Erick Barrera Tomasino (Rebelion)
En el año 2009, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que en teoría se otorga "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de los congresos por la paz [1] ". Tiempo después, el ejército de ese país, ejército de las transnacionales estadounidenses y con la bendición de la Casa Blanca, se vería inmerso en las guerras en Libia, Siria, instigando el separatismo en Sudán, conflictos en el norte de África, continuando la invasión militar en Afganistán e Irak, así como participación en los golpes de estado en Honduras y Paraguay.
Si su antecesor, el señor Bush, había desarrollado las tesis de “guerras preventivas” combatiendo el terrorismo en Afganistán y buscando armas nucleares en Irak (que nunca se encontraron), ejecutando guerras antes de que las guerras se declarasen bajo la máxima del iustum bellum, guerra justa; los señores del Nobel podrían haber acuñado el concepto de “premios preventivos”, entregando el ya polémico premio a un hombre quien nada pudo hacer para evitar el impulso imperial de desarrollar guerras en cada región del globo y al contrario las sigue promoviendo. Advierto que esta situación no cambiaría con las próximas elecciones pues se debe a una política imperial y no a decisiones unipersonales del huésped de turno de la Casa Blanca.
En relación con lo anterior, este día, 12 de octubre, la sorpresa -cada vez menos sorprendente- se derivó en la decisión de entregar el “nobelesco pacifista” nada menos que a la Unión Europea (UE), instancia supranacional constituida formalmente con ese nombre en 1992 y que actualmente se ve inmersa en la peor crisis de su historia, generando discusiones sobre su papel unificador de los estados europeos que no sea por medio de la de la voracidad imperialista de los grupos dominantes en esa zona, por el control del mundial; sin mencionar su papel como aliado de las últimas invasiones militares y económicas de las empresas transnacionales en todo el mundo, por ejemplo impulsando la guerra contra Libia, con Francia a la cabeza.
La UE está conformada por 27 países y cuenta entre sus miembros a los principales países de la industria de la guerra, entre ellas a Alemania, Francia y Gran Bretaña (las dos últimas miembros del Consejo permanente de seguridad de la ONU) y que en el seno de la Eurozona se encuentran importantes empresas de la industria armamentista. Para el año 2010, solo las primeras cinco empresas con sede en Europa y que aparecen en el top 100 de la SPRIT [2] (BAE System, EADS, Finmeccanica, Thales y Safran) obtuvieron ingresos por ventas de armas por 78,408 millones de dólares. De nuevo, el nobel de la paz, premia a quienes viven de la guerra.
Esto recuerda a aquellas palabras de John Lennon quien al rechazar su nombramiento como Miembro de la Orden del Imperio Británico expresó: "No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras". A lo mejor, estos méritos a los que aludió el músico con tenaz ironía, ya solo vayan quedando para el cada vez más desacreditado premio nóbel de la paz.
13 de octubre de 2012
Artieda, la ‘aldea gala’ de Aragón, resiste contra la expropiación de sus tierras
Trinidad Deiros / MásPúblico
Desde hace tres décadas, cada vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) trata de poner en práctica su proyecto para recrecer el ya enorme embalse de Yesa, situado entre Aragón y Navarra, se topa con la determinación de los vecinos de un pueblo zaragozano: Artieda.
No llegan ni a cien. Es un pueblo pequeño, casi una aldea, a 40 kilómetros de Jaca, pero su voluntad de defender su medio de vida y el bello entorno natural en el que está situado ha logrado postergar la ejecución de algunas de las órdenes de expropiación que pesan sobre al menos 60 hectáreas de sus mejores tierras.
En todas las ocasiones que los funcionarios de la CHE se han presentado en Artieda para levantar acta de estas expropiaciones se han encontrado en el acceso a la localidad con una manifestación de vecinos, capitaneados por su alcalde, Javier Jiménez (CHA), a los que se unen activistas llegados de otras partes de Aragón, de Navarra, del País Vasco y de Cataluña.
Como muchas otras veces, los vecinos se habían concentrado este miércoles para tratar de paralizar las expropiaciones. Sin embargo, por primera vez en treinta años, explica Valentín Cazaña, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), “la protesta pacífica ha sido violentamente disuelta por los antidisturbios de la Guardia Civil”.
Nada más llegar a la carretera que da acceso al pueblo, los cerca de 200 manifestantes se han visto “sorprendidos por la presencia de un helicóptero y de unas diez o quince furgonetas de los antidisturbios”, explica Cazaña. A este activista le ha llamado la atención el hecho de que, en esta ocasión, los funcionarios de la CHE permanecieran a una distancia prudencial -300 metros- de la manifestación.
Cuando los vecinos del pueblo, entre los que había ancianos y niños, “estaban desprevenidos leyendo un manifiesto de rechazo a las expropiaciones”, los agentes, pertrechados con cascos y porras, “han cargado contra los vecinos con gran violencia y han herido a diez personas”, explica el presidente de COAGRET.
MásPúblico se ha puesto en contacto con la Guardia Civil de Zaragoza para recabar su versión. Según fuentes de este cuerpo, los agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) “han intentado pacíficamente hacer un pasillo entre los manifestantes en Artieda, que entonces se les han echado encima, por lo que se ha producido un altercado”. Las fuentes informaron de que entre los heridos hay dos agentes.
El relato de los activistas es bien diferente: “Los antidisturbios han propinado porrazos y puñetazos a la gente, la han empujado y han actuado con gran violencia”, deplora Cazaña. Los heridos han tenido que acudir al centro de salud de la cercana localidad de Berdún.
Para este activista, “es evidente que todo lo que está sucediendo no es una coincidencia: las cargas en Madrid, durante el 25-S, en Galicia contra sindicalistas, y también en Murcia y en Cataluña. Se trata de una respuesta represiva contra ciudadanos que protestan pacíficamente para ejercer sus derechos más elementales”.
“Aquí hay gente joven que lucha por defender la supervivencia de su pueblo, que no quieren abandonar, y lo que están denunciando es que hay alternativas a una obra, cuyo precio es de 350 millones de euros, que hipoteca su futuro pues les priva de su medio de vida”, asegura.
La mayor parte de los habitantes de Artieda vive de la agricultura y la ganadería, aunque también hay proyectos para promover el turismo rural, una actividad que se vería comprometida si se recrece el embalse de Yesa. Inaugurado en 1960, este pantano desalojó de sus casas a los habitantes de muchos pueblos de la zona e inundó 2.408 hectáreas de tierras de cultivo, de las que 1.000 eran de excelente calidad.
El viaducto fantasma.
El recrecimiento del pantano de Yesa es un viejo proyecto que data de 1992 reactivado ahora por el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete incluso se ha comprometido a terminar las obras en 2015. Los habitantes de Artieda y activistas de la COAGRET y de otras asociaciones, como Río Aragón, denuncian un proyecto que les parece que no tiene sentido a la luz del hecho de que el volumen de agua que el embalse suele tener queda muy lejos de su capacidad de almacenamiento.
La sombra de los beneficios económicos para las grandes empresas de obras públicas se insinúa tras los intereses que promueven este proyecto. Valentín Cazaña recalca, por ejemplo, como en el proyecto inicial de recrecimiento del embalse, luego descartado en favor del actual que prevé una capacidad menor, se incluía la construcción de un enorme viaducto. Las obras de este puente elevado que ya no será necesario no se han abandonado y siguen adelante en manos de ACS, Ferrovial y FCC.
De esta obra, cuya utilidad nadie conoce, se elevan ya hacia el cielo los enormes pilares que deben sustentarla, columnas”de unos 70 metros”, que tienen un enorme impacto visual y ambiental en una zona de gran valor ecológico.
“¿Por qué se sigue construyendo este viaducto que no sirve para nada?”, se pregunta el activista. De momento, la CHE y las autoridades locales han dado la callada como única respuesta.
Desde hace tres décadas, cada vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) trata de poner en práctica su proyecto para recrecer el ya enorme embalse de Yesa, situado entre Aragón y Navarra, se topa con la determinación de los vecinos de un pueblo zaragozano: Artieda.
No llegan ni a cien. Es un pueblo pequeño, casi una aldea, a 40 kilómetros de Jaca, pero su voluntad de defender su medio de vida y el bello entorno natural en el que está situado ha logrado postergar la ejecución de algunas de las órdenes de expropiación que pesan sobre al menos 60 hectáreas de sus mejores tierras.
En todas las ocasiones que los funcionarios de la CHE se han presentado en Artieda para levantar acta de estas expropiaciones se han encontrado en el acceso a la localidad con una manifestación de vecinos, capitaneados por su alcalde, Javier Jiménez (CHA), a los que se unen activistas llegados de otras partes de Aragón, de Navarra, del País Vasco y de Cataluña.
Como muchas otras veces, los vecinos se habían concentrado este miércoles para tratar de paralizar las expropiaciones. Sin embargo, por primera vez en treinta años, explica Valentín Cazaña, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), “la protesta pacífica ha sido violentamente disuelta por los antidisturbios de la Guardia Civil”.
Nada más llegar a la carretera que da acceso al pueblo, los cerca de 200 manifestantes se han visto “sorprendidos por la presencia de un helicóptero y de unas diez o quince furgonetas de los antidisturbios”, explica Cazaña. A este activista le ha llamado la atención el hecho de que, en esta ocasión, los funcionarios de la CHE permanecieran a una distancia prudencial -300 metros- de la manifestación.
Cuando los vecinos del pueblo, entre los que había ancianos y niños, “estaban desprevenidos leyendo un manifiesto de rechazo a las expropiaciones”, los agentes, pertrechados con cascos y porras, “han cargado contra los vecinos con gran violencia y han herido a diez personas”, explica el presidente de COAGRET.
MásPúblico se ha puesto en contacto con la Guardia Civil de Zaragoza para recabar su versión. Según fuentes de este cuerpo, los agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) “han intentado pacíficamente hacer un pasillo entre los manifestantes en Artieda, que entonces se les han echado encima, por lo que se ha producido un altercado”. Las fuentes informaron de que entre los heridos hay dos agentes.
El relato de los activistas es bien diferente: “Los antidisturbios han propinado porrazos y puñetazos a la gente, la han empujado y han actuado con gran violencia”, deplora Cazaña. Los heridos han tenido que acudir al centro de salud de la cercana localidad de Berdún.
Para este activista, “es evidente que todo lo que está sucediendo no es una coincidencia: las cargas en Madrid, durante el 25-S, en Galicia contra sindicalistas, y también en Murcia y en Cataluña. Se trata de una respuesta represiva contra ciudadanos que protestan pacíficamente para ejercer sus derechos más elementales”.
“Aquí hay gente joven que lucha por defender la supervivencia de su pueblo, que no quieren abandonar, y lo que están denunciando es que hay alternativas a una obra, cuyo precio es de 350 millones de euros, que hipoteca su futuro pues les priva de su medio de vida”, asegura.
La mayor parte de los habitantes de Artieda vive de la agricultura y la ganadería, aunque también hay proyectos para promover el turismo rural, una actividad que se vería comprometida si se recrece el embalse de Yesa. Inaugurado en 1960, este pantano desalojó de sus casas a los habitantes de muchos pueblos de la zona e inundó 2.408 hectáreas de tierras de cultivo, de las que 1.000 eran de excelente calidad.
El viaducto fantasma.
El recrecimiento del pantano de Yesa es un viejo proyecto que data de 1992 reactivado ahora por el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete incluso se ha comprometido a terminar las obras en 2015. Los habitantes de Artieda y activistas de la COAGRET y de otras asociaciones, como Río Aragón, denuncian un proyecto que les parece que no tiene sentido a la luz del hecho de que el volumen de agua que el embalse suele tener queda muy lejos de su capacidad de almacenamiento.
La sombra de los beneficios económicos para las grandes empresas de obras públicas se insinúa tras los intereses que promueven este proyecto. Valentín Cazaña recalca, por ejemplo, como en el proyecto inicial de recrecimiento del embalse, luego descartado en favor del actual que prevé una capacidad menor, se incluía la construcción de un enorme viaducto. Las obras de este puente elevado que ya no será necesario no se han abandonado y siguen adelante en manos de ACS, Ferrovial y FCC.
De esta obra, cuya utilidad nadie conoce, se elevan ya hacia el cielo los enormes pilares que deben sustentarla, columnas”de unos 70 metros”, que tienen un enorme impacto visual y ambiental en una zona de gran valor ecológico.
“¿Por qué se sigue construyendo este viaducto que no sirve para nada?”, se pregunta el activista. De momento, la CHE y las autoridades locales han dado la callada como única respuesta.
Mujer de entre 25 y 44 años, perfil de la persona en paro en Navarra
Diario Noticias de Navarra
Mujer, de 25 a 44 años, con estudios secundarios, procedente del sector de los Servicios y que lleva menos de seis meses en desempleo es el actual perfil de la persona en paro en Navarra, según un análisis realizado por la UGT de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
Sin embargo, la tendencia del último año amenaza a otro perfil, el de un hombre, de 45 a 54 años, con estudios postsecundarios, cuyo último trabajo ha sido en la Industria y con más de un año en desempleo.
En agosto de 2012, el número de parados registrados en Navarra, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), era de 48.352, cifra que aunque supone una disminución de 8 décimas respecto al mes anterior, significa un aumento del 16,7% respecto al mismo mes de 2011, ha señalado UGT.
La mujer es el colectivo mayoritario en desempleo (51,2%), si bien los hombres en paro han experimentado un aumento del 21,6% entre los meses de agosto de 2011 y 2012 (19.390 y 23.590, respectivamente).
Por edad, las personas en paro de 25 a 44 años suponen más de la mitad del total (51,8%), prácticamente la misma proporción que hace un año, aunque destaca el crecimiento de un 24,8% de las personas en paro de 45 a 54 años en el periodo analizado, advierte UGT.
Por nivel de formación, tres de cada cuatro personas en paro poseen estudios secundarios, si bien el aumento más importante corresponde al colectivo con estudios postsecundarios (25,1% más que en 2011).
Por tiempo en paro, el 34,2% corresponde a quienes llevan entre uno y seis meses en desempleo (35%, en 2011), aunque en el último año se observa una tendencia a permanecer más tiempo en esta situación, ya que el número de personas que llevan entre seis meses y un año en paro ha aumentado en un 29,2% y quienes superan el año, lo han hecho en un 16,5%.
En cuanto al sector del que proceden las personas en desempleo, los Servicios acaparan el 59,4% (59,3% en 2011), pero cabe destacar el aumento en el último año en un 24,2% de las personas en paro que han trabajado en la Industria (de 7.244 en 2011 se ha pasado a 8.998 en 2012).
Mujer, de 25 a 44 años, con estudios secundarios, procedente del sector de los Servicios y que lleva menos de seis meses en desempleo es el actual perfil de la persona en paro en Navarra, según un análisis realizado por la UGT de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
Sin embargo, la tendencia del último año amenaza a otro perfil, el de un hombre, de 45 a 54 años, con estudios postsecundarios, cuyo último trabajo ha sido en la Industria y con más de un año en desempleo.
En agosto de 2012, el número de parados registrados en Navarra, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), era de 48.352, cifra que aunque supone una disminución de 8 décimas respecto al mes anterior, significa un aumento del 16,7% respecto al mismo mes de 2011, ha señalado UGT.
La mujer es el colectivo mayoritario en desempleo (51,2%), si bien los hombres en paro han experimentado un aumento del 21,6% entre los meses de agosto de 2011 y 2012 (19.390 y 23.590, respectivamente).
Por edad, las personas en paro de 25 a 44 años suponen más de la mitad del total (51,8%), prácticamente la misma proporción que hace un año, aunque destaca el crecimiento de un 24,8% de las personas en paro de 45 a 54 años en el periodo analizado, advierte UGT.
Por nivel de formación, tres de cada cuatro personas en paro poseen estudios secundarios, si bien el aumento más importante corresponde al colectivo con estudios postsecundarios (25,1% más que en 2011).
Por tiempo en paro, el 34,2% corresponde a quienes llevan entre uno y seis meses en desempleo (35%, en 2011), aunque en el último año se observa una tendencia a permanecer más tiempo en esta situación, ya que el número de personas que llevan entre seis meses y un año en paro ha aumentado en un 29,2% y quienes superan el año, lo han hecho en un 16,5%.
En cuanto al sector del que proceden las personas en desempleo, los Servicios acaparan el 59,4% (59,3% en 2011), pero cabe destacar el aumento en el último año en un 24,2% de las personas en paro que han trabajado en la Industria (de 7.244 en 2011 se ha pasado a 8.998 en 2012).
Más de ocho mil personas fueron ejecutadas en la Sevilla de Queipo de Llano
Juan José Téllez / Público
Más de ocho mil españoles leales a la Segunda República fueron ejecutados en la provincia de Sevilla por orden del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien se le otorgó un marquesado que ahora acaba de renovar Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, y Juan Carlos I como Rey de España. Otra paradoja de su posteridad: sus restos mortales siguen enterrados en la capital hispalense, en la capilla de La Macarena, el barrio que él contribuyó a reprimir a sangre y fuego junto con el de Triana o San Julián. Y el Ayuntamiento de Sevilla, a partir de la victoria del PP en mayo de 2011, sustituyó el nombre de Pilar Bardem sobre una céntrica avenida de la ciudad por el de Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación que guarda relación directa con Genoveva, la esposa del general que no sólo inundaba las calles de muertos sino de soflamas radiofónicas.
