29-S: La mayor movilización obrera en Europa desde los inicios de la crisis

HUELGUISTAS: 71,3%; ‘LOS OTROS’: 28,7%
La calle ha hablado: la gran mayoría de los trabajadores españoles ejerció su derecho a parar la actividad y la producción en todo el país durante la jornada de Huelga General convocada por los sindicatos de clase el 29 de septiembre contra la Reforma Laboral del Gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), una reforma que supone la mayor agresión a los derechos de la clase obrera desde los inicios de la Transición de la dictadura franquista al régimen actual

29-S: Consumo de energía en España equivalente al de un día festivo

Según fuentes sindicales, cuyas cifras reproduce el diario progubernamental de derecha moderada El País, el porcentaje de trabajadores que no habían asistido a su puesto de trabajo a las 12:00 del mediodía ha alcanzado el porcentaje del 71,3%. Aunque este mismo diario habla de “Huelga moderada” en uno de los titulares de su edición en línea, al mismo tiempo reconoce que los datos de consumo de energía en España durante la jornada del 29-S descendieron al nivel de un día festivo, así como el tráfico en el centro de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Fuentes gubernamentales citadas por este mismo diario reconocen que el 29-S ha demostrado que “los sindicatos no han perdido un ápice de fuerza”. Las webs de la mayoría del resto de la prensa de tirada nacional, políticamente más escorada aún a la derecha que El País y que ni siquiera pudieron llegar a unos quioscos de prensa cerrados y con unos distribuidores en huelga hablan de “fracaso de la huelga” a la vez que, de forma un tanto contradictoria, achacan unánime y recurrentemente el paro de los operarios a la “violencia de los piquetes sindicales” que —según ellos— impidieron a los trabajadores “ejercer su derecho a trabajar” el día de la Huelga. La única excepción en los titulares de la prensa de tirada nacional ha sido la del diario madrileño Público, que titula hoy: “La industria para, la calle se mueve”.


Mientras los sindicatos de clase convocantes (CCOO, UGT y CGT) afirman que la jornada “ha sido todo un éxito” que debería obligar al gobierno a rectificar sus medidas antiobreras y antisociales, para la principal organización patronal, la CEOE, la huelga “ha sido un fracaso” y la jornada transcurrió con “total normalidad”. En flagrante contradicción con estos categóricos supuestos, el propio presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, afirmó que el paro lo van a pagar todos los españoles y “va a ser muy malo para España”. En declaraciones a la cadena de radio Onda Cero, el jefe de los grandes patronos afirmó que la huelga es “inoportuna, inútil y muy lesiva para los intereses de todos los españoles”.
Seguimiento mayoritario

El seguimiento de la huelga ha sido mayoritario en casi todos los sectores de la economía, pero especialmente en la industria (95%… en el sector metalúrgico ni una sola fábrica de automóviles ha producido un solo coche el 29-S); la construcción (90%); agricultura, ganadería y pesca (83%… buena parte de la importante flota pesquera española no faenó el día anterior y el 29-S no hubo pescado en unas lonjas cerradas en toda Andalucía, por ejemplo); educación pública (más del 80% en las universidades); transporte (82%, a pesar de que se han cumplido el 98% de los servicios mínimos pactados por Gobierno, CCOO y UGT), con unos más que destacables 97% de huelguistas en el sector ferroviario y 98% en el sector aéreo; y servicios como la limpieza (96%) o Correos (90%).

Nosotros mismos hemos podido comprobar con nuestros propios ojos que avenidas como el Paseo de la Castellana o la de la Albufera en Madrid, habitualmente copadas por el tráfico, amanecieron la jornada del 29-S con escasos automóviles circulando, ningún autobús municipal a la vista y con sus paradas vacías en plena “hora punta” de un día laborable (de 07:00 a 09:00 de la mañana). El tráfico de personas por las aceras era muy escaso, a excepción de los piquetes sindicales. Las estaciones de Metro o de trenes de cercanías, aunque permanecían abiertas por exigencia de unos servicios mínimos abusivos dictados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP), estaban prácticamente desiertas de viajeros.

Aunque en el sector del comercio el seguimiento de la huelga ha sido desigual, en los distritos del sur de Madrid pudimos constatar que la inmensa mayoría de las tiendas tenían las persianas metálicas abatidas y con candado al mediodía, muchas de ellas con carteles explicando el motivo del cierre a sus clientes. Todos y cada uno de los cientos de comercios y centros de distribución de mercancías pertenecientes a la influyente comunidad de la República Popular China en Madrid decidieron unánimemente parar su actividad y cerrar durante estas 24 horas. Los macrocentros de abastecimiento de las dos grandes metrópolis españolas —Mercabarna (Barcelona) y Mercamadrid (el mayor de Europa)— no pudieron realizar su habitual distribución de alimentos en las primeras horas de la madrugada. A partir de las 03:30 enormes colas con centenares de camiones copaban las autovías de acceso cercanas a un Mercamadrid cuyas puertas estaban cerradas; más de un millar de activistas sindicales (en su mayoría del propio centro) permanecían vigilantes en los accesos. Las fuerzas policiales, unas decenas de efectivos, rendidas ante la evidencia de los números y el despliegue de fuerza de los sindicatos, se limitaron en este caso a desviar el tráfico de mercancías ante la imposibilidad de que éste accediera a los muelles de descarga y evitar así un caos circulatorio. A pesar de ello, la autovía de cincunvalación de la metrópolis madrileña M-40 acabó colapsada de camiones con matrícula española, francesa, marroquí y de otros países de nuestro entorno durante la madrugada y buena parte de la mañana.
‘Cómo está el servicio’

La principal corporación de radio y TV en España, la pública RTVE, sólo emitió informativos —dedicados en su mayor parte a la huelga— y suspendió su programación habitual con documentales y películas… Cómo está el servicio, película cómica española de los años 70 con un título muy descriptivo, fue una de ellas. Cadenas autonómicas de TV como Telemadrid o Canal Sur (Andalucía) se vieron obligadas a emitir una imagen fija que anunciaba que las emisiones habían sido suspendidas debido a la huelga.

A pesar de que la huelga ha sido indudablemente masiva, se han registrado pocos incidentes violentos a lo largo de la jornada con la excepción de algunos atropellos a sindicalistas a las puertas de centros de trabajo, como es el caso de la rotativa del diario ultraderechista La Razón, donde una furgoneta embistió a un piquete. A resultas de este acto de violencia criminal de un esquirol, una trabajadora de 50 años permanece hospitalizada en estado grave o con pronóstico reservado, según las fuentes, con traumatismo craneal. [Actualización: En un acrobático ejercicio de cinismo nauseabundo muy propio de la extrema derecha nazi-fascista, el diario La Razón abría el 30 de septiembre su edición en primera página con el titular "La huelga borroka", en referencia al conocido término en euskera utilizado para definir la lucha callejera violenta].

Por otra parte, la policía efectuó hasta siete disparos de fuego real al aire en la factoría aeronáutica CASA (al Sur de Madrid) con la intención, suponemos, de amedrentar o dispersar a los piquetes de sindicalistas del Metal, que permanecieron en sus posiciones a pesar de ello. En la Universidad de Sevilla, una pequeña batalla campal enfrentó a profesores, personal administrativo y alumnos huelguistas con fuerzas antidusturbios cuando aquéllos increpaban a los escasos profesores y personal sumiso de este centro educativo que se internaban en las aulas vacías de esta universidad sevillana. Un policía y alrededor de una decena de alumnos resultaron contusionados. En centros industriales de Galicia (Vigo) y Asturias (Gijón) también se registraron algunas cargas policiales violentas de las fuerzas represivas del Estado.
La izquierda política y parlamentaria, con la Huelga General

Si bien la totalidad del movimiento sindical de clase ha protagonizado esta convocatoria unitaria, las únicas fuerzas políticas que la han apoyado han sido las de la izquierda y el centro-izquierda parlamentarios (Izquierda Unida (IU)-ICV, los catalanistas republicanos de ERC y los nacionalistas de izquierda gallegos del BNG), cuyos diputados no asistieron a la sesión del Congreso el 29-S. Aunque la Presidencia de la Cámara ha afirmado que no se les descontará el salario de la jornada a estos parlamentarios (según establece la Ley), ellos mismos han declarado que donarán la cantidad correspondiente a causas obreras y sociales. El Partido Comunista de España (mayoritario en la coalición IU) ha sido el único partido de ámbito nacional con militancia y organización relevantes que ha apoyado esta Huelga General en la que han participado siete de cada diez trabajadores. El partido de Dolores Ibárruri, de Pablo Picasso y de Miguel Hernández puso a disposición de los piquetes unitarios y ciudadanos locales su amplia red de sedes desde la 00:00 horas como centros logísticos y de reunión. Incontables organizaciones y centros sociales y culturales, entidades ciudadanas, gremiales o vecinales, organizaciones juveniles y otros grupos ecologistas o izquierdistas de diversa condición han apoyado y participado igualmente, en la medida de sus fuerzas, en el apoyo y desarrollo de esta convocatoria sindical.
La ‘excepción’ sindical nacionalista vasca: trabajar el día de la Huelga

