16 de octubre de 2012
CEAPA convoca a la huelga a los padres y madres para el jueves 18 de octubre
CEAPA convoca a la huelga a los padres y madres para el jueves 18 de octubre
Escrito por Ceapa
Martes, 16 de Octubre de 2012 04:17
Comunicado
CEAPA considera que la gravísima situación actual demanda una respuesta contundente del alumnado y sus familias. Estamos ante un ataque sin precedentes a los derechos del alumnado y de las familias, con recortes salvajes en la educación española que, en el contexto actual, se agravan por la coincidencia con otras medidas igualmente inaceptables.
Hemos arrancado un curso escolar que ha superado con creces los peores pronósticos y ha llegado el momento de que el alumnado y las familias, además de seguir realizando movilizaciones conjuntas con el resto de la Comunidad Educativa, eleven su voz para decirle al Gobierno Central, y a los Autonómicos que siguen su senda, que han llegado al punto de no retorno y que no estamos dispuestos a tolerar ni una sola medida más.
El alumnado y sus familias están soportando recortes en todas las partidas, que no hacen otra cosa que castigar las ya maltrechas economías familiares, abocando al abandono educativo a muchos alumnos por cuestiones económicas. Es intolerable y debemos cambiar radicalmente las medidas que se están tomando.
Sobran los motivos, pero queremos resaltar especialmente que el alumnado y las familias nos movilizamos conjuntamente porque:
• No aceptamos un nuevo cambio de Ley educativa. La sociedad española está cansada de que cada nuevo Gobierno se empeñe en modificar la legislación educativa, máxime si, como ocurre ahora, se hace sin contar con los diferentes sectores buscando cambiar el actual modelo social y satisfacer consignas ideológicas.
• No aceptamos que se nos mienta para justificar una reforma del sistema educativo español tergiversando datos y haciendo juicios de valor que no están basados en datos fiables y contrastados.
• No aceptamos que se desmantele la educación pública para beneficio exclusivo de la iniciativa privada, desviando los fondos públicos para financiar entidades privadas, muchas de dudosa legalidad, que incluso se atreven a vulnerar la Constitución Española con la connivencia de quienes deberían cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente.
• No aceptamos que haya niños y niñas que pasen hambre en los centros educativos, máxime teniendo en cuenta que ha contribuido a ello que determinados responsables políticos hayan decidido retirar las ayudas a sus familias justo cuando en tan sólo dos años la cifra de pobreza infantil en España ha crecido un 10%, sumando 205.000 menores de 18 años que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza a los más de dos millones que ya existían, incremento que es consecuencia del acoso y derribo al que están sometidos los derechos de los ciudadanos españoles.
• No aceptamos que se eliminen todo tipo de ayudas al alumnado y las familias, se incrementen las cuotas y las tasas, incluso creándolas donde no existían, incumpliendo el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y el derecho de acceso en igualdad de condiciones, llegando a ser habitual que los niños no dispongan de los libros de texto y el material curricular necesario para ejercer su derecho a la educación.
• No aceptamos que los irresponsables políticos que nos gobiernan sigan insultando al profesorado que enseña al alumnado español, que goza del respaldo de las familias españolas y del alumnado con el que conviven diariamente, en un ataque sin precedentes a la figura del funcionario público y de los interinos, a los que se trata en ambos casos como si fueran muñecos de feria, con el único objetivo de poner la educación en manos de la empresa privada y, con ello, de precarizar la profesión docente.
• No aceptamos que el Gobierno central, y los autonómicos que secundan sus directrices con alegría, sigan despreciando al alumnado y sus familias, lo que demuestran con sus actuaciones y con sus manifestaciones públicas. Se olvidan de que son nuestros servidores y no nuestros dictadores.
En definitiva, el alumnado y las familias decimos “hasta aquí hemos llegado”, y exigimos:
• El cese fulminante del Ministro Wert y de todo su equipo.
• La retirada inmediata del inaceptable anteproyecto de reforma de la LOE.
• La paralización inmediata de todas las medidas de recorte y desmantelamiento de la educación española.
• Y la apertura, con un nuevo equipo ministerial, de un proceso real de diálogo con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa para buscar, entre todos, el consenso necesario para mejorar, de verdad, la educación española.
Y, por tanto, convocamos a las familias a sumarse a la semana de lucha que ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes, que se desarrollará entre los días 15 y 19 de octubre, implicándose en ella para que sean actuaciones conjuntas del alumnado y de los padres y madres. (Se adjunta calendario de actuaciones.)
Hacemos un llamamiento especial a las familias para que realicen el día 18 de octubre una huelga de padres y madres, consistente en vaciar los centros educativos de todo el país, no llevando a nuestros hijos e hijas a dichos centros para defender sus derechos.
Así mismo, os pedimos que facilitéis la posibilidad de que, solos o con vuestro acompañamiento según las edades y maduración de vuestros hijos e hijas, puedan estos participar de las manifestaciones de estudiantes que se celebrarán en la mañana del día 17 y, todos juntos, hacerlo también en las que se realizarán en la tarde del día 18. De igual forma, os pedimos que forméis parte de las Asambleas que se convoquen y de los piquetes informativos que se realicen.
Ha llegado el momento de que demos un mensaje claro sobre que las cosas han llegado hasta donde nunca deberían haberlo hecho y que no estamos dispuestos a que sigan por ese camino.
