Olas que golpean

Belén Gopegui / Diagonal
El capitalismo nunca podrá poner el piloto automático. Nunca podrá pisar el acelerador y luego levantar el pie y esperar que la velocidad se mantenga. No podrá explotar un rato y luego vivir de las rentas de esa explotación. No podrá acumular y sentarse a ver pasar el cadáver de su enemigo porque el capitalismo necesita que su enemigo viva y trabaje para él, y más aún, el capitalismo es también su enemigo, sin él no podría existir. Por eso nuestros días, como los de Madre Coraje, consisten de algún modo en alimentar la mano que nos quita la vida.

Multados militantes comunistas por participar en piquetes del 14N

Tercera Información

Con motivo de la pasada huelga general del día 14 de Noviembre, dos militantes de la UJCE y de IU de Albacere han sido sancionados con multas de 400€ por la Policía Nacional y la Subdelegación del gobierno por su participación en los piquetes informativos, protegidos estos por la Constitución. Amparándose en unos supuestos desordenes públicos que “en ningún momento tuvieron lugar”, ba explicado la organización juvenil comunista, “se ataca y se intenta amedrentar a la juventud organizada y combativa que está decidida a no permanecer impasible ante los brutales retrocesos que está sufriendo la mayoría social de este país.”

La mejor huelga

Manuel Rivas (El País)
La huelga del 14-N ha conseguido en la calle algo extraordinario: la mayor cohesión de un país hecho añicos. La imagen del chaval con la brecha en la cabeza y la cara ensangrentada no responde a un golpe fortuito. Es, por decirlo así, un clásico en la iconografía española de la protesta. Es una cabeza herida, que interpela como un óleo de Goya. Un sacrificio destinado a los dioses más estúpidos. Es un oficio difícil, el del antidisturbios. Se les encomienda el orden, pero no pueden hacer nada contra el mayor desorden: el que causa la injusticia.


Cada recorte asistencial, cada despido a mansalva, nos conducen a un Estado de Inseguridad. Todavía es más difícil el trabajo del huelguista y del manifestante. Todos son riesgos, y sin emolumentos. Se habla de la intimidación de los piquetes. Al contrario, quienes hoy hacen huelga en España se juegan el puesto de trabajo. Ejercen un derecho, pero quedan marcados con un estigma. Y no digamos ya si, además, son sindicalistas. En el Antiguo Régimen, había un alcalde en Vigo que tenía por deporte insultar desde el coche en caso de protesta. Le ordenaba al chofer: “Tú insultas por la izquierda, y yo por la derecha”. Pues esa es la moda en vigor: despellejar a los sindicalistas. Hay vehículos de información donde se insulta desde todas las ventanillas. Verdaderos campeonatos de exabruptos. 

Se trata de laminar a los sindicatos y a las fuerzas de la cumbre social. La huelga del 14-N ha conseguido en la calle algo extraordinario: la mayor cohesión de un país hecho añicos. Nunca, desde hace tiempo, se unieron a la vez tantos jóvenes y pensionistas, parados y empleados, autónomos y asalariados, inmigrantes y autóctonos, médicos y enfermos, investigadores y bachilleres. ¡Incluso futbolistas! La nación de la huelga era la verdadera nación de la Pepa. Deberían estar contentos los patriotas. Pero echan humo por la nariz. Se equivocan en querer vaciar las calles. En la desesperanza, si no las llena el pueblo, las calles se llenarán de pobreza y horror.

#14N: desmontando argumentos para no hacer huelga

Tomalosbarrios.net

“No hago huelga porque no me lo puedo permitir”

El sistema económico busca la bajada continua de salarios para conseguir ampliar su margen de beneficios.  Si te quedas en casa estas ayudando a que  las empresas piensen que tienen barra libre para empeorar tu situación.

Si a pesar de todo vas a tu puesto de trabajo tienes otros medios de ejercitar tu derecho a huelga. Puedes hacer huelga de celo, hacer exclusivamente lo que marca tu contrato y hacer tareas más lentamente.

