Amnistía Internacional denuncia la violencia policial en el Estado español
Casi todas las denuncias por abusos policiales son archivadas sin apenas investigación. Una campaña de firmas iniciada por la ONG pide al ministro de Interior revertir esta situación de impunidad
España
Félix Povedano Mínguez-Tercera Información
31-10-2012
La ONG Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para denunciar los "abusos policiales" en España, así como para que se tomen medidas encaminadas a garantizar la correcta identificación de los agentes uniformados.
La organización asegura que, en numerosas ocasiones, "funcionarios de la Policía han golpeado reiteradamente a personas que se manifestaban de manera pacífica en protesta por los recortes, incluso en cabeza y cuello, con graves lesiones como resultado.
Pese a la gravedad de estos hechos, Amnistía Internacional se queja de la "falta de investigaciones efectivas", de forma que, en muchos casos, las denuncias quedan archivadas "sin apenas investigación", mientras que en otras ocasiones ni siquiera se inicia indagación alguna.
Una de las razones de que esto ocurra es la ausencia de identificación de los agentes en sus uniformes, lo cual facilita la comisión de todo tipo de abusos policiales, como los que se denunciaron durante la jornada de protesta frente al Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre, cuando Madrid fue tomado por 1.300 agentes de policía.
Además de la dificultad de identificar a los policías por su uniforme, "los abusos" de los antidisturbios y el archivo de la mayoría de los casos, Amnistía Internacional denuncia que buena parte de esta violencia se realiza, al menos en España, Grecia y Rumanía, con armas de fuego u otro tipo de materiales, como pelotas de goma y gases lacrimógenos.
Con el fin de que "se inicie una investigación exhaustiva e imparcial sobre todos estos hechos", la ONG está impulsando una recogida de firmas dirigida al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
[Foto portada: Sabidondo
1 de noviembre de 2012
Gallardón eliminará la inmunidad penal a partidos políticos y sindicatos
Diariocrítico/Agencias 31/10/2012
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este miércoles que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas.
De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.
Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición.
Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios.
La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia.
En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad".
Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados.
Sin embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma.
Por eso ha insistido en que no se puede impedir el derecho de representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma "torticera".
"No puede ser que vivamos en un país en el que el reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", ha añadido el ministro.
Para hacer esta reforma, ha advertido, habrá que estar "muy atentos" a la doctrina que ha dictado el Tribunal Constitucional y a los límites que marca en este sentido.
Además ha recordado que en la ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso se modifica la ley electoral para introducir como causa de "inelegibilidad" no sólo cuando hay sanciones penales, sino también administrativas.
Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas.
Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado.
"Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde". Antes, la portavoz de UPyD ha defendido sus propuestas para "frenar la lacra" de la corrupción. Aunque ha subrayado que la mayoría de los políticos son "honestos, sacrificados, altruistas y generosos", Díez ha reconocido que los partidos "no están tomando decisiones necesarias para separar el trigo de la paja y para que ni una sola manzana podrida estropee el resto".
Diariocrítico/Agencias 31/10/2012
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este miércoles que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas.
De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.
Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición.
Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios.
La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia.
En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad".
Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados.
Sin embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma.
Por eso ha insistido en que no se puede impedir el derecho de representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma "torticera".
"No puede ser que vivamos en un país en el que el reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", ha añadido el ministro.
Para hacer esta reforma, ha advertido, habrá que estar "muy atentos" a la doctrina que ha dictado el Tribunal Constitucional y a los límites que marca en este sentido.
Además ha recordado que en la ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso se modifica la ley electoral para introducir como causa de "inelegibilidad" no sólo cuando hay sanciones penales, sino también administrativas.
Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas.
Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado.
"Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde". Antes, la portavoz de UPyD ha defendido sus propuestas para "frenar la lacra" de la corrupción. Aunque ha subrayado que la mayoría de los políticos son "honestos, sacrificados, altruistas y generosos", Díez ha reconocido que los partidos "no están tomando decisiones necesarias para separar el trigo de la paja y para que ni una sola manzana podrida estropee el resto".
'Funeral' en Pamplona por la muerte del empleo y los derechos sociales
La marcha fúnebre, en su trayecto por las calles del Casco Viejo de Pamplona. (@uloren / Ujué Lorente )
Asamblea de parados de Pamplona
'Funeral' en Pamplona por la muerte del empleo y los derechos sociales
Los convocantes de la marcha llaman a los ciudadanos a "rebelarse, pelear y luchar", "las únicas herramientas que pueden hacer que vuelvan tanto los derechos sociales, como el empleo"
EP - Jueves, 1 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 12:48h
Varias decenas de personas, convocadas por la Asamblea de parados de la Comarca de Pamplona, han asistido este jueves a un velatorio y una marcha fúnebre por las calles del Casco Viejo de Pamplona por "la muerte del empleo y los derechos sociales", con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos.