Madrid, 10 de octubre de 2012
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Fuente: Ceapa
15 de octubre de 2012
Cuando los empresarios son homicidas. Dos sentencias históricas de la justicia italiana tras la muerte de obreros y ciudadanos
Cuando los empresarios son homicidas
Dos sentencias históricas de la justicia italiana tras la muerte de obreros y ciudadanos
Artículos de Opinión
Pascual Serrano
15-10-2012
El tribunal de Turín (Italia) ha emitido dos sentencias históricas que tienen proyección internacional. En ambos casos, los directivos de poderosas empresas -la metalúrgica alemana ThyssenKrupp y el grupo suizo Eternit, fabricante de materiales a base de amianto- han sido condenados a numerosos años de prisión debido al incumplimiento de las adecuadas medidas de seguridad con el resultado de la muerte de trabajadores y ciudadanos. En uno de ellos incluso por el delito de homicidio voluntario. Estas dos sentencias establecen a partir de ahora una nueva jurisprudencia en material de “accidentes laborales” en toda Europa. El abogado Roberto Lamacchia formó parte de la acusación en representación de trabajadores y sindicatos y explica los elementos comunes y revolucionarios de ambas sentencias.
El primer veredicto, emitido el 15 de abril de 2011, condenó a 16 años y medio de cárcel al consejero delegado Herald Espenhahn, de la multinacional alemana ThyssenKrupp, por la muerte de siete obreros. Se trata de la empresa más importante de Alemania dedicada a la fundición y forja del acero, con presencia en ochenta países y 2.300 centros de producción, oficinas y centros de servicios en todo el mundo. En España la más conocida es su rama dedicada a la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
El trágico accidente sucedió el 6 de diciembre de 2007 tras desbordarse un depósito de aceite que servía para enfriar las láminas de acero y que generó un incendio y explosión cuando los trabajadores trataban de retirarlo. Un operario murió en el acto y los otros seis perdieron la vida tras varios días de agonía por sus gravísimas quemaduras. Fue uno de los accidentes más graves sucedidos en Italia en los últimos años, y conmocionó a todo el país dando lugar a una campaña nacional para mejorar las medidas de seguridad en los centros de trabajo. Los trabajadores de ThyssenKrupp denunciaron entonces que los extintores y el sistema de apagado automático del incendio no funcionaban y que las medidas de seguridad en la fundición eran obsoletas, igualmente criticaron que los empleados tenían que trabajar hasta doce horas seguidas si querían conservar su puesto.
Lo más excepcional de la sentencia es que consideró a los directivos como responsables de varios delitos de “homicidio voluntario”, la primera vez que se contempla esa figura en un accidente laboral en Italia. Además de la condena al consejero delegado, la sentencia de la Corte d’Assise (un tribunal penal compuesto por jueces y jurados que decide sobre los crímenes más graves) de Turín recogió las peticiones de los fiscales en el caso de 5 de los 6 condenados: cuatro de ellos con una pena de trece años y tres meses de prisión y el quinto, Daniele Moroni, la vio aumentada de los 9 años de cárcel que pedía la fiscalía a 10 años y 10 meses. Además se impuso a la empresa una sanción de un millón de euros y no podrá recibir subvenciones estatales italianas durante seis meses. En el mismo período, ThyssenKrupp estará sometida a la prohibición de hacer publicidad de sus productos en Italia. Aunque la compañía presentó un recurso de casación al tribunal superior llegó a un acuerdo con la acusación para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones y garantizarlas independientemente de que la sentencia pueda cambiarse tras el recurso.
En opinión del abogado Roberto Lamacchia, la gran trascendencia de esta sentencia se debe a que “por primera vez, se condena por homicidio voluntario con ’dolo eventual’ a unos directivos por un accidente laboral, es decir, se toma en consideración el conocimiento por parte de los directivos de que se estaban incumpliendo unas medidas, que ello suponía un potencial peligro para los trabajadores y, a pesar de eso, deciden seguir sin rectificar. Esto quedó demostrado mediante la existencia de documentos en los que el consejero delegado Herald Espenhahn da instrucciones para que la aplicación de las medidas de seguridad, entre ellas un sistema automático para apagar el incendio apenas se iniciara, se aplazaran para las nuevas instalaciones en la localidad de Terni y no se pusieran en marcha en esta factoría de Turín, en vías de desmantelamiento donde ya sólo había 200 de los 400 empleados habituales. No es que quisiera la muerte de los trabajadores, claro está, pero sabía de las condiciones de alto riesgo e impidió las medidas, de ahí el dolo eventual. En cambio, otros cuatro directivos fueron condenados por homicidio culposo, con menos responsabilidad, porque no estaba en sus manos decidir la intervención preventiva, no tenían el poder para decidir la instalación de las necesarias medidas de seguridad”. “ Esta consideración no tiene precedentes en Italia -añade Lamacchia-, de ahí la repercusión enorme de esta sentencia, que abre un escenario importante para otros casos similares, no sólo en Italia, sino también en otros países en cuya legislación pueda existir el dolo eventual1. Existe otra novedad de la sentencia, y es que se ha llegado a indemnizar a trabajadores que no sufrieron daño, e incluso algunos ni siquiera se encontraban en el lugar en el momento del accidente, pero que en alguna ocasión estuvieron expuestos al riesgo sin las medidas de seguridad. El auto confirma que el hecho de exponer a los trabajadores al peligro ya es un delito que debe ser castigado, aunque no haya sucedido el accidente. Se trata de una consideración que no tenía hasta ahora precedentes y que puede crear jurisprudencia”.