La lista de bajas que Público da a conocer ahora viene a confirmar los datos espeluznantes de la sublevación fascista en Sevilla, sobrevenida en las primeras horas del Alzamiento a partir de un golpe de efecto del propio Queipo, que según celebran sus hagiografos redujo por sí mismo y sin disparar un solo tiro a los oficiales que estaban presentes en la Comandancia General. Luego, los dispararía todos. O los mandaría disparar, mientras se oía su voz tenebrosa por los micrófonos de Unión Radio Sevilla EAJ-5, amenazando a todos los alrededores: "Y ahora tomaremos Utrera, así que vayan sacando las mujeres sus mantones de luto".
Las mujeres tendrían que sacar mucho más, como las 17 rosas de Guillena, vejadas antes de ser asesinadas y enterradas en una fosa similar a otras 130 que se reparten por la provincia sevillana, a la cabeza del ránking andaluz en el número de necrópolis republicanas. Para consolidar su supremacía en Sevilla, Queipo contó con la Legión, al mando de Antonio Castejón Espinosa, y con los Regulares de Marruecos llegados desde Cádiz, utilizando la artillería contra los barrios que le presentaron resistencia: ya no más habría de escucharse la vieja copla de "qué bonita está Triana, cuando cuelgan en el puente las banderitas gitanas". Al día siguiente de la toma del Altozano, sobre los balcones colgaban sabanas blancas en señal de rendición.
Las crónicas de Arturo Barea, las aproximaciones más o menos narrativas de Manuel Barrios -"El último virrey" y de Antonio Burgos -"Las cabañuelas de agosto" y "Las lágrimas de San Pedro"-- , la pulcra investigación histórica de Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez o Juan OrtízVillalba, entre otros muchos, así como el trabajo de las asociaciones memorialistas ha ido reconstruyendo el retrato robot de aquel militar africanista que no reparó en medios para someter a la República que juró defender a una dictadura tan sangrienta como anacrónica: Jorge Fernández-Coppel, en su libro "Queipo de Llano, memorias de la guerra civil", prefiere quedarse con la imagen de Queipo enfrentándose a Franco. Quizá lo hiciera, pero antes se enfrentó a su pueblo, masacrándolo o esclavizándolo en los batallones de forzados que hicieron posible la construcción del canal que rodea la ciudad.
Entre sus víctimas, figuran nombres ilustres como los de Blas Infante, el notario de Coria que había abanderado el proyecto andalucista, el diputado José González y Fernández de la Bandera o el alcalde sevillano Horacio Hermoso. Claro que también exportó la muerte a otras provincias, como detalla Francisco espinosa en su libro "1936-1945, la justicia de Queipo", en una espiral represiva que se extendió a todoa la II División, que englobaba a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, con cómplices tan renombrados como el general Erquicia en Extremadura o Carlos Arias Navarro, que fuera efímero presidente del Gobierno tras la muerte de Francisco Franco pero a quien se conoció popularmente como "carnicerito de Málaga".
Ejecuciones sin juicio previo.Sin embargo, en aquella Sevilla sin apenas guerra civil, se cuentan hasta 3028 muertes sumarísimas desde mediados de julio de 1936 hasta enero de 1937. Ejecuciones sin juicio previo, como la del profesor Joaquín León, abuelo de los actores Paco y María León. En aquel entonces, como reseña el fiscal jurídico militar Felipe Acedo Colunga, que consideraba a Queipo como" la única autoridad legítima ante la tradición de la Patria y su historia futura", la pena capital no era una excepción sino "un preventivo general" y la represión estaba "dotada de cifras con gran riqueza numérica".
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. La derecha local era dirigida por Manuel Giménez al frente de la CEDA. Queipo daría pronto responsabilidades a personajes como Gregorio Haro Lumbreras, también conocido como el héroe de La Pañoleta, un comandante de la Guardia Civil que llegó a gobernador de Huelva, pero al que los historiadores han demostrado una formidable afición a las alhajas que las señoras de orden regalaron para el sostén de la causa nacional y que se quedaron en sus bolsillos.
A Queipo, en realidad, como él mismo dijo, le habían "largado el mochuelo" de Sevilla, porque sus compañeros de conspiración desconfiaban en el fondo de sus simpatías tricolores, que le llevó a firmar el parte de guerra con un pintoresco "viva la República". A él le hubiera gustado sublevarse en casa, en Valladolid, pero levantó una casa nueva sobre cimientos rojos. Por la sangre y por la ideología de sus víctimas en una operación de riguroso exterminio.
En la capital andaluza contaba, en principio, con el respaldo de un célebre torero llamado José García Carranza El Algabeño, agregado a su cuartel general, que en principio le había ofrecido mil quinientos falangistas que se vieron, sin embargo, reducidos a quince a los que se sumaron otros setenta, tras ser liberados de la cárcel. Ese fue el núcleo de un grupo de pistoleros que aterrorizó inicialmente a la ciudad y que luego sembró el miedo en los campos, una "policía montada", que llegó a utilizar garrochas para reducir a los campesinos fugitivos, en una sórdida atmósfera donde abundaban piquetes falangistas o requetés, sin descuidar a los paramilitares.Emulando sus tardes de gloria taurina, hay algún testimonio que asegura que El Algabeñollegó a torear a algunos presos utilizando su fusil como muleta. Autor de numerosos crímenes de guerra, el diestro de La Algaba murió como consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Lopera contra las Brigadas Internacionales. Eso sí, en virtud de sus méritos, Franco le nombró a título póstumo teniente honorario de Caballería.
Prohibiciones.
La represión de Queipo no acabó en los paredones y en las cárceles que muy pronto se multiplicaron. También en las prohibiciones. Prohibido el luto. Prohibido inscribir a los muertos. Prohibido hacer fotografías en todo el territorio sublevado.
Utilizó los medios de comunicación de su época -el micrófono, el teléfono o el telégrafo-para imponer su ley al grito de "dadles café", el acrónimo de camaradas arriba Falange Española. La represión sumarísima de los primeros meses de su virreinato acabó sorpresivamente un 28 de febrero de 1937 cuando telegrafió a los gobernadores militares de las provincias de su demarcación, las siguientes palabras: "Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplicación mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que indique el auditor ". Las ejecuciones siguieron pero ya no fueron clandestinas.
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. «¡Canalla marxista! Canalla marxista, repito, cuando os cojamos sabremos cómo trataros», seguía retumbando su voz sobre las ondas hertzianas.
Más de ocho mil españoles leales a la Segunda República fueron ejecutados en la provincia de Sevilla por orden del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien se le otorgó un marquesado que ahora acaba de renovar Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, y Juan Carlos I como Rey de España. Otra paradoja de su posteridad: sus restos mortales siguen enterrados en la capital hispalense, en la capilla de La Macarena, el barrio que él contribuyó a reprimir a sangre y fuego junto con el de Triana o San Julián. Y el Ayuntamiento de Sevilla, a partir de la victoria del PP en mayo de 2011, sustituyó el nombre de Pilar Bardem sobre una céntrica avenida de la ciudad por el de Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación que guarda relación directa con Genoveva, la esposa del general que no sólo inundaba las calles de muertos sino de soflamas radiofónicas.
La lista de bajas que Público da a conocer ahora viene a confirmar los datos espeluznantes de la sublevación fascista en Sevilla, sobrevenida en las primeras horas del Alzamiento a partir de un golpe de efecto del propio Queipo, que según celebran sus hagiografos redujo por sí mismo y sin disparar un solo tiro a los oficiales que estaban presentes en la Comandancia General. Luego, los dispararía todos. O los mandaría disparar, mientras se oía su voz tenebrosa por los micrófonos de Unión Radio Sevilla EAJ-5, amenazando a todos los alrededores: "Y ahora tomaremos Utrera, así que vayan sacando las mujeres sus mantones de luto".
Las mujeres tendrían que sacar mucho más, como las 17 rosas de Guillena, vejadas antes de ser asesinadas y enterradas en una fosa similar a otras 130 que se reparten por la provincia sevillana, a la cabeza del ránking andaluz en el número de necrópolis republicanas. Para consolidar su supremacía en Sevilla, Queipo contó con la Legión, al mando de Antonio Castejón Espinosa, y con los Regulares de Marruecos llegados desde Cádiz, utilizando la artillería contra los barrios que le presentaron resistencia: ya no más habría de escucharse la vieja copla de "qué bonita está Triana, cuando cuelgan en el puente las banderitas gitanas". Al día siguiente de la toma del Altozano, sobre los balcones colgaban sabanas blancas en señal de rendición.
Las crónicas de Arturo Barea, las aproximaciones más o menos narrativas de Manuel Barrios -"El último virrey" y de Antonio Burgos -"Las cabañuelas de agosto" y "Las lágrimas de San Pedro"-- , la pulcra investigación histórica de Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez o Juan OrtízVillalba, entre otros muchos, así como el trabajo de las asociaciones memorialistas ha ido reconstruyendo el retrato robot de aquel militar africanista que no reparó en medios para someter a la República que juró defender a una dictadura tan sangrienta como anacrónica: Jorge Fernández-Coppel, en su libro "Queipo de Llano, memorias de la guerra civil", prefiere quedarse con la imagen de Queipo enfrentándose a Franco. Quizá lo hiciera, pero antes se enfrentó a su pueblo, masacrándolo o esclavizándolo en los batallones de forzados que hicieron posible la construcción del canal que rodea la ciudad.
Entre sus víctimas, figuran nombres ilustres como los de Blas Infante, el notario de Coria que había abanderado el proyecto andalucista, el diputado José González y Fernández de la Bandera o el alcalde sevillano Horacio Hermoso. Claro que también exportó la muerte a otras provincias, como detalla Francisco espinosa en su libro "1936-1945, la justicia de Queipo", en una espiral represiva que se extendió a todoa la II División, que englobaba a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, con cómplices tan renombrados como el general Erquicia en Extremadura o Carlos Arias Navarro, que fuera efímero presidente del Gobierno tras la muerte de Francisco Franco pero a quien se conoció popularmente como "carnicerito de Málaga".
Ejecuciones sin juicio previo.Sin embargo, en aquella Sevilla sin apenas guerra civil, se cuentan hasta 3028 muertes sumarísimas desde mediados de julio de 1936 hasta enero de 1937. Ejecuciones sin juicio previo, como la del profesor Joaquín León, abuelo de los actores Paco y María León. En aquel entonces, como reseña el fiscal jurídico militar Felipe Acedo Colunga, que consideraba a Queipo como" la única autoridad legítima ante la tradición de la Patria y su historia futura", la pena capital no era una excepción sino "un preventivo general" y la represión estaba "dotada de cifras con gran riqueza numérica".
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. La derecha local era dirigida por Manuel Giménez al frente de la CEDA. Queipo daría pronto responsabilidades a personajes como Gregorio Haro Lumbreras, también conocido como el héroe de La Pañoleta, un comandante de la Guardia Civil que llegó a gobernador de Huelva, pero al que los historiadores han demostrado una formidable afición a las alhajas que las señoras de orden regalaron para el sostén de la causa nacional y que se quedaron en sus bolsillos.
A Queipo, en realidad, como él mismo dijo, le habían "largado el mochuelo" de Sevilla, porque sus compañeros de conspiración desconfiaban en el fondo de sus simpatías tricolores, que le llevó a firmar el parte de guerra con un pintoresco "viva la República". A él le hubiera gustado sublevarse en casa, en Valladolid, pero levantó una casa nueva sobre cimientos rojos. Por la sangre y por la ideología de sus víctimas en una operación de riguroso exterminio.
En la capital andaluza contaba, en principio, con el respaldo de un célebre torero llamado José García Carranza El Algabeño, agregado a su cuartel general, que en principio le había ofrecido mil quinientos falangistas que se vieron, sin embargo, reducidos a quince a los que se sumaron otros setenta, tras ser liberados de la cárcel. Ese fue el núcleo de un grupo de pistoleros que aterrorizó inicialmente a la ciudad y que luego sembró el miedo en los campos, una "policía montada", que llegó a utilizar garrochas para reducir a los campesinos fugitivos, en una sórdida atmósfera donde abundaban piquetes falangistas o requetés, sin descuidar a los paramilitares.Emulando sus tardes de gloria taurina, hay algún testimonio que asegura que El Algabeñollegó a torear a algunos presos utilizando su fusil como muleta. Autor de numerosos crímenes de guerra, el diestro de La Algaba murió como consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Lopera contra las Brigadas Internacionales. Eso sí, en virtud de sus méritos, Franco le nombró a título póstumo teniente honorario de Caballería.
Prohibiciones.
La represión de Queipo no acabó en los paredones y en las cárceles que muy pronto se multiplicaron. También en las prohibiciones. Prohibido el luto. Prohibido inscribir a los muertos. Prohibido hacer fotografías en todo el territorio sublevado.
Utilizó los medios de comunicación de su época -el micrófono, el teléfono o el telégrafo-para imponer su ley al grito de "dadles café", el acrónimo de camaradas arriba Falange Española. La represión sumarísima de los primeros meses de su virreinato acabó sorpresivamente un 28 de febrero de 1937 cuando telegrafió a los gobernadores militares de las provincias de su demarcación, las siguientes palabras: "Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplicación mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que indique el auditor ". Las ejecuciones siguieron pero ya no fueron clandestinas.
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. «¡Canalla marxista! Canalla marxista, repito, cuando os cojamos sabremos cómo trataros», seguía retumbando su voz sobre las ondas hertzianas.
13-O: Cacerolada contra la deuda "ilegítima y odiosa"
Público
El "GlobalNoise! (ruido global)", una "cacerolada internacional" contra las desigualdades y la "opresión de un sistema que pone al capital por delante de las personas", ha conseguido reunir en Madrid a miles de personas que, bajo el lema "No debemos, no pagamos", han salido a la calle para protestar por la crisis de la deuda.
Movimientos sociales de todo el mundo han convocado esta protesta, a la que se han sumado decenas de ciudades. En Madrid, el movimiento 15-M ha encabezado el llamamiento, al que también se han unido otras organizaciones como Attac o Ecologistas en Acción. Juntos han formado la Plataforma Reacciona. ¿El motivo? Consideran que la deuda es "ilegítima y odiosa" y que el Gobierno está aplicando los recortes sociales amparándose en el argumento de la necesidad de pagarla.
Por ello, la marcha ha comenzado en el Paseo de la Castellana , delante de la sede madrileña de la Unión Europea (UE), y llegará hasta Sol. Para ello, los manifestantes deberán pasar por la conocida plaza de Neptuno, donde hace tan sólo unas semanas la Policía cargó duramente contra quienes secundaron la convocatoria del 25-S, 'Rodea el Congreso' .
Desde el inicio de la manifestación, las cacerolas no han dejado de sonar y los participantes, de todas las edades y condiciones, han bailado a ritmo de batukada. En esta ocasión el miedo a las cargas no ha calado entre los ciudadanos, que han acudido a la Castellana con hijos y abuelos, ataviados con las ya habituales camisetas verdes (profesores), amarillas (funcionarios), blancas (sanitarios) o moradas (feministas).
Juntos han coreado los históricos lemas del 15-M como "Esta crisis no la pagamos", "No pagamos ni crisis, ni su deuda" o se han presentado, como en el caso de los miembros de la asociación Juventud Sin Futuro que gritan "Aquí está la juventud precaria".
La multitudinaria marea pasó por los principales centros de poder de la capital, como el Banco de España, donde -cacerola en mano- señalaron"a los culpables de convertirlo todo en mercancía con la que hacer negocio". "El 80% del total de la deuda española es privada, denunciaron los promotores de la protesta en un comunicado.
"La deuda es el pretexto que usan los gobiernos para robarnos derechos", ha denunciado a Público uno de los portavoces de la plataforma convocante, Carlos Mandel. "Lo importante de esta movilización es que salen ciudades de todo el mundo para protestar contra un sistema que pone a los beneficios económicos de la minoría por delante de las necesidades de las mayorías", añadió el portavoz
El "GlobalNoise! (ruido global)", una "cacerolada internacional" contra las desigualdades y la "opresión de un sistema que pone al capital por delante de las personas", ha conseguido reunir en Madrid a miles de personas que, bajo el lema "No debemos, no pagamos", han salido a la calle para protestar por la crisis de la deuda.
Movimientos sociales de todo el mundo han convocado esta protesta, a la que se han sumado decenas de ciudades. En Madrid, el movimiento 15-M ha encabezado el llamamiento, al que también se han unido otras organizaciones como Attac o Ecologistas en Acción. Juntos han formado la Plataforma Reacciona. ¿El motivo? Consideran que la deuda es "ilegítima y odiosa" y que el Gobierno está aplicando los recortes sociales amparándose en el argumento de la necesidad de pagarla.
