prohibición de protestar en edificios públicos

prohibición de protestar en edificios públicos


UPN dice que las protestas contra los recortes "no responden a la realidad social que hay en Navarra"

Barcina considera que es como si ella pusiera en la sede del gobierno "vote a upn"



Los grupos de la oposición de izquierdas rechazan la medida de los regionalistas por ir en contra de la libertad de expresión



elena urabayen - Martes, 6 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 05:10h






Pancarta en el colegio público Virgen Blanca de Huarte.




A pesar del clamor popular que lleva meses latente en la Comunidad Foral en contra de los recortes del Gobierno, UPN valoró ayer que las protestas "no responden a la realidad social que ahora mismo hay en Navarra" para justificar así la orden que prohíbe los mensajes de protesta en los edificios públicos y en la vestimenta de los trabajadores del sector.



pamplona. Así lo defendió el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, pese a que su Gobierno trabaja en minoría. Quien sí tiene mayoría en el Parlamento son los grupos de la oposición, que rechazaron mediante una declaración institucional la orden del Gobierno hecha pública el pasado miércoles.



Adanero criticó la declaración aprobada por el resto de grupos (excepto el PP) y defendió que los servicios públicos "están al servicio de todos los ciudadanos". A su juicio, es una "barbaridad" utilizar los servicios públicos para "hacer cualquier propaganda o crítica al Gobierno" y sostuvo que "si tanto gusta que se pueda decir cualquier cosa, si nos atenemos a las mayorías, nos lo repartimos con la Ley D'Hondt y cada uno pone la publicidad que estime conveniente". "En ese caso a UPN nos tocaría mucho más que al resto para alabar nuestra gestión, seguro que si lo hiciéramos así al resto de grupos no le haría gracia", dijo Adanero.



En los mismos términos se expresó la presidenta, Yolanda Barcina, que, según declaraciones recogidas por Europa Press, apuntó que los edificios públicos son "de todos los navarros" y que "hay que respetarlos institucionalmente". "Igual que un policía no puede hacer publicidad en un uniforme consideramos que los edificios públicos tampoco son un lugar donde de alguna forma no mantener tu neutralidad e imparcialidad. Nunca se me ocurriría poner en el Palacio de Navarra, aunque esté en él, 'vota a UPN", defendió Barcina.



oposición Por contra, los grupos de la oposición consideraron tras la reunión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral que UPN quiere silenciar la protesta porque no está de acuerdo con ella y, además de aprobar la declaración institucional en contra de la orden del Gobierno, anunciaron que seguirán promoviendo iniciativas para paralizar las intenciones del Ejecutivo de acallar la protesta.



El socialista Roberto Jiménez señaló que desde su grupo defienden la libertad de expresión "como un bien jurídico a proteger" y consideró que "las cosas se tienen que hacer con sentido común". "El Gobierno no puede matar moscas a cañonazos", dijo, para agregar que "sería deseable que la libertad de expresión se practique con mesura y sin intentar molestar".



Desde NaBai, Patxi Zabaleta criticó que el Ejecutivo foral "pretende coartar la libertad que se ha ejercicio durante años" y valoró que, con la declaración aprobada, "ha prevalecido el derecho a la libertad de expresión sobre una concepción del orden anticuada y restrictiva".



Por su parte, Maiorga Ramírez, de Bildu, tildó de "inaceptable" la regulación en este tema realizada por el Gobierno y valoró que es "un exponente claro de las convicciones democráticas del Gobierno de UPN, al que le molesta que la ciudadanía pueda expresar su descontento".

Los jueces sortean la dura ley del desahucio con veredictos vanguardistas


Escrito por J. Elola / J. M. Irujo

Martes, 06 de Noviembre de 2012 00:00

Magistrados denuncian usura, abuso y enriquecimiento injusto de los bancos



Una batalla sorda se libra en los juzgados. Sus resultados, en ocasiones, pasan desapercibidos, pero dejan huella. Magistrados que se enfrentan día a día al drama del desahucio bucean en la legislación y aplican fórmulas que evitan que el número de personas que quedan en la calle siga creciendo. Desde 2008 se han ejecutado 350.000 desahucios.

“Me pica la toga”, dice muy gráficamente la juez de Barcelona Gemma Vives. “Yo también soy persona. Hay que resolver conforme a justicia, con equidad y coherencia. No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla”, reivindica. “Tenemos que buscar una salida, medidas cautelares para suspender las ejecuciones, pagos parciales, daciones en pago”, apunta el magistrado de Pamplona José Francisco Cobo. “Los ciudadanos están pagando un dineral para salvar los bancos, no parece justificado que les amparemos dándoles esa tutela que piden”, dice el juez Eduardo Rodríguez Achutegui. En las sentencias y autos, los jueces argumentan que se producen situaciones de “enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas que no difieren mucho de la “usura”. Algunos fallos acusan a los bancos de ser los causantes de la crisis y describen la indefensión del desahuciado.