Para terminar este repaso diremos, en honor a la verdad, que la cifra de huelguistas ha sido menor en el País Vasco debido a que los sindicatos nacionalistas ELA-STV (cercano al PNV) y LAB (autodenominados “izquierda abertzale”) no han apoyado esta jornada de lucha convocada por los principales sindicatos de clase —las mayoritarias Comisiones Obreras (CCOO, de fundación comunista e integrada por comunistas, socialistas e independientes), la segunda fuerza sindical UGT (sindicato socialista con una fuerza similar a la de CCOO) y el tercer sindicato de ámbito nacional CGT (más minoritario que los anteriores e integrado por anarcosindicalistas y comunistas libertarios). También organizaciones de ámbito de nacionalidad, como el gallego CIG, la Intersindical de Cantabria y sindicatos agrarios o de trabajadores del campo en Andalucía y Galicia (SAT, CUT, Sindicato Labrego, etc…) apoyaron la convocatoria común contra unas medidas gubernamentales que a todos afectan por igual. En el caso del País Vasco, a pesar de que tanto CCOO como CGT apoyaron en su momento la jornada de lucha contra la reforma laboral limitada a sus efectos sobre Euskal Herria —convocada por los sindicatos nacionalistas el pasado 29 de junio y circunscrita a los territorios del País Vasco y Navarra—, no ha habido justa correspondencia de los nacionalistas el 29-S y buena parte de sus afiliados han trabajado el día de la Huelga, formando parte de ese 28,7% de “los otros” al que nos referíamos al inicio de este texto, lo que sin duda ha incidido negativamente en los datos globales de participación. [N. de CF: párrafo actualizado con aportaciones de nuestros lectores].
El colofón: masivas manifestaciones

El colofón de la jornada del 29-S ha sido la celebración de masivas manifestaciones en la mayoría de las ciudades. La más destacable en cuanto a participación ha sido la de Madrid, en la que alrededor de medio millón de trabajadores participaron a pesar de las serias dificultades que entrañaba acceder en transporte público al lugar de la convocatoria. En épocas recientes, sólo las movilizaciones contra Aznar, Bush y la guerra de Iraq en 2003 han superado esta cifra de asistencia en la capital española (si nos atenemos a la realidad y no a las “alegres” cifras de asistencia que vienen siendo habituales en otras convocatorias de todo tipo).

La Huelga General del 29-S ha sido un rotundo éxito del movimiento sindical de clase digan lo que digan la mayoría de los medios —controlados, manipulados y censurados por aquéllos que desde el primer momento se posicionaron en contra de la convocatoria o a favor de la Reforma Laboral (la Banca, la patronal CEOE, PSOE, PP, etc.). Ahora la palabra la tiene el gobierno (o los que gobiernan sobre él). Si no rectifican, la voz y la acción de la calle debe seguir manifestándose tras esta jornada del 29-S, que ha pasado a ser la mayor movilización de la clase obrera en Europa desde que se iniciara esta crisis tras el ejemplo pionero de las grandes movilizaciones anticapitalistas y sindicales en Grecia, Italia y Francia.

Texto: Paco Arnau / Ciudad futura

Intentona en Ecuador

Alfredo Serrano y Alberto Montero
Público




Afortunadamente, el intento de golpe de Estado contra el presidente Correa ha quedado en un susto del que los ecuatorianos tardarán en recuperarse y que seguramente dejará una marcada impronta sobre la futura gestión de su Gobierno.

Una impronta que puede que se asemeje a la que en su momento tuvieron sobre el presidente Chávez circunstancias similares a las que acontecieron anteayer en Ecuador y que no hacen sino desvelar, de una vez por todas, los intereses en juego y los ánimos de preservarlos hasta sus últimas consecuencias. En aquella tesitura, el presidente venezolano entendió que, o el proyecto de transformación social que en esos momentos se iniciaba concitaba el respaldo firme de las clases populares (y para ello había que gobernar abiertamente a su favor), o su suerte estaba echada.

Lo ocurrido en Ecuador es, mutatis mutandi, la expresión de algo similar y, previsiblemente, tendrá consecuencias, como en Venezuela las tuvo. La erradicación de privilegios nunca es del agrado de los agraviados y rápidamente concita la solidaridad de los que piensan que los suyos pueden ser los siguientes en desaparecer.

No otra puede ser la explicación de que, paradójicamente, la excusa para un intento de golpe de Estado haya sido la discusión de una ley orgánica que garantiza y mejora los servicios públicos y equipara las condiciones salariales para los funcionarios en un país como Ecuador al que el neoliberalismo no sólo desposeyó de su moneda, sino que también desmanteló su sector público.

Esa ley introducía dos puntos problemáticos desde el punto de vista de los privilegios adquiridos.

Por un lado, la discusión en torno al pago de las indemnizaciones a las que los funcionarios públicos tienen derecho al jubilarse. Frente a la tendencia europea hacia el endurecimiento de las condiciones para el acceso a este derecho, la propuesta del Gobierno ecuatoriano no implicaba ningún tipo de privatización, no ampliaba el número de años de cotización necesarios para percibirla y ni siquiera reducía su cuantía; es más, la incrementaba. Lo que hacía era introducir un elemento novedoso para su pago ante la posibilidad de que el Estado, ante una coyuntura fiscal difícil y como consecuencia de un elevado número de indemnizaciones que pagar en un año, tuviera dificultades de liquidez para afrontarlas. A tal efecto se establecía que el pago, en un porcentaje no superior al 50% de la indemnización, se haría en bonos del Estado y sólo para el colectivo que se encontrara entre los 65 y los 69 años; a partir de los 70 se pagaría en efectivo. Y, por otro lado –y aquí se encuentra la madre del cordero de la revuelta policial–, la ley planteaba una ruptura con la lógica salarial neoliberal de suplementar un salario base muy reducido con una serie de complementos de productividad cuya asignación, en muchos casos, era absolutamente arbitraria y generadora de servilismos y corrupción. De esta forma, la propuesta gubernamental, planteaba la supresión de esos complementos y, en compensación, la elevación del salario base. Salario que, por otra parte, resulta determinante de cara a la determinación de la cuantía de la prestación por jubilación. Es decir, planteaba un sistema de remuneraciones más justo y equitativo para todos los servidores públicos.

La revuelta se produjo, entonces, como consecuencia de que, en función de las capacidades colegislativas atribuidas constitucionalmente al presidente de la República, este introdujo un veto a la ley salida de la Asamblea. Esta ley asumía la propuesta gubernamental, pero introducía una excepción para los cuerpos de seguridad del Estado, la cual fue eliminada por el veto presidencial. La consecuencia es ya conocida. En algunas latitudes, la democracia paga un peaje mucho más caro que en otras por apostar a un cambio en el régimen de acumulación económico. La decisión de Correa constituyó el detonante de una revuelta policial a la que acabaron sumándose sectores sociales que, bien por los privilegios que tratan de defender y que ven en esa medida el anticipo de lo que les puede suceder, o bien por las relaciones conflictivas que mantienen con el presidente –como es el caso de algunos sectores indígenas– encontraron en la revuelta una vía de vehiculizar su protesta por medios no democráticos. La ola de apoyos a la revuelta policial se extendió, así, entre los partidarios de ex presidente Lucio Gutiérrez, los indígenas de Pachakutik o la oposición de Guayaquil comandada por Jaime Nebot y Carlos Vera. Queda para la especulación contrafáctica el adivinar qué hubiera podido ocurrir si, al calor de la asonada, la situación se hubiera descontrolado. En cualquier caso, y con independencia de si fue o no un golpe de Estado o un río revuelto del que muchos pescadores trataron de extraer ganancias, lo realmente relevante ahora son las consecuencias de este hecho. Como ocurrió con Chávez en su momento, es el momento de que Rafael Correa y su Gobierno asuman firmemente que su proyecto de transformación social y económica sólo puede avanzar seguro si va indefectiblemente de la mano de las clases populares y de los pueblos indígenas que originalmente lo han respaldado y que ahora se encuentran algo distanciados. Porque cuando se pretende que la economía esté dominada por el principio constitucional del Buen Vivir para el conjunto de la población y, en especial, para las clases tradicionalmente excluidas, lo primero que se debe asumir es que sólo puede lograrse a cambio de que algunos dejen de vivir tan bien como venían haciéndolo. No hay otro camino ni otros aliados para ese viaje.
Alfredo Serrano y Alberto Montero son miembros de la Fundación CEPS

Los pasos de cada jueves en la puerta del Sol contra la impunidad de los crímenes del franquismo

Escrito por UCR
Domingo, 26 de Septiembre de 2010 16:23
Los pasos de cada jueves en la puerta del Sol contra la impunidad de los crímenes del franquismo
Desde hace muchas semanas, cada jueves de ocho a nueve de la tarde, familiares y simpatizantes de las víctimas del franquismo se concentran en la Puerta del Sol, a la manera de la protesta semanal de las madres de Mayo argentinas. Una acción que apenas tiene visibilidad mediática, pues ahora no hay garzones ni lorcas con que llenar noticias. Y pese a esa invisibilidad, cientos de personas se suman cada jueves.

