EL PCE ha remitido una relación de más de 30.000 personas represaliadas por el franquismo, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente o por condenas puestas por consejos de guerra sumarios.
El Partido Comunista de España (PCE) se ha personado como parte querellante en la causa judicial que se sigue en la República Argentina para determinar responsabilidades penales por los crímenes de genocidio y lesa humanidad perpetrados en España por el régimen franquista. Este proceso penal fue iniciado por víctimas del franquismo a consecuencia de la inactividad judicial, y por tanto impunidad, en que han quedado estos crímenes en España, tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cualquier investigación judicial que se siguiera sobre estos hechos criminales en los juzgados españoles, alegando para ello el lamentable y alegal argumento de que la Ley de Amnistía otorgada por el Parlamento en 1978 respecto a los delitos políticos tipificados y perseguidos por Franco, también habría tenido el efecto de amnistiar los delitos contra la humanidad cometidos por el régimen franquista. El Tribunal Supremo obviaba así tanto el concreto contenido de la Ley de Amnistía –que en absoluto establece entre los delitos políticos amnistiables los crímenes cometidos por el franquismo, delitos que nunca habrían sido políticos- como la legislación y jurisprudencia interna e internacional que proscriben y hace jurídicamente inviable cualquier amnistía o indulto respecto a crímenes internacionales como son el genocidio y el delito de lesa humanidad.