Navarra

Esta comunidad fue puntera en denunciar el sistema de desahucios. Todo empezó con esta pregunta: Tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela al BBVA por el 50% de su valor de tasación, ¿se puede seguir reclamando la deuda a los afectados? La sección segunda de la Audiencia de Navarra, presidida por José Francisco Cobo, dictó un auto en 2010 donde respondió con un rotundo no, ratificó la decisión de una juez en la que se aplicaba la dación en pago y señaló a los bancos como responsables de la crisis y del drama de miles de familias. Este auto, “histórico” para las asociaciones de afectados, fue rectificado por el propio tribunal cuando el Constitucional validó el proceso de ejecución hipotecaria cuestionado por un juzgado de Sabadell.



Pero, en un auto del pasado 16 de julio, estos magistrados de Navarra vuelven a la carga. El juez Cobo explica su cambio de criterio y asegura que ante la imposibilidad de mantenerlo cómo se han buscado nuevas vías para evitar los abusos de los bancos: “Ahora ofrecemos una vía de solución en base al artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que el ejecutado puede hacer valer a través de un juicio ordinario determinadas causas de oposición”. Entre ellas cita el pago parcial de la cantidad por el enriquecimiento sin causa por el banco ejecutante, la dación en pago necesaria que regula el derecho foral de Navarra, la “increíble” bajada de precios de las viviendas, los excesos en la tasación y el precio por el que se adjudica en subasta. Francisco José Goyena, miembro de la misma sección que Cobo y ponente del “histórico” auto, lo hace en otra resolución reciente sobre una ejecución hipotecaria de Caja Navarra. Y habla de “la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias”. Goyena recuerda las “feroces críticas” que recibió del ámbito financiero.



Girona

Una sentencia de la Audiencia de Girona, del 7 de abril de 2011, dejaba claro que el banco no debe adjudicarse un bien por un precio inferior al de su tasación, obtener un beneficio adicional revendiéndolo a un tercero y, además, seguir persiguiendo al deudor que no podía abonar las cuotas. “La actuación de banco incurre en abuso de derecho”, dice la sentencia, que firma el presidente de la Audiencia, Jaume Masfarré Coll, y es “contraria al principio de buena fe”. La sentencia dejaba sin efecto la ejecución hipotecaria de una vivienda que se tasó en 325.000 euros y que el Deutsche Bank se adjudicó por 162.500. “Se olvida a veces que en la interpretación y aplicación de las leyes los tribunales deben buscar aquella respuesta que, sin contravenirlas, sea más acorde con una decisión justa, que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera”, reza la sentencia.



Torrejón (Madrid)

Un auto del juzgado 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), del 10 de enero de 2012, habla del “enriquecimiento injusto” de Caja Madrid, hoy Bankia, por adjudicarse un inmueble a la mitad de su valor. El magistrado Carmelo Jiménez hablaba de “ejercicio abusivo y antisocial, hacía una descripción de la crisis y la comparaba con el crack de 1929. La aplicación de la regulación, explicaba, “conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación” de la crisis y le permitiría adquirir la vivienda “por un precio irrisorio”. El juez concluía que permitir que el banco reclamase además la deuda al desahuciado era amparar una operación “que no difiere mucho de la usura”.



Elche

Entre las resoluciones imaginativas cabe destacar el auto de la juez Encarnación Aganzo, del juzgado 5 de Elche (Alicante), en el que supeditaba la entrega del inmueble al Banco Popular a que dijera qué uso iba a darle: hasta que no fuera vendido a una tercera persona o arrendado a nuevos propietarios, instaba a que los desahuciados permanecieran en el inmueble pagando un alquiler.



Barcelona

¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? La pregunta la formuló en julio de 2011 el magistrado José María Fernández Seijo en un auto que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cuestión se resolverá antes de navidades, según explica el juez, y puede ser determinante. De ser refrendada, podría declarar el sistema de desahucios español, uno de los más duros de Europa, “ilegal o contrario al derecho comunitario. El juez es taxativo: “Cuando haces la pregunta es porque piensas que el sistema es profundamente injusto”.







“El deudor está en inferioridad”

Gemma Vives dictó un auto en 2011 en el juzgado de Primera Instancia 44 de Barcelona en el que defendió que con la adjudicación en pública subasta del bien hipotecado quedaba saldada la deuda. El banco quería más. Para la juez primó, en cambio, el valor de la tasación y no el de la adjudicación, un 50% menor. La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de revocar su resolución y da la razón a la entidad bancaria.



“La crisis no tiene que perjudicar solo al deudor. ¿Te hubiera dado el banco el dinero que te dio si no valía lo que decía que valía? Entendí que era una situación de privilegio para el banco. El problema es la regulación de las subastas, que favorece a la entidad bancaria. Puse el acento en la propia tasación del banco. Por razones de equidad entiendo que, en esas situaciones, con la entrega de la vivienda vale. La ejecución hipotecaria es legal, pero no es justa. Si una persona pierde su casa, pierde la dignidad, pierde su refugio. Sabemos que un juez no es una ONG, pero tenemos piel”, señala Vives.