Tres mil personas muertas
La otra sentencia, procedente del mismo juzgado, fue dictada el 13 de febrero y condenó también a 16 años de cárcel al ex propietario del grupo suizo Eternit, Stephan Schmidheiny, y un administrador de la filial italiana, el barón belga Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne. Se trató del denominado juicio del amianto en Italia y estableció el pago de decenas de millones de euros de indemnización en otra sentencia histórica.
Los jueces italianos, tras una investigación de cinco años, consideraron a los acusados culpables de desastre doloso y omisión dolosa de medidas de seguridad y responsables de la muerte de unas 3.000 personas en Italia, obreros o habitantes de cuatro localidades donde Eternit Italia tenía sus fábricas desde 1976 a 1986. Según la sentencia, al igual que en el caso ThyssenKrupp, se violaron las reglas de la seguridad laboral, pero ahora, además, provocaron "una catástrofe sanitaria y ambiental permanente".
Las indemnizaciones establecidas ascienden a 170 millones de euros. Se trata solamente de las destinadas a los ayuntamientos y regiones afectadas, a los organismos oficiales que han tenido que hacer frente a las consecuencias y a las organizaciones personadas en el proceso. A ellas se añaden las indemnizaciones que, durante más de tres horas, el juez Giuseppe Casalbore leyó destinadas a cada uno de los más de 4500 afectados, entre la emoción y las lágrimas de las víctimas asistentes a la sala y la presencia de medios de comunicación de todo el mundo. “La esperábamos desde hace 30 años”, comentó al diario Il Manifesto Romana Blasotti Pavesi, presidenta de la Asociación de familias víctimas del amianto, quien perdió cinco parientes, entre ellos su marido y su hija. “Estoy satisfecha -añadió con la cara todavía enrojecida por la emoción- pero también triste por los muertos que se podían haber evitado.. Estoy cansada, pero la batalla no ha terminado. Hay que descontaminar el área, sensibilizar a los jóvenes de que tienen que seguir adelante”.
El origen del proceso está en la lucha abierta por los trabajadores de Eternit de la fábrica de Casale Monferrato (en la región italiana del Piamonte) y por los vecinos de la localidad, que vieron como varios miles de sus ciudadanos enfermaron y murieron de cáncer por la exposición al polvo de amianto -también llamada asbesto- procedente de la fábrica. El relato de estos hechos fue recogido en la novela "La lana de la salamandra", de Giampiero Rossi (Ediciones GPS, Madrid).
Lamacchia, quien también es presidente de la sección italiana de la Asociación de Juristas Democráticos, destaca que “en el proceso quedó demostrado que el directivo de Eternit sabía de la peligrosidad del amianto y que, en un momento determinado, dio instrucciones para que no se informase de esa peligrosidad, que se debía difundir la falsa idea de que el peligro sólo se encontraba en el amianto blanco y no en el azul, que era el utilizado en la empresa. Además, también indicó que su identidad no debía aparecer como responsable de esas indicaciones”. En opinión del letrado, “se trata de una sentencia revolucionaria porque, aunque todavía no estaba en vigor en Italia la prohibición del amianto, el directivo empresarial ya sabía que su uso podía provocar cáncer y no tomaron las medidas adecuados ni informaron a los trabajadores y población”.
Las organizaciones sindicales y ecologistas celebraron que la justicia italiana reconociese las exigencias de las víctimas, lo cual abre el camino para que se atiendan reclamaciones similares en otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. La expectación creada fue tanta debido a que los procesos por contaminación por amianto se están desarrollando en numerosos países. Al juicio -el mayor del mundo sobre el amianto- asistieron abogados de numerosas nacionalidades: belgas, suizos, franceses, alemanes y holandeses. Su objetivo era coordinar estrategias y argumentaciones jurídicos para extenderlas a otros juicios y darle una proyección internacional. Roberto Lamacchia reconoce que “la sentencia de Turín no puede sentar jurisprudencia formal para ningún juicio en España ni en el resto de la UE, pero sus fundamentaciones pueden servir de base argumental para otros procesos”. La organización Ecologistas en Acción ha señalado que en España hay situaciones similares a la de Casale Monferrato en Sevilla, Cerdanyola (Barcelona) y en las fábricas de la empresa Uralita en Getafe y Ciempozuelos (Madrid). Concretamente sobre esta firma, el pasado mes de febrero, un juzgado de Madrid la condenó a pagar 1.727.000 euros a 23 trabajadores de sus fábricas madrileñas "por no adoptar las medidas de protección necesarias" contra la exposición y la inhalación de amianto. Eran un total de 40 los trabajadores que se habían presentado como acusación en este juicio, celebrado el 23 de enero pasado, de los que 17 han fallecido en los últimos tres años.