 “La huelga no servirá para nada”, “Con las huelgas no se consigue nada”

Lo que tienes ahora no se ha conseguido por generación espontanea. Desde el Siglo XIX las trabajadoras, mediante la lucha, han conseguido que tu disfrutes de una jornada de ocho horas, vacaciones pagadas y el derecho a bajas por enfermedad.

La sanidad y educación pública, que poco a poco se esta desmantelando, fue conseguida peleando en la calle y con ello conseguimos durante un tiempo  mantener a raya a las élites que ahora parecen invencibles.

“Estoy en paro, no puedo hacer huelga” 

Cuando hablamos de huelga  pensamos automáticamente en no ir a trabajar. Aunque esta es la forma de huelga tradicional hay otros métodos para apoyar la huelga laboral. No consumas el dia de la huelga, compra antes lo que necesites, y reduce al mínimo tu consumo de electricidad.

Parece que no es importante pero si tu no vas a comprar las empresas no tendrán actividad. Ayudaras a las trabajadoras que han ido a trabajar  condicionadas  a realizar huelga sin consecuencias.

“Estoy en casa cuidando de mi familia, no puedo hacer huelga”

El hecho de que no te paguen no hace que tu trabajo no sea importante. No olvides que cuando estas cuidando a tu familia en casa estas supliendo las funciones que un estado de personas y para personas debería cubrir. Por eso sal a la calle. Reivindica tu trabajo y exige al gobierno que cumpla con lo que debe, que es cubrir las necesidades de las personas y ser un estado social como marca la constitución.

 ”La huelga tiene que ser indefinida, si no yo no la hago”.

Es improbable que una persona realmente dispuesta a secundar una huelga indefinida no estuviese dispuesta a secundar una huelga general de un día.

“Los trabajadores son libres de ir a trabajar un día de huelga”.

Este tipo de libertad esconde  coacciones y amenazas con las que las empresas tratan de impedir a sus trabajadoras ejercer su derecho a huelga.

Tenemos tan interiorizadas ciertas situaciones que vemos como algo normal el chantaje del que somos victimas acudiendo a nuestros puestos de trabajo por miedo y cuando hay miedo no hay libertad.

“El país no está para huelgas”.

Todo lo que esta sucediendo en España ya ha sucedido ante en otros países como Argentina o Chile.  Cada medida que realiza el gobierno para superar la crisis solo tiene como objetivo desmantelar los beneficios sociales y enriquecer a las élites financieras.  ¿ Crees que con ese pensamiento estas mirando por tu intereses?. Reflexiona

Contra los desahucios, movilización social

Juan Torres López (Ganas de escribir) / UCR

El Partido Popular y el Socialista se han negado durante años a tomar cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los bancos y poner fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que vienen ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.
 
A los dirigentes de ambos partidos les viene dando igual que los mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución. 

Los gobiernos de ambos partidos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo han sido completamente insensibles al dolor y la tragedia que padecen tantas familias, sino que, para colmo, no han dudado nunca a la hora de enviar a la policía para defender los intereses bancarios a base de palos y palizas a quienes han tratado de defender un derecho constitucional tan elemental y humano.

Han demostrado a las claras que el afecto que dicen sentir por la Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y los privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las ayudas de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace años las mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin ingresos que no pueden pagar sus hipotecas.

Sin embargo, una vez más podemos comprobar que ningún poder es invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos de manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el cambio de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los intereses de la banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que está ocurriendo es justamente eso: que la movilización y la solidaridad ciudadana obligan por fin a que el gobierno y la oposición muevan ficha y cambien una actitud que hasta ahora ha sido de completa indiferencia. Los hechos están demostrando claramente que si no se hubieran producido las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos con la policía, las denuncias y, en definitiva, la respuesta ciudadana ante una situación social injusta, los desahucios seguirían produciéndose indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.

Es muy importante que la gente sepa esto y sea consciente de su poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios y el poder político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto de la presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se han producido avances favorables al bienestar y la justicia, demostrándose así la falsedad de esos discursos que constantemente nos dicen que las huelgas, los sindicatos o las protestas en la calle no sirven para nada.

Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de que el gobierno haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el problema de los desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las movilizaciones sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten nuestros derechos más elementales.

Pero precisamente porque demuestran esto es por lo que no debemos bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora y que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia. Solo podremos esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al drama de los desahucios si la movilización social se mantiene y se refuerza, incluso en mayor medida que antes.

Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver que lo que está en juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal que dé largas al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la vivienda.

Por eso, ahora es el momento de seguir presionando para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino para que se garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la han perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.

No podemos consentir que los dos partidos mayoritarios se quieran poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco la soga que ata a las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que se rompa para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder y beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino aliviando la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente elevadas, generando un parque social de viviendas que permita el acceso a ellas de quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como he dicho, la suya a quienes la han perdido en los últimos. No basta con que los dos grandes partidos negocien entre ellos soluciones de compromiso, seguramente buscando tan solo el beneplácito de la banca, sino que deben escuchar a las organizaciones y movimientos que han estado en la calle defendiendo a los desahuciados años para garantizar, en definitiva, que el derecho a la vivienda sea efectivo para todos.

No podemos consentir que se limiten a lavarle la cara a los bancos. Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a las miles de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia y los hechos recientes demuestran que con la movilización social sirve, podemos conseguirlo.

Los primeros ocho imputados del 'caso Bankia' cobraron 2,2 millones de euros sólo en 2011

Andrés Muniz (Público) / Kaos en la red

Pese a sus jugosas retribuciones, ninguno se enteró de la gravedad del agujero de la entidad antes de la dimisión de Rato, según han declarado. Dos de ellos fueron incluidos en la Comisión de Auditoría del banco pese a no saber contabilidad 

 La primera ronda de testimonios del 'caso Bankia', desarrollada esta semana, ha servido para constatar que ocho exconsejeros imputados en la causa no sabían que la entidad tenía un agujero contable superior a 2.900 millones de euros, y que sólo lo conocieron, generalmente por los periódicos, a partir de la dimisión de Rodrigo Rato el 9 de mayo de 2012. Eso es lo que ha escuchado desde el lunes el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Fernando Andreu.

Pese a esta 'ceguera' generalizada respecto a la penosa realidad del banco --que le ha obligado a pedir un rescate de 23.000 millones de euros--, estos ocho exconsejeros del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, se embolsaron en retribuciones y dietas del grupo, sólo en el año 2011, un total de2.249.000 euros, según los datos aportados por la entidad al Banco de España.

A la cabeza de ese ranking figura Mercedes Rojo Izquierdo, exasesora de Esperanza Aguirre, con 374.000 euros ingresados el año pasado. Se da la particularidad de que, según confesó al juez, no tiene conocimientos financieros ni de contabilidad, sino de farmacia, aunque no acabó la carrera. Pese a esa falta de preparación, fue incluida precisamente en la Comisión de Auditoría del banco, aunque ella misma puso reparos por no considerarse idónea. ""Hay otra gente que sí sabe", le contestaron.

A continuación, figura Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, con Aznar como presidente del Gobierno y en la primera etapa de Montoro como ministro del ramo. Cobró del grupo en 2011 un total de 355.000 euros.

Por encima de los 300.000 euros también se situaron Angel Villanueva, secretario general de Bancaja (307.000) ; y el empresario levantino de muebles Remigio Pellicer (302.000), éste último colocado en el Consejo a propuesta del PSOE. Al estilo de Mercedes Rojo, Pellicer fue incluido en la Comisión de Auditoría, sin especial preparación en contabilidad, y, aunque tuvo reticencias, aseguró que fue designado para ese órgano sin que le consultaran.

El exsecretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada, ,considerado persona de confianza de Rodrigo Rato en el partido, se embolsó en 2011 un total de 270.000 euros. A renglón seguido de esta peculiar lista, el presidente de La Caja de Canarias y Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, con 235.000 euros; el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la etapa Ruiz-Gallardón, Jesús Pedroche, con 204.000; y el exconcejal socialista en Madrid José María de la Riva.