Estas son imágenes del pasado jueves 19 de agosto tomadas en la puerta del Sol y en la plaza de Santa Ana. TODOS los Jueves de 20.00 a 21.00 h. MANIFESTACIóN en la Puerta del Sol contra los asesinatos franquistas.‏

Desde fuera puede dar la impresión de que la lucha contra la impunidad funciona a tirones, al ritmo de las grandes noticias: la mal llamada Ley de la Memoria, la actuación de Garzón y su posterior procesamiento, la búsqueda de Lorca, la denuncia en Argentina, el debate sobre la Ley de Amnistía, el levantamiento de fosas comunes… Sin embargo, eso es sólo visibilidad mediática, momentos en que se enciende un gran foco, que a veces ilumina pero también puede deslumbrar, como un fogonazo que te impide ver bien lo que está pasando, y luego te deja de repente a oscuras.

El resto del tiempo continúan los esfuerzos para enterrar dignamente, homenajear y hacer justicia a los represaliados de la dictadura, pero con otra luz, una iluminación propia, más constante que esos grandes focos, más cálida, que no deslumbra y sí ilumina, llevando luz a las muchas zonas de sombra de la dictadura, pero también de la democracia.

Si alguien creía que el paso del tiempo, con la muerte de los últimos supervivientes y la distancia histórica de los hechos, acabaría fundiendo esa luz, o dejándola en una llama testimonial que ni quema ni alumbra, ha ocurrido lo contrario: cada vez se unen más ciudadanos –y más jóvenes-, y
cuanto más tiempo pasa y más lejos quedan la guerra y la dictadura, más motivos hay para exigir verdad, justicia y reparación, pues más larga es la afrenta.

CONTRA LA IMPUNIDAD
CONCENTRACIÓN-MANIFESTACIÓN
TODOS los Jueves de 20.00 a 21.00 h.
En la Puerta del Sol (Madrid)
Contra los ASESINATOS franquistas

Los sindicatos convocan decenas de manifestaciones el día de la Huelga General

En Pamplona a las 11.30 en la antigúa Estación de Autobuses

Más de 100 manifestaciones y/o concetraciones tendrán lugar en todo el territorio nacional organizadas por los sindicatos convocantes de la Huelga General, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Según Comisiones Obreras la huelga y estás movilizaciones han sido convocadas "para rechazar la política laboral y económica del Gobierno", que ha tenido su máxima expresión en la elaboración y aprobación de la Reforma Laboral, además de la subida de la edad para jubilarse hasta los 67 años.

Las manifestaciones y concentraciones tendrán lugar durante el próximo miércoles 29 de septiembre, día de la Huelga General, y se desarrollarán por las principales ciudades del país. Toda la información sobre las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT pueden verse aquí.

Otros sindicatos que también han secundado la convocatoria de la Huelga General pero desvinculándose de CCOO y UGT, como es el caso de la Confederación General del Trabajo (CGT), han convocado manifestaciones a parte de la de los sindicatos mayoritarios. Se pueden consultar las movilizaciones en las que participa la CGT en la web que los anarcosindicalistas han hecho expresamente para la jornada del 29 de septiembre

Manifiesto de UCR en apoyo a la Huelga General del 29 de septiembre de 2010

Ciudadanos, ciudadanas: como asociación republicana de nivel estatal, UCR, con todos sus medios, apoya y va a la Huelga General el día 29. Llamamos a participar activamente en ella. Como republicanos, como demócratas, no es sólo que nos identifiquemos con el Mundo del Trabajo: es que somos, históricamente, parte de él. Compatibilizamos nuestra irrenunciable aspiración a la III República, con nuestra militancia en las organizaciones, partidos, sindicatos... de la clase trabajadora. Formamos parte de ella.

Y no es casual: la República, en su verdadera concepción –Estado democrático, participativo, laico, plural y solidario; firme en la defensa de la Paz y de lo público-, la República –decíamos- es la vía insoslayable para garantizar plenamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la igualdad y la cohesión social de este país. Cada vez es más evidente: nada cambiará hacia mejor si no cambia antes el Estado en esa clave republicana.

Ya vemos lo que el sistema monárquico da de sí. Seguir sus reglas y la de los poderes económicos que lo amparan, implica, antes o después, y más allá de los Gobiernos de turno, lo que ahora enfrentamos: ajustes brutales, recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores, saqueo y desmantelamiento de cuanto es de todos, precariedad. La Monarquía impuesta por el genocida Francisco Franco en 1969 como fórmula para perpetuar el poder de las oligarquías que sustentaban su dictadura, es ya un régimen agotado. A pesar de blanquearse en 1978 (pero sin someterse jamás a referéndum), aceptar su lógica antidemocrática conduce, indefectiblemente, a medidas como las que hoy pretenden aplicarnos; medidas que no sirven en modo alguno para crear empleo digno de tal nombre, desregulan el Mercado Laboral y dinamitan la Negociación Colectiva, poniendo en entredicho el sistema público de pensiones. En definitiva, abocándonos a una tercermundización laboral, como dicen literalmente – y dicen bien- las centrales sindicales. Pero, ¿qué cabe esperar de un sistema, un Estado, cuya Jefatura es propiedad privada de una familia, y su patriarca un especulador multimillonario que no paga impuestos? He aquí una pregunta clave. Planteémonosla seriamente. Un sistema injusto y corrupto desde su cúspide es un sistema que, por fuerza, va a ser injusto y corrupto a todos los niveles. Jamás podrá servir a los intereses generales de la población y es freno para los derechos de los trabajadores asalariados y pequeños y medianos autónomos. Un freno –la Monarquía- para el desarrollo de nuestro país.

Pero hay solución. Una solución -como es el problema- integral: la República. La III República. Porque España fue –y nos la robaron- una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia (Artículo 1º de la Constitución Española de 1931) donde toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a la economía nacional (Artículo 44) y la enseñanza será laica, hará del trabajo su eje de actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana (Artículo 48) ¡Esto fue España, no lo olvidemos nunca por más que algunos lo pretendan! Eso fue: una República donde se respetaban los derechos de la ciudadanía, existía separación Estado-Iglesia, y no se malgastaba el dinero público.

Por ello, las mismas fuerzas que, en la sombra, impulsan y bendicen las medidas contra los trabajadores, quieren también sepultar la Memoria Histórica de nuestro país. Ved al juez Garzón, linchado por investigar los crímenes del franquismo. Vedlo. Todo está conectado. La Memoria del sistema más justo y democrático que ha tenido España jamás, la II República, no es cosa del pasado: es presente y es futuro. Es Ejemplo. Por eso la temen tanto algunos: son conscientes de que quienes yacen, a decenas de miles, enterrados en las cunetas, están ahí por defender las mismas cosas que nosotros este 29 de septiembre, el 1º de Mayo, el 14 de Abril... Por defender lo mismo. Y su Verdad, su Justicia y su Reparación, es también la nuestra; nuestro pleno empleo y estable, nuestras 35 horas, nuestros Derechos Sociales (vivienda, educación, sanidad...) exigibles por Ley, nuestras pensiones, nuestra participación democrática en la Economía y las empresas, según un modelo sostenible social y medioambientalmente, con fiscalidad progresiva de verdad y fuerte sector público, empezando por una banca. Eso queremos, eso hace falta. Y eso -desengáñese quien aún esté engañado- no lo vamos a tener jamás, independientemente de los Gobiernos, con este régimen monárquico. Jamás.

Con él, estamos siempre condenados de antemano. Administramos siempre la derrota: autónomos, trabajadores, sindicatos… La Constitución monárquica de 1978 tiene trampa; es un tablero trucado donde ganan siempre los mismos. Es inútil seguir jugando en él. Hace falta un nuevo tablero, un nuevo marco, con reglas justas: la República. Es nuestro Derecho. El derecho de la ciudadanía a Decidir. Nadie que se llame demócrata puede negárnoslo ¿Quién va a decir ahora que “no es el momento”, que “no es prioritario” y ahora “no toca”? ¿Quién? Vedlo también. Todo está conectado. Desconfíese de quien pretenda desligar el republicanismo de la realidad social, cultural, política y nacional de este país, presentándolo como algo exótico. Es algo prioritario. La cuestión republicana es esencial para España. Recalquemos, de nuevo, esta verdad fundamental: nada cambiará hasta que no cambie la forma de Estado.