La inhalación de fibras de amianto produce dos tipos de enfermedades: asbestosis y cáncer. La primera consiste en un fibrosis intersticial difusa de los pulmones, derivada de la exposición al polvo de amianto y, por lo tanto, se presenta comúnmente en trabajadores expuestos al asbesto. Puede terminar produciendo incapacitación y muerte. El amianto fue prohibido en toda la Unión Europea en 2005 cuando entró en vigencia una directiva de 1999, la prohibición no se hizo efectiva en España hasta el año 2001. Según los cálculos de CC.OO., entre 8.000 y 10.000 personas sufrirán hasta 2030 alguna de las enfermedades causadas por esta fibra tóxica, debido al largo tiempo de latencia. Es una amenaza que se cierne sobre miles de trabajadores que durante décadas manipularon y estuvieron en contacto directo con esta sustancia. El amianto se utilizó masivamente entre los años sesenta y ochenta en millares de empresas gracias a sus excelentes propiedades como aislante.
Roberto Lamacchia señala los elementos comunes y de gran trascendencia en ambas sentencias. Por ejemplo la responsabilidad dolosa de los directivos debido a la ausencia de medidas de seguridad. Otro aspecto que comparten es que, en ambas sentencias, se han establecido indemnizaciones a personas que no se enfermaron o accidentaron pero estuvieron expuestas: varios trabajadores en ThyssenKrupp y todos los ciudadanos de la localidad en el caso Eternit, aunque en este último está pendiente de definir la población que se considera implicada. Por último existe otra característica común en ambas sentencias: la condena a indemnizar a los sindicatos por el daño sufrido a su imagen. Según señala el letrado, el jurado consideró que el comportamiento de los empresarios condenados vulneró el principio por el cual el sindicato se constituye para la defensa de la salud de los trabajadores. La suma de la indemnización (cien mil euros para cada uno de los tres sindicatos que se personaron) lo utilizarán para facilitar a los trabajadores información destinada a mejorar su salud laboral.
El que ambas sentencias hayan salido de los juzgados de Turín es debido a que, en el caso de Thyssen le correspondía territorialmente al encontrarse en esa ciudad su fábrica accidentada; y respecto a Eternit por la iniciativa del fiscal que llevó la competencia a Turín ya que, según la legislación italiana, fue el primer juzgado donde se inscribió el procedimiento, no como un caso de intoxicación por amianto, pero sí como acusación de desastre ambiental. Lamacchia también destaca que la sentencia contra los directivos de ThyssenKrupp fue emitida por un jurado popular, mientras que la de Eternit procedió de un tribunal ordinario.
1La figura de “dolo eventual” está ampliamente admitida por los tribunales españoles.
Fuente: http://www.pascualserrano.net/notic...
Dos sentencias históricas de la justicia italiana tras la muerte de obreros y ciudadanos
Artículos de Opinión
Pascual Serrano
15-10-2012
El tribunal de Turín (Italia) ha emitido dos sentencias históricas que tienen proyección internacional. En ambos casos, los directivos de poderosas empresas -la metalúrgica alemana ThyssenKrupp y el grupo suizo Eternit, fabricante de materiales a base de amianto- han sido condenados a numerosos años de prisión debido al incumplimiento de las adecuadas medidas de seguridad con el resultado de la muerte de trabajadores y ciudadanos. En uno de ellos incluso por el delito de homicidio voluntario. Estas dos sentencias establecen a partir de ahora una nueva jurisprudencia en material de “accidentes laborales” en toda Europa. El abogado Roberto Lamacchia formó parte de la acusación en representación de trabajadores y sindicatos y explica los elementos comunes y revolucionarios de ambas sentencias.
El primer veredicto, emitido el 15 de abril de 2011, condenó a 16 años y medio de cárcel al consejero delegado Herald Espenhahn, de la multinacional alemana ThyssenKrupp, por la muerte de siete obreros. Se trata de la empresa más importante de Alemania dedicada a la fundición y forja del acero, con presencia en ochenta países y 2.300 centros de producción, oficinas y centros de servicios en todo el mundo. En España la más conocida es su rama dedicada a la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
El trágico accidente sucedió el 6 de diciembre de 2007 tras desbordarse un depósito de aceite que servía para enfriar las láminas de acero y que generó un incendio y explosión cuando los trabajadores trataban de retirarlo. Un operario murió en el acto y los otros seis perdieron la vida tras varios días de agonía por sus gravísimas quemaduras. Fue uno de los accidentes más graves sucedidos en Italia en los últimos años, y conmocionó a todo el país dando lugar a una campaña nacional para mejorar las medidas de seguridad en los centros de trabajo. Los trabajadores de ThyssenKrupp denunciaron entonces que los extintores y el sistema de apagado automático del incendio no funcionaban y que las medidas de seguridad en la fundición eran obsoletas, igualmente criticaron que los empleados tenían que trabajar hasta doce horas seguidas si querían conservar su puesto.
Lo más excepcional de la sentencia es que consideró a los directivos como responsables de varios delitos de “homicidio voluntario”, la primera vez que se contempla esa figura en un accidente laboral en Italia. Además de la condena al consejero delegado, la sentencia de la Corte d’Assise (un tribunal penal compuesto por jueces y jurados que decide sobre los crímenes más graves) de Turín recogió las peticiones de los fiscales en el caso de 5 de los 6 condenados: cuatro de ellos con una pena de trece años y tres meses de prisión y el quinto, Daniele Moroni, la vio aumentada de los 9 años de cárcel que pedía la fiscalía a 10 años y 10 meses. Además se impuso a la empresa una sanción de un millón de euros y no podrá recibir subvenciones estatales italianas durante seis meses. En el mismo período, ThyssenKrupp estará sometida a la prohibición de hacer publicidad de sus productos en Italia. Aunque la compañía presentó un recurso de casación al tribunal superior llegó a un acuerdo con la acusación para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones y garantizarlas independientemente de que la sentencia pueda cambiarse tras el recurso.
