 Ada Colau lo anunció claramente durante su comparecencia en el Congreso: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se quedaría con los brazos cruzados mientras se tramita la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago y otras medidas relacionadas con los desahucios. La PAH ejercería toda la presión necesaria para que los diputados tomasen conciencia de la espantosa situación que crea para numerosas personas la legislación actual.
Teóricamente, en la cuestión de los desahucios, los distintos gobiernos españoles se limitan a cumplir la ley y, como se cumple la ley, se tapan los ojos ante la violencia que esto supone. Y es que esta ley que no contempla la dación en pago para las personas -aunque sí para las empresas- ha expulsado de su vivienda a más de 400.000 personas y provocado más de 400 suicidios y un sinfín de situaciones de miseria, humillación y sufrimiento. El operativo habitual de desahucio corre fundamentalmente a cargo de agentes de policía y oficiales de juzgado. Estos se presentan ante la vivienda de la persona condenada al desahucio y la presionan por todos los medios para que abandone su domicilio. Todo vale: gritos, amenazas, intimidaciones, golpes, puertas descerrajadas, etc.
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