Como resumió Suárez del Toro, la misión de todos ellos era meramente "asistir a las reuniones del Consejo". Por sus testimonios ante el juez, ninguno supo que la auditora Deloitte había lanzado advertencias a la elaboración de las cuentas antes de que, en marzo de este año, Bankia declarase unos beneficios de 305 millones de euros, ni, en defintiiva, tomaron conocimiento del agujero de la entidad --que pasó a reconocer pérdidas por 2.900 millones en mayo--, hasta la dimisión de Rodrigo Rato.

Sobre los consejos del Banco de España de la necesidad de profesionalizar el Consejo, ante la evidente politización del órgano --quién no es del PP, es del PSOE o de los sindicatos--, algún testigo aclaró la cuestión: "La composición y las designaciones las marcaba la Ley".

Poco en claro se ha sacado de las comparecencias, aparte de esa falta de información que alegan tener del agujero de Bankia antes de que estallara el escándalo.

Algunos, como Pedroche o Romerto de Tejada, han llegado a sostener que fue correcta y tanto daba, desde el punto de vista contable, la declaración de beneficios de 305 millones y la de pérdidas, dos meses después, por 2.900 millones. Argumentan que cambió el sistema de contabilidad aplicado por Deloitte, y que el Consejo decidió apoyar las nuevas cuentas presentadas por el sucesor de Rato, José Ignacio Goirigolzarri, por "sentido de la responsabilidad".

No han faltado entre estos primeros ocho comparecientes los que hayan apuntado además, como Pedroche, al Banco de España y al anterior Gobierno socialista como muñidores de la operación de fusión y salida a bolsa de Bankia. "Tuve la sensación de representar un guión escrito por otros", señaló el expresidente de la Asamblea de Madrid.

Y también se ha intentado culpabilizar a Deloitte, poniendo en duda que informasen al Consejo de problemas en las cuentas, como hicieron De la Riva y Romero de Tejada. Por ello, las acusaciones consideran esencial la declaración del representante de la auditora, que deberá aclarar esas insinuaciones.

En cuanto a la responsabilidad de Rato en una supuesta ocultacion de información de la situación real del banco a los consejeros, fuentes del caso destacan que, primero habría que probarlo, y, en segundo lugar, determinar si tenía obligación de facilitar datos de ese tipo al Consejo.

Las declaraciones de los 33 exconsejeros de BFA y Bankia proseguirán el próximo 19 de noviembre con la exdirigente del PP Mercedes de la Merced --quien por cierto, sólo en 2011, cobró del grupo 376.000 euros--. El cierre al desfile de imputados lo pondrá el expresidente de la entidad y vicepresidente económico del Gobierno desde 1996 a 2004, Rodrigo Rato.

El juez Andreu abrió el caso  al admitir a trámite, el pasado 4 de julio, una querella del partido Unión Progreso y Democracia. Acordó llamar como imputados a 33 exdirectivos, por delitos genéricos de apropiación indebidad, administración desleal, falsedad contable y maquinación para alterar el precio de las cosas, cuya imputación concreta a cada querellado realizará, si procede, después de tomarles declaración.

La nota del fraude

Roberto Bissio ( Red del TercerMundo) / Rebelión
En un histórico fallo de mil quinientas páginas (dos veces más largo que “El Quijote”) emitido en Sydney el lunes 5 de noviembre, la jueza federal australiana Jayne Jagot declaró culpables a la calificadora de riesgo Standard and Poors y al banco ABN-Amro por haber mentido a los inversores.

Los engañados fueron doce municipios de Nueva Gales del Sur que en 2006 compraron al banco papeles de inversión denominados “Rembrandt” a los que Standard and Poors había dado la nota AAA (triple A), reservada para las inversiones “extremadamente sólidas”.

Los papeles que llevaban el prestigioso nombre del pintor holandés y que en la jerga financiera se conocieron como CPDO (sigla en inglés de “obligaciones de deuda de proporción constante”) jamás hubieran sido adquiridos por los concejos municipales sin esta nota, ya que de lo que se trataba era de encontrar una manera segura de colocar el dinero de los fondos de pensión de sus trabajadores.

Pero la solidez no era tal. Los papeles colapsaron con la crisis financiera global y los inversores perdieron el noventa por ciento de los ahorros de sus funcionarios, unos dieciséis millones de dólares.

La suma es ínfima, comparada con el total de las pérdidas trillonarias ocasionadas por la crisis que estalló en setiembre de 2008 con la bancarrota de la banca de inversión Lehman en Wall Street. Pero de todas maneras las acciones de McGraw-Hill, la corporación propietaria de Standard and Poors, cayeron cinco por ciento en un día, ante el temor a que el fallo siente jurisprudencia y desate una cascada de demandas.

Al explicar el sistema financiero, muchos lo comparan con un casino. Cuanto mayor es el riesgo, mayor la ganancia si el jugador acierta. La calificadora de riesgo, en esta metáfora, apenas orienta al inversor en su decisión, explicando las posibilidades de que algo ocurra, pero no es su culpa si el caballo ganador no es el favorito y el apostador pierde su dinero.

En el mundo de las finanzas reales, los garitos de juego son un modelo de honestidad al lado de los comportamientos que la jueza Jagot describe en detalle en su sentencia. El banco ABN-Amro publicó informaciones “falsas” o “negligentemente distorsionantes” sobre el sistema de apuestas subyacente en el CPDO que estaba vendiendo. Este producto fue disfrazado como bueno, utilizando un modelo matemático sesgado y tomando datos sabidamente “exagerados” para que dieran el resultado mínimo que Standard and Poors requeriría para su nota máxima. Luego, en cuatro oportunidades diferentes, Standard and Poors confió en los datos y suposiciones de ABN-Amro sin verificarlos como debería hacer -según la jueza- una agencia calificadora de riesgo “razonablemente competente”. Una sola de estas verificaciones hubiera bastado para que “Rembrandt” perdiera su nota AAA.

La nota máxima de la calificadora no sólo era un requisito para que las autoridades municipales compraran, sino que a juicio de un testigo experto, el CPDO era “grotescamente complicado”, tanto que no podía esperarse de un concejero municipal que entendiera qué apuesta estaba haciendo.

Standard and Poors anuncio que apelará. Amanda Banton, abogada de los inversores, sostuvo que “este fallo ayudará a que las calificadoras de riesgo sean responsables y a que sus notas sean transparentes”.

Aunque lejano de los centros de poder y por montos relativamente pequeños, el juicio australiano es significativo porque apunta al corazón del mecanismo que llevó a la crisis financiera de 2008. En los años previos, la desregulación financiera permitió la creación de “vehículos de inversión” cada vez más complejos y riesgosos, que eran vendidos al público como buenos. En el caso de las hipotecas, por ejemplo, los bancos ansiosos por generar negocios en Estados Unidos concedían créditos hipotecarios a familias de bajos ingresos y empleos inestables. Estas hipotecas de baja calidad eran luego divididas en partes y mezcladas con una pequeña proporción de créditos buenos. El coctel financiero resultante recibía una calificación AAA de alguna de las tres grandes agencias (Standard and Poors, Moody’s o Finch) y era vendido al público como inversión o utilizado como colateral para “apalancar” papeles derivados.

Cuando la burbuja de las hipotecas estalló, los bancos fueron rescatados. El ABN-Amro, por ejemplo, fue comprado en 2007 por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis, y luego vuelto a comprar por el Estado holandés cuando los dos últimos quebraron en 2009. Pero nadie rescató a los inversores engañados o a los trabajadores que perdieron sus fondos de pensión por haber confiado en las calificadoras de riesgo.