Por ello, la marcha ha comenzado en el Paseo de la Castellana , delante de la sede madrileña de la Unión Europea (UE), y llegará hasta Sol. Para ello, los manifestantes deberán pasar por la conocida plaza de Neptuno, donde hace tan sólo unas semanas la Policía cargó duramente contra quienes secundaron la convocatoria del 25-S, 'Rodea el Congreso' .
Desde el inicio de la manifestación, las cacerolas no han dejado de sonar y los participantes, de todas las edades y condiciones, han bailado a ritmo de batukada. En esta ocasión el miedo a las cargas no ha calado entre los ciudadanos, que han acudido a la Castellana con hijos y abuelos, ataviados con las ya habituales camisetas verdes (profesores), amarillas (funcionarios), blancas (sanitarios) o moradas (feministas).
Juntos han coreado los históricos lemas del 15-M como "Esta crisis no la pagamos", "No pagamos ni crisis, ni su deuda" o se han presentado, como en el caso de los miembros de la asociación Juventud Sin Futuro que gritan "Aquí está la juventud precaria".
La multitudinaria marea pasó por los principales centros de poder de la capital, como el Banco de España, donde -cacerola en mano- señalaron"a los culpables de convertirlo todo en mercancía con la que hacer negocio". "El 80% del total de la deuda española es privada, denunciaron los promotores de la protesta en un comunicado.
"La deuda es el pretexto que usan los gobiernos para robarnos derechos", ha denunciado a Público uno de los portavoces de la plataforma convocante, Carlos Mandel. "Lo importante de esta movilización es que salen ciudades de todo el mundo para protestar contra un sistema que pone a los beneficios económicos de la minoría por delante de las necesidades de las mayorías", añadió el portavoz
12 de octubre de 2012
El orgullo de ser lo único que podemos ser
Arturo del Villar / UCR
Son los estragos que causa el fútbol. A fuerza de repetir, cuando gana la selección española, ese estribillo idiota de “Soy español español español”, los políticos se han creído que ganar un partido es para sentirse orgulloso de ser español. Pero a muchos no nos interesa el fútbol, de modo que estamos libres de ese contagio estúpido, e incluso entre los drogados por ese nuevo opio de los pueblos y rémora del progreso hay quienes no sienten ningún orgullo de ser españoles, y ni siquiera se sienten españoles.
El tema lo ha puesto de actualidad el increíble ministro de Educación, Cultura y Deportes de este absurdo Gobierno marianista, el ínclito José Ignacio Wert, más aficionado a los deportes que a la cultura. El pasado día 10, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, contestó a la interpelación de un diputado catalán con esta lapidaria frase: “Pues sí, nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes para que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.”
¿Quién puede sentirse orgulloso de pertenecer a un reino instaurado por un militar rebelde y genocida, que tiene como rey a un hombre que ha debido reconocer públicamente sus errores, al que los vasallos le pagamos sus aventuras de caza y de cama, que hace el ridículo tanto en las reuniones internacionales como cuando visita a un diario neoyorquino para explicar la realidad de su reino?
Al parecer, solamente los miembros del Gobierno en bloque. Su presidente, el inefable Mariano Rajoy, de visita en París cuando se perpetraba ese disparate en el Congreso, respondió a un periodista sobre la declaración intempestiva de su ministro: “Yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso de ser a la vez catalán y español.” Y además, que resuelva la cuadratura del círculo, y que dé un cuádruple salto mortal. Por querer, que no quede. Pero la realidad se impone.
Se cuenta una anécdota, dicen que verídica, de Antonio Cánovas del Castillo, el impulsor de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. Se empezó a estudiar en el Congreso la nueva Constitución para la monarquía implantada por el golpe de Estado de un militar traidor en 1874, y se trataba de definir en su artículo primero quiénes son españoles. Se dice que Cánovas murmuró en voz perfectamente audible: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa.” Seguramente es la mayor verdad que dijo nunca, aunque no quedara recogida en la Constitución de 1876.
¿Es que piensan de verdad Rajoy y Wert que si los españoles pudiéramos ser otra cosa, íbamos a seguir siendo los vasallos de este rey? Los que nos manifestamos en la calle no solamente no estamos orgullosos, sino que sentimos vergüenza de ser españoles vasallos de su majestad el rey católico Juan Carlos I El Arrepentido.
Rajoy y Wert se quedaron en el segundo de los Puntos Iniciales del Estado Nacionalsindicalista, que dice este galimatías: “España es una unidad de destino en lo universal.” Los militares rebeldes se sentían muy orgullosos de ser eso, y el rey juró dos veces, para serlo, fidelidad a eso, lo que fuere, causa de orgullo nacionalista.
Son los estragos que causa el fútbol. A fuerza de repetir, cuando gana la selección española, ese estribillo idiota de “Soy español español español”, los políticos se han creído que ganar un partido es para sentirse orgulloso de ser español. Pero a muchos no nos interesa el fútbol, de modo que estamos libres de ese contagio estúpido, e incluso entre los drogados por ese nuevo opio de los pueblos y rémora del progreso hay quienes no sienten ningún orgullo de ser españoles, y ni siquiera se sienten españoles.
El tema lo ha puesto de actualidad el increíble ministro de Educación, Cultura y Deportes de este absurdo Gobierno marianista, el ínclito José Ignacio Wert, más aficionado a los deportes que a la cultura. El pasado día 10, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, contestó a la interpelación de un diputado catalán con esta lapidaria frase: “Pues sí, nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes para que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.”
¿Quién puede sentirse orgulloso de pertenecer a un reino instaurado por un militar rebelde y genocida, que tiene como rey a un hombre que ha debido reconocer públicamente sus errores, al que los vasallos le pagamos sus aventuras de caza y de cama, que hace el ridículo tanto en las reuniones internacionales como cuando visita a un diario neoyorquino para explicar la realidad de su reino?
Al parecer, solamente los miembros del Gobierno en bloque. Su presidente, el inefable Mariano Rajoy, de visita en París cuando se perpetraba ese disparate en el Congreso, respondió a un periodista sobre la declaración intempestiva de su ministro: “Yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso de ser a la vez catalán y español.” Y además, que resuelva la cuadratura del círculo, y que dé un cuádruple salto mortal. Por querer, que no quede. Pero la realidad se impone.
Se cuenta una anécdota, dicen que verídica, de Antonio Cánovas del Castillo, el impulsor de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. Se empezó a estudiar en el Congreso la nueva Constitución para la monarquía implantada por el golpe de Estado de un militar traidor en 1874, y se trataba de definir en su artículo primero quiénes son españoles. Se dice que Cánovas murmuró en voz perfectamente audible: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa.” Seguramente es la mayor verdad que dijo nunca, aunque no quedara recogida en la Constitución de 1876.
¿Es que piensan de verdad Rajoy y Wert que si los españoles pudiéramos ser otra cosa, íbamos a seguir siendo los vasallos de este rey? Los que nos manifestamos en la calle no solamente no estamos orgullosos, sino que sentimos vergüenza de ser españoles vasallos de su majestad el rey católico Juan Carlos I El Arrepentido.
Rajoy y Wert se quedaron en el segundo de los Puntos Iniciales del Estado Nacionalsindicalista, que dice este galimatías: “España es una unidad de destino en lo universal.” Los militares rebeldes se sentían muy orgullosos de ser eso, y el rey juró dos veces, para serlo, fidelidad a eso, lo que fuere, causa de orgullo nacionalista.
Aniversario del asesinato del Ché: extraordinaria vigencia de sus ideas
Freddy Pérez / Santa Clara (www.la republica.es)
Podemos afirmar con absoluta confianza, que las ideas del Che mantienen vigencia en nuestro proceso revolucionario, y muy especialmente, en los esfuerzos y el trabajo para actualizar nuestro modelo económico, expresó el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, al intervenir en el acto político cultural celebrado en la plaza que lleva el nombre del Guerrillero Heroico, en ocasión de conmemorarse el aniversario 45 de su caída en combate y el 15 de la llegada de sus restos a ese sitio sagrado de la Patria.
“Si hace 15 años, el compañero Fidel bautizó los restos del Che y sus compañeros como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que llegaron para luchar junto a nosotros y escribir nuevas páginas de historia y de gloria, hoy podemos darles las gracias por la influencia que ejercen en nosotros, y por seguir acompañándonos en la lucha por la salvaguarda y el avance continuo de las ideas por las cuales el Che combatió y entregó su preciada vida”, destacó el también miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
En otro momento de su intervención, el segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, resaltó el inmenso orgullo que sentiría el Che un día como hoy, al ver las históricas jornadas revolucionarias que tuvieron lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela, liderada por Hugo Chávez.
Acompañado por Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vicepresidente del Consejo de Ministros, el Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, entre otros dirigentes, Valdés Menéndez rindió tributo al Héroe de la Batalla de Santa Clara y sus compañeros de guerrilla, así como a los combatientes del Frente de Las Villas.
Como parte de la conmemoración, 45 pioneros destacados del territorio recibieron su pañoleta azul de manos de sus padres, mientras un grupo de jóvenes realizaba el tradicional cambio de flores ante los nichos de los caídos y colocaba una ofrenda floral ante la base del monumento al Comandante Ernesto Guevara de la Serna.
En la ceremonia, también participaron familiares del Che y de los héroes caídos junto a él en tierras bolivianas, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, combatientes de diferentes gestas de la Revolución Cubana, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, además de trabajadores, estudiantes y jóvenes destacados de Villa Clara.
Reconocidos artistas del territorio dieron colorido al homenaje, en el que Gerardo Alfonso interpretó su conocida canción Son los sueños todavía, acompañado por los grupos Trovarroco y Abbó Aché.
Podemos afirmar con absoluta confianza, que las ideas del Che mantienen vigencia en nuestro proceso revolucionario, y muy especialmente, en los esfuerzos y el trabajo para actualizar nuestro modelo económico, expresó el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, al intervenir en el acto político cultural celebrado en la plaza que lleva el nombre del Guerrillero Heroico, en ocasión de conmemorarse el aniversario 45 de su caída en combate y el 15 de la llegada de sus restos a ese sitio sagrado de la Patria.
“Si hace 15 años, el compañero Fidel bautizó los restos del Che y sus compañeros como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que llegaron para luchar junto a nosotros y escribir nuevas páginas de historia y de gloria, hoy podemos darles las gracias por la influencia que ejercen en nosotros, y por seguir acompañándonos en la lucha por la salvaguarda y el avance continuo de las ideas por las cuales el Che combatió y entregó su preciada vida”, destacó el también miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
En otro momento de su intervención, el segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, resaltó el inmenso orgullo que sentiría el Che un día como hoy, al ver las históricas jornadas revolucionarias que tuvieron lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela, liderada por Hugo Chávez.
Acompañado por Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vicepresidente del Consejo de Ministros, el Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, entre otros dirigentes, Valdés Menéndez rindió tributo al Héroe de la Batalla de Santa Clara y sus compañeros de guerrilla, así como a los combatientes del Frente de Las Villas.
Como parte de la conmemoración, 45 pioneros destacados del territorio recibieron su pañoleta azul de manos de sus padres, mientras un grupo de jóvenes realizaba el tradicional cambio de flores ante los nichos de los caídos y colocaba una ofrenda floral ante la base del monumento al Comandante Ernesto Guevara de la Serna.
En la ceremonia, también participaron familiares del Che y de los héroes caídos junto a él en tierras bolivianas, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, combatientes de diferentes gestas de la Revolución Cubana, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, además de trabajadores, estudiantes y jóvenes destacados de Villa Clara.
Reconocidos artistas del territorio dieron colorido al homenaje, en el que Gerardo Alfonso interpretó su conocida canción Son los sueños todavía, acompañado por los grupos Trovarroco y Abbó Aché.
Navarra dejará de concertar a nuevos alumnos en los centros segregacionistas
Diario Noticias de Navarra
Navarra dejará de financiar a los centros educativos que únicamente admitan alumnos de un solo sexo o que impartan la enseñanza en grupos separados de niños y niñas. El Parlamento foral aprobó ayer la reforma legal impulsada por Izquierda-Ezkerra, y matizada en parte por una enmienda conjunta pactada con PSN, NaBai y Bildu.
De esta forma, el Gobierno de Navarra deberá dejar de concertar nuevos alumnos con los colegios segregacionistas, aunque se mantendrán las subvenciones públicas hasta que los estudiantes afectados terminen su ciclo de educación obligatoria. Hasta los 12 años si son menores de esa edad, y hasta los 16 si son mayores de 12. Este último matiz fue introducido durante el debate de ayer a instancias del PSN, que inicialmente planteaba que los conciertos se mantuvieran en todos los casos hasta los 16 años.
La reforma afecta a tres centros vinculados al Opus Dei. Dos masculinos, El Redin e Irabia, y otros dos femeninos, Miravalles (asociado con El Redín) e Izaga, este último vinculado a Irabia y todavia en construcción. No obstante, la financiación pactada para este curso no se verá afectada, y quedan abiertas muchas dudas sobre sus consecuencias prácticas para el curso que viene. Fundamentalmente por la postura esgrimida por UPN, que no oculta su voluntad de seguir financiando estos centros convenidos hasta 2015. Un acuerdo que podría servir de argumento para mantener las ayudas al menos hasta esa fecha. Además, y a raiz de la sentencia del Tribunal Supremo que considera que financiar con dinero público estos colegios atenta contra la Ley de Igualdad, el PP trabaja en una nueva reforma que blinde a los centros afectados, unos 70 en el conjunto del Estado.
A partir de ahí se abre una batalla política con múltiples vertientes, que puede acabar incluso con el Parlamento recurriendo al Gobierno foral por entender que no cumple la ley, o con el propio Ejecutivo de UPN acatando gustoso una norma estatal que pasa por encima de la capacidad de autogobierno en materia de Educación.
Debate parlamentario
Es, en cualquier caso, una cuestión que tiene un gran peso político motivada por la vinculación ideológica y religiosa de los centros afectados. Algo que quedó en evidencia durante el debate de ayer, que llevó a UPN y al PPN a denunciar lo que consideran una "ataque a la libertad" impulsado por el "odio" de los impulsores de la reforma legal.
El regioalista Carlos García Adanero, siempre comedido e irónico, sacó a relucir ayer su verbo más duro, en ocasiones indignado, para denunciar lo que lo tildó de "insulto" a miles de familias. "Es una aberración", enfatizó el portavoz regionalista, que consideró que con esta ley solo podrán ir a estos centros "los ricos". "Así solo consiguen fastidiar a 4.000 familias. Les mueve tal odio que no pueden ser felices así. Es una desgracia. Hoy 27 parlamentarios se irán a dormir a pierna suelta y mañana 4.000 se levantarán sin saber cuál es su futuro. Ya lo han conseguido", criticó. Igualmente molesta se mostró la parlamentaria del PPN, Amaya Zarranz, que entiende que "no hay motivos pedagógicos y educativos" que avalen la reforma.
Algo en lo que sí insistieron los defendores de la ley. En especial su promotora, Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra), que subrayó que la modficiación sólo pretende "impulsar el principio de coeducación y que no haya discriminación por razón de sexo en los centros educativos". "La transmisión del valor de igualdad está en los fines de la educación pública y por tanto en la educación concertada", subrayó.
Navarra dejará de financiar a los centros educativos que únicamente admitan alumnos de un solo sexo o que impartan la enseñanza en grupos separados de niños y niñas. El Parlamento foral aprobó ayer la reforma legal impulsada por Izquierda-Ezkerra, y matizada en parte por una enmienda conjunta pactada con PSN, NaBai y Bildu.
De esta forma, el Gobierno de Navarra deberá dejar de concertar nuevos alumnos con los colegios segregacionistas, aunque se mantendrán las subvenciones públicas hasta que los estudiantes afectados terminen su ciclo de educación obligatoria. Hasta los 12 años si son menores de esa edad, y hasta los 16 si son mayores de 12. Este último matiz fue introducido durante el debate de ayer a instancias del PSN, que inicialmente planteaba que los conciertos se mantuvieran en todos los casos hasta los 16 años.
La reforma afecta a tres centros vinculados al Opus Dei. Dos masculinos, El Redin e Irabia, y otros dos femeninos, Miravalles (asociado con El Redín) e Izaga, este último vinculado a Irabia y todavia en construcción. No obstante, la financiación pactada para este curso no se verá afectada, y quedan abiertas muchas dudas sobre sus consecuencias prácticas para el curso que viene. Fundamentalmente por la postura esgrimida por UPN, que no oculta su voluntad de seguir financiando estos centros convenidos hasta 2015. Un acuerdo que podría servir de argumento para mantener las ayudas al menos hasta esa fecha. Además, y a raiz de la sentencia del Tribunal Supremo que considera que financiar con dinero público estos colegios atenta contra la Ley de Igualdad, el PP trabaja en una nueva reforma que blinde a los centros afectados, unos 70 en el conjunto del Estado.
A partir de ahí se abre una batalla política con múltiples vertientes, que puede acabar incluso con el Parlamento recurriendo al Gobierno foral por entender que no cumple la ley, o con el propio Ejecutivo de UPN acatando gustoso una norma estatal que pasa por encima de la capacidad de autogobierno en materia de Educación.