En opinión del abogado Roberto Lamacchia, la gran trascendencia de esta sentencia se debe a que “por primera vez, se condena por homicidio voluntario con ’dolo eventual’ a unos directivos por un accidente laboral, es decir, se toma en consideración el conocimiento por parte de los directivos de que se estaban incumpliendo unas medidas, que ello suponía un potencial peligro para los trabajadores y, a pesar de eso, deciden seguir sin rectificar. Esto quedó demostrado mediante la existencia de documentos en los que el consejero delegado Herald Espenhahn da instrucciones para que la aplicación de las medidas de seguridad, entre ellas un sistema automático para apagar el incendio apenas se iniciara, se aplazaran para las nuevas instalaciones en la localidad de Terni y no se pusieran en marcha en esta factoría de Turín, en vías de desmantelamiento donde ya sólo había 200 de los 400 empleados habituales. No es que quisiera la muerte de los trabajadores, claro está, pero sabía de las condiciones de alto riesgo e impidió las medidas, de ahí el dolo eventual. En cambio, otros cuatro directivos fueron condenados por homicidio culposo, con menos responsabilidad, porque no estaba en sus manos decidir la intervención preventiva, no tenían el poder para decidir la instalación de las necesarias medidas de seguridad”. “ Esta consideración no tiene precedentes en Italia -añade Lamacchia-, de ahí la repercusión enorme de esta sentencia, que abre un escenario importante para otros casos similares, no sólo en Italia, sino también en otros países en cuya legislación pueda existir el dolo eventual1. Existe otra novedad de la sentencia, y es que se ha llegado a indemnizar a trabajadores que no sufrieron daño, e incluso algunos ni siquiera se encontraban en el lugar en el momento del accidente, pero que en alguna ocasión estuvieron expuestos al riesgo sin las medidas de seguridad. El auto confirma que el hecho de exponer a los trabajadores al peligro ya es un delito que debe ser castigado, aunque no haya sucedido el accidente. Se trata de una consideración que no tenía hasta ahora precedentes y que puede crear jurisprudencia”.
Tres mil personas muertas
La otra sentencia, procedente del mismo juzgado, fue dictada el 13 de febrero y condenó también a 16 años de cárcel al ex propietario del grupo suizo Eternit, Stephan Schmidheiny, y un administrador de la filial italiana, el barón belga Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne. Se trató del denominado juicio del amianto en Italia y estableció el pago de decenas de millones de euros de indemnización en otra sentencia histórica.
Los jueces italianos, tras una investigación de cinco años, consideraron a los acusados culpables de desastre doloso y omisión dolosa de medidas de seguridad y responsables de la muerte de unas 3.000 personas en Italia, obreros o habitantes de cuatro localidades donde Eternit Italia tenía sus fábricas desde 1976 a 1986. Según la sentencia, al igual que en el caso ThyssenKrupp, se violaron las reglas de la seguridad laboral, pero ahora, además, provocaron "una catástrofe sanitaria y ambiental permanente".
Las indemnizaciones establecidas ascienden a 170 millones de euros. Se trata solamente de las destinadas a los ayuntamientos y regiones afectadas, a los organismos oficiales que han tenido que hacer frente a las consecuencias y a las organizaciones personadas en el proceso. A ellas se añaden las indemnizaciones que, durante más de tres horas, el juez Giuseppe Casalbore leyó destinadas a cada uno de los más de 4500 afectados, entre la emoción y las lágrimas de las víctimas asistentes a la sala y la presencia de medios de comunicación de todo el mundo. “La esperábamos desde hace 30 años”, comentó al diario Il Manifesto Romana Blasotti Pavesi, presidenta de la Asociación de familias víctimas del amianto, quien perdió cinco parientes, entre ellos su marido y su hija. “Estoy satisfecha -añadió con la cara todavía enrojecida por la emoción- pero también triste por los muertos que se podían haber evitado.. Estoy cansada, pero la batalla no ha terminado. Hay que descontaminar el área, sensibilizar a los jóvenes de que tienen que seguir adelante”.
El origen del proceso está en la lucha abierta por los trabajadores de Eternit de la fábrica de Casale Monferrato (en la región italiana del Piamonte) y por los vecinos de la localidad, que vieron como varios miles de sus ciudadanos enfermaron y murieron de cáncer por la exposición al polvo de amianto -también llamada asbesto- procedente de la fábrica. El relato de estos hechos fue recogido en la novela "La lana de la salamandra", de Giampiero Rossi (Ediciones GPS, Madrid).
Lamacchia, quien también es presidente de la sección italiana de la Asociación de Juristas Democráticos, destaca que “en el proceso quedó demostrado que el directivo de Eternit sabía de la peligrosidad del amianto y que, en un momento determinado, dio instrucciones para que no se informase de esa peligrosidad, que se debía difundir la falsa idea de que el peligro sólo se encontraba en el amianto blanco y no en el azul, que era el utilizado en la empresa. Además, también indicó que su identidad no debía aparecer como responsable de esas indicaciones”. En opinión del letrado, “se trata de una sentencia revolucionaria porque, aunque todavía no estaba en vigor en Italia la prohibición del amianto, el directivo empresarial ya sabía que su uso podía provocar cáncer y no tomaron las medidas adecuados ni informaron a los trabajadores y población”.
Las organizaciones sindicales y ecologistas celebraron que la justicia italiana reconociese las exigencias de las víctimas, lo cual abre el camino para que se atiendan reclamaciones similares en otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. La expectación creada fue tanta debido a que los procesos por contaminación por amianto se están desarrollando en numerosos países. Al juicio -el mayor del mundo sobre el amianto- asistieron abogados de numerosas nacionalidades: belgas, suizos, franceses, alemanes y holandeses. Su objetivo era coordinar estrategias y argumentaciones jurídicos para extenderlas a otros juicios y darle una proyección internacional. Roberto Lamacchia reconoce que “la sentencia de Turín no puede sentar jurisprudencia formal para ningún juicio en España ni en el resto de la UE, pero sus fundamentaciones pueden servir de base argumental para otros procesos”. La organización Ecologistas en Acción ha señalado que en España hay situaciones similares a la de Casale Monferrato en Sevilla, Cerdanyola (Barcelona) y en las fábricas de la empresa Uralita en Getafe y Ciempozuelos (Madrid). Concretamente sobre esta firma, el pasado mes de febrero, un juzgado de Madrid la condenó a pagar 1.727.000 euros a 23 trabajadores de sus fábricas madrileñas "por no adoptar las medidas de protección necesarias" contra la exposición y la inhalación de amianto. Eran un total de 40 los trabajadores que se habían presentado como acusación en este juicio, celebrado el 23 de enero pasado, de los que 17 han fallecido en los últimos tres años.
La inhalación de fibras de amianto produce dos tipos de enfermedades: asbestosis y cáncer. La primera consiste en un fibrosis intersticial difusa de los pulmones, derivada de la exposición al polvo de amianto y, por lo tanto, se presenta comúnmente en trabajadores expuestos al asbesto. Puede terminar produciendo incapacitación y muerte. El amianto fue prohibido en toda la Unión Europea en 2005 cuando entró en vigencia una directiva de 1999, la prohibición no se hizo efectiva en España hasta el año 2001. Según los cálculos de CC.OO., entre 8.000 y 10.000 personas sufrirán hasta 2030 alguna de las enfermedades causadas por esta fibra tóxica, debido al largo tiempo de latencia. Es una amenaza que se cierne sobre miles de trabajadores que durante décadas manipularon y estuvieron en contacto directo con esta sustancia. El amianto se utilizó masivamente entre los años sesenta y ochenta en millares de empresas gracias a sus excelentes propiedades como aislante.
Roberto Lamacchia señala los elementos comunes y de gran trascendencia en ambas sentencias. Por ejemplo la responsabilidad dolosa de los directivos debido a la ausencia de medidas de seguridad. Otro aspecto que comparten es que, en ambas sentencias, se han establecido indemnizaciones a personas que no se enfermaron o accidentaron pero estuvieron expuestas: varios trabajadores en ThyssenKrupp y todos los ciudadanos de la localidad en el caso Eternit, aunque en este último está pendiente de definir la población que se considera implicada. Por último existe otra característica común en ambas sentencias: la condena a indemnizar a los sindicatos por el daño sufrido a su imagen. Según señala el letrado, el jurado consideró que el comportamiento de los empresarios condenados vulneró el principio por el cual el sindicato se constituye para la defensa de la salud de los trabajadores. La suma de la indemnización (cien mil euros para cada uno de los tres sindicatos que se personaron) lo utilizarán para facilitar a los trabajadores información destinada a mejorar su salud laboral.
El que ambas sentencias hayan salido de los juzgados de Turín es debido a que, en el caso de Thyssen le correspondía territorialmente al encontrarse en esa ciudad su fábrica accidentada; y respecto a Eternit por la iniciativa del fiscal que llevó la competencia a Turín ya que, según la legislación italiana, fue el primer juzgado donde se inscribió el procedimiento, no como un caso de intoxicación por amianto, pero sí como acusación de desastre ambiental. Lamacchia también destaca que la sentencia contra los directivos de ThyssenKrupp fue emitida por un jurado popular, mientras que la de Eternit procedió de un tribunal ordinario.
1La figura de “dolo eventual” está ampliamente admitida por los tribunales españoles.
Fuente: http://www.pascualserrano.net/notic...
Congreso de escritores, intelectuales y artistas por el compromiso: Intelectuales de izquierda relanzan su compromiso anticapitalista
Intelectuales de izquierda relanzan su compromiso anticapitalista
Escrito por Luis Díez
Lunes, 15 de Octubre de 2012 00:00
El Ateneo de Madrid, con su histórica atmósfera de templo sagrado, acogió el sábado y el domingo a cerca de doscientos escritores, poetas e intelectuales consecuentes con la situación social derivada de la crisis capitalista y de la democracia de mercado que soportamos, que celebraron el Congreso de escritores, intelectuales y artistas por el compromiso. Vistos desde la última fila, los Juan Madrid, Felipe Alcaraz, Armando López Salinas, Juan Antonio Hormigón, el profesor Manuel Aznar, los poetas Juan Ramón Sanz, Carlos Álvarez… –faltó Marcos Ana, aquejado de un constipado–, no sumaban años, sino siglos de lucha, y conservaban aquel aire de clandestinidad de cuando la inteligencia burlaba a la censura y La Goleada dominical a una peseta en la boca del metro incluía panfletos llamando a la huelga contra la dictadura.
Entonces el enemigo tenía cara y ojos –algunos le decían general Patascortas y otros Enano Asesino del Pardo–, el objetivo era claro –la lucha por la libertad– y algunos principios básicos, como la lucha de clases, no admitían discusión. Pero ahora que nada es como fue ¿qué nos quieren decir estos canosos predicadores de la izquierda transformadora, reunidos en la catedral del agnosticismo durante la fiesta de guardar o despreciar como el puente de la Hispanidad? No considero necesario preguntarle al exportavoz de IU en el Parlamento, Felipe Alcaraz, porque advierto su mano en el último párrafo del manifiesto de este primer Congreso de Intelectuales por el Compromiso: “La respuesta a la situación actual no consiste en concebir la modernidad al margen de la lucha de clases, ni en encubrir las derrotas colectivas asumiendo los valores del adversario”.
Ver el vídeo
Con Felipe, que sigue trabajando en el segundo tomo de su Trilogía de la Derrota, hablo de los tabiques históricos que intentan fraccionar la memoria para eludir las facturas de un pasado que fue ayer, por ejemplo, cuando determinados canallas conectados a la dictadura se propusieron machacar a una gran parte de la juventud española con las drogas. No sólo la memoria histórica, sino la de ayer mismo, es necesaria para explicar la situación actual. ¿Y ahora qué va a pasar? “La crisis es pavorosa, va a durar y están intentando disfrazar el rescate”, me dice. Le pregunto por la independencia de Cataluña, y aunque es consciente de que más del 90% de los votantes de ICV-IU están a favor del referéndum y los históricos del PCPE son partidarios de la independencia, asegura que el PCE y el PSUC mantienen sus planteamientos “federalistas” y no apoyarán la separación, lo que no quita para que consideren necesario repensar y renovar la estructura del Estado. Cerramos paréntesis.
Aunque muchos escritores, intelectuales y artistas proceden de la militancia comunista, ya no hablan en voz baja, como hacían durante la clandestinidad. Y quieren hacernos saber alto y claro que ante la crisis económica y el dominio neoliberal están dispuestos a la batalla para hacer prevalecer los valores de la izquierda, singularmente, la democracia participativa, el trabajo y la inteligencia frente a los esquemas excluyentes del poder, la especulación y la desigualdad de acceso al conocimiento, respectivamente. En un manifiesto al que se han adherido más de doscientos escritores, profesores, artistas y periodistas, entre ellos el dramaturgo Alfonso Sastre, el cantaor José Domínguez El Cabrero o el novelista y colaborador de cuartopoder.es Isaac Rosa, expresan la necesidad urgente de responder a la “amputación de la democracia” y llaman a abrir un debate sobre el lugar de los intelectuales –compromiso frente a neutralidad y mercantilismo–, a impulsar fórmulas frente a la norma hegemónica y a promover un discurso alternativo a la ideología dominante y las pulsiones del mercado.
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Fuente: Cuarto Poder
Maruja Torres: “Cebrián es un cateto pijo, rencoroso y sin conciencia. Y las redacciones de los periódicos son hoy un entorno de peloterismo salvaje”.
Maruja Torres: “Cebrián es un cateto pijo, rencoroso y sin conciencia. Y las redacciones de los periódicos son hoy un entorno de peloterismo salvaje”. Crónica de una Lección Inaugural en la UAB
Maruja Torres · · · · ·
14/10/12
La conocida periodista dio, en el Aula Magna de la Facultad de Comunicación de la UAB, el pasado martes 9 de octubre, una lección magistral a cientos de estudiantes. Afirmó en el acto de inauguración de curso de la Facultad de Comunicación de la UAB que “el periodismo de la excelencia hace tiempo que no se encuentra en los diarios”. David Vidal escribió la crónica.
Maruja Torres criticó duramente al consejero delegado del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, al que llamó “cateto” y “pijo rencoroso sin conciencia”, por su responsabilidad en el ERE de El País, en el acto de inauguración del curso académico de la Facultad de Comunicación de la UAB el pasado martes 9 de octubre. También lamentó la deriva mediocre de las redacciones, “un entorno de peloterismo salvaje”, y del periodismo, que busca gente “dócil y absorbida por el sistema”.
“Soy Maruja Torres, tengo 69 años y 48 de profesión, y mucha mala leche”. Maruja Torres, la Maru en guerra, la ganadora del premio Planeta y Nadal, la escritora de bandera, la mujer periodista, recordada como un mito por su valentía hombruna y por su saque alcohólico por los pocos periodistas que aún quedan en la redacción de El País, querida, asimismo, por su inquebrantable solidaridad con el débil, y valorada por su ojo infalible para la crónica y el reportaje, géneros que siempre ha practicado con una prosa viva y precisa, próxima, chispeante, imaginativa (como cuando bautizó a la zagala de la dinastía de Rocío Jurado como Roci-Hito o cuando habla, hoy mismo, de Soraya SS), se presenta así ante cientos de estudiantes de periodismo, que cuando oyen “mala leche” se arrebujan y murmuran cabeceando en sus asientos del aula magna porque vienen con ganas de juerga.