Por ello, para ello, converjan todos los activismos, todas las legítimas aspiraciones, en la común de la III República federal, social, austera, laica y solidaria, y sea la Tricolor, sin olvido de ninguna, la bandera que nos una a todos como hoy nos une esta Huelga General justa y necesaria.

¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA! ¡VIVA LA DIGNIDAD! ¡VIVA LA REPÚBLICA!

El PCE pide a los grupos parlamentarios que reclamen transparencia en la asignación presupuestaria de la Casa Real para los Presupuestos Generales del

La Secretaría del Movimiento Republicano del Partido Comunista de España, Gloria Aguilar, ha dirigido un escrito a todos los portavoces parlamentarios para pedirles que en el trámite parlamentario exijan que se detallen los fondos que este año recibirá la Casa Real en los PGE del año 2011.

Gloria Aguilar recuerda que hace cinco meses presentaron y fueron admitidas a tramite más de 35.000 firmas solicitando la transparencia de los fondos públicos que administra directamente el Jefe del Estado y que en la actualidad no tienen otro epígrafe que el de “Para uso de la casa Real” sin más concreción


Para el PCE ya resulta anómalo que los ciudadanos españoles no puedan votar al Jefe del Estado para que además no puedan conocer en qué emplea el dinero que recibe de los fondos públicos, considerando que es necesario acabar con la opacidad de las cuentas de la Casa Real, ya que resulta incomprensible que mientras se puede conocer el salario y las cuentas de alcaldes, concejales, diputados, ministros, presidente del Gobierno, y miembros de consejos de empresas públicas elegidos por el Parlamento no sepamos el salario del Jefe del Estado, ni mucho menos podamos saber la asignación que reciben el resto de miembros de la Casa Real, ni a que se dedican concretamente los más de 8 millones de Euros que recibirá la Casa Real este año de los PGE.

El PCE le plantea a los grupos parlamentarios que sería una cuestión de normalidad democrática la publicación en Internet de los fondos que reciben todos y cada uno de los miembros de la Familia Real para que los contribuyentes españoles sepan a qué se destina su dinero, algo que, señala Aguilar, no sólo sería democrático, sino de justicia, ya que el hecho de que la Constitución otorgue al Rey el disponer libremente de la asignación anual no quiere decir que no se dé cuenta de los sueldos de cada miembro de la Familia Real.

La opacidad actual es tal que ni los diputados, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni siquiera la comisión de secretos oficiales tiene acceso a dicha información lo que sitúa a nuestra Jefatura del Estado como una de las más oscuras de Europa en lo referente a la distribución de su asignación en los PGE.

Desde el PCE se considera que esta opacidad es una señal de la debilidad que tiene la monarquía en España que necesita ocultar los sueldos de los miembros de la Casa Real ante el temor de poner en evidencia el coste que supone para el conjunto de los españoles mantener una familia cuando tantas familias sufren las consecuencias de la crisis económica más dura de los últimos tiempos.

En todo caso Gloria Aguilar señala que su formación no parará hasta conseguir unas cuentas de la Casa Real públicas y transparentes al igual que el resto de las instituciones del Estado.

El Ministerio de Defensa incumple la Ley de Memoria Histórica

Han denunciado desde Mellila que en la Comandancia Militar sigue el símbolo de la "criminal dictadura" aún habiéndose acabado el plazo para retirarlo.

España | Aura Ribeiro - TerceraInformacion | 23-10-2009 |

La Ley de Memoria Histórica que fue duramente criticada por los movimientos sociales republicanos, de recuperación de la memoria histórica y organizaciones políticas como IU, IR, PCE y UJCE entre otros, debido a la legitimación de la justicia de la dictadura al no declarar nulos los juicios sumarísimos por los que cientos de miles de personas fueron fusiladas, el inextistente acuerdo por el que estado buscaría a las víctimas, violando los acuerdos internacionales sobre desaparecidos que ha suscrito España, la no dignificación de las víctimas y la equiparación de los que dieron el golpe a los que formaron un gobierno legítima y legalmente elegido en elecciones libres, no es cumplida por el propio gobierno que la redacto y aprobó.

La ministra "socialista" de defensa, Carmen Chacón, no actúa conforme a la Ley 33/181 referente al Escudo de España, que ha sido ratificada por la Ley de Memoria Histórica, estableciendo que en un plazo ya vencido de 3 años se deben quitar toda la simbología de la dictadura fascista de Franco de los edificios institucionales.

La Comandancia Militar de Melilla sirve como estandarte de un símbolo que representa lo anti-democrático de acabar con un gobierno elegido por los ciudadanos en las urnas y la brutal represión a quienes se opusieran a la dictadura que organizaron los golpistas. Y junto a la comandancia más de 60 calles y plazas en Melilla recuerdan esos tiempos pasados y la falta de coherencia de quienes aprueban las leyes y las incumplen

Zapatero se ilumino y vendió 158 Tm de oro.

Zapatero vendió en el año 2007, el 38% de nuestras reservas a 630 dólares la onza. En 2010 la cotización está en mas de 1.200.
La partida oro vendida por una ocurrencia de Zapatero valdría ahora medio billón de pesetas más. El presidente de las dádivas y las sonrisas impuso su criterio frente a la resistencia de Pedro Solbes y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Necesitaba dinero fresco para sus despilfarros y lo obtuvo con gravísimo perjuicio para el conjunto de los españoles. Pedro Solbes comprendió entonces que era muy penoso seguir respaldando las ocurrencias económicas de Zapatero.
El presidente juega como si se tratara de calderilla con las grandes magnitudes de la economía. Vender 158 toneladas de oro no significa nada para él. Tiene la suerte el presidente de que Mariano Rajoy no se ha tirado a su yugular pidiéndole explicaciones del negocio que ha hecho vendiendo el 38% de nuestras reservas y perdiendo en dos años medio billón de las antiguas pesetas. La verdad es que Zapatero nos cuesta un ojo de la cara.

Hoy ha cotizado a 1.226 dolares la onza o lo que es casi lo mismo a 965 euros la onza, 31,02 euros el gramo y 5.162 Ptas el gramo.

Ese medio billón de pesetas vendría ahora bien para resanar las cuentas públicas y no recortar tanta obra pública con los consiguientes despidos.

http://www.rankia.com/foros/economia-politica/temas/543118-zapatero-ilumino-vendio-158-tm-oro
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Homenaje a Labordeta

Miles de ciudadanos, entre otros la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, han despedido al cantautor, profesor y político José Antonio Labordeta, luchador infatigable por Aragón y la democracia, quien ha fallecido en Zaragoza.

La noticia se ha hecho pública a las 1.30 horas de este domingo mediante un mensaje telefónico SMS de Chunta Aragonesista (CHA), que manifestaba su "profunda tristeza" por el deceso de Labordeta, a quien atrapó un cáncer de próstata años atrás.

A las 10.00 horas, ha ofrecido una rueda de prensa la presidenta de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, y el resto de la Ejecutiva de la formación en cuya representación el hoy finado ocupó sendos escaños en las Cortes de Aragón y el Congreso de los Diputados. Ibeas, emocionada, ha dicho que Labordeta fue el parlamentario "más eficaz" que nadie pudo soñar y ha destacado su humanidad.

Los comunicados y telegramas de condolencias se han ido sucediendo a lo largo del día, incluyendo un testimonio de Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, quien se encontraba en la Ciudad del Motor de Alcañiz asistiendo al Gran Premio Aragón de MotoGP. También desde la capital bajoaragonés han expresado sus condolencias el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

Precisamente, Iglesias impondrá la medalla de Aragón a Labordeta este lunes a las 11.00 horas en la capilla ardiente, a título póstumo. Los cinco Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y diversas instituciones han hecho pública su tristeza por el denso.

A las 17.00 horas ha llegado la comitiva fúnebre al Palacio de La Aljafería, sede del Parlamento autónomo, donde el féretro ha sido recibido por Iglesias, el presidente del Parlamento regional, Francisco Pina, Nieves Ibeas, el portavoz de CHA, Chesús Bernal, y representantes de los cinco Grupos, así como del personal de la Casa.

Una hora después, a las 18.00 horas se ha abierto la capilla ardiente, donde Labordeta descansaba arropado por una bandera de Aragón, un enorme ramo de rosas rojas, su familia y numerosas autoridades. A lo largo de la tarde han llegado 22 coronas y ramos de personalidades como el cantautor madrileño Joaquín Sabina, ciudadanos anónimos y el Congreso de los Diputados o la Delegación del Gobierno en Aragón, entre otras instituciones.

Ante los medios de comunicación han desfilado numerosos políticos. Así, la ministra Ángeles González-Sinde ha mencionado la "energía cívica de izquierda" de Labordeta, que permanecerá entre nosotros, mientras que Marcelino Iglesias ha destacado que Labordeta fue "un punto de referencia" que es "imposible de olvidar". También se ha mostrado visiblemente emocionado el presidente de las Cortes, Francisco Pina, quien ha aludido al fugaz paso de Labordeta por las Cortes.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, que ha decretado tres días de luto oficial en la ciudad, desde este domingo hasta este martes, ha expresado esta tarde que "todos le queremos" y la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno autónomo, Eva Almunia, ha indicado que el finado fue un gran "defensor" de Aragón y el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Miguel Franco, ha destacado "sus ganas de luchar por Aragón".