Debate parlamentario
Es, en cualquier caso, una cuestión que tiene un gran peso político motivada por la vinculación ideológica y religiosa de los centros afectados. Algo que quedó en evidencia durante el debate de ayer, que llevó a UPN y al PPN a denunciar lo que consideran una "ataque a la libertad" impulsado por el "odio" de los impulsores de la reforma legal.
El regioalista Carlos García Adanero, siempre comedido e irónico, sacó a relucir ayer su verbo más duro, en ocasiones indignado, para denunciar lo que lo tildó de "insulto" a miles de familias. "Es una aberración", enfatizó el portavoz regionalista, que consideró que con esta ley solo podrán ir a estos centros "los ricos". "Así solo consiguen fastidiar a 4.000 familias. Les mueve tal odio que no pueden ser felices así. Es una desgracia. Hoy 27 parlamentarios se irán a dormir a pierna suelta y mañana 4.000 se levantarán sin saber cuál es su futuro. Ya lo han conseguido", criticó. Igualmente molesta se mostró la parlamentaria del PPN, Amaya Zarranz, que entiende que "no hay motivos pedagógicos y educativos" que avalen la reforma.
Algo en lo que sí insistieron los defendores de la ley. En especial su promotora, Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra), que subrayó que la modficiación sólo pretende "impulsar el principio de coeducación y que no haya discriminación por razón de sexo en los centros educativos". "La transmisión del valor de igualdad está en los fines de la educación pública y por tanto en la educación concertada", subrayó.
11 de octubre de 2012
Aunque insuficiente, bienvenido un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la UE
Aunque insuficiente, bienvenido un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la UE
Por un control ciudadano de los mercados financieros, ¡ITF YA! COMUNICADO DE ATTAC ESPAÑA
Artículos de Opinión
Attac España
11-10-2012
ATTAC España se congratula del hecho de que nuestro país sea uno de los 11 estados que han acordado aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) en la UE por el procedimiento de Cooperación Reforzada. Hace quince años que la organización internacional ATTAC comenzó a movilizarse en todo el planeta para exigir la implantación de este impuesto global a las finanzas, que en nuestra opinión no debe perseguir sólo fines recaudatorios, sino además tener un objetivo regulador, redistributivo e incluso sancionador, como todo impuesto.
En otro comunicado emitido hace ahora un año, ATTAC España saludaba entonces la directiva sobre el ITF elaborada por la Comisión Europea, y subrayaba la existencia de muchos puntos dignos de apoyo en la propuesta. En concreto, se señalaba que es un paso en la buena dirección fijar un tipo impositivo del 0,1% para las transacciones en acciones y bonos, que es el nivel de impuesto que ATTAC ha venido exigiendo desde hace años; como lo es incluir los productos derivados y aplicar el impuesto a todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y también recaudarlo en el país de residencia de quien hace las transferencias y no en los mercados donde se producen. Las graves insuficiencias de la propuesta también fueron señaladas en su momento: el tipo impositivo propuesto sobre los productos derivados es muy bajo -solo del 0.01% – lo que dificulta su capacidad de reducir la especulación y la volatilidad; y no se propone su aplicación a las transacciones de divisas, dejando sin gravar un mercado altamente especulativo y tremendamente volátil que mueve 4 billones de dólares al día.
Aplicar el ITF en Europa como han acordado 11 países es para ATTAC un hecho ciertamente positivo, pero desde ATTAC España llamamos a la ciudadanía a seguir presionando socialmente para conseguir su aplicación global y para forzar que no se quede en una medida aislada. Para que sea una herramienta que permita combatir la especulación financiera, mediante la reducción de las transacciones a cortísimo plazo, y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de unos bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Interesa señalar entre esas medidas las siguientes:
•Regular de la Banca. Especialmente la banca en la sombra, esa que utiliza de forma intensiva los paraísos fiscales, para lo que hay que revisar los acuerdos internacionales de contabilidad y administración y hacer que incluyan la obligación de una transparencia mucho mayor que la actual.
•Erradicar los Paraísos Fiscales. La aplicación del ITF no tendrá una eficacia real si no se acaba también con los Paraísos Fiscales, auténticos agujeros negros de las vergüenzas del sistema.
•Es imprescindible crear un nuevo Banco Central Europeo (BCE). Modificar el papel y autonomía del BCE para que además de intervenir directamente en las políticas de creación de empleo y rendir cuentas a la ciudadanía europea, pueda financiar directamente sin interés, o a bajo tipo, inversiones públicas útiles de acuerdo con objetivos económicos, sociales y medioambientales o garantizar préstamos para las administraciones públicas a cargo de esas inversiones.
•Evitar el fraude fiscal de las transnacionales y las grandes fortunas. Implantar una armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por Internet. Es necesario introducir la obligatoriedad de una contabilidad “país por país” en las trasnacionales para evitar la manipulación de resultados y la imputación de costes para eludir la fiscalidad.
•Limitar el apalancamiento financiero. Para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de la crisis financiera.
•Introducir una mayor progresividad fiscal. Para al menos equiparar los tipos impositivos de los rendimientos del capital con los del trabajo.
•Prohibir negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas. Mercados que requieren operaciones de cobertura pero no de especulación a corto plazo.
•Separar la banca comercial y la banca de inversión. Para garantizar los ahorros de los particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.
•Crear de una banca pública nacional con compromiso de servicio público. En el caso español, utilizando como base la que existe en la participación estatal en el salvamento de las Cajas de Ahorro, y replanteando su funcionamiento para que sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
ATTAC España hace un llamamiento a toda la ciudadanía a continuar con el proceso de movilización social permanente, orientado a la reivindicación de estas medidas y también a profundizar en la democracia buscando una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, en un momento en el que los poderes financieros, con la complicidad de los gobiernos europeos, están socavando las bases de la democracia, vaciándola de contenido y sustituyéndola por decisiones, supuestamente técnicas, que en realidad son la aplicación de su programa político neoliberal.
Fuente: http://www.attac.es/2012/10/11/aunq...
Por un control ciudadano de los mercados financieros, ¡ITF YA! COMUNICADO DE ATTAC ESPAÑA
Artículos de Opinión
Attac España
11-10-2012
ATTAC España se congratula del hecho de que nuestro país sea uno de los 11 estados que han acordado aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) en la UE por el procedimiento de Cooperación Reforzada. Hace quince años que la organización internacional ATTAC comenzó a movilizarse en todo el planeta para exigir la implantación de este impuesto global a las finanzas, que en nuestra opinión no debe perseguir sólo fines recaudatorios, sino además tener un objetivo regulador, redistributivo e incluso sancionador, como todo impuesto.
En otro comunicado emitido hace ahora un año, ATTAC España saludaba entonces la directiva sobre el ITF elaborada por la Comisión Europea, y subrayaba la existencia de muchos puntos dignos de apoyo en la propuesta. En concreto, se señalaba que es un paso en la buena dirección fijar un tipo impositivo del 0,1% para las transacciones en acciones y bonos, que es el nivel de impuesto que ATTAC ha venido exigiendo desde hace años; como lo es incluir los productos derivados y aplicar el impuesto a todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y también recaudarlo en el país de residencia de quien hace las transferencias y no en los mercados donde se producen. Las graves insuficiencias de la propuesta también fueron señaladas en su momento: el tipo impositivo propuesto sobre los productos derivados es muy bajo -solo del 0.01% – lo que dificulta su capacidad de reducir la especulación y la volatilidad; y no se propone su aplicación a las transacciones de divisas, dejando sin gravar un mercado altamente especulativo y tremendamente volátil que mueve 4 billones de dólares al día.
Aplicar el ITF en Europa como han acordado 11 países es para ATTAC un hecho ciertamente positivo, pero desde ATTAC España llamamos a la ciudadanía a seguir presionando socialmente para conseguir su aplicación global y para forzar que no se quede en una medida aislada. Para que sea una herramienta que permita combatir la especulación financiera, mediante la reducción de las transacciones a cortísimo plazo, y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de unos bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Interesa señalar entre esas medidas las siguientes:
•Regular de la Banca. Especialmente la banca en la sombra, esa que utiliza de forma intensiva los paraísos fiscales, para lo que hay que revisar los acuerdos internacionales de contabilidad y administración y hacer que incluyan la obligación de una transparencia mucho mayor que la actual.
•Erradicar los Paraísos Fiscales. La aplicación del ITF no tendrá una eficacia real si no se acaba también con los Paraísos Fiscales, auténticos agujeros negros de las vergüenzas del sistema.
•Es imprescindible crear un nuevo Banco Central Europeo (BCE). Modificar el papel y autonomía del BCE para que además de intervenir directamente en las políticas de creación de empleo y rendir cuentas a la ciudadanía europea, pueda financiar directamente sin interés, o a bajo tipo, inversiones públicas útiles de acuerdo con objetivos económicos, sociales y medioambientales o garantizar préstamos para las administraciones públicas a cargo de esas inversiones.
•Evitar el fraude fiscal de las transnacionales y las grandes fortunas. Implantar una armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por Internet. Es necesario introducir la obligatoriedad de una contabilidad “país por país” en las trasnacionales para evitar la manipulación de resultados y la imputación de costes para eludir la fiscalidad.
•Limitar el apalancamiento financiero. Para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de la crisis financiera.
•Introducir una mayor progresividad fiscal. Para al menos equiparar los tipos impositivos de los rendimientos del capital con los del trabajo.
•Prohibir negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas. Mercados que requieren operaciones de cobertura pero no de especulación a corto plazo.
•Separar la banca comercial y la banca de inversión. Para garantizar los ahorros de los particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.
•Crear de una banca pública nacional con compromiso de servicio público. En el caso español, utilizando como base la que existe en la participación estatal en el salvamento de las Cajas de Ahorro, y replanteando su funcionamiento para que sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
ATTAC España hace un llamamiento a toda la ciudadanía a continuar con el proceso de movilización social permanente, orientado a la reivindicación de estas medidas y también a profundizar en la democracia buscando una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, en un momento en el que los poderes financieros, con la complicidad de los gobiernos europeos, están socavando las bases de la democracia, vaciándola de contenido y sustituyéndola por decisiones, supuestamente técnicas, que en realidad son la aplicación de su programa político neoliberal.
Fuente: http://www.attac.es/2012/10/11/aunq...
Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia
ANÁLISIS: RAFAEL ESCUDERO ALDAY (publicado en el diario digital Público)
Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia
11/10/2012
El Tribunal Constitucional acaba de rechazar a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Hace más de un año la sala de lo militar del Tribunal Supremo negó a sus familiares la posibilidad de interponer un recurso de revisión contra la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta en 1940. Ahora, el Tribunal Constitucional inadmite a trámite el recurso debido a la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
Antes de entrar a analizar esta resolución del TC, recordemos las circunstancias del caso. La ley de memoria histórica de 2007 reconoció la ilegitimidad e injusticia de las resoluciones de los órganos judiciales franquistas dictadas en manifiesta vulneración de derechos humanos (arts. 2 y 3), como fue el caso del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández por el delito de adhesión a la rebelión. A esto se añadió la posibilidad de que los familiares de las personas afectadas por dichas resoluciones pudieran solicitar del Estado español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron condenados por razones políticas o ideológicas (art. 4).
Con esta declaración en la mano, la familia de Miguel Hernández decidió explorar la vía judicial para conseguir que los tribunales españoles revisasen su caso y declarasen la nulidad de aquel inicuo consejo de guerra. Sus familiares entendían que concurren "hechos nuevos" que justificarían la revisión de la sentencia, según ampara la legislación procesal. Tales hechos serían no sólo la declaración general de ilegitimidad e injusticia contenida en la propia ley, sino también la de reparación y reconocimiento personal expedida por el Ministerio de Justicia.
El órgano competente para resolver el caso, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, decidió cerrar sus puertas al recurso en febrero de 2011. Ni siquiera consideró oportuno entrar en el fondo del asunto, sino que simplemente denegó la propia interposición del recurso. Aceptó las tesis de la fiscalía general del Estado (dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido) y entendió que no había nada que anular porque la sentencia que condenó a Miguel Hernández ya era nula de pleno Derecho al haber sido expulsada del ordenamiento jurídico en virtud de la citada ley de 2007. Carece, a juicio del Tribunal, de vigencia jurídica.
Al rechazar incluso la mera posibilidad de interponer el recurso, el Tribunal Supremo cercena de raíz el derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que la familia de Miguel Hernández acudiera al Tribunal Constitucional, alegando que el TS vulnera tal derecho al desconocer profundamente el contenido de la ley de memoria histórica. Se arguye en el recurso que esta establece la injusticia e ilegitimidad de tales sentencias, pero que estos calificativos de índole moral y político no producen efectos jurídicos. Y mucho menos suponen la nulidad, inexistencia o pérdida de vigencia jurídica de dichas sentencias. Estas siguen en vigor hasta que no se declare su nulidad, bien por la ley bien por otro tribunal, que es precisamente lo que solicita la familia de Miguel Hernández.
En septiembre de 2011 se presentó el recurso de amparo y a finales de septiembre de este año se ha notificado la resolución de inadmisión a trámite. Aun cuando nos hayamos resignado a aceptar la lentitud de nuestros tribunales -y especialmente del Tribunal Constitucional-, no deja de resultar inaceptable que se tarde un año en redactar un párrafo. Porque esta es la extensión de la resolución, un párrafo, dado que la ley permite que la inadmisión no se acompañe de motivación alguna.
Con esta fórmula el Tribunal ha elegido la peor de las salidas posibles para la familia de Miguel Hernández y la mejor para él: evitar la discusión sobre el fondo del asunto. Podría haber expuesto sus argumentos sobre la vigencia o no de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que ya han desplegado sus efectos, o bien podría haber reiterado su conocida doctrina sobre la irretroactividad de la Constitución y su imposible aplicación a épocas anteriores, o incluso podría haber planteado sus dudas -y, en su caso, su negativa- sobre la relevancia constitucional de la cuestión. Y ahí podríamos debatir y estar o no de acuerdo con sus tesis. Pero no vamos a poder hacerlo. Mediante el expediente utilizado, el Tribunal evita que puedan rebatirse sus argumentos. Parece que el Tribunal no quiere ofrecer pistas por si acaso a las víctimas se les ocurre recurrir a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y demandar al Estado español por permitir que los crímenes del franquismo queden impunes.
La decisión ha sido adoptada por la sección del Tribunal compuesta por los magistrados Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Pablo Pérez Tremps. Los dos primeros fueron nombrados a propuesta del PP, mientras que el último fue propuesto por el PSOE. Sorprende que un magistrado progresista coincida en su apreciación de este caso con Hernando, cuyo pasado al frente del Consejo General del Poder Judicial es de sobra conocido, y con Pérez de los Cobos, "autor intelectual" de la última reforma laboral del gobierno del PP.
O quizá la sorpresa no sea tan grande si observamos la trayectoria de estos dos partidos en relación con la recuperación de la memoria histórica. A pesar de impulsar la ley de 2007, el PSOE coincide con el PP en su rechazo a declarar la nulidad de sentencias como la que condenó a muerte a Miguel Hernández. La seguridad jurídica y el principio de continuidad del Estado fueron los puntos esgrimidos por sus representantes en el debate parlamentario. En este punto los argumentarios de ambos partidos coincidían, como coincide también la opinión de estos magistrados en lo relativo al tratamiento constitucional de la revisión del pasado dictatorial del Estado español.
Con su decisión el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo del olvido de Miguel Hernández, poeta y comunista. Lo que un tribunal militar franquista comenzó con una condena a muerte años atrás y la llegada de la democracia española fue incapaz de subsanar, acaba de certificarlo el Tribunal Constitucional con la negativa a amparar a sus familiares en la pretensión de declarar nula tal condena. Una condena que sigue en pie, como monumento a la infamia.
En conclusión, esta decisión del TC es una manifestación -otra más- del pacto de olvido y silencio suscrito en la transición. Un pacto según el cual, en términos del novelista Rafael Reig, "todo está perdonado".
Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia
11/10/2012
El Tribunal Constitucional acaba de rechazar a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Hace más de un año la sala de lo militar del Tribunal Supremo negó a sus familiares la posibilidad de interponer un recurso de revisión contra la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta en 1940. Ahora, el Tribunal Constitucional inadmite a trámite el recurso debido a la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
Antes de entrar a analizar esta resolución del TC, recordemos las circunstancias del caso. La ley de memoria histórica de 2007 reconoció la ilegitimidad e injusticia de las resoluciones de los órganos judiciales franquistas dictadas en manifiesta vulneración de derechos humanos (arts. 2 y 3), como fue el caso del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández por el delito de adhesión a la rebelión. A esto se añadió la posibilidad de que los familiares de las personas afectadas por dichas resoluciones pudieran solicitar del Estado español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron condenados por razones políticas o ideológicas (art. 4).
Con esta declaración en la mano, la familia de Miguel Hernández decidió explorar la vía judicial para conseguir que los tribunales españoles revisasen su caso y declarasen la nulidad de aquel inicuo consejo de guerra. Sus familiares entendían que concurren "hechos nuevos" que justificarían la revisión de la sentencia, según ampara la legislación procesal. Tales hechos serían no sólo la declaración general de ilegitimidad e injusticia contenida en la propia ley, sino también la de reparación y reconocimiento personal expedida por el Ministerio de Justicia.
