM, éste fue un fiel defensor de la revolución colectivizadora, desarrollada en Cataluña en 1936 consideraba que la guerra y la revolución estaban intrinsecamente unidas el 21 de Julio de 1936 el POUM y la CNT , junto con el resto de las fuerzas políticas de Cataluña, se creó Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), disuelto en Octubre de 1936. También participó activamente en las instituciones catalanas, siendo consejero de justicia de la Generalitat hasta diciembre de 1936, cuando fue expulsado del gobierno catalán por las presiones del Partido Comunista de España (PCE), tras las cuales estaban los agentes del Estalinismo.
En los hechos de mayo de 1937, el POUM se puso de parte de los anarquistas, aunque en el articulo de Agustí Gillamón titulado:
"La izquierda del POUM en Mayo de 1937. Militancia y pensamiento político de Josep Rebull"
Deducimos que la cúpula del POUM no era partidaria de ese levantamiento, aun así, ésto supuso que inmediatamente el PCE pidiera la ilegalización del POUM. En ese mismo mes, el jefe del Departamento de Inteligencia Extranjera de la Cheka (INO) Slutski, informó al NKVD desplegado en España "Toda nuestra atención está concentrada en Cataluña y en nuestra lucha despiadada contra los bandidos Trotskistas, los fascistas y el POUM". En principio el gobierno de Largo Caballero, trató de resistir a las presiones Soviéticas, pero tras su caída, su sucesor Juan Negrín, menos reacio a tales maniobras, sentenció al POUM.
El 16 de Junio de 1937, Andreu Nin, junto a otros dirigentes del POUM como Gorkin o José Escude, fueron detenidos al haberse descubierto entre los papeles incautados a una red de la quinta columna de Madrid, en los cuales se demostraba la relación entre el POUM y una red de espionaje de los sublevados. Estos documentos eran una falsificación hecha por el NKVD, para poder eliminar a un partido político contrario al estalinismo el 22 de junio, por orden del general Orlov que actuaba bajo las ordenes de Stalin, fue asesinado Andreu Nin, máximo dirigente del POUM, tras ser torturado para que admitiera pertenecer al espionaje muchos soldados del POUM fueron ilegalmente fusilados después de consejos de guerra sumarísimos, las colectividades fueron disueltas definitivamente en agosto de ese mismo año por el ejercito Republicano y en ese momento, termino el intento de crear una sociedad Marxista plena. Al cabo de poco tiempo, también otro antiguo secretario de Trotski, Irwin Wolf fue secuestrado y asesinado por el NKVD en Barcelona.
A partir de este momento, los esfuerzos de guerra del bando Republicano, tomaron una sola dirección política y militar, que era la de luchar contra los sublevados, pero ya era demasiado tarde, Franco se había consolidado como cabeza visible de los sublevados y en las filas Republicanas existían recelos a otra purga, los cuales crearon divisiones irreconciliables.
El 1 de abril de 1939 terminó la guerra civil española, con el desastroso final para el bando Republicano, que había sido incapaz de cohesionarse y de luchar en una sola dirección, pero evidentemente, la pregunta sigue sin una respuesta clara realmente, ¿fue el Estalinismo, el salvador o el verdugo del bando Republicano?, después de leer lo anterior y mucho más, uno llega a la conclusión inevitable que el problema de los republicanos fueron un cúmulo de problemas. Uno de los cuales era, que la ayuda soviética, además de estar sobrevalorada económicamente, está condicionada políticamente y lo podemos ver bien a las claras, dada la conducta del NKVD o del Komintern a la hora de perseguir a aquellos que nos les interesaban, si bien es cierto que el POUM, junto con los Anarcosindicalistas, se levantaron contra la república en un momento en el que había que estar cohesionado y luchar todos en una misma dirección. No es menos cierto, que en el caso del POUM, esta organización ya estaba siendo hostigada por orden de Stalin, por ser un partido disidente de la visión Estalinista de Marxismo- Leninismo y estar más próximo a las teorías Marxistas de la colectivización que quedaría encuadrado en el tercer paso de una revolución comunistas y eso es algo que incluso Santiago Carrillo reconoce en sus memorias diciendo:
"Un análisis posterior, menos apasionado, más objetivo, tiene que llegar a la conclusión de que el hostigamiento contra el POUM, la fiebre anti trotskista, tuvo que crear una situación de acorralamiento propia a lanzarse a una aventura como aquella, máxime cuando en Cataluña, un sector Anarcosindicalista, estaba dispuesto a participar en ella, disgustado con la política de su propia organización tras el ingreso de la CNT en el gobierno, que amenazaba lo que ellos consideraban la revolución libertaria en Cataluña"
A renglón seguido Santiago Carrillo sentencia en sus memorias:
"Éste a mi juicio, fue el factor negativo que tuvo la ayuda de la Unión Soviética"
Resulta evidente, que el papel en general que jugo la ayuda soviética a la República, desde mi punto de vista, supuso, como digo al principio, un balón de oxígeno para la defensa militar de la República, que los dirigentes de ésta no supieron jugar. Por otro lado, con la muerte del Marxismo en la Unión Soviética, desde el momento que Stalin accedió a la jefatura del PCUS, supuso que la ayuda a la República estuviese condicionada desde el principio por que el Estalinismo, estaba demasiado preocupado en eliminar a la disidencia y ésto dividió más que unió. Los excesos de hombres como Marty o el asesinato de Nin, la purga en general dentro de las filas republicanas, nos dicen que esta ayuda no fue todo lo sólida y eficiente que debería de ser, y es que la ayuda Estalinista a los republicanos, lejos de ser el impulso necesario, a éstos los condiciono enormemente en el plano político internacional y les restó reconocimiento al estar respaldados por un régimen que muchos gobiernos, en aquellos días, temían más que al propio Hitler, pero para ser honestos, hay que decir que sin esta ayuda, la república no hubiese sobrevivido y es por eso que, en este sentido hoy podemos afirmar que la ayuda soviética fue una salvación momentánea para la II República Española.
Salud y República
Antonio García
http://latabernaroja.obolog.com/stalin-salvador-o-verdugo-ii-republica-espanola-149890
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