La presidenta del PP-Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha opinado que Labordeta "ha dejado huella" en la sociedad por sus obras artísticas y por su labor en defensa de la democracia y Aragón, mientras que el portavoz del PAR, Javier Allué, ha considerado que "todos hemos perdido algo" y el diputado de IU, Adolfo Barrena, ha recordado las innumerables luchas en común con Labordeta. La actividad parlamentaria oficial se ha suspendido para este lunes y martes.

A las 21.00 horas más de 13.000 ciudadanos había pasado por la capilla ardiente y mañana se reabrirá a las 9.00 horas. A las 20.30 horas de este domingo ha tenido lugar una cantada popular en la Plaza San Felipe de Zaragoza para recordar al genial cantautor.
Europa press

¿QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL?

"Si eres trabajador/a en cualquier empresa, pública o privada, grande o pequeña, esto te interesa. Si tienes un puesto temporal te interesa, si tienes un puesto indefinido te interesa aún más... Ya era hora de que esta crisis la pagara alguien, y ese alguien vas a ser TÚ. Y si no te lo crees infórmate de qué va esto de la Reforma Laboral:



1.- Se amplían las causas para despedir.

2.- Se facilita el despido express por causas objetivas, la empresa podrá despedirte simplemente porque "prevea" una situación económica desfavorable, aunque esta no se haya demostrado y en muchos casos no se llegue a producir.

3.- Se limita la tutela administrativa y judicial de los despidos.

4.- Estos despidos pasan a estar subvencionados por el FOGASA (que son fondos públicos, es decir, todos nosotros subvencionaremos nuestros propios despidos... resulta gracioso).

5.- En el despido objetivo, se rebaja el plazo de preaviso, y la indemnización será menor en caso de incumplirse este plazo.

6.- Al legalizarse los despidos, se pierde el derecho a la estabilidad en el empleo, y se produce una reducción sustancial de la indemnización por cese.

7.- La reforma del despido afecta sobre todo a los actuales trabajadores fijos con mayor antigüedad.

8.- Ante la misma situación en la empresa, será más barato despedir a los trabajadores que simplemente cambiarles el horario o los días de trabajo, o un traslado a otra localidad.

9.- En la práctica, la aportación del Fogasa supone que despedir a los trabajadores fijos cuesta lo mismo que despedir a los temporales. 10- Se facilita la utilización del despido express, sin causa, y con indemnización rebajada, y sin abono de salarios de tramitación.11.- Se subvenciona el cese de estos trabajadores a cargo del FoGAsA. El ministerio admitirá expresamente que la subvención se abone aunque la empresa reconozca que no tiene razones para el cese y el despido sea improcedente.

12.- La financiación pública supondrá que el despido sin causa tendrá un coste para la empresa de 25 días de salario por año de servicio, en lugar de los 45 días por año del despido improcedente.

13.- La empresa tendrá capacidad para suprimir los derechos establecidos en los convenios colectivos sectoriales.

14.- Se amplía la capacidad del acuerdo de empresa para fijar un régimen salarial inferior al establecido en el convenio del sector. Es decir, si por convenio cobras por ejemplo 900 euros al mes, un acuerdo de empresa bastará para bajarte el salario.

15.- Se reconoce el poder del empresario para incumplir los derechos establecidos en los pactos y acuerdos de empresa.

16.- Se podrán tramitar despidos colectivos y objetivos en las Administraciones Públicas (así los que creen que serán más felices si otros trabajadores pierden derechos están de enhorabuena...).



Los puntos 13 y 14 son el fin de la negociación colectiva. A partir de ahora y si esta reforma se consolida, la empresa puede decidir que ese sueldo que se estableció por convenio se baje, reducir los días de vacaciones, suprimir o disminuir permisos, etc, etc... Vuelvo a repetirte la pregunta: ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Tenemos que reaccionar YA. La única forma de frenar esta reforma es hacer huelga y acudir a las manifestaciones que ese día se convocarán en toda España. A mucha gente esas palabras, u otras como "Lucha Obrera" o "Conciencia de Clase", le suenan rancias y obsoletas. Desde sus periódicos y emisoras nos quieren vender algo que está mucho más de moda... Pensar que todos estamos en el mismo barco, que los intereses de un gran empresario y los tuyos son los mismos. Esa gente quiere que te olvides de que todos los derechos que ahora tienes se han conseguido luchando. Pero hoy tenemos más razones que nunca para ello:



Porque aunque creas que no servirá de nada, la huelga de 1988 se saldó con la retirada de la reforma laboral. La de 2002, como salió regular, "sólo" se pudo obligar a retirar un 80% de la reforma laboral. Mucho más reciente tenemos el ejemplo de los trabajadores del Metro de Madrid, que fue un éxito y no pudieron aplicarles el "recorte salarial” que muchos otros trabajadores desunidos y apáticos han aceptado (por ejemplo el resto de los funcionarios). Supongo que también estarás pensando en que te costará el sueldo de un día, pero mucho más te va a costar esta reforma. A muchos/as de los que leéis esto os va a costar el puesto de trabajo, a otros/as la merma del sueldo aunque esté fijado por convenio, a otros/as en un futuro una indemnización por despido mucho menor de la que os correspondería a día de hoy, etc. Los/as que teméis por vuestro puesto de trabajo en el caso de secundar la huelga... en fin, si vuestro empleo es lo suficientemente precario como para peligrar en caso de hacer valer tu derecho constitucional a la huelga, temed mucho más el fracaso del 29S, porque el despido con esta reforma será más fácil y barato. Tal vez te consideres de izquierdas y pienses que con esta huelga ayudarás a traer al poder a la derecha, y no es lo que quieres. Pero piensa si la politica que en estos momentos hace el partido socialista es de izquierdas... El gobierno está traicionando al trabajador, haciendole el trabajo sucio a la derecha. Cuando es un partido supuestamente de izquierdas el que hace este tipo de cosas, la gente siente que no le quedan alternativas, que nada se puede hacer... Pero podemos luchar contra un decretazo de este tipo sea cual sea el partido en el gobierno, si impedimos que esto suceda, frenaremos también las reformas previstas para el futuro (reforma de las pensiones, nuevas bajadas de sueldo, etc). Por último, si piensas que cuando pase la crisis se recuperarán los derechos ahora perdidos... Nada más falso. La estrategia de salida de la crisis por parte de las grandes empresas y la banca pasa por crecer a TU costa y abrir nuevas áreas de negocio dónde ahora estábamos protegidos por lo público (privatizaciones de la sanidad, la enseñanza, las pensiones, las Cajas de Ahorros...). Si no luchamos, nada será igual a como fue hasta ahora. Ya no lo está siendo y lo estamos permitiendo al no luchar. El 29S todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado o público, nos la jugamos."

Amadeo Martínez inglés pide al Congreso una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I

UCR 17 de Febrero de 2010

Próximo a cumplirse el 29 aniversario del 23-F y tras la publicación del libro "La Conspiración de mayo" en el que, en relación con aquél desgraciado evento, se desvela por primera vez uno de los secretos mejor guardados de la transición española presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro "a la turca", la gran apuesta golpista denominada "Operación Móstoles", dentro de un movimiento de corte franquista que hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil y que fue la causa real y única de que La Zarzuela pusiera en marcha aquella chapucera maniobra político-militar-institucional del 23 de febrero de 1981.

Con fecha de 16 de febrero de 2010, Amadeo Martínez Inglés ha remitido al Sr presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, un escrito, con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, en el ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria (art. 76.1 de la Carta Magna) que depure las responsabilidades del rey Juan Carlos I en aquella triste jornada de nuestra historia reciente; y también, sobre la base de los claros y rotundos indicios racionales que apuntan a que el monarca español ha cometido en su juventud y en sus años de reinado, al margen del 23-F, otros graves delitos relacionados con el terrorismo de Estado, la malversación de fondos públicos, la corrupción e, incluso, el homicidio premeditado, se inicien por la Cámara Baja del Parlamento español los trámites necesarios para que las Cortes españolas, según lo que contempla el artículo 59.2 de la CE, puedan "reconocer la inhabilitación" de Juan Carlos de Borbón para seguir ocupando la jefatura del Estado español. A continuación la carta de Amadeo Martínez Inglés




Carta dirigida al



AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS



Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.

Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.

El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.

El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.

Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”.

En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”.

Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”.

Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente:

Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.

Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.

Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.

Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.

Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.



Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010

«La reforma más urgente y necesaria es la del sistema financiero, y no la de las pensiones"

En opinión del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, si hay una reforma que corra prisa, esa es la del sistema financiero, y no la de las pensiones. Según Toxo, es urgente proceder a la reestructuración financiera para preservar el sistema de cajas de ahorro y reducir su atomización; en caso contrario, el riesgo de que se repitan casos como el de Caja Castilla-La Mancha (CCM), que fue intervenida por el Banco de España el año pasado, es elevado.

«Hay un retraso considerable en la toma de medidas y el riesgo de más casos como el de Caja Castilla-La Mancha es alto. Lo sabe el Gobierno y el Banco de España, que es quien tiene la obligación de velar por el sistema financiero», señaló

Para el secretario general de CCOO, las cajas de ahorro necesitan la reestructuración, en respuesta al aumento de la morosidad por los riesgos en los que han incurrido. "Este incremento de los impagos es una de las causas fundamentales de que el crédito no fluya en la economía y no llegue ni a las empresas ni a las familias».

Una reforma urgente, pero siempre preservando el sistema de cajas de ahorro, y dejando al margen "los intereses políticos" a la hora de fusionar cajas de ahorro, concluyó Toxo

Comienza la privatización del agua en Honduras

Ante la pretensión del ilegítimo congreso hondureño, dominado por los mismos congresistas que dieron el golpe de estado el verano pasado, de llevar a cabo la privatización del agua, vendiendo en un primer paso la hidroeléctrica José Cecilio del Valle a una corporación italiana, los ciudadanos de las 90 población del sur, han amenazado con tomar las instalaciones y cortar las carreteras de acceso.

La principal actividad del congreso hondureño después del golpe de estado fue suspender los derechos constitucionales, servir como cárcel de tortura y vender la infraestructura y recursos públicos de honduras a manos privadas.

Ahora comienzan a notarse las consecuencias. Los terratenientes que vieron como sus tierras improductivas eran trabajadas por campesinos que no tenían que pagarles por trabajar, han vuelto a tomar posesión de ellas apoyados por las fuerzas policiales y militares. El agua sigue el mismo camino.

La hidroeléctrica José Cecilio del Valle abastece de agua a 120.000 personas, hasta ahora pública, pasará a manos privadas. El último día en el que el dictador Roberto Micheletti estuvo liderando el régimen represor, sancionó un decreto aprobado por el congreso por el que se aprobaron unas legislaciones sobre obras públicas, entre las que se encuentra la de la hidroeléctrica.

Al día siguiente, para ocultar el decreto, se falsificó la Gaceta Oficial del Estado, imprimiendo en la Empresa Nacional de Artes Gráficas dos series diferentes con el mismo número y en sólo 20 de las gacetas impresas se incorporó el decreto.

Jubilatio

Agustín Moreno
Escuela 16 de Febrero de 2010

El profesorado inicia una campaña para adelantar las jubilaciones a los 60 años. Es justo: renueva plantillas, evita el agravio comparativo, impide cerrar el acceso cinco años a los interinos y reconoce la responsabilidad social y el desgaste en la profesión.

Y en esto llegó el gobierno. El mismo que hace un año quitaba importancia a la crisis, después quería reducir las cuotas sociales a los empresarios y días atrás anunciaba la recuperación. El que ha autorizado prejubilaciones con cincuenta y pocos años en RTVE, la banca y grandes empresas para ajustar plantilla y aumentar beneficios. Ahora dice que hay riesgo financiero para el sistema y quiere elevar la edad de jubilación a los 67 años a los albañiles, a los trabajadores a turno, de cadena, a los maestros. Mientras, a González (BBVA) le queda una pensión de 80 millones de euros.


Con el nivel de desarrollo tecnológico se puede y se debe trabajar menos para trabajar todos. No hay que retrasar la salida sino adelantar la edad de entrada al trabajo de los jóvenes, una vez formados, para reducir su tasa de paro que es del 40% Es más lógico que trabaje una persona de 25 años que una de 66 ¿O buscan acortar el período de disfrute de la pensión? Ya lo dice El Roto: “para garantizar el futuro de las pensiones, hay que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento”. Tratan de reducir los derechos y cuantías de las pensiones y de meter miedo para engordar el negocio de los planes y fondos privados.

La propuesta gubernamental es un disparate: las cuentas están saneadas (62.000 millones de euros de superávit y siempre queda la financiación vía fiscal), en España las pensiones son un 65% de las europeas y nos jubilamos más tarde (63,8 años). También un suicidio político para el PSOE: hace el trabajo sucio, obliga a los sindicatos a convocar movilizaciones y perderá las elecciones.

Aparte de la crisis, la difícil situación económica se debe al modelo productivo de ladrillo y turismo y a la rigidez que nos impone el euro, responsable último de un déficit y una deuda exterior de las mayores del mundo. Las soluciones no pasan por recortar derechos sociales, sino por cambiar el modelo y replantearse los dogmas.

El Gobierno español reconoce abiertamente a la dictadura hondureña

Gonzalo Sánchez
Tercera Información

El ministro de exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos ha declarado en una conferencia hace unas momentos que, "si ha habido una visita del secretario de Estado para Iberoamérica a Tegucigalpa y se ha entrevistado con toda publicidad y transparencia con el nuevo presidente Lobo, creo que España ha reconocido al presidente Lobo y a su nueva andadura política."

El "presidente" Lobo, resultó ganador de unas elecciones fraudulentas organizadas por la dictadura que lideraba Roberto Micheletti.

Las elecciones, que no fueron reconocidas por la Comunidad Internacional, se llevaron a cabo en medio de un clima de tensión social provocado por las prácticas de la dictadura, las cuales incluyeron despariciones, asesinatos, represión, suspensión de los derechos constitucionales, detenciones ilegales, persecución por motivos raciales y el cierre de medios de comunicación afines a la oposición al régimen dictatorial hondureño.


Durante la jornada electoral de la que Porfirio "Pepe" Lobo resultó venecedor, no alcanzó ni siquiera el 30% de participación, por lo que el pueblo en resistencia, organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y el ex presidente Manuel Zelaya, llamaron a la Comunidad Internacional a no reconocer el resultado de las elecciones.

Pese a que el Gobierno del PSOE, mediante María Teresa Fernández de la Vega, le garantizó a Zelaya el apoyo de España contra la dictadura, se acaba de anunciar que el país europeo va ya ha reconocido al golpista Pepe Lobo.

Como dirigente del derechista Partido Nacional (PN) de Honduras, Pepe Lobo llamó a sus diputados en el congreso a apoyar a Micheletti desde que se dio el golpe de estado y aún hoy, durante su liderazgo se siguen manteniento las prácticas represoras de su sucesor Micheletti, Diferentes organizaciones por los Derechos Humanos siguen denunciando estas prácticas propias del terrorismo de estado que siguen provando muertes, desapariciones y atentados contra los periodistas que no acatan las directrices del régimen ultra-derechista hondureño.

España, después de la toma de posesión de Pepe Lobo como "presidente" de Honduras, aflojó el discurso contra la dictadura, exigiendo a Lobo un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que aglutinase a todos los sectores del pueblo. Sin haber integrado en su gobierno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), lo que supone dejar fuera a la mayoría de Honduras, España ha decidido reconocerlo.

El FNRP está integrado por todos los sindicatos de trabajadores de Honduras, organizaciones campesinas, de mujeres, artistas e intelectuales, obreros, estudiantes, indígenas y por los partidos de izquierda hondureños.

Aunque previamente el gobierno español había apoyado la Propuesta de San José, en la que se igualaba a los golpistas con Zelaya ya que entre los puntos de la propuesta se recogía la amnistía para los golpistas por los crímenes cometidos y se obligaba a Zelaya a firmar una declaración en la que renegase llevar a cabo el referéndum para preguntar al pueblo si deseaba establecer una urna para impusar una Asamblea Nacional Constituyente. Esto último suponía el objetivo principal del golpe de estado que la derecha y ultra-derecha hondureña le dio al presidente Zelaya.

No es la primera vez que el gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero reconoce a un régimen ilegítimo. Durante 2006, España reconoció al mexicano Felipe Calderón como presidente del país latinoamericano pese a las fuertes críticas de Izquierda Unida (IU), la cual sostenía que había pruebas evidentes de que hubo fraude en las elecciones y que probablemente el candidato de izquierda López Obrador fue el ganador de las elecciones mexicanas.

Los españoles que juraron fidelidad a Hitler

Alberto Piris
El viejo cañón

Ahora que varios grupos de nostálgicos han celebrado en Madrid y otras capitales diversos actos de conmemoración de la participación española en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de la unidad militar conocida como "División Azul", no viene mal un ligero repaso de la Historia.
El 31 de julio de 1941, los miembros del contingente militar español que Franco puso al servicio de Hitler, vistiendo el uniforme alemán de campaña, participaron en la ceremonia de juramento de fidelidad.