En Estados Unidos, intentos similares de responsabilizar a estas agencias por sus errores han sido frenados con el argumento de que todo lo que hacen las calificadoras es opinar y la opinión, aun equivocada, está amparada por la libertad de expresión. La jueza Jagot, con su fallo histórico, pone las cosas en su lugar: en negocios, la mentira no es opinión sino fraude, y el fraude es un delito.

El Gobierno impone que se puedan hacer despidos colectivos con 20 días

Larepublica.es

Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

Detenido un periodista griego por publicar datos de 2.000 evasores fiscales

Público
El periodista griego Kostas Vaxevanis ha sido arrestado por desvelar al detalle una misteriosa lista de los titulares griegos de cuentas bancarias en Suiza. Algunos de los nombres que aparecen en ella son tan polémicos como el del presidente del Parlamento griego, los de varios empleados del Ministerio de Finanzas y los de un cierto número altos ejecutivos y empresarios. Según una fuente policial, el periodista, responsable de la revista Hot Doc, deberá presentarse ante la Fiscalía de Atenas.

Vaxevanis publicó 2.059 nombres que aparecen en la lista proporcionada en 2010 por Christine Lagarde, por aquel entonces ministra francesa de Economía. El Gobierno afirma que la copia original de la lista ha desaparecido. Las redes sociales griegas hervían durante la mañana del domingo después del anuncio de la policía que "por orden de la fiscalía de Atenas" había realizado una búsqueda para arrestar al jefe de la revista Hot Doc.

"En lugar de arrestar a los ladrones y a los ministros que violan la ley, quieren detener la verdad", dijo Kostas Vaxevanis en su cuenta de Twitter ayero por la noche. La lista forma parte de una importante cantidad de documentación dados a conocer por un empleado del banco HSBC en Suiza, que ha supuesto un escándalo casi interminable. Parte de la misma fue enviada al Gobierno griego en 2010 por Lagarde, actual jefa del FMI.

El ministro de Finanzas griego de entonces, George Papaconstantinou, afirmó precisamente este último miércoles en el Parlamento griego que no sabía qué había pasado con la versión original de lista Lagarde. Ese mismo día, el actual ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, informó de que ha pedido a Francia que envíe una nueva copia.

El nuevo Gobierno de coalición elegido en los comicios del pasado junio excluyó inicialmente la posibilidad de utilizar documentos obtenidos de forma ilegal para luchar contra el fraude fiscal, aunque las graves protestas de la calle -que acusa a los gobernantesde protejer a los ricos y poderosos- le ha hecho cambiar de idea.

Localizados restos de fusilados en la Guerra Civil en una fosa en Antxoritz

Gorka Alonso (Noticias de Navarra)
La Sociedad Txinparta, organizadora de los homenajes a los fusilados tras la fuga del Fuerte San Cristóbal, y la sociedad de estudios Aranzadi han localizado esta semana en el término municipal de Antxoritz, a unos 8 kilómetros de Pamplona y cerca de la localidad de Ilúrdoz, una fosa con restos que pueden pertenecer a seis fusilados durante la Guerra Civil. Además, según testimonios recabados entre los vecinos de Ilúrdoz, en las inmediaciones podría haber otras tres fosas, dos de ellas correspondientes a fusilados durante la guerra, y otra que puede albergar los restos de protagonistas de la trágica huida del monte Ezkaba.

La primera de las excavaciones tuvo lugar el viernes en un terreno particular que se encuentra junto a la carretera que conduce al pueblo de Ilúrdoz, en el valle de Esteríbar. La exploración se inició como resultado del testimonio de un vecino de Ilúrdoz que participó en el entierro de los fusilados en 1936, alrededor del 20 de noviembre, día de Cristo Rey, cuando tenía tan solo 13 años. "Nos había dicho que recuerda que los habían enterrado en esa zona y pedimos permiso al propietario del campo, que también sabía de la existencia de la fosa", declaró Koldo Pla, de la Sociedad Txinparta.

