9 de mayo: la huelga general de la enseñanza por la retirada de la “ley Wert”
Hay una campaña contra la educación pública que comprende recortes, una contrarreforma legal, una serie de medidas complementarias y la nueva reforma universitaria. Las razones de fondo obedecen a motivos ideológicos y a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Sobre casi todo ello ya hemos hablado, pero los problemas siguen ahí y ante la continuidad de las agresiones se han convocado movilizaciones para los primeros días de mayo.
1. La lógica de la que parte el Gobierno es que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, que para un mercado de trabajo precario no hay por qué invertir demasiado, que basta con formar a una élite en la “excelencia”. De ahí que el objetivo del gobierno del PP es reducir la inversión educativa del 4.6% al 3,7% del PIB, muy lejos del deseable 7% que dedican los países de nuestro entorno con mejores resultados. Ello producirá el consiguiente impacto en la calidad del sistema educativo (despido de profesorado, aumento de la ratio, recorte de la atención a la diversidad, de becas y de comedores, endurecimiento de las condiciones de trabajo, etc.); impacto solo aminorado por el esfuerzo del profesorado y las familias comprometidas con la escuela pública.
2. El anteproyecto de ley de educación (LOMCE) es clasista, privatizador, confesional, antidemocrático y desahucia a una parte importante del alumnado al segregarlo de forma temprana hacía vías muertas. Lo más reciente ha sido el varapalo que ha recibido del Consejo de Estado. Esta institución es un cementerio de elefantes de la clase política y no el soviet de Petrogrado. Que una institución tan conservadora haya dictaminado contra la LOMCE indica que solo el ministro Wert está a la derecha del sentido común.
El Consejo dice que no entiende que la ley no vaya acompañada de una memoria económica que asegure su financiación; critica la pérdida de participación de la comunidad educativa; pide que Educación para la Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países europeos; que no se debe discriminar al alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a las clases alternativas que imparten valores éticos y sociales; no ve las subvenciones a centros que segreguen por sexo sin justificación y pide medidas académicas a favor de la igualdad; las comunidades bilingües son las que deben garantizar una proporción razonable de su lengua y el castellano; los exámenes externos, en su caso, tienen que realizarlos funcionarios públicos y no empresas privadas o profesores contratados.
Por último, reclama un gran pacto social que dé estabilidad al sistema educativo. Este punto es el más importante, porque un anteproyecto que no tiene ningún tipo de consenso de la comunidad educativa y sólo es defendido por el ministro de Educación más desprestigiado de la democracia, nace inevitablemente muerto