Esta fue la fórmula utilizada, pronunciada por el Jefe de Estado Mayor de la citada división: "¿Juráis obediencia al Führer alemán en la lucha contra el comunismo, cumpliendo cuanto mande en relación con esta lucha, por sí o por los jefes en quienes delegue, hasta el sacrificio de la vida?",


A lo que los hombres allí formados respondieron sonoramente: "¡Sí, juro!". El jefe de la división, general Muñoz Grandes, en su posterior arenga recordó que "Lo que mi pueblo jura, lo cumple o muere". Y concluyó así la alocución: ¡Viva el Führer, viva el Ejército Alemán, viva Alemania!

No está de más recordar que ni siquiera los militares profesionales españoles juraban expresamente fidelidad personal a Franco, aunque ésta se diera por sobreentendida. La fórmula del juramento de Bandera del ejército español comenzaba así: "¿Juráis a Dios y prometéis a España...?". Nadie se atrevió a modificar la tradicional fórmula del juramento militar, introduciendo en ella el nombre del dictador, lo que, por otra parte, no hubiera sido motivo de extrañeza ya que la omnipresente figura de Franco reinaba por doquier, desde los sellos de correos hasta las invocaciones con las que se cerraba cualquier acto oficial.

A la luz de que aquí se comenta, se puede valorar en su justa medida, en esta España del siglo XXI, las extrañas concesiones que se siguen haciendo, con la benevolencia de muchos, a esos residuos históricos que en Europa ni siquiera tienen voz y, en muchos países, han sido declarados ilegales y perseguidos por las autoridades.

¿Es que los que juraron fidelidad a Hitler, o los que les apoyan todavía, lo consideran un honor personal, como para recordarlo tras haber conocido el horror que aquél trajo al mundo?

Anteproyecto de Iniciativa Legislativa Popular para la Ley de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista

Propuesta de "anteproyecto de ley de verdad, justicia y reparación” para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad".

Miguel Ángel Rodríguez Arias.
UCR Febrero de de 2010

La presente iniciativa ciudadana plantea, mediante la recogida de 500.000 firmas, la presentación ante el Parlamento de la nación de un proyecto legislativo que dé lugar a la definitiva apertura en España de un amplio proceso institucional de “verdad, justicia y reparación” para todas las víctimas del franquismo que implique al conjunto de los poderes públicos, y al conjunto de las administraciones territoriales, y que cuente con la plena participación de la ciudadanía y el conjunto de actores sociales, políticos y sindicales de la sociedad española.

Se pretende, para ello, hacer uso de dos cauces diferenciados de participación ciudadana, en primer lugar, y ante todo, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución española; en segundo lugar, complementariamente, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española. En este segundo caso, en términos de petición colectiva y respecto de aquellas materias que no se corresponden propiamente con un texto legislativo como la petición de la concreta composición de los miembros de la Comisión de la Verdad y otras que pueda estimar la Comisión Promotora. Se articularía simplemente anexando un texto al propio articulado de la iniciativa legislativa popular con aquellas cuestiones concretas y se recogerían las firmas simultáneamente para ambos textos.

En cuanto a las características y fundamentación del enfoque, estructura y contenidos del articulado en si, todo ello resulta abordado en la exposición de motivos del anteproyecto que acompaña a esta hoja informativa.


¿Qué es una iniciativa legislativa popular?.

La iniciativa legislativa representa el cauce constitucional por excelencia de participación directa de los ciudadanos en la tarea legislativa. Como señala la aludida ley orgánica reguladora la 3/1984 que el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren suficiente eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.

¿Qué es el derecho de petición?

Al contrario que la iniciativa legislativa popular, se ha destacado siempre el carácter menos formalista del derecho de petición, sea individual o colectivamente ejercido; señala su específica ley orgánica reguladora, la 4/2001, que las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. El mismo cauce de recogida de firmas previsto para la Iniciativa legislativa popular satisface, por tanto, sobradamente los requisitos mínimos exigidos para las cuestiones objeto de petición colectiva planteadas por la Promotora y que no puedan ser reguladas por iniciativa legislativa o no sean propia materia de ley, como nombramientos y demás. Las peticiones podrán versar además, sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general y atendiendo en todo caso a las concretas especificidades reglamentarias de cada órgano.

Posibles fases para la iniciativa legislativa planteada.

1- (FEBRERO-ABRIL 2010) Debate abierto y constitución de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad.

- Iniciativa abierta a toda organización de la memoria histórica, derechos humanos o lucha a la impunidad de los crímenes del franquismo, organizaciones políticas, sociales, sindicales, que les resulten asumibles los deberes de “verdad justicia y reparación” tal y como han sido definidos por Naciones Unidas y el Derecho internacional; así como el contenido de los derechos humanos reconocidos a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la paz, y sus familiares, por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales en materia de derechos humanos.

- El contenido de tales acuerdos e instrumentos internacionales constituirá el programa y punto de referencia de esta iniciativa y de los trabajos y posicionamientos públicos de su Comisión Promotora y los representantes de la misma, siempre desde el respeto a los diferentes puntos de partida de las distintas personas y organizaciones implicadas en dicha convergencia.

a) debate y modificación del anteproyecto base por los juristas, obtención del proyecto de ley de la iniciativa.

Se requiere legalmente la elaboración de un “texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos”, “que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda u otro más avanzado o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura”

b) refrendo democrático por las asociaciones integradas del proyecto presentado por la mesa o comisión de juristas.

c) análisis y estructuración de elementos logísticos de la Comisión Promotora, estructura, financiación, implantación y coordinación territorial con el conjunto de organizaciones de la memoria para su implantación en el conjunto del territorio, con miras a un periodo sostenido de trabajo común.

2- (ABRIL 2010): Depósito del texto articulado de la iniciativa y nombres de personas individuales y organizaciones integrantes de la Comisión Promotora de la Iniciativa en la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados (en caso de rechazo posibilidad, que deberá estar fundamentado en la ausencia de homogeneidad, u otras causas expuestas, posibilidad de recurso de amparo ante el TC).

3- Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de recogida de firmas, que se podrá realizar en los pliegos tradicionales, que podrán ir en castellano o, conjuntamente, con cualquiera de las lenguas co oficiales en los territorios del Estado; y también se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular.

4- El plazo para la recogida de firmas será de nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Como señala la propia ley orgánica ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central.

5- Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En este trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas

El régimen pretende convertir la crisis en otro 23-F para el rey

El rey Juan Carlos levantó una importante polémica al conocerse que en los últimos días está manteniendo encuentros discretos con distintos sectores económicos.

En momentos en los que la Casa Real y el rey Juan Carlos en particular viven una crisis creciente de popularidad, los poderes fácticos, con el gobierno socialdemócrata de Zapatero a la cabeza, intentan reforzar la figura del monarca para que encabece una supuesta unidad de partidos, sindicatos y patrones contra la crisis económica.

Si el 23-F convirtió casi a un país entero al "juancarlismo", parece ser que la crisis actual podría ser el nuevo golpe con el que se pretendiese legitimar a una institución obsoleta y no democrática en el siglo XXI.

Las reuniones en el Palacio de la Zarzuela se producen en el mismo contexto en el que el Borbón pide a los partidos políticos un gran pacto para salir de la crisis.

En la entrega de los Premios Nacionales de Investigación, el pasado jueves, por segunda vez desde el mensaje de Navidad, el Borbón señaló que es “hora de grandes esfuerzos y grandes acuerdos para recuperar un crecimiento económico fuerte y duradero, y para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis”.

El viernes mismo recibió a los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quienes explicaron al rey el contenido del reciente acuerdo salarial para tres años alcanzado con CEOE-CEPYME.

La Casa Real incluyó el encuentro con los dirigentes sindicales “en la serie de contactos habituales” que Don Juan Carlos mantiene, “con especial incidencia en los últimos meses, con representantes del mundo económico, empresarial y laboral, dadas las graves consecuencias de la crisis económica en nuestro país, especialmente en términos de destrucción de empleo”.

La víspera, el jueves, el Rey recibió a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que informó a Don Juan Carlos de las últimas medidas tomadas por el Gobierno, como el recorte del gasto hasta 2013, en 50.000 millones de euros, y las propuestas del Ejecutivo sobre la reforma de las pensiones y del mercado laboral.

El jueves también, el Rey recibió al presidente saliente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que acaba de concluir su mandato, tras el nombramiento de Rodrigo Rato como nuevo máximo ejecutivo de la institución madrileña. El Gobierno subrayó que las reuniones del monarca “son parte de la normalidad democrática”.

En la muerte del revolucionario comunista, el preso número 4.584 en el campo de exterminio en Mauthausen.