El órgano competente para resolver el caso, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, decidió cerrar sus puertas al recurso en febrero de 2011. Ni siquiera consideró oportuno entrar en el fondo del asunto, sino que simplemente denegó la propia interposición del recurso. Aceptó las tesis de la fiscalía general del Estado (dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido) y entendió que no había nada que anular porque la sentencia que condenó a Miguel Hernández ya era nula de pleno Derecho al haber sido expulsada del ordenamiento jurídico en virtud de la citada ley de 2007. Carece, a juicio del Tribunal, de vigencia jurídica.
Al rechazar incluso la mera posibilidad de interponer el recurso, el Tribunal Supremo cercena de raíz el derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que la familia de Miguel Hernández acudiera al Tribunal Constitucional, alegando que el TS vulnera tal derecho al desconocer profundamente el contenido de la ley de memoria histórica. Se arguye en el recurso que esta establece la injusticia e ilegitimidad de tales sentencias, pero que estos calificativos de índole moral y político no producen efectos jurídicos. Y mucho menos suponen la nulidad, inexistencia o pérdida de vigencia jurídica de dichas sentencias. Estas siguen en vigor hasta que no se declare su nulidad, bien por la ley bien por otro tribunal, que es precisamente lo que solicita la familia de Miguel Hernández.
En septiembre de 2011 se presentó el recurso de amparo y a finales de septiembre de este año se ha notificado la resolución de inadmisión a trámite. Aun cuando nos hayamos resignado a aceptar la lentitud de nuestros tribunales -y especialmente del Tribunal Constitucional-, no deja de resultar inaceptable que se tarde un año en redactar un párrafo. Porque esta es la extensión de la resolución, un párrafo, dado que la ley permite que la inadmisión no se acompañe de motivación alguna.
Con esta fórmula el Tribunal ha elegido la peor de las salidas posibles para la familia de Miguel Hernández y la mejor para él: evitar la discusión sobre el fondo del asunto. Podría haber expuesto sus argumentos sobre la vigencia o no de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que ya han desplegado sus efectos, o bien podría haber reiterado su conocida doctrina sobre la irretroactividad de la Constitución y su imposible aplicación a épocas anteriores, o incluso podría haber planteado sus dudas -y, en su caso, su negativa- sobre la relevancia constitucional de la cuestión. Y ahí podríamos debatir y estar o no de acuerdo con sus tesis. Pero no vamos a poder hacerlo. Mediante el expediente utilizado, el Tribunal evita que puedan rebatirse sus argumentos. Parece que el Tribunal no quiere ofrecer pistas por si acaso a las víctimas se les ocurre recurrir a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y demandar al Estado español por permitir que los crímenes del franquismo queden impunes.
La decisión ha sido adoptada por la sección del Tribunal compuesta por los magistrados Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Pablo Pérez Tremps. Los dos primeros fueron nombrados a propuesta del PP, mientras que el último fue propuesto por el PSOE. Sorprende que un magistrado progresista coincida en su apreciación de este caso con Hernando, cuyo pasado al frente del Consejo General del Poder Judicial es de sobra conocido, y con Pérez de los Cobos, "autor intelectual" de la última reforma laboral del gobierno del PP.
O quizá la sorpresa no sea tan grande si observamos la trayectoria de estos dos partidos en relación con la recuperación de la memoria histórica. A pesar de impulsar la ley de 2007, el PSOE coincide con el PP en su rechazo a declarar la nulidad de sentencias como la que condenó a muerte a Miguel Hernández. La seguridad jurídica y el principio de continuidad del Estado fueron los puntos esgrimidos por sus representantes en el debate parlamentario. En este punto los argumentarios de ambos partidos coincidían, como coincide también la opinión de estos magistrados en lo relativo al tratamiento constitucional de la revisión del pasado dictatorial del Estado español.
Con su decisión el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo del olvido de Miguel Hernández, poeta y comunista. Lo que un tribunal militar franquista comenzó con una condena a muerte años atrás y la llegada de la democracia española fue incapaz de subsanar, acaba de certificarlo el Tribunal Constitucional con la negativa a amparar a sus familiares en la pretensión de declarar nula tal condena. Una condena que sigue en pie, como monumento a la infamia.
En conclusión, esta decisión del TC es una manifestación -otra más- del pacto de olvido y silencio suscrito en la transición. Un pacto según el cual, en términos del novelista Rafael Reig, "todo está perdonado".
Apoyar protestas en la red podrá ser motivo de prisión
Apoyar protestas en la red podrá ser motivo de prisión
10 octubre, 2012
Filed underEspaña
Posted by Guest DANIEL FONT NOGUEROL / BARCELONA
DIAGONALPERIODICO.NET
Mano dura ante la respuesta ciudadana. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hacía público hace pocos días el informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal. Entre sus puntos destaca la definición del delito de atentado, que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia al agente, por lo que los cargos por “resistencia y atentado a la autoridad” serán todavía más habituales”, tal y como señala la Comisión de Legal del 15M. El informe aclara que delito de atentado “no se equipara con la resistencia pasiva, que, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel”. Hace escasos meses, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, amenazaba con incluir la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad. Finalmente el Gobierno ha dado marcha atrás en ese punto.
Por otro lado, el éxito de las convocatorias a manifestaciones vía redes sociales no ha pasado inadvertido. La reforma introduce como nuevo delito la difusión de mensajes que inciten a alteraciones del orden público. La pena será de entre tres meses y un año de cárcel, o bien será sancionada con multa. Ello conlleva que será punible el simple hecho de lanzar el mensaje, “al configurarse como un delito de peligro y no de resultado”, explica Maribel Mora Grande, coordinadora general de la Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Mora Grande considera que “estas medidas buscan criminalizar la respuesta social, pues prevén que, con los recortes sociales que está aplicando el Gobierno, pueda haber una gran respuesta social” y añade que “lo que quieren es evitar que la gente luche”.
Prisión permanente revisable
La reforma también plantea la imposición de la prisión permanente revisable, que, en palabras de Gallardón, tiene “plenamente encaje constitucional”, ya que no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo. No lo ve así Mora Grande, quien afirma que, una vez condenado, “al preso deja de prestársele atención y pasa de ser el punto de mira a convertirse poco más que en escoria para la sociedad”, e indica que, “de hecho, ya existe la cadena perpetua y ahora se pretende que sea posible con un solo delito. Hasta ahora, por un lado, el límite de 40 años de cárcel no es absoluto y algunas personas acumulan varias condenas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite”.
La responsable de APDHA apunta que el Derecho Penal no es el único ni el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, ni siquiera el más apropiado para proteger y reparar a las víctimas.
En 2010, España tenía 345 personas condenadas a más de 30 años de prisión, sin contar las condenas por delitos de terrorismo, mientras que otros países donde existe legalmente la cadena perpetua, como Inglaterra o Alemania, los presos no están más de 15 o 19 años en prisión, según la APDHA. La Asociación advierte que en los últimos años España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que es uno de los países más seguros del entorno.
PUNTOS ROJOS DE LA REFORMA DE GALLARDÓN
ATENTADO AGRAVADO
Al delito de atentado a la autoridad se le aplicará un agravante si el reo utiliza objetos que conlleven peligro para la integridad física del agente.
CUSTODIA
Esta nueva figura supondrá que, tras cumplir su pena, el condenado por delitos de especial gravedad pueda pasar hasta diez años más en prisión si el tribunal valora que aún es peligroso.
ADIÓS A LAS FALTAS
Con la reforma, las faltas desaparecen del Código Civil, convirtiéndose en delitos leves o persiguiéndose por vía administrativa.
DELITO DE HURTO
La falta de hurto, antes penada con multa de hasta dos meses y prisión de cuatro a 12 días, pasa a ser delito leve. Eso sí, el valor máximo de lo hurtado asciende de 400 a los mil euros.
10 octubre, 2012
Filed underEspaña
Posted by Guest DANIEL FONT NOGUEROL / BARCELONA
DIAGONALPERIODICO.NET
Mano dura ante la respuesta ciudadana. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hacía público hace pocos días el informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal. Entre sus puntos destaca la definición del delito de atentado, que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia al agente, por lo que los cargos por “resistencia y atentado a la autoridad” serán todavía más habituales”, tal y como señala la Comisión de Legal del 15M. El informe aclara que delito de atentado “no se equipara con la resistencia pasiva, que, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel”. Hace escasos meses, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, amenazaba con incluir la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad. Finalmente el Gobierno ha dado marcha atrás en ese punto.
Por otro lado, el éxito de las convocatorias a manifestaciones vía redes sociales no ha pasado inadvertido. La reforma introduce como nuevo delito la difusión de mensajes que inciten a alteraciones del orden público. La pena será de entre tres meses y un año de cárcel, o bien será sancionada con multa. Ello conlleva que será punible el simple hecho de lanzar el mensaje, “al configurarse como un delito de peligro y no de resultado”, explica Maribel Mora Grande, coordinadora general de la Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Mora Grande considera que “estas medidas buscan criminalizar la respuesta social, pues prevén que, con los recortes sociales que está aplicando el Gobierno, pueda haber una gran respuesta social” y añade que “lo que quieren es evitar que la gente luche”.
Prisión permanente revisable
La reforma también plantea la imposición de la prisión permanente revisable, que, en palabras de Gallardón, tiene “plenamente encaje constitucional”, ya que no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo. No lo ve así Mora Grande, quien afirma que, una vez condenado, “al preso deja de prestársele atención y pasa de ser el punto de mira a convertirse poco más que en escoria para la sociedad”, e indica que, “de hecho, ya existe la cadena perpetua y ahora se pretende que sea posible con un solo delito. Hasta ahora, por un lado, el límite de 40 años de cárcel no es absoluto y algunas personas acumulan varias condenas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite”.
La responsable de APDHA apunta que el Derecho Penal no es el único ni el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, ni siquiera el más apropiado para proteger y reparar a las víctimas.
En 2010, España tenía 345 personas condenadas a más de 30 años de prisión, sin contar las condenas por delitos de terrorismo, mientras que otros países donde existe legalmente la cadena perpetua, como Inglaterra o Alemania, los presos no están más de 15 o 19 años en prisión, según la APDHA. La Asociación advierte que en los últimos años España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que es uno de los países más seguros del entorno.
PUNTOS ROJOS DE LA REFORMA DE GALLARDÓN
ATENTADO AGRAVADO
Al delito de atentado a la autoridad se le aplicará un agravante si el reo utiliza objetos que conlleven peligro para la integridad física del agente.
CUSTODIA
Esta nueva figura supondrá que, tras cumplir su pena, el condenado por delitos de especial gravedad pueda pasar hasta diez años más en prisión si el tribunal valora que aún es peligroso.
ADIÓS A LAS FALTAS
Con la reforma, las faltas desaparecen del Código Civil, convirtiéndose en delitos leves o persiguiéndose por vía administrativa.
DELITO DE HURTO
La falta de hurto, antes penada con multa de hasta dos meses y prisión de cuatro a 12 días, pasa a ser delito leve. Eso sí, el valor máximo de lo hurtado asciende de 400 a los mil euros.
10 de octubre de 2012
Una insólita isla socialista resiste la crisis en España
Inicio » Autores » Una insólita isla socialista resiste la crisis en España
Una insólita isla socialista resiste la crisis en España
Sábado, agosto 11, 2012, 12:30
Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados, es sin duda un dirigente singular dentro de la clase política española.
Heterodoxo entre los heterodoxos, sus últimas acciones han recibido críticas incluso desde sus propias filas en Izquierda Unida, donde su organización, el Colectivo Unidad de los Trabajadores- Bloque Andaluz de Izquierdas, está integrado desde 1986.
Junto a su eterno compañero de lucha jornalera, Diego Cañamero, Sánchez Gordillo ha sido un histórico dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), columna vertebral del actual SAT. Además, desde 1979 es alcalde de Marinaleda, una pequeña localidad sevillana donde durante los últimos 40 años la izquierda ha tenido una hegemonía absoluta. El apoyo y compromiso de los vecinos del pueblo ha permitido poner en marcha un verdadero experimento político y económico, una suerte de isla socialista en mitad del campo andaluz.
Enemiga eterna de los terratenientes y la derecha, la Marinaleda roja ha caminado por la historia de España desde la Transición, pasando por la entrada en Europa y el fin del referente del comunismo con la caída de la Unión Soviética, hasta el siglo XXI. Finalmente, llegó la crisis económica y esta población andaluza ha tenido la oportunidad de probar si su particular utopía en 25 kilómetros cuadrados es realmente una alternativa frente a los mercados. Su tasa de paro actual es del 0%. Trabajo
Una buena parte de los habitantes están empleados en la Cooperativa Humar – Marinaleda S.C.A, creada por los propios jornaleros tras años de lucha. Durante mucho, los campesinos estuvieron ocupando las tierras de Humoso, donde hoy está la cooperativa, y cada vez que lo hacían eran desalojados por la Guardia Civil. Finalmente, en 1992 consiguieron su objetivo: “la tierra para el que la trabaja” y la finca pasó a su propiedad. En su web aclaran que su “objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo mediante la venta de productos hortícolas saludables y de calidad”.
Todos los sueldos en la cooperativo son iguales: unos 1.200 euros al mes En sus campos se producen habas, alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra, controlados por los mismos trabajadores en todas las fases de producción. Las tierras, situadas en la Vega del Genil, son propiedad de “toda la comunidad” y además cuentan con una fábrica de conservas, una almazara, invernaderos, instalaciones de ganadería y una tienda. El salario de todos los trabajadores, sin importar cuál sea su puesto, es de 47 euros por jornada, seis días por semana, a razón de 1.128 euros al mes por 35 horas semanales.
En las temporadas altas, en la cooperativa llegan a trabajar alrededor de 400 personas y como mínimo hay unas cien. Pero cada puesto de trabajo no es propiedad de un vecino en concreto, sino que se van rotando para que todos puedan cobrar algo, siguiendo la máxima de “trabajar menos para trabajar todos”. Además, también hay gente que trabaja en pequeñas parcelas de su propiedad. El resto de la economía la ocupan sectores básicos del medio rural, como tiendas, servicios básicos y deportes. Prácticamente todos en el pueblo cobran lo mismo que un jornalero, alrededor de 1.200 euros al mes.
En una entrevista concedida a Público el mes pasado, el propio Gordillo explicaba cómo está afectando la crisis a Marinaleda. “Se nota un poco en los precios de los productos agrícolas y en la financiación. Tenemos problemas de liquidez pero estamos vendiendo bien los productos”.
De esta forma, “en términos generales, en la agricultura y en la alimentación se ha notado menos en la crisis. Lo que ocurre es que la gente que se había ido del campo para trabajar en la construcción está volviendo en demanda del empleo. Así que no sólo hay que mantener el empleo que existe sino que hay que incrementarlo. La agricultura ecológica da más empleo que la tradicional, eso es cierto. Claro que para salvarla de la situación de la crisis y del encarecimiento de los productos agrarios, estamos intentado un comercio horizontal, con un diálogo de cooperativa a cooperativa y estableciendo relaciones con otros países donde haya experiencias de este tipo”.
Vivienda
Frente al ‘boom inmobiliario’ y la especulación que se apoderó del ladrillo español durante las últimas décadas, Marinaleda decidió tirar precisamente por la dirección contraria. Allí es posible tener una casa en buenas condiciones, de 90 metros cuadrados y con terraza, por 15 euros al mes. La única condición es que, siguiendo la filosofía asamblearia y horizontal por la que guía todas sus actividades, cada persona debe ayudar a la construcción de su vivienda.
Con un suelo que ha conseguido alternando compra y expropiación, el Ayuntamiento ofrece un terreno y proporciona los materiales necesarios para la construcción de la vivienda, que realizan los propios inquilinos o bien éstos pagan a alguien que les reemplace. De esta forma, paga a albañiles profesionales para que asesoren a los vecinos y lleven a cabo las labores más complicadas. Además, como medida para fomentar la colaboración, los futuros vecinos no saben cuál de las viviendas que se edifican va a ser la suya en el futuro.
“Cuando trabajas construyendo la casa te pagan 800 euros al mes y la mitad del sueldo se reserva para ir pagando la casa”, relata Juan José Sancho, un vecino de Marinaleda que, pese a sus 21 años, forma parte del ‘grupo de acción’ del Ayuntamiento que se encarga, a través de la asamblea, de gestionar los asuntos públicos de la localidad. Según él, “esta medida se ha tomado para que no se pueda especular con la vivienda“.
Educación
“Tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco” Donde antes una gran parte de los jornaleros apenas sabían escribir, hoy hay una guardería, una escuela y un instituto que tiene hasta cuarto de la ESO. Tanto la guardería como el colegio cuentan con un servicio de comedor que cuesta sólo 15 euros al mes. Sin embargo, según relata Sancho, “la tasa de fracaso escolar es un poco alta, porque la gente ve que tiene casa y trabajo asegurados y muchos no ven la necesidad de esforzarse en los estudios. Es uno de los puntos que tenemos que mejorar”.
El compromiso y la conciencia política entre los habitantes de Marinaleda es superior a la cualquier otro pueblo de la zona, y “es algo que también está muy presente entre los jóvenes”, según Sancho. “Aquí todos los jóvenes tienen ideas políticas. Sin embargo, nuestro compromiso queda muy lejos que el que tuvieron nuestros padres en su época, que lo dieron todo por tener esto”. A día de hoy “tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco”.
Participación política
Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el modelo económico de Marinaleda son la igualdad y la participación del pueblo. Y estos principios se expanden a todos los ámbitos de la vida, también la política. Allí no existe la Policía y las decisiones políticas se toman en una asamblea en la que todos los vecinos están llamados a participar.
Por otra parte, “está el ‘grupo de acción’, que trata los temas urgentes más del día adía. No es un grupo de elegidos, son las personas que quieren unirse voluntariamente para repartirse tareas que son necesarias hacer por el pueblo”, explica Sancho. “Es un espacio muy heterogéneo, en el que estoy desde yo, que tengo 21 años, hasta el Sánchez Gordillo. Somos más o menos el mismo número de hombres y mujeres”. Sin embargo, una cosa tienen en común todos los que participan en él. Todos pertenecen “al movimiento” y, en su sitio como Marinaleda, “el partido (IU), el sindicato (SAT) y el Ayuntamiento son parte de un mismo todo. La asamblea decide y el partido y el sindicato hacen suya esa decisión y la aplican en el Ayuntamiento”.
En cuanto a los impuestos, “son muy bajos, los más bajos de toda la comarca”, según Sancho. Los presupuestos se eligen en plenos públicos y la gente en asamblea va aprobando cada partida que se realiza. Luego, se va haciendo barrio por barrio, pues cada uno cuenta con su propia asamblea de vecinos, y es ésta la que se decide en qué se invierte cada euro proveniente de la partido que ha destinado el ayuntamiento.
Medio ambiente
Siguiendo la doctrina de la coordinadora internacional Vía Campesina, en la cual está integrada el SAT, allí se trabaja la tierra “respetando el medio ambiente, practicando unaagricultura 100% ecológica“, como anuncia la cooperativa en su web.
“En la cooperativa siempre se ha tratado de fomentar la agricultura manual, para crear más puestos de trabajo y ser más respetuosos con el ecosistema”, explica Sancho. Además, relata, “se han eliminado los vertederos y todos los desperdicios se llevan a plantas de reciclaje”. El Ayuntamiente pretende ahora instalar su propio Punto Verde en el pueblo.
Luis Gimenez San Miguel
compartir
Delicious Digg Design Float Mixx Reddit StumbleUpon Technorati Etiquetas: España, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Marinaleda, SAT
Una insólita isla socialista resiste la crisis en España
Sábado, agosto 11, 2012, 12:30
Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados, es sin duda un dirigente singular dentro de la clase política española.
Heterodoxo entre los heterodoxos, sus últimas acciones han recibido críticas incluso desde sus propias filas en Izquierda Unida, donde su organización, el Colectivo Unidad de los Trabajadores- Bloque Andaluz de Izquierdas, está integrado desde 1986.
Junto a su eterno compañero de lucha jornalera, Diego Cañamero, Sánchez Gordillo ha sido un histórico dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), columna vertebral del actual SAT. Además, desde 1979 es alcalde de Marinaleda, una pequeña localidad sevillana donde durante los últimos 40 años la izquierda ha tenido una hegemonía absoluta. El apoyo y compromiso de los vecinos del pueblo ha permitido poner en marcha un verdadero experimento político y económico, una suerte de isla socialista en mitad del campo andaluz.
Enemiga eterna de los terratenientes y la derecha, la Marinaleda roja ha caminado por la historia de España desde la Transición, pasando por la entrada en Europa y el fin del referente del comunismo con la caída de la Unión Soviética, hasta el siglo XXI. Finalmente, llegó la crisis económica y esta población andaluza ha tenido la oportunidad de probar si su particular utopía en 25 kilómetros cuadrados es realmente una alternativa frente a los mercados. Su tasa de paro actual es del 0%. Trabajo
Una buena parte de los habitantes están empleados en la Cooperativa Humar – Marinaleda S.C.A, creada por los propios jornaleros tras años de lucha. Durante mucho, los campesinos estuvieron ocupando las tierras de Humoso, donde hoy está la cooperativa, y cada vez que lo hacían eran desalojados por la Guardia Civil. Finalmente, en 1992 consiguieron su objetivo: “la tierra para el que la trabaja” y la finca pasó a su propiedad. En su web aclaran que su “objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo mediante la venta de productos hortícolas saludables y de calidad”.
Todos los sueldos en la cooperativo son iguales: unos 1.200 euros al mes En sus campos se producen habas, alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra, controlados por los mismos trabajadores en todas las fases de producción. Las tierras, situadas en la Vega del Genil, son propiedad de “toda la comunidad” y además cuentan con una fábrica de conservas, una almazara, invernaderos, instalaciones de ganadería y una tienda. El salario de todos los trabajadores, sin importar cuál sea su puesto, es de 47 euros por jornada, seis días por semana, a razón de 1.128 euros al mes por 35 horas semanales.
En las temporadas altas, en la cooperativa llegan a trabajar alrededor de 400 personas y como mínimo hay unas cien. Pero cada puesto de trabajo no es propiedad de un vecino en concreto, sino que se van rotando para que todos puedan cobrar algo, siguiendo la máxima de “trabajar menos para trabajar todos”. Además, también hay gente que trabaja en pequeñas parcelas de su propiedad. El resto de la economía la ocupan sectores básicos del medio rural, como tiendas, servicios básicos y deportes. Prácticamente todos en el pueblo cobran lo mismo que un jornalero, alrededor de 1.200 euros al mes.
En una entrevista concedida a Público el mes pasado, el propio Gordillo explicaba cómo está afectando la crisis a Marinaleda. “Se nota un poco en los precios de los productos agrícolas y en la financiación. Tenemos problemas de liquidez pero estamos vendiendo bien los productos”.
De esta forma, “en términos generales, en la agricultura y en la alimentación se ha notado menos en la crisis. Lo que ocurre es que la gente que se había ido del campo para trabajar en la construcción está volviendo en demanda del empleo. Así que no sólo hay que mantener el empleo que existe sino que hay que incrementarlo. La agricultura ecológica da más empleo que la tradicional, eso es cierto. Claro que para salvarla de la situación de la crisis y del encarecimiento de los productos agrarios, estamos intentado un comercio horizontal, con un diálogo de cooperativa a cooperativa y estableciendo relaciones con otros países donde haya experiencias de este tipo”.
Vivienda
Frente al ‘boom inmobiliario’ y la especulación que se apoderó del ladrillo español durante las últimas décadas, Marinaleda decidió tirar precisamente por la dirección contraria. Allí es posible tener una casa en buenas condiciones, de 90 metros cuadrados y con terraza, por 15 euros al mes. La única condición es que, siguiendo la filosofía asamblearia y horizontal por la que guía todas sus actividades, cada persona debe ayudar a la construcción de su vivienda.
Con un suelo que ha conseguido alternando compra y expropiación, el Ayuntamiento ofrece un terreno y proporciona los materiales necesarios para la construcción de la vivienda, que realizan los propios inquilinos o bien éstos pagan a alguien que les reemplace. De esta forma, paga a albañiles profesionales para que asesoren a los vecinos y lleven a cabo las labores más complicadas. Además, como medida para fomentar la colaboración, los futuros vecinos no saben cuál de las viviendas que se edifican va a ser la suya en el futuro.
“Cuando trabajas construyendo la casa te pagan 800 euros al mes y la mitad del sueldo se reserva para ir pagando la casa”, relata Juan José Sancho, un vecino de Marinaleda que, pese a sus 21 años, forma parte del ‘grupo de acción’ del Ayuntamiento que se encarga, a través de la asamblea, de gestionar los asuntos públicos de la localidad. Según él, “esta medida se ha tomado para que no se pueda especular con la vivienda“.
Educación
“Tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco” Donde antes una gran parte de los jornaleros apenas sabían escribir, hoy hay una guardería, una escuela y un instituto que tiene hasta cuarto de la ESO. Tanto la guardería como el colegio cuentan con un servicio de comedor que cuesta sólo 15 euros al mes. Sin embargo, según relata Sancho, “la tasa de fracaso escolar es un poco alta, porque la gente ve que tiene casa y trabajo asegurados y muchos no ven la necesidad de esforzarse en los estudios. Es uno de los puntos que tenemos que mejorar”.
El compromiso y la conciencia política entre los habitantes de Marinaleda es superior a la cualquier otro pueblo de la zona, y “es algo que también está muy presente entre los jóvenes”, según Sancho. “Aquí todos los jóvenes tienen ideas políticas. Sin embargo, nuestro compromiso queda muy lejos que el que tuvieron nuestros padres en su época, que lo dieron todo por tener esto”. A día de hoy “tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco”.
Participación política
Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el modelo económico de Marinaleda son la igualdad y la participación del pueblo. Y estos principios se expanden a todos los ámbitos de la vida, también la política. Allí no existe la Policía y las decisiones políticas se toman en una asamblea en la que todos los vecinos están llamados a participar.
Por otra parte, “está el ‘grupo de acción’, que trata los temas urgentes más del día adía. No es un grupo de elegidos, son las personas que quieren unirse voluntariamente para repartirse tareas que son necesarias hacer por el pueblo”, explica Sancho. “Es un espacio muy heterogéneo, en el que estoy desde yo, que tengo 21 años, hasta el Sánchez Gordillo. Somos más o menos el mismo número de hombres y mujeres”. Sin embargo, una cosa tienen en común todos los que participan en él. Todos pertenecen “al movimiento” y, en su sitio como Marinaleda, “el partido (IU), el sindicato (SAT) y el Ayuntamiento son parte de un mismo todo. La asamblea decide y el partido y el sindicato hacen suya esa decisión y la aplican en el Ayuntamiento”.
En cuanto a los impuestos, “son muy bajos, los más bajos de toda la comarca”, según Sancho. Los presupuestos se eligen en plenos públicos y la gente en asamblea va aprobando cada partida que se realiza. Luego, se va haciendo barrio por barrio, pues cada uno cuenta con su propia asamblea de vecinos, y es ésta la que se decide en qué se invierte cada euro proveniente de la partido que ha destinado el ayuntamiento.
Medio ambiente
Siguiendo la doctrina de la coordinadora internacional Vía Campesina, en la cual está integrada el SAT, allí se trabaja la tierra “respetando el medio ambiente, practicando unaagricultura 100% ecológica“, como anuncia la cooperativa en su web.
“En la cooperativa siempre se ha tratado de fomentar la agricultura manual, para crear más puestos de trabajo y ser más respetuosos con el ecosistema”, explica Sancho. Además, relata, “se han eliminado los vertederos y todos los desperdicios se llevan a plantas de reciclaje”. El Ayuntamiente pretende ahora instalar su propio Punto Verde en el pueblo.
Luis Gimenez San Miguel
compartir
Delicious Digg Design Float Mixx Reddit StumbleUpon Technorati Etiquetas: España, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Marinaleda, SAT
¡No debemos, no pagamos!: semana de lucha contra la deuda y el poder financiero
¡No debemos, no pagamos!: semana de lucha contra la deuda y el poder financiero
– 8 octubre, 2012
Publicado en: EN ESPAÑA
Enric Llopis
Periodista.
Valencia.
La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en el estado español ha convocado una semana de acciones contra la deuda y las instituciones financieras internacionales, que se suman a las anunciadas en todo el mundo entre los días 8 y 13 de octubre. Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante acogerán actos informativos y reivindicativos en las calles y plazas, con el lema “¡No debemos! ¡No pagamos!”. Las actividades previstas pueden consultarse en la página Web www.auditoriaciudadana.net. Uno de los ejes de la semana de lucha es difundir alternativas al pago de la deuda, fundamentalmente las auditorías ciudadanas.
La deuda se ha convertido en la principal arma de dominación masiva de los poderes financieros para subyugar a las democracias europeas. ©Joan PicornellLos organizadores pretenden informar a la población de que, al igual que ocurrió en la década de los 80 con los pueblos de América Latina, África o Asia, la deuda se ha convertido en la principal arma de dominación masiva de los poderes financieros para subyugar a las democracias europeas. Recuerdan, asimismo, que desde la firma del Tratado de Maastrich para la adopción del euro, los tratados firmados por los gobiernos nacionales, como el Pacto del Euro o el Pacto de Estabilidad Financiera otorgan cada vez más competencias a organismos no electos por la ciudadanía, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo.
En España, por ejemplo, el año pasado se materializó una reforma constitucional para priorizar el pago de la deuda sin ningún tipo de consulta a la sociedad, añaden. Subrayan también que está preparándose ya “un nuevo golpe a nuestra precaria democracia, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que nos someterá a los dictámenes del FMI y sus tristemente falsos planes de ajuste estructural, que arrasaron las economías de los países empobrecidos durante décadas” y añaden que “este robo de soberanía popular ha dejado claro que la democracia es incompatible con el capitalismo”, por lo que declaran que “la deuda es ilegítima, porque al igual que en los estados de la periferia, ha sido inducida por los poderes financieros para someter a la población a sus intereses privados”. Madrid es una de las ciudades en la que se desarrollarán actividades de información y denuncia la semana próxima; el lunes 8 de octubre tendrá lugar un taller de camisetas y pancartas en el Patio Maravillas; el martes, se proyectará la película “Deudocracia” con posterior debate, en el Mercado de la Cebada. Al día siguiente, se celebrará una velada poética en La Marabunta. Las acciones continuarán el jueves 11 de octubre con un debate en la Plaza del Carmen. Y a ellas se agregarán un Festival de Cortos sobre la deuda, el viernes, una manifestación con la consigna “¡No debemos! ¡No pagamos!” el sábado 13 y, para concluir, actividades lúdicas el domingo 14 en el Parque del Retiro:“Circo de la deuda”.
Respecto a Barcelona, la Plataforma Auditoría Ciudadana ha organizado un partido de fútbol de carácter simbólico entre el 1% de la población que detenta los medios de riqueza frente al 99%, en Gran Vía/Paseo de Gracia de Barcelona. Los días 9, 10 y 11 de octubre están previstas charlas informativas sobre “De què va el deute?”(Ca n’Oriac de Sabadell), “Rescat i conseqüències del deute”(Sarriá Sant Gervasi en Barcelona) y “Com afecta el deute a les nostres vides” (Plaça del Rei de Barcelona). Los últimos actos de la semana consistirán en la conferencia titulada “Què podem fer al municipi?” (plaça de la Vila de Badalona) el día 12 y una manifestación el día 13 en la plaça de Catalunya. En el caso de Alicante, las actividades se centrarán en el reparto de material informativo durante toda la semana. La plataforma se desplazará para ello a puntos estratégicos de la ciudad, como centros de salud (el día 8); servicios de atención a desempleados (miércoles 10); institutos y Universidad de Alicante y el mercado de Carolinas. Las acciones contra la deuda concluirán el sábado 13, a las 18.00 horas, con una “cacerolada global” contra el rescate de la banca y las instituciones financieras internacionales. Por otra parte, la Plataforma Auditoría Ciudadana de Valencia se sumó a esta jornada de lucha global la semana pasada, con una conferencia en la Universitat impartida por María Lucía Fatorelli coordinadora desde el año 2000 de la Auditoría de la Deuda Brasileña, y Miriam Ayala, miembro del grupo que auditó la deuda de Ecuador en 2007. También en Valencia, la plataforma se sumará a la convocatoria de manifestación global contra la deuda el 13 de octubre. A las 17,00 tendrá lugar una marcha-cacerolada, que partirá de la plaza del 15-M (plaza del Ayuntamiento) hasta el municipio de Alaquàs, donde el grupo se agregará a los actos organizados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (“Nadie sin techo”).
La semana que viene, además, está prevista la presentación en Castellón de una Plataforma Auditoría contra la Deuda. La semana de lucha contra la deuda se instauró en 2007, con motivo del Foro Social Mundial de Nairobi, para denunciar la injusticia que supone la deuda externa para los estados de la periferia, así como las políticas de sometimiento que en torno a la deuda han impulsado organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Este año, la Plataforma Auditoría Ciudadana tendrá un recuerdo especial para el expresidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, al cumplirse el 75 aniversario de su asesinato. Conocido como el Che Guevara africano, impulsó durante su mandato (1983-1987) políticas contra el neocolonialismo, en particular, contra el dominio ejercido por Francia, la antigua metrópoli, y, asimismo, trató de evitar la ayuda exterior, y reducir tanto la “deuda odiosa” como la influencia del FMI y el Banco Mundial. Finalmente, Sankara fue asesinado tras un golpe de estado apoyado por Francia. Durante la semana de actos y movilizaciones, se explicarán alternativas al pago de la deuda. Una de las principales es la elaboración de auditorías ciudadana. Éstas parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”. En caso de serlo, debería procederse a su anulación.
