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2 de diciembre de 2012

Euskal Memoria refiere más de 9.600 casos de tortura en los últimos 50 años


Ramón Sola (Naiz)
Cuando la fundación Euskal Memoria comenzó a documentar el tema de la tortura en Euskal Herria en los últimos 50 años, contaba con tres denuncias de vecinos de Oñati, por citar un ejemplo ilustrativo. Sus colaboradores acudieron a certificarlos y, tirando del hilo, hoy es el día han aflorado 53 testimonios más solo en ese pueblo. Por eso, su tercer trabajo, que verá la luz mañana, seguramente no sea más que la punta del iceberg de una realidad que casi nunca fue noticia. Y, sin embargo, a la vez supone sin duda el estudio más amplio, documentado y actualizado sobre este «túnel» del que «aún queda trabajo para salir».

«Pegarme, sí, me pegaron en Iruñea, en Gasteiz y en Donostia también, pero por suerte, lo que es tortura no», explica en el libro uno de los vascos detenidos en los años 70. Son muchos los que ahora empiezan a darse cuenta de que sí, fueron torturados, y pueden contarlo. Así ocurrió en Eibar, en una charla en febrero en la que Euskal Memoria comenzó a difundir el trabajo que ahora toma cuerpo en un libro. Tras las explicaciones de los miembros de la fundación, una persona de edad avanzada tomó la palabra para revelar su caso, y luego otra, y luego otra...

29 de noviembre de 2012

Contra el indulto como fraude en defensa de la independencia judicial y de la dignidad

Manifiesto jueces
Manifiesto de cerca de 200 jueces en protesta contra el reciente indulto concedido a cuatro policías condenados por delitos de torturas.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo.