Isaac Rosa / UCR
Al día siguiente de la
huelga, toca cine. De terror, por supuesto. Se ha hecho ya costumbre que
dediquemos el día después de una huelga o manifestación a ver los
cientos de vídeos de brutalidad policial que circulan por las redes
sociales. Y la huelga del 14-N, como esperábamos, ha incorporado varios
títulos a nuestra filmoteca.
La secuencia
del mosso abriéndole la cabeza a un crío en Tarragona, su compañero
rematándolo en el suelo, y un tercero apaleando a una chica por estar
cerca, se convierte en un clásico del género, a la altura de títulos
como “Paliza en el andén del Cercanías”, “Estudiantes apaleados a la
puerta del instituto”, o el popular “A mí no, que soy compañero”, que es
del subgénero comedia tonta.
Nos pasamos vídeos unos a
otros, revisamos fotografías más propias de forense (cabezas abiertas,
espaldas amoratadas, hasta un ojo reventado), y reunimos información
para elaborar el parte de bajas: cuántos heridos, cuántos detenidos,
cuántos periodistas golpeados, cuántos policías infiltrados han sido
pillados.
Empieza a parecernos
rutina, una más de este ciclo de protestas. Y no puede ser, no podemos
normalizarlo. No sé si alguien lleva la cuenta de los apaleados en el
último año y medio (desde el 15-M hasta hoy), los detenidos, los cientos
que han recibido multas, y la cuenta más difícil de hacer: la de los
ciudadanos asustados, que pueden pensar que ir a una manifestación es
demasiado peligroso. Si esto es una democracia, hay que decir basta, o
lo que estará en riesgo no serán ya solo los derechos sociales.
No es la primera vez que un crío acaba con grapas en la cabeza. Tampoco es la primera vez
que una manifestante pierde un ojo: en la huelga anterior hubo otros
dos casos, y también en Barcelona; 23 en toda España desde 1990 por el
uso de un armamento que en otros países está prohibido, y que hace meses
ya mató a un joven en Bilbao.
Cada uno habrá hecho su
propia selección de momentos terribles del pasado miércoles, había para
elegir: porrazos, empujones, patadas en la cabeza del caído, rodillas en
la espalda, cuerpos arrastrados, sin distinguir ni edad ni género, lo
mismo hombres que mujeres, lo mismo ancianos que críos. Todos hemos
sentido miedo en algún momento, en vivo o en diferido, y eso es lo que
buscan: que la próxima vez no vayamos; que cuando la delegada del
Gobierno pronostique incidentes violentos, entendamos que ella nunca se
equivoca; que al día siguiente hablemos de porrazos y no de la huelga.
Una vez más, convertir un problema social en otro de orden público.
Me falta incluir en este
artículo una palabra clave, sin la cual todo lo anterior sería
incomprensible: impunidad. Porque más fácil que contar cuántos heridos y
detenidos ha habido, es contar cuántos policías han sido investigados,
expedientados, suspendidos o juzgados. Ya saben la respuesta.
La misma impunidad que ha
acompañado a las fuerzas policiales en todos estos años de democracia.
Unas veces amparada en la lucha contra el terrorismo, otras en el
silencio cómplice de los compañeros, otras en la flojera de la Justicia,
y en los casos contados en que sí había investigación, juicio y
condena, acudía puntual el gobierno con el indulto. Esa es la historia
de los abusos policiales en España, como denuncian organismos
internacionales y ONGs desde hace años, y que no distingue de cuerpos,
estatales o autonómicos.
¿Hasta dónde va a llegar la
actual escalada represiva? Siendo previsible que el malestar vaya a
más, ¿irá acompañada de una mayor represión? ¿Qué tiene que pasar para
que alguien tome medidas? ¿Pasará como con los desahucios, que hemos
necesitado dos muertos y cuatro años de protestas en la calle para que
los dos grandes partidos y el gobierno se den por enterados y tomen
alguna medida (insuficiente, además)?
No puede ser que tengamos
que esperar un muerto para que alguien dé explicaciones, dimita o sea
investigado, un ministro, un consejero, un mando policial o un agente.
Lo sucedido el miércoles ya debería ser suficiente, debería tener
consecuencias.
Nadie desea un muerto,
sería subir de golpe varios escalones, nos enfrentaría a un escenario
indeseable e imprevisible. Pero deberían saber que están tentando a la
suerte a base de golpear cabezas, disparar bolas desde cerca y lanzar
furgones a la carrera. Cada día después, mientras vemos los vídeos,
pensamos lo mismo: lo raro es que no haya pasado nada más grave. Están a
tiempo de frenar.
Ada Colau lo anunció claramente durante su comparecencia en el Congreso: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se quedaría con los brazos cruzados mientras se tramita la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago y otras medidas relacionadas con los desahucios. La PAH ejercería toda la presión necesaria para que los diputados tomasen conciencia de la espantosa situación que crea para numerosas personas la legislación actual.