“Pero hoy es un día triste para las libertades en este país”, prosigue Maruja, con rostro serio. Es, efectivamente, el día del ERE en su periódico de toda la vida, El País. “Hoy 138 periodistas bien formados y que saben de lo que hablan, con capacidad crítica para oponerse al sistema, serán despedidos y sustituidos por gente dócil, absorbida por el sistema desde el inicio y dispuesta a hacer de todo por 800 euros.”
“El porqué es la pregunta fundamental en el periodismo y en la vida. Hay que practicar un periodismo de la contextualización, de la memoria”
Desde ese periódico, hoy deshinchado y desleído, Maruja tuvo los redaños de cubrir guerras en las que fue la Fallaci española; estaba en ese periódico cuando llamó “nazi sionista” a un ministro israelí por su política en los territorios ocupados en los años 80; en ese periódico vivió en Panamá la muerte por las balas estadounidenses de su compañero y fotógrafo Juantxu Rodríguez. En ese periódico. Y le preguntan, claro, por el editor Juan Luis Cebrián, por su sueldo astronómico, con el que se podrían pagar 400 redactores según convenio vigente, y por su parte de responsabilidad en la decadencia y caída del mejor diario de la democracia española.
“La historia de El País –dice– es la de Saturno devorando a sus hijos. Cebrián nunca asumió no ser el hijo carnal de Polanco. Es rencoroso y pijo, pero un pijo sin conciencia. Decía que estaba salvando el periodismo, que había un cambio de paradigma. Mentira. Perdió 5.000 millones de euros jugando al capitalismo de casino, comprando radios en Miami y teles latinoamericanas que no valían nada. Quería ser un tiburón de Wall Street pero era una sardinita que todo lo hizo mal. Se pulió las ganancias del trabajo de todos nosotros en la aventura del mejor diario de la democracia española. Cebrián era un quiero y no puedo, un cateto”.
“Cebrián es un cateto pijo, rencoroso y sin conciencia. Quería ser un tiburón de Wall Street pero era una sardinita”
Sin perder ritmo, la veterana periodista, que ha acudido a dictar una lección inaugural –“caótica, como yo”- a la Facultad de Comunicación de la UAB, obligada por las convenciones del género, aborda el estado del periodismo actual. “El ‘porqué’ es la pregunta fundamental en el periodismo y en la vida”, dice. Reconoce que “en el periodismo ya está todo inventado”, pero recuerda que “cada generación lo debe sentir todo como nuevo”. Por ello animó a practicar un “periodismo de la verdad”, es decir, “de la contextualización, de la memoria, un periodismo de la excelencia, que hace tiempo que no se encuentra en los diarios”, en buena parte porque en las redacciones de los periódicos se vive hoy “un entorno de peloterismo salvaje” en el que los buenos jefes brillan por su ausencia.
“Hay periodistas –explica– que sólo quieren ser jefes. Son los más mediocres y dóciles. Y ser jefe es lo más fácil del mundo. Cierto que hay mucha gente dando codazos y haciendo putadas para trepar, pero al final lo consiguen porque pese a que hay muchos se trata sólo de ir haciendo putadas e ir subiendo. En un mundo justo no sería así, pero la justicia hace tiempo que no está por las redacciones.”
“Los jóvenes acabaréis con todo esto: habrá que barrer mucha mierda y para hacerlo os tenéis que formar mucho”
Ante la grave situación actual, Maruja Torres llamó a los estudiantes al “boicot de forma profesional” y los animó a tomar el control y a acabar con todo lo que no funciona del sistema. “Yo formo parte de la generación que trajo la democracia, y éramos muy conscientes de que era eso lo que nos tocaba hacer. Ahora está muy claro que os toca a los que sois jóvenes acabar con esto. Sois claramente una generación destinada a hacer cambios. Para ello debéis formaros y formaros bien, para cuando sea necesario barrer toda la mierda que nos están dejando. Y habrá que formarse mucho para barrer mucho. Leyendo a Zweig te das cuenta que incluso esos grandes imperios y esas clases burguesas del siglo XIX se descompusieron y tuvieron que ser sustituidas por algo nuevo. Ahora todo se está descomponiendo mucho. Vosotros tendréis que hacer ese proceso.”
Maruja Torres, la Maru en guerra, la escritora de bandera, la mujer-periodista, salió del aula magna como Manolete tras una buena tarde: arropada y casi aupada por un jovencísimo gentío. Una alumna se filtró entre las autoridades académicas que la rodeaban para criticar lo poco que escriben en la carrera, lo difícil que es luego encontrar trabajo.
- Qué hacemos con la vocación? –le espetó.
- Eso es lo jodido –contestó Maruja–, los sueños rotos de las personas.
- ¿Cómo vamos a hacer todo esto sin seguridad social ni contratos, ni sueldo?
- Estamos peor que nunca. Pero la obligación del periodismo –dijo gravemente– es seguir intentándolo. Romper el techo. Meterles el miedo en el cuerpo.
Una lección inaugural.
Maruja Torres es una reconocida escritora y veterana periodista, columnista semanal habitual en el diario español El País.
Somatents, 11 octubre 2012
Maruja Torres · · · · ·
14/10/12
La conocida periodista dio, en el Aula Magna de la Facultad de Comunicación de la UAB, el pasado martes 9 de octubre, una lección magistral a cientos de estudiantes. Afirmó en el acto de inauguración de curso de