Aragonés de Capdesaso (Huesca), un pueblo cercano a Peralta de Alcofea (de donde eran mis padres, mi tío, un soldado republicano muerto en la batalla del Ebro, y mi abuelo, un campesino fusilado por la guarda civil caminera en el Camp de la Bota de Barcelona en octubre-noviembre de 1939), militante del Partido Comunista de España, combatiente en la resistencia popular contra el golpismo franquista en la 43ª División del Ejército republicano español, la división de la "Bolsa de Bielsa", militante también de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), las juventudes del PSUC [1], Mariano Constante Campo falleció el pasado miércoles 3 de febrero cuando estaba a punto de cumplir 90 años. Había nacido en 1920.

Exiliado en Francia desde febrero de 1939, formó parte de una Compañía de Trabajadores Extranjeros al servicio del Ejército francés, cayendo prisionero en junio de 1940. Fue deportado a Mauthausen por su militancia antifascista hasta su liberación en mayo de 1945. Más de cuatro años en el infierno. Viviendo, combatiendo. De los 841 republicanos aragoneses encarcelados en Mathausen, murieron 474.

Como otros, como muchos luchadores comunistas, Mariano Constante no sólo logró subsistir en circunstancias que apenas logramos pensar sino que, junto a otros, logró organizar la resistencia en el campo. Fue el preso número 4.584.

Entre sus publicaciones, merecen destacarse Los que sí hicimos la guerra, un ensayo que solía recomendar Manuel Vázquez Montalbán, Los años rojos, Yo fui ordenanza de los SS y Republicanos Aragoneses en los campos nazis.

Mariano Constante seguía siendo militante del Partido Comunista de España y era miembro de Izquierda Unida.


Un escritor, un profesor, un comunista catalán, Francesc Xavier Pardo, ha acuñado bien una moneda de la lucha antifranquista en su memoria: “Mariano Constante (al igual que Joan Pagès), fue de los primeros que en los años 70 hablaron abiertamente sobre el campo de concentración nazi de Mauthasuen ligándolo a su experiencia personal, en dicho campo, como cautivos republicanos españoles hasta la liberación en mayo de 1945. Muchos os acordaréis de sus materiales precariamente filmados en "super 8", montados en "Ayxelà", y de la película de Alain Resnais, "Nuit et brouillard" [Noche y Niebla], con la que ilustraban sus charlas clandestinas... Y ellos dos, hace tres y cuatro décadas, fueron de los primeros, también, en ir a dar conferencias sobre su experiencia concentracionaria a algunos institutos públicos de Barcelona (e incluso a la "Escuela de Ingenieros" de Barcelona en 1974), del bajo Besós y del Bajo Llobregat [zonas próximas a Barcelona]. Fuimos muchos los que quedamos, para siempre, atrapados por esta historia entonces desconocida, y por su historia…” [2]

Yo fui también uno de los jóvenes estudiantes-trabajadores que se quedó atrapado por su historia, totalmente desconocida para nosotros entonces como apunta Xavier. Atrapados para siempre desde luego.

Hasta la victoria siempre, viviendo tenazmente en el sendero de la no claudicación, camarada, compañero. No es necesario recordártelo, nunca lo has olvidado, pero recordémoslo todos [3]:



Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,

cuando asqueados de la bajeza humana,

cuando iracundos de la dureza humana:

Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

[…]

Que aquella causa aparezca perdida,

nada importa;

Que tantos otros, pretendiendo fe en ella

sólo atendieran a ellos mismos,

importa menos.

Lo que importa y nos basta es la fe de uno.



Por eso otra vez hoy la causa te aparece

como en aquellos días:

noble y tan digna de luchar por ella.

Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido

a través de los años, la derrota,

cuando todo parece traicionarla.

Mas esa fe, te dices, es lo que sólo importa.



Gracias, compañero, gracias

por el ejemplo. Gracias por que me dices

que el hombre es noble.

Nada importa que tan pocos lo sean:

Uno, uno tan sólo basta

como testigo irrefutable

de toda la nobleza humana.



Pero no fue tan sólo uno. Fueron, siguen siendo, muchos más de los que ellos, como cantaba Raimon, dicen y piensan.

Manifestaciones por todo el país contra el retraso de la jubilación

Los sindicatos se manifestarán el 23-F en Madrid, Barcelona y Valencia. El calendario de movilizaciones comenzará el 22 de febrero y finalizará el 6 de marzo.

España | TerceraInformación | 13-02-2010
"Somos los más interesados, como representantes de los jubilados y de los trabajadores que en el futuro accederán a la jubilación, en el sostenimiento y solvencia del sistema público de pensiones", ha asegurado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Por este motivo, en la rueda de prensa para presentar la campaña de movilizaciones que van a desarrollar los dos sindicatos mayoritarios, ha pedido una respuesta masiva en defensa del sistema público de pensiones y de rechazo de las propuestas del Gobierno que pretenden alargar la vida laboral hasta los 67 años.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, junto a su homólogo de UGT, Cándido Méndez, han llamado ante los medios de comunicación a la participación en las casi 100 manifestaciones que los sindicatos han organizado en las capitales de provincia y en las principales ciudades del país para la última semana de febrero y la primera de marzo, así como a las asambleas y concentraciones previas.


Toxo, tras calificar de "ajustada" la respuesta de los sindicatos a la pretensión de retrasar la edad de jubilación, ha destacado que el sistema público de pensiones "goza de buena salud", y que por ello resulta "imprudente" generar alarma sobre el estado del sistema, como ha hecho el Gobierno con sus propuestas. "Vincular el futuro de las pensiones al Plan de Austeridad como mínimo es una temeridad", ya que lanza una señal de alarma a los mercados, añadió.

"La Seguridad Social es la institución más solvente de nuestro país", ha asegurado el secretario general de CCOO, quien ha defendido el consenso para acometer cualquier reforma. Para Toxo no se puede actuar bajo la idea del recorte de las prestaciones sociales, porque si algún problema hay con las pensiones en nuestro país es su cuantía, que son más bajas que las de los países de nuestro entorno.

Además de la mejora de las pensiones mínimas, el secretario general de CCOO, se mostró partidario de actuar sobre los ingresos, en lugar de hacerlo únicamente sobre la reducción de gastos. Así, citó la culminación de la separación de fuentes, más empleo y de calidad, reduciendo la temporalidad, y la mejora del Salario Mínimo Interprofesional para tener bases de cotización más sólidas, como medidas que contribuirían a mejorar la financiación del Sistema de Pensiones.

Finalmente, Toxo manifestó que antes de iniciar la negociación de otros acuerdos se deberían cerrar los temas pendientes del Acuerdo de Pensiones de 2006: la integración en el Régimen general de los trabajadores del Régimen Especial Agrario y del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, así como rebajar la edad de jubilación de los trabajadores sometidos a condiciones de trabajo penosa o peligrosas

La nieta de Negrín recusa a varios magistrados que juraron lealtad a Franco

Carmen Negrín Fetter, nieta del ex presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín, reclama la abstención del presidente del Supremo, Carlos Dívar, y otros magistrados de la sala especial del 61 por falta de imparcialidad para abordar el caso Garzón y los crímenes franquistas.

NUEVATRIBUNA.ES - 12.2.2010

El recurso se basa en que todos ellos juraron "lealtad al caudillo y a los principios del movimiento nacional cuando ingresaron en la carrera judicial" y ahora tienen que decidir sobre los recursos planteados por las asociaciones de la memoria histórica que acudieron a Baltasar Garzón para que investigara la desaparición de sus familiares, es decir, sobre una causa relativa al franquismo. La nieta de Negrín argumenta que estos magistrados no pueden ser imparciales porque tienen sobre sus conciencias un conflicto de lealtades.

El escrito presentado ante el pleno de la sala especial del 61 del Tribunal Supremo asegura que Carlos Dívar y Luciano Varela, entre otros, accedieron a la carrera judicial antes de 1977 y entonces "juraron por Dios lealtad al caudillo y a los principios fundamentales del movimiento nacional". A pesar de que, ese juramento se anuló con la Constitución, la nieta de Negrín cree que los magistrados pueden tener un conflicto de intereses personal y moral y una falta de imparcialidad subjetiva a la hora de resolver el caso Garzón y la persecución de los crímenes franquistas.

Carmen Negrín reclama la abstención de estos jueces y al mismo tiempo, ha comunicado al Consejo del Poder Judicial esta circunstancia para que no admitan ningún escrito firmado por estos magistrados que desde el martes pasado están recusados y pueden no ser imparciales.

El pasado 27 de noviembre, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta sala Carlos Granados. La razón es que ambos integran, junto a Dívar, la denominada Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo -la competente para entender sobre recusaciones de magistrados del alto tribunal- , y tenían sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.

A principios del pasado mes de diciembre, la Sala del 61 dictó una providencia en la que ordenaba la realización determinados trámites relacionados con la recusación planteada por familiares de desparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica contra estos cinco magistrados (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, y Juan Saavedra) .

Las asociaciones consideran que estos magistrados están "contaminados" para entender de la causa contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de la querella presentada por la nieta de Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón.

La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Adolfo Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella -el sindicato 'Manos Limpias'- y también por su "posición pública" contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo, según la parte recusadora