Debido a las fuertes precipitaciones que se registraron durante el viernes, los responsables de la excavación procedieron a cubrir los restos óseos con un toldo blanco para que no sufran ningún daño. Los huesos todavía no han sido exhumados ni analizados y permanecerán así "un par de semanas", a la espera de contar con un equipo de antropólogos completo, señaló Pla.

La identidad de las víctimas todavía es un misterio, ya que no se han encontrado datos ni documentación que acompañe a los cuerpos. El proceso de identificación puede que sea largo, según informó Pla, al ser necesario comprobar los documentos de salida de presos de la cárcel de Pamplona en fechas cercanas a noviembre de 1936 que correspondan a un grupo de seis personas.

Los testimonios recabados entre los vecinos hacen sospechar a Txinparta de la posibilidad de que existan otras tres fosas, dos de ellas de fusilados en la guerra y una con reos huidos durante la fuga de San Cristóbal en 1938. Una de las pistas más fiables apuntaba a la existencia de una fosa con unos diez esqueletos en una finca particular, en el jardín junto a la piscina y la huerta, hasta donde fueron trasladados atados de pies y manos y emparejados, comentó Koldo Pla.

Durante todo el día de ayer, miembros de la sociedad y Aranzadi estuvieron excavando en el terreno bajo la supervisión de la familia propietaria, aunque la investigación se saldó sin éxito, ya que los límites de la finca no existían en el momento del entierro y se sospecha que los restos pueden encontrarse en la finca contigua.

El terreno en el que se realizó la inspección ayer fue comprado hace 30 años y el propietario tuvo conocimiento de que podía haberse producido un enterramiento en la zona, motivo por el cual instaló un pequeño monolito en una de las esquinas del jardín a modo de recuerdo, relató Pla.

La tercera fosa que alberga, supuestamente, restos de fusilados durante la Guerra Civil se encontraría junto a una borda, cuyos propietarios son los mismos que poseen el campo en el que se encontraron los seis esqueletos. Se trata de una "referencia extraña", señaló Pla, ya que los dueños no tenían conocimiento del posible enterramiento, donde se sospecha que puede haber entre diez y doce personas inhumadas.

Nueve personas se suicidan cada día en España; tres por culpa de la crisis

Kaos en la red

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen que en 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi nueve al día. En Euskadi los datos son más recientes, del año pasado, cuando se contabilizaron 179 suicidios, la cifra más alta jamás registrada en la comunidad autónoma.

 

Desde que estalló la crisis se miraba de reojo a la situación económica como posible causa para entender por qué alguien decide poner fin voluntariamente a su existencia. Entre los expertos no hay unanimidad porque entrar en la cabeza de alguien nunca es fácil, y menos en situaciones extremas. Además, en quien toma la fatal decisión de quitarse la vida pueden concurrir todo un abanico de situaciones que le hacen sentir en un callejón sin salida del que quiere escapar a toda costa.

 

Pero hace solo un mes se confirmaron los peores temores: en el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Bilbao se reveló que los problemas económicos son el origen del 32% de los suicidios. De hecho, la crisis se alza como la principal causa, seguida del desamor y los problemas de pareja (25,8%), problemas psiquiátricos (19,1%) y conflictos familiares (11,2%).

 

Ecos de Grecia e Italia

En realidad, a España está llegando la misma ola trágica que ya conocen bien países como Grecia o Italia. En el primero, pionero en sufrir los rigores de la recesión, los suicidios casi se han duplicado entre 2008 y 2011, al pasar de 366 a 598. Sin embargo, fue necesario que un jubilado de 77 años se pegase un tiro hace seis meses en plena plaza Sintagma, el centro de las protestas de los 'indignados' en Atenas, para que las autoridades pusiesen la lupa sobre un drama creciente. En Italia, por su parte, se calcula que un tercio de los 4.000 suicidios conocidos el año pasado tiene su causa inmediata en la precaria situación económica.

 

Ahora, con el ahorcamiento de Granada, la cara más cruel de la crisis se manifiesta en nuestro entorno. Y lo peor es que, si las estadísticas son ciertas, a lo largo del día de hoy otras tres personas se quitarán la vida en España porque no encuentran otra salida para acabar con sus penurias económicas.