Entre el 8 y el 13 de octubre se realizarán acciones en todo el mundo contra la deuda y por las auditorías ciudadanasLa Plataforma considera que las auditorías representan un derecho democrático esencial, como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; se trata, en definitiva, “de un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos”, afirman. El ejemplo más claro de la viabilidad de la iniciativa es la auditoría de la deuda de Ecuador, realizada entre los años 2007 y 2008 durante la presidencia de Rafael Correa. Esta iniciativa permitió al gobierno anular deudas ilegítimas y ahorrarse el pago de unos 300 millones de dólares durante 20 años. Estos recursos, en consecuencia, han podido dedicarse a la mejora de la sanidad pública, la educación y la creación de empleo. Otras iniciativas planteadas son la expropiación de bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano; decretar una moratoria unilateral sobre el pago de la deuda mientras ser realiza una auditoría (con participación ciudadana) de los créditos públicos (de acuerdo a los resultados de esta auditoría, se deberá anular la deuda identificada como ilegítima). Instaurar una verdadera justicia global europea y una justa redistribución de la riqueza, además de prohibir los paraísos fiscales y gravar con dureza las transacciones financieras.
También se propone luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y los más ricos; disciplinar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y la prohibición de ventas al descubierto; reducir de modo notable el tiempo de trabajo para crear empleos, pero con aumento de salarios y pensiones; socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en los últimos 30 años; y plantear una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea, entre otras cuestiones. La Plataforma Auditoría Ciudadana está integrada por ciudadanos y ciudadanas particulares, asambleas del 15-M y distintas redes y organizaciones sociales. Los objetivos principales a partir de los que se constituye son demostrar la ilegitimidad de la deuda, denunciar a sus responsables y exigir el no pago de la deuda ilegítima.
– 8 octubre, 2012
Publicado en: EN ESPAÑA
Enric Llopis
Periodista.
Valencia.
La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en el estado español ha convocado una semana de acciones contra la deuda y las instituciones financieras internacionales, que se suman a las anunciadas en todo el mundo entre los días 8 y 13 de octubre. Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante acogerán actos informativos y reivindicativos en las calles y plazas, con el lema “¡No debemos! ¡No pagamos!”. Las actividades previstas pueden consultarse en la página Web www.auditoriaciudadana.net. Uno de los ejes de la semana de lucha es difundir alternativas al pago de la deuda, fundamentalmente las auditorías ciudadanas.
La deuda se ha convertido en la principal arma de dominación masiva de los poderes financieros para subyugar a las democracias europeas. ©Joan PicornellLos organizadores pretenden informar a la población de que, al igual que ocurrió en la década de los 80 con los pueblos de América Latina, África o Asia, la deuda se ha convertido en la principal arma de dominación masiva de los poderes financieros para subyugar a las democracias europeas. Recuerdan, asimismo, que desde la firma del Tratado de Maastrich para la adopción del euro, los tratados firmados por los gobiernos nacionales, como el Pacto del Euro o el Pacto de Estabilidad Financiera otorgan cada vez más competencias a organismos no electos por la ciudadanía, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo.
En España, por ejemplo, el año pasado se materializó una reforma constitucional para priorizar el pago de la deuda sin ningún tipo de consulta a la sociedad, añaden. Subrayan también que está preparándose ya “un nuevo golpe a nuestra precaria democracia, mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que nos someterá a los dictámenes del FMI y sus tristemente falsos planes de ajuste estructural, que arrasaron las economías de los países empobrecidos durante décadas” y añaden que “este robo de soberanía popular ha dejado claro que la democracia es incompatible con el capitalismo”, por lo que declaran que “la deuda es ilegítima, porque al igual que en los estados de la periferia, ha sido inducida por los poderes financieros para someter a la población a sus intereses privados”. Madrid es una de las ciudades en la que se desarrollarán actividades de información y denuncia la semana próxima; el lunes 8 de octubre tendrá lugar un taller de camisetas y pancartas en el Patio Maravillas; el martes, se proyectará la película “Deudocracia” con posterior debate, en el Mercado de la Cebada. Al día siguiente, se celebrará una velada poética en La Marabunta. Las acciones continuarán el jueves 11 de octubre con un debate en la Plaza del Carmen. Y a ellas se agregarán un Festival de Cortos sobre la deuda, el viernes, una manifestación con la consigna “¡No debemos! ¡No pagamos!” el sábado 13 y, para concluir, actividades lúdicas el domingo 14 en el Parque del Retiro:“Circo de la deuda”.
Respecto a Barcelona, la Plataforma Auditoría Ciudadana ha organizado un partido de fútbol de carácter simbólico entre el 1% de la población que detenta los medios de riqueza frente al 99%, en Gran Vía/Paseo de Gracia de Barcelona. Los días 9, 10 y 11 de octubre están previstas charlas informativas sobre “De què va el deute?”(Ca n’Oriac de Sabadell), “Rescat i conseqüències del deute”(Sarriá Sant Gervasi en Barcelona) y “Com afecta el deute a les nostres vides” (Plaça del Rei de Barcelona). Los últimos actos de la semana consistirán en la conferencia titulada “Què podem fer al municipi?” (plaça de la Vila de Badalona) el día 12 y una manifestación el día 13 en la plaça de Catalunya. En el caso de Alicante, las actividades se centrarán en el reparto de material informativo durante toda la semana. La plataforma se desplazará para ello a puntos estratégicos de la ciudad, como centros de salud (el día 8); servicios de atención a desempleados (miércoles 10); institutos y Universidad de Alicante y el mercado de Carolinas. Las acciones contra la deuda concluirán el sábado 13, a las 18.00 horas, con una “cacerolada global” contra el rescate de la banca y las instituciones financieras internacionales. Por otra parte, la Plataforma Auditoría Ciudadana de Valencia se sumó a esta jornada de lucha global la semana pasada, con una conferencia en la Universitat impartida por María Lucía Fatorelli coordinadora desde el año 2000 de la Auditoría de la Deuda Brasileña, y Miriam Ayala, miembro del grupo que auditó la deuda de Ecuador en 2007. También en Valencia, la plataforma se sumará a la convocatoria de manifestación global contra la deuda el 13 de octubre. A las 17,00 tendrá lugar una marcha-cacerolada, que partirá de la plaza del 15-M (plaza del Ayuntamiento) hasta el municipio de Alaquàs, donde el grupo se agregará a los actos organizados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (“Nadie sin techo”).
La semana que viene, además, está prevista la presentación en Castellón de una Plataforma Auditoría contra la Deuda. La semana de lucha contra la deuda se instauró en 2007, con motivo del Foro Social Mundial de Nairobi, para denunciar la injusticia que supone la deuda externa para los estados de la periferia, así como las políticas de sometimiento que en torno a la deuda han impulsado organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Este año, la Plataforma Auditoría Ciudadana tendrá un recuerdo especial para el expresidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, al cumplirse el 75 aniversario de su asesinato. Conocido como el Che Guevara africano, impulsó durante su mandato (1983-1987) políticas contra el neocolonialismo, en particular, contra el dominio ejercido por Francia, la antigua metrópoli, y, asimismo, trató de evitar la ayuda exterior, y reducir tanto la “deuda odiosa” como la influencia del FMI y el Banco Mundial. Finalmente, Sankara fue asesinado tras un golpe de estado apoyado por Francia. Durante la semana de actos y movilizaciones, se explicarán alternativas al pago de la deuda. Una de las principales es la elaboración de auditorías ciudadana. Éstas parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”. En caso de serlo, debería procederse a su anulación.
Entre el 8 y el 13 de octubre se realizarán acciones en todo el mundo contra la deuda y por las auditorías ciudadanasLa Plataforma considera que las auditorías representan un derecho democrático esencial, como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; se trata, en definitiva, “de un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos”, afirman. El ejemplo más claro de la viabilidad de la iniciativa es la auditoría de la deuda de Ecuador, realizada entre los años 2007 y 2008 durante la presidencia de Rafael Correa. Esta iniciativa permitió al gobierno anular deudas ilegítimas y ahorrarse el pago de unos 300 millones de dólares durante 20 años. Estos recursos, en consecuencia, han podido dedicarse a la mejora de la sanidad pública, la educación y la creación de empleo. Otras iniciativas planteadas son la expropiación de bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano; decretar una moratoria unilateral sobre el pago de la deuda mientras ser realiza una auditoría (con participación ciudadana) de los créditos públicos (de acuerdo a los resultados de esta auditoría, se deberá anular la deuda identificada como ilegítima). Instaurar una verdadera justicia global europea y una justa redistribución de la riqueza, además de prohibir los paraísos fiscales y gravar con dureza las transacciones financieras.
También se propone luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y los más ricos; disciplinar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y la prohibición de ventas al descubierto; reducir de modo notable el tiempo de trabajo para crear empleos, pero con aumento de salarios y pensiones; socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en los últimos 30 años; y plantear una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea, entre otras cuestiones. La Plataforma Auditoría Ciudadana está integrada por ciudadanos y ciudadanas particulares, asambleas del 15-M y distintas redes y organizaciones sociales. Los objetivos principales a partir de los que se constituye son demostrar la ilegitimidad de la deuda, denunciar a sus responsables y exigir el no pago de la deuda ilegítima.
9 de octubre de 2012
13 DE OCTUBRE: II ASAMBLEA ESTATAL DE CONSTITUYENTES
EL SABADO 13 DE OCTUBRE TIENES UNA CITA
Hace muy poco era una idea. Hoy esa idea se ha hecho gente , jóvenes, abuelos, niños , mujeres, trabajadores , pueblo.
Ya se escucha fuerte el grito de la calle que exige una nueva Constitución.
La represión no podrá detener una marea ciudadana que empieza a rugir y que pronto se abrirá paso incontenible.
Los pueblos de España no quieren una Constitución hecha por unos pocos.
Una Constitución Democrática debe ser el resultado de un proceso de creación social, es decir de un Proceso Constituyente Ciudadano.
Un PROCESO CONSTITUYENTE CIUDADANO, hecho desde abajo. Donde todos podamos participar y expresarnos, Donde deben emerger aquellos valores y principios que queremos para nuestras vidas . Donde el pueblo desarrolle su poder constituyente y proyecte un futuro compartido.
Un PROCESO CONSTITUYENTE CIUDADANO, hecho por todos y todas. Donde podemos acudir como iguales, , hecho de calle, de poder del pueblo, de paz, de solidaridad, de cercanía local, física y emocional, de organización horizontal, de escuchar a los demás, de vivencia de una realidad democrática.
Porque esta vez no dejaremos que el futuro sea secuestrado por una elite poseedora de privilegios políticos y económicos llamamos a dar los siguientes paso organizándonos en todo el Estado.
LA TAREA DE HOY ES ORGANIZAR EL PODER CONSTITUYENTE
TE ESPERAMOS EN LA II ASAMBLEA ESTATAL DE CONSTITUYENTES
MADRID SABADO 13 DE OCTUBRE
10 HORAS. LA TABACALERA
c/EMBAJADORES 53, LAVAPIÉS
Hace muy poco era una idea. Hoy esa idea se ha hecho gente , jóvenes, abuelos, niños , mujeres, trabajadores , pueblo.
Ya se escucha fuerte el grito de la calle que exige una nueva Constitución.
La represión no podrá detener una marea ciudadana que empieza a rugir y que pronto se abrirá paso incontenible.
Los pueblos de España no quieren una Constitución hecha por unos pocos.
Una Constitución Democrática debe ser el resultado de un proceso de creación social, es decir de un Proceso Constituyente Ciudadano.
Un PROCESO CONSTITUYENTE CIUDADANO, hecho desde abajo. Donde todos podamos participar y expresarnos, Donde deben emerger aquellos valores y principios que queremos para nuestras vidas . Donde el pueblo desarrolle su poder constituyente y proyecte un futuro compartido.
Un PROCESO CONSTITUYENTE CIUDADANO, hecho por todos y todas. Donde podemos acudir como iguales, , hecho de calle, de poder del pueblo, de paz, de solidaridad, de cercanía local, física y emocional, de organización horizontal, de escuchar a los demás, de vivencia de una realidad democrática.
Porque esta vez no dejaremos que el futuro sea secuestrado por una elite poseedora de privilegios políticos y económicos llamamos a dar los siguientes paso organizándonos en todo el Estado.
LA TAREA DE HOY ES ORGANIZAR EL PODER CONSTITUYENTE
TE ESPERAMOS EN LA II ASAMBLEA ESTATAL DE CONSTITUYENTES
MADRID SABADO 13 DE OCTUBRE
10 HORAS. LA TABACALERA
c/EMBAJADORES 53, LAVAPIÉS
El nacionalismo españolista
El nacionalismo españolista
Política Catalana, Política Española Añada comentariosArtículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 5 de octubre de 2012
Este artículo describe las características de la ideología dominante del establishment español basado en Madrid, que se opone al desarrollo de una España plurinacional, mediante su control del Estado español.
Durante los Juegos Olímpicos pudimos oír como la BBC presentaba con toda naturalidad a Gran Bretaña como un Estado de varias naciones, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que tienen sus propios derechos claramente diferenciados. Sería impensable, sin embargo, que la televisión pública española diera un informe semejante sobre España. Y sería también impensable que el establishment español, basado en Madrid, admitiera que España es un Estado de varias naciones, cada una con su pleno derecho de autodeterminación, incluyendo su poder de escisión, si así lo desean, como ocurre en Gran Bretaña con Escocia o en Canadá con Quebec. Lo máximo que se llega a admitir es que España ya es, en realidad, un Estado federal, pues el gasto de las autonomías es mayor que el gasto gestionado por algunos Estados en un sistema federal.
Este argumento se repite una y otra vez sin haber variado ni un ápice desde hace ya años. Y desde luego, tales establishments tampoco reconocen que ellos mismos son profundamente nacionalistas, lo cual es fácil de ver que lo son, pues defienden una visión de España que niega la plurinacionalidad del Estado, sometiendo todas las otras nacionalidades al Estado español, a su cultura, idioma y comportamientos. En esta resistencia a la plurinacionalidad no ven ninguna expresión de dominio. El hecho de que los parlamentarios catalanes no puedan expresarse en catalán no lo ven como una imposición de dominio cultural. Cualquier defensa de tal plurinacionalidad es acusada de victimismo, de secesionismo, de falta de internacionalismo o peor, para una persona de izquierdas, de falta de solidaridad con el resto de España, asumiendo que tener un Estado central es la condición necesaria para distribuir la riqueza. Tal nacionalismo españolista se justifica así como garante de solidaridad, confundiendo solidaridad con uniformidad. Por lo demás, las demandas por parte de la gran mayoría de partidos políticos en Catalunya, excepto el PP catalán, son definidas como el resultado de los deseos de la burguesía catalana de expandir sus privilegios de clase a costa del resto de España. Esta interpretación de los hechos está enormemente generalizada y ha creado un sentimiento hostil hacia Catalunya que la derecha española ha rentabilizado electoralmente, estimulando tal sentimiento. Estos sentimientos aparecen también en sectores del nacionalismo españolista dentro de las izquierdas, de las que he llegado a oír que el entonces presidente Montilla o la dirigente socialista Manuela de Madre, “estaban contaminados de nacionalismo”.
Y el establishment españolista, basado en Madrid, considera un disparate indicar que tal establishment esté explotando a Catalunya o a cualquier otra comunidad. El hecho de que el sistema de transporte ferroviario sea enormemente radial, centrado en su gran parte en Madrid, se considera lógico y razonable, debido a la capitalidad de tal ciudad. Y el hecho de que se pueda ir de Barcelona a Madrid en dos horas y media, y que conlleve más de seis horas ir de Barcelona a Bilbao (que tiene la misma distancia), no se reconoce como indicador de algo que es profundamente injusto.
Es esta actitud y estos argumentos que han llevado a gran parte de Catalunya a un hartazgo y al deseo de separarse de España. Tengo muchísimos amigos aquí en Catalunya que nunca pensaron en separarse de España, y ahora lo están pensando y deseando.
Veamos.
1. Un socialista tiene que estar en contra de cualquier tipo de explotación, sea ésta de clase, género, raza o nación. Y dentro de España hay explotación de todo tipo, incluso de nación. Ya sé que esto nunca (repito, nunca) un intelectual del establishment madrileño, desde Fernando Savater al político José Bono y muchos otros lo aceptará. Pero, mientras, repito, pueden ir de Madrid a Barcelona en dos horas, pero para ir de Barcelona a Bilbao se necesitan seis horas y cuarto. ¿Nunca han oído el dicho del presidente Aznar de que el modelo ferroviario de España debería basarse en que cualquier capital de provincia no estuviera más distante de Madrid que 4 horas?
2. Las personas que pagan impuestos no viven en el vacío. Viven en territorios que necesitan servicios públicos e infraestructuras. Esta frase que continuamente se utiliza de que no son territorios pero individuos los que pagan impuestos, ignora que los individuos viven en territorios cuyos recursos públicos se financian por aportaciones individuales.