La juez, titular hoy del juzgado de Primera Instancia 22 de Barcelona, afirma que el deudor está en inferioridad de condiciones. “Apliqué el artículo 3.1 del Código Civil sobre la equidad: la justicia del caso concreto. Hay que interpretar la ley. Los jueces estamos en el límite, no te lo prohíbe la ley, pero tampoco te lo permite. ¿Qué papel haces? Estamos sometidos a la ley, pero debemos tener sensibilidad con este drama. Debería regularse todo el procedimiento hipotecario”. Vives, doctora en Derecho Civil, cree que su auto, al menos, ha generado debate.



En la imagen superior, varias personas intentan evitar un desahucio en Madrid en 2011. / Samuel Sánchez (EL PAÍS)

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Fuente: El País

#NOSINCULTURA: Manifiesto en defensa de la Cultura

#NOSINCULTURA: Manifiesto en defensa de la Cultura


Unión de Actores



Los recortes en la inversión pública y las medidas antisociales que el Gobierno

ha adoptado en su política cultural son la consecuencia de tres planteamientos

muy corrosivos: la conformidad estratégica con la destrucción de puestos de

trabajo, una idea insustancial de la cultura y un menosprecio alarmante por la

ciudadanía española.

El desempleo es sin duda el problema fundamental de nuestra sociedad. No se

entiende que todas las medidas adoptadas para combatir la crisis económica

que padecemos estén más preocupadas por controlar el déficit y solucionar los

problemas de los bancos que por la creación de puestos de trabajo. Las

reformas laborales impuestas por los gobiernos de José Luis Rodríguez

Zapatero y Mariano Rajoy sólo han servido para facilitar el despido y dañar la

dignidad laboral de los que todavía tienen la suerte de encontrar o conservar un

empleo. Porque el paro, desde la reforma laboral de Zapatero, en Junio de

2010, que era de 3.892.000 personas, ha aumentado en 1.800.000 parados

más, a día de hoy. A los que hay que añadir los cientos de miles de jóvenes

licenciados que la política de recortes de nuestro gobierno ha empujado al

exilio económico en otros países de Europa.



El sector de la cultura supone el 4% del Producto Interior Bruto de España y da

empleo directo a más de 600.000 personas. El desmantelamiento de la

inversión pública y la subida del IVA del 8% al 21 % para los espectáculos

culturales está provocando la paralización del sector, el cierre de empresas y el

despido de muchos trabajadores. Las ayudas económicas a la producción

cultural se han reducido, entre los años 2011 y 2013, un 75 % por parte del

gobierno central y se han suprimido totalmente en la mayoría de ayuntamientos

y autonomías. Los daños se proyectan de manera irreversible hacia el futuro

porque afectan a la formación y las posibilidades de los artistas más jóvenes.

Confundir la cultura con el rostro de algunos nombres famosos significa

desconocer de un modo demagógico la realidad humana, económica y laboral

de la música, el cine, el teatro, la literatura y el arte.

La confusión de la cultura con una idea insustancial del entretenimiento es una

operación neoliberal para separar a los ciudadanos de la educación intelectual

y sentimental, un derecho imprescindible para la formación de las conciencias

críticas. Educación y cultura son el fundamento de un contrato social de

carácter democrático. La Constitución Española, en su artículo 44.1, defiende

la cultura como un bien público que debe ser protegido por el Estado. La

operación de considerar los productos culturales como objetos de lujo y su

abandono posterior a los mecanismo exclusivos del mercado y de los intereses

privados supone un intento elitista de rebajar la educación de la ciudadanía,

impedir su formación colectiva y facilitar un panorama en el que triunfen la

demagogia, los instintos bajos y las manipulaciones mediáticas de los poderes

financieros. Sin la educación de las sensibilidades individuales resultan

imposibles el respeto y las voluntades solidarias que crean los vínculos de una

comunidad. El desprecio a la cultura provoca la incapacidad de comprensión

mutua, porque implica el desmantelamiento del pasado común, la falta de

diálogo en el presente y la cancelación del futuro.



Los ciudadanos holandeses y franceses que compran una entrada de teatro

pagan un máximo del 4,5 % de IVA. Los ciudadanos alemanes, el 7%. Pero su

salario mínimo interprofesional es de 1.445 € al mes, mientras en España es de

641 € mensuales. Y Portugal, un país rescatado e intervenido, y en peor

situación que España, lo mantiene en el 13 %. Que los ciudadanos españoles

tengamos que pagar el 21% es una muestra más del desprecio con el que

somos tratados por un Gobierno que ahoga a su población y obedece las

directrices de la banca alemana y de la política neoliberal impuesta por la

derecha europea.

Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura queremos denunciar esta

situación y unir nuestras fuerzas a todas las personas y las organizaciones que

están luchando por defender la dignidad de los ciudadanos españoles y el

derecho constitucional a un puesto de trabajo. Cada individuo afectado sufre la

crisis en la incertidumbre de su propia soledad. Pero las soluciones nos

esperan allí donde seamos capaces de reunirnos. Por eso nos

comprometemos a movilizarnos de manera colectiva para defender la

democracia, la justicia social y los servicios públicos en nuestro país y en una

Europa diferente.