Continúa la cruzada del Gobierno contra los trabajadores del sector público

Público
El mismo día que el paro ha superado la barrera del 25%, con el foco puesto en la destrucción de empleo en el sector público –que ha perdido 49.400 trabajadores en los últimos tres meses– el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que autoriza a las empresas, entidades o sociedades en cuyo capital participe de forma mayoritaria el Estado a despedir a su personal laboral alegando las mismas causas de las que se sirven las empresas del sector privado.

La reordenación del mercado de trabajo aprobada el pasado febrero amplió las causas por las que las empresas pueden despedir con 20 días de indemnización por año trabajado (con un tope de 12 mensualidades). A las razones que ya incluía la anterior reforma laboral del Ejecutivo de Zapatero (que introdujo la existencia de pérdidas como motivo de despido objetivo), se añadieron entonces otras como la disminución de ventas o ingresos durante tres trimestres consecutivos.

El real decreto aprobado este viernes desarrolla, por tanto, la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, a la que se incorporaron estos motivos y facilita el despedido de personal laboral al servicio de la Administración. No obstante, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha recordado que esta medida en ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto. 

En el caso de las Administraciones Públicas, también se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.

La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez se refirió a los datos de la EPA. Así, aseguró que, a pesar de los 5,7 millones de parados, hay datos "esperanzadores", como el aumento de trabajadores autónomos (85.000 más) o que la destrucción de empleo venga, sobre todo, por la reducción de la Administración pública. En el sector privado, aclaró la ministra, esta destrucción de puestos de trabajo se está ralentizando. Acto seguido, quiso hacer una aclaración ante la mirada estupefacta de la vicepresidenta en su mesa de portavoz: "Para el Gobierno, son también personas la gente que se va al paro desde el sector público", informa Ana Pardo de Vera.

CCOO ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. La organización que lidera Ignacio Fernández Toxo  considera que al establecer el despido como la única vía de salida que tendrán las administraciones públicas para adaptarse a las dificultades económicas "queda al descubierto" que lo que perseguía el Gobierno en el sector público era hacer el ajuste presupuestario a través de la reducción de personal.

Por su parte, UGT este nuevo reglamento "profundiza" en la ley que aprobó el Gobierno sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que supuso atribuir al empresario facultades "casi absolutas" a la hora de determinar la extinción de los contratos o la reducción de la jornada laboral. Y contribuye a un aumento considerable de la indefensión y desprotección de los trabajadores, al tiempo que no resuelve los problemas de inseguridad jurídica de la citada ley y, además, confirma la eliminación de los controles administrativos y judiciales para proceder al despido.

14-N: huelga general en Portugal

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El mayor sindicato portugués, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista) convocó el miércoles una huelga general, la tercera en 16 meses de Gobierno conservador, el próximo 14 de noviembre. Una fecha señalada ya que los sindicatos españoles estan barajando convocar la huelga general coincidiendo con la portuguesa.

El otro gran sindicato luso, la Unión General de Trabajadores (UGT, vinculado al PS) no se ha pronunciado oficialmente sobre la convocatoria pero su líder Joao Proença, se opuso a su realización en declaraciones a medios lusos, horas antes del anuncio.

La convocatoria de la huelga, contra las medidas de austeridad y los problemas sociales que vive Portugal, sigue a las dos jornadas de manifestaciones multitudinarias celebradas el mes pasado para reclamar un cambio de política al primer ministro, Pedro Passos Coelho.

La divulgación del paro coincidió con las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno luso, que reconoció un “enorme” aumento de impuestos para 2013 con la meta de cumplir con las metas de déficit fiscal exigidas por Bruselas -5 % este año y 4,5 % en el 2013-.

Desde que la crisis de la deuda soberana europea se agudizó en Portugal a finales de 2010, el país ha vivido ya tres huelgas generales, la primera de ellas, el 24 de noviembre de 2010, contra el entonces jefe del Ejecutivo socialista José Sócrates.