PAMPLONA. En primer lugar, los asistentes han celebrado un velatorio en la calle Mercaderes de la capital navarra, donde han depositado velas y flores a dos tumbas en las que se podía leer 'R.I.P. Empleo' y 'Derechos sociales'. Posteriormente, han llevado a cabo una marcha fúnebre por varias calles del Casco Antiguo de Pamplona.
Durante este acto, el portavoz de la Asamblea de parados de la Comarca de Pamplona, Israel González, ha explicado que el objetivo de este acto es realizar "un homenaje a dos compañeros ausentes en la Comunidad foral, los derechos sociales y el empleo".
González ha criticado que "con las medidas que se están aplicando y con la crisis económica, es evidente que esos dos compañeros no van a regresar si no hay un cambio profundo de sistema, si no hay unas nuevas medidas que generen empleo, y si no hay marcha atrás a las medidas adoptadas en Navarra por parte del Gobierno de UPN y del PSN cuando formaba parte del Ejecutivo".
Así, se ha referido a la nueva ley de Renta Básica, que "ha dejado a miles de personas sin cobrar". Asimismo, ha censurado "los retrasos en cobros de personas que sí tienen derecho a la prestación" y ha añadido que "otro tipo de prestaciones, como las de desempleo, se están tardando muchísimo tiempo en recibir actualmente".
Finalmente, González ha llamado a las personas a "rebelarse, pelear y luchar", ya que, a su juicio, "son las únicas herramientas que pueden hacer que vuelvan tanto los derechos sociales, como el empleo".
Fuente: Diario de Noticias de Navarra
'Funeral' en Pamplona por la muerte del empleo y los derechos sociales
Los convocantes de la marcha llaman a los ciudadanos a "rebelarse, pelear y luchar", "las únicas herramientas que pueden hacer que vuelvan tanto los derechos sociales, como el empleo"
EP - Jueves, 1 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 12:48h
Varias decenas de personas, convocadas por la Asamblea de parados de la Comarca de Pamplona, han asistido este jueves a un velatorio y una marcha fúnebre por las calles del Casco Viejo de Pamplona por "la muerte del empleo y los derechos sociales", con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos.
PAMPLONA. En primer lugar, los asistentes han celebrado un velatorio en la calle Mercaderes de la capital navarra, donde han depositado velas y flores a dos tumbas en las que se podía leer 'R.I.P. Empleo' y 'Derechos sociales'. Posteriormente, han llevado a cabo una marcha fúnebre por varias calles del Casco Antiguo de Pamplona.
Durante este acto, el portavoz de la Asamblea de parados de la Comarca de Pamplona, Israel González, ha explicado que el objetivo de este acto es realizar "un homenaje a dos compañeros ausentes en la Comunidad foral, los derechos sociales y el empleo".
González ha criticado que "con las medidas que se están aplicando y con la crisis económica, es evidente que esos dos compañeros no van a regresar si no hay un cambio profundo de sistema, si no hay unas nuevas medidas que generen empleo, y si no hay marcha atrás a las medidas adoptadas en Navarra por parte del Gobierno de UPN y del PSN cuando formaba parte del Ejecutivo".
Así, se ha referido a la nueva ley de Renta Básica, que "ha dejado a miles de personas sin cobrar". Asimismo, ha censurado "los retrasos en cobros de personas que sí tienen derecho a la prestación" y ha añadido que "otro tipo de prestaciones, como las de desempleo, se están tardando muchísimo tiempo en recibir actualmente".
Finalmente, González ha llamado a las personas a "rebelarse, pelear y luchar", ya que, a su juicio, "son las únicas herramientas que pueden hacer que vuelvan tanto los derechos sociales, como el empleo".
Fuente: Diario de Noticias de Navarra
La estafa de la deuda pública
La estafa de la deuda pública
Escrito por Vicenç Navarro
Jueves, 01 de Noviembre de 2012 05:28
Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual.
Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.
La gran estafa
El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.
La causa real del crecimiento de la deuda
La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.
Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).
Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.
Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).
Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.
El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.
Las injusticias del sistema actual
El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU).
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Fuente: Público
Escrito por Vicenç Navarro
Jueves, 01 de Noviembre de 2012 05:28
Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual.
Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.
La gran estafa
El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.
La causa real del crecimiento de la deuda
La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.
Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).
Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.
Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).
Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.
El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.
Las injusticias del sistema actual
El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU).
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Fuente: Público
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