3. De ahí que sea lógico que desde Catalunya se hable de que ésta, al ser más rica, aporte más recursos, lo cual ninguna fuerza catalana ha cuestionado. La continua acusación que se hace a Catalunya de ser insolidaria es otro insulto más entre otros muchos que constantemente se hacen a Catalunya. El cuestionamiento de solidaridad, por muy extraño que parezca, no es el tema que está llevando a miles de catalanes a la calle. Que Catalunya, al ser más rica que el promedio de España, aporte más al erario público del Estado español que otras partes de España, por tener ciudadanos con más recursos, no ha conllevado ninguna objeción por la gran mayoría de partidos políticos catalanes. Ahora bien, los recursos que el Estado catalán recoge, debe revertirlos en Catalunya, donde tales ciudadanos viven, una vez se descuenta el pago de gastos comunes y la solidaridad con otras partes de España. Y en esta devolución a Catalunya tiene que incorporarse una variable más, el coste de vida, pues un pensionista catalán recibiendo la misma pensión que un extremeño, tiene menos capacidad adquisitiva, pues al ser el nivel de vida superior en Catalunya que en Extremadura, el pensionista catalán sale perjudicado. Y esto ocurre en muchas otras transferencias de gasto público. Recibir igual no es lo más equitativo. Además, una nación como Catalunya tiene la responsabilidad de garantizar la viabilidad y fortaleza de su lengua y de su cultura, lo cual requiere dinero y capacidad de decisión. Si Catalunya quiere permanecer como nación, debe considerar el catalán como la lengua prioritaria, sin que ello implique ninguna minusvaloración del idioma castellano, también patrimonio de Catalunya. Si ello no ocurriera, la propia fortaleza del castellano diluiría la cultura catalana hasta el punto de desaparecer (como ha ocurrido en Francia). ¿Es esto lo que desean los nacionalistas españoles? Me temo que algunos sí. Y que tal posibilidad exista, el nacionalismo españolista lo ignora.
4. El nacionalismo españolista es el más oprimente, pues es el que ha mandado y dominado el Estado español. Y actualmente está enrocado en la Constitución, que se considera erróneamente como reflejo de la voluntad de todos los españoles, sin tener en cuenta el momento y contexto en que se aprobó. Un gran desequilibrio de fuerzas explica la Transición inmodélica que creó una Constitución que reproduce este nacionalismo, hasta el punto que prohíbe por fuerza de las armas que Catalunya o el País Vasco pudieran escindirse de España si así lo desearan. Y a esto no le llaman los intelectuales en Madrid dominio y explotación. Por lo visto no se dan cuenta de que una unión es oprimente si no se hace voluntariamente.
5. El Estado de las autonomías no es un Estado federalista. Considerarlo como indicador a través del dato del porcentaje del gasto estatal total que se consume y se gestiona en una Comunidad Autónoma es un error metodológico notable, pues se confunde descentralización con autogobierno. Catalunya puede tener el 80% del gasto sanitario pero tiene una capacidad decisoria limitada en sanidad. Un tanto igual ocurre en educación. Como director de un programa académico en la UPF, tengo que pedir permiso a Madrid, al Ministerio de Educación, para cambiar una asignatura de mi programa. Imposible en EEUU, un Estado federal. Es inimaginable que yo tenga que llamar a Washington para pedir permiso para cambiar una asignatura de un programa académico en la The Johns Hopkins University en Baltimore, en el Estado de Maryland. En Barcelona, sin embargo, sí que tengo que hacerlo, llamando a la capital del Reino.
6. La Transición inmodélica, ocurrió en una situación excepcional, con gran dominio del proceso por parte de las fuerzas conservadoras que dominaban al Estado, estableciendo un Estado que es insatisfactorio para un número creciente de españoles. Su gran retraso social y su falta de plurinacionalidad son un indicador de ello. Y lo que está ocurriendo hoy en las calles de Barcelona (y también en Madrid) es un ejemplo muy claro. La animosidad de gran parte de la población catalana no es hacia España, sino hacia el establishment español y hacia el Estado, lo cual está ocurriendo a lo largo del territorio español. Se requiere un profundo cambio hacia el establecimiento de una España heredera de su pasado republicano con un Estado auténticamente democrático, social y plurinacional, en el que la democracia representativa sea auténticamente proporcional y auténticamente participativa en que las distintas naciones y regiones puedan desarrollar referéndums sobre lo que desean, con una Constitución en la que la unidad en el Estado sea voluntaria, libremente expresada, sin ninguna imposición, y en el que la solidaridad se ejerce, entre otros indicadores, por un pago contributivo según su riqueza, a un nivel que permita el continuo desarrollo de todas las naciones, incluyendo Catalunya, en que los órganos centrales estén distribuidos entre las distintas naciones sin que exista una capitalidad que centralice el poder del Estado. En EEUU, hay muchas agencias federales que están ubicadas en varios estados.
7. El hecho de que la derecha nacionalista catalana esté ahora intentando liderar el movimiento a favor de la autodeterminación no quiere decir que tal derecha sea la auténtica representante del movimiento. En realidad, en los momentos difíciles en Catalunya, como durante la dictadura, fueron las izquierdas las que, en una lucha heroica, defendieron más la identidad catalana, como incluso el presidente Pujol reconoció en su día. La burguesía catalana y la Iglesia catalana, incluyendo Montserrat, apoyaron el fascismo. Tampoco es cierto que todos los que estamos apoyando el derecho de autodeterminación estemos deseando la Secesión. Las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos en Catalunya que ya están pidiendo el autogobierno no están pidiendo la Secesión. Lo que sí que hay es un deseo mayoritario de que el Estado español no es el que se desea, lo cual no quiere decir la rotura con España.
8. No hay duda de que el gobierno CiU está utilizando tal movimiento para desviar la atención popular de lo que en este momento debería ser central, es decir, el impacto en la población de sus políticas neoliberales, llevadas a cabo con apoyo del PP en el Parlament y en las Cortes, donde CiU apoya tales políticas. Pero confundir esta realidad con la creciente fuerza de tal movimiento, evaluándolo como una simple estrategia de CiU es un profundo error. Hoy hay un hartazgo hacia el establishment español, basado en Madrid, que el establishment político catalán está intentando utilizar. Pero también el establishment españolista basado en Madrid lo está utilizando para movilizar, una vez más, el anticatalanismo.
9. Muchos en Catalunya han abandonado este proyecto de luchar por otra España, pues creen que España nunca cambiará. Hoy son independentistas. Simpatizo con ellos. Pero no quiero abandonar el proyecto de construir otra España, muy distinta a la actual, que sea auténticamente democrática, justa y plurinacional. Pero no es nada fácil, incluso también bastante agotador. Las izquierdas españolas gobernantes a pesar de definirse como federalistas, han hecho muy poco para desarrollar el federalismo. Ha sido un indicador más de su excesivo conformismo.
Nacionalismos, derecho a decidir y democracia
Buscar una vía democrática de solución del conflicto
Nacionalismos, derecho a decidir y democracia
Jaime Pastor
Jueves 4 de octubre de 2012
Desde la multitudinaria manifestación de la Diada la reivindicación del derecho a la autodeterminación y a la independencia ha pasado al centro de la agenda política en Catalunya y en el Estado español. No pretendo en este artículo analizar en profundidad los factores que ayudan a entender el rápido ascenso de la opción independentista, pero es evidente que en ello influyó notablemente el rechazo de la reforma estatutaria por el Tribunal Constitucional en julio de 2010, ya que se confirmaba así que las puertas de la Carta Magna estaban cerradas incluso para una apuesta que, aunque enmendada en aspectos importantes, contaba con el visto bueno del parlamento español. No es casual que desde entonces se haya ido extendiendo un movimiento municipalista y ciudadano en Catalunya, promotor de consultas populares con eco creciente, que ha culminado en el éxito alcanzado durante la jornada del 11 de septiembre.
Luego, el estallido de la crisis sistémica ha podido ayudar también a fomentar cierto sentimiento de agravio comparativo con argumentos discutibles pero acompañado –no lo olvidemos- por el temor a una recentralización del Estado, cada vez más visible en el proyecto del PP y ratificada recientemente por la beligerante intervención de la Corona. Ante este panorama, corroborado por las encuestas, no reconocer que nos encontramos ante un nuevo escenario en el que la vía “autonomista” ha fracasado y lo coherente desde un punto de vista democrático es respetar la libre decisión que quiera tomar el pueblo catalán sobre su futuro sería estar ciegos ante el más que probable “choque de trenes”.
Consciente de que ese independentismo ciudadano se produce en el contexto de una crisis de régimen y de la eurozona y buscando a la vez desviar la atención del desgaste que está sufriendo con sus recortes sociales, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por ponerse a la cabeza de ese movimiento y convocar unas elecciones anticipadas con el fin de convertirlas en plebiscitarias. Desde fuera de Catalunya podemos criticar el oportunismo de Mas y su innegable propósito de dejar al margen de la agenda los efectos de sus políticas neoliberales en nombre de un proyecto independentista que pretende aparecer a la vez como solución mágica a la crisis económica y social. Pero no por ello podemos dejar de poner en primer plano la denuncia de un nacionalismo español que, tanto en sus versiones más beligerantes -las del “TDP party”, la UPyD y el PP, con Vidal-Quadras pidiendo la intervención militar- como en las de un PSOE que de pronto ha redescubierto el federalismo “a la alemana” –o sea, uninacional-, sigue rechazando la necesidad de reconocer en condiciones de igualdad la realidad plurinacional existente dentro del Estado español.
No cabe pues más camino que el de buscar una vía democrática de solución del conflicto abierto, con mayor razón cuando probablemente puede volver a plantearse también en el caso vasco. Los “padres de la Constitución” de 1978 –en primer lugar, el rey y la jerarquía militar- quisieron tener “atada y bien atada” la “unidad e indivisibilidad de la Nación española”, pero 34 años después su fracaso es incontestable. Ni el Estado autonómico, ni la integración en la UE –con las constantes cesiones de soberanía hacia arriba que ha supuesto- han logrado ofrecer un reconocimiento y un “acomodo” suficientes de Catalunya dentro del Estado español. A lo máximo que se ha llegado desde “Madrid” ha sido a hablar de España como “Nación de naciones” (la primera con mayúscula y la segunda con minúsculas), pero ni siquiera eso es aceptable para un PP que sigue mostrando su nostalgia de la época colonial con conflictos como el que recientemente se produjo con el islote Tierra, o su persistente obsesión por vender una “marca España” al servicio de las multinacionales.
Responder a este reto con el argumento de que en la Constitución no cabe el derecho a la autodeterminación y de que en caso de referéndum tendría que votar el conjunto de la ciudadanía del Estado, además de antidemocrático, significaría generar una dinámica de confrontación que facilitaría un mayor sentimiento independentista en Catalunya. Una vez más, hay que decir que la responsabilidad principal en el escenario que se ha creado se encuentra en los “separadores” españoles. Ese fundamentalismo constitucional se ve hoy todavía más debilitado si tenemos en cuenta que la Carta Magna que defienden con tanta pasión se ve diariamente violada en su apartado dedicado a los derechos sociales, sobre todo tras la reforma que a toda prisa se hizo en pleno verano de 2011 en su artículo 135 para imponer la “regla de oro” del déficit y del pago de una deuda ilegítima. No cabe pues extrañarse de que lo que fue ya resultado de una “transacción asimétrica” sea cada vez más cuestionado en las calles y estemos entrando ya en una crisis abierta de régimen.
Por eso, en lo que se refiere a la cuestión que nos atañe no vendría mal recordar lo que declaraba el Tribunal Supremo de Canadá en 1998: “La Constitución no es una camisa de fuerza (…). Aunque es cierto que algunas tentativas de reforma de la Constitución han fracasado en el transcurso de los últimos años, un voto claro de la mayoría de quebequeses sobre una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes en la Confederación tendrían la obligación de reconocer”.
4/10/2012
http://blogs.publico.es/dominiopubl...
Jaime Pastor es Profesor de Ciencia Política en la UNED y autor de “Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda”, Los libros de Viento Sur-La oveja roja, 2012
Nacionalismos, derecho a decidir y democracia
Jaime Pastor
Jueves 4 de octubre de 2012
Desde la multitudinaria manifestación de la Diada la reivindicación del derecho a la autodeterminación y a la independencia ha pasado al centro de la agenda política en Catalunya y en el Estado español. No pretendo en este artículo analizar en profundidad los factores que ayudan a entender el rápido ascenso de la opción independentista, pero es evidente que en ello influyó notablemente el rechazo de la reforma estatutaria por el Tribunal Constitucional en julio de 2010, ya que se confirmaba así que las puertas de la Carta Magna estaban cerradas incluso para una apuesta que, aunque enmendada en aspectos importantes, contaba con el visto bueno del parlamento español. No es casual que desde entonces se haya ido extendiendo un movimiento municipalista y ciudadano en Catalunya, promotor de consultas populares con eco creciente, que ha culminado en el éxito alcanzado durante la jornada del 11 de septiembre.
Luego, el estallido de la crisis sistémica ha podido ayudar también a fomentar cierto sentimiento de agravio comparativo con argumentos discutibles pero acompañado –no lo olvidemos- por el temor a una recentralización del Estado, cada vez más visible en el proyecto del PP y ratificada recientemente por la beligerante intervención de la Corona. Ante este panorama, corroborado por las encuestas, no reconocer que nos encontramos ante un nuevo escenario en el que la vía “autonomista” ha fracasado y lo coherente desde un punto de vista democrático es respetar la libre decisión que quiera tomar el pueblo catalán sobre su futuro sería estar ciegos ante el más que probable “choque de trenes”.
Consciente de que ese independentismo ciudadano se produce en el contexto de una crisis de régimen y de la eurozona y buscando a la vez desviar la atención del desgaste que está sufriendo con sus recortes sociales, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por ponerse a la cabeza de ese movimiento y convocar unas elecciones anticipadas con el fin de convertirlas en plebiscitarias. Desde fuera de Catalunya podemos criticar el oportunismo de Mas y su innegable propósito de dejar al margen de la agenda los efectos de sus políticas neoliberales en nombre de un proyecto independentista que pretende aparecer a la vez como solución mágica a la crisis económica y social. Pero no por ello podemos dejar de poner en primer plano la denuncia de un nacionalismo español que, tanto en sus versiones más beligerantes -las del “TDP party”, la UPyD y el PP, con Vidal-Quadras pidiendo la intervención militar- como en las de un PSOE que de pronto ha redescubierto el federalismo “a la alemana” –o sea, uninacional-, sigue rechazando la necesidad de reconocer en condiciones de igualdad la realidad plurinacional existente dentro del Estado español.
No cabe pues más camino que el de buscar una vía democrática de solución del conflicto abierto, con mayor razón cuando probablemente puede volver a plantearse también en el caso vasco. Los “padres de la Constitución” de 1978 –en primer lugar, el rey y la jerarquía militar- quisieron tener “atada y bien atada” la “unidad e indivisibilidad de la Nación española”, pero 34 años después su fracaso es incontestable. Ni el Estado autonómico, ni la integración en la UE –con las constantes cesiones de soberanía hacia arriba que ha supuesto- han logrado ofrecer un reconocimiento y un “acomodo” suficientes de Catalunya dentro del Estado español. A lo máximo que se ha llegado desde “Madrid” ha sido a hablar de España como “Nación de naciones” (la primera con mayúscula y la segunda con minúsculas), pero ni siquiera eso es aceptable para un PP que sigue mostrando su nostalgia de la época colonial con conflictos como el que recientemente se produjo con el islote Tierra, o su persistente obsesión por vender una “marca España” al servicio de las multinacionales.
Responder a este reto con el argumento de que en la Constitución no cabe el derecho a la autodeterminación y de que en caso de referéndum tendría que votar el conjunto de la ciudadanía del Estado, además de antidemocrático, significaría generar una dinámica de confrontación que facilitaría un mayor sentimiento independentista en Catalunya. Una vez más, hay que decir que la responsabilidad principal en el escenario que se ha creado se encuentra en los “separadores” españoles. Ese fundamentalismo constitucional se ve hoy todavía más debilitado si tenemos en cuenta que la Carta Magna que defienden con tanta pasión se ve diariamente violada en su apartado dedicado a los derechos sociales, sobre todo tras la reforma que a toda prisa se hizo en pleno verano de 2011 en su artículo 135 para imponer la “regla de oro” del déficit y del pago de una deuda ilegítima. No cabe pues extrañarse de que lo que fue ya resultado de una “transacción asimétrica” sea cada vez más cuestionado en las calles y estemos entrando ya en una crisis abierta de régimen.
Por eso, en lo que se refiere a la cuestión que nos atañe no vendría mal recordar lo que declaraba el Tribunal Supremo de Canadá en 1998: “La Constitución no es una camisa de fuerza (…). Aunque es cierto que algunas tentativas de reforma de la Constitución han fracasado en el transcurso de los últimos años, un voto claro de la mayoría de quebequeses sobre una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes en la Confederación tendrían la obligación de reconocer”.
4/10/2012
http://blogs.publico.es/dominiopubl...
Jaime Pastor es Profesor de Ciencia Política en la UNED y autor de “Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda”, Los libros de Viento Sur-La oveja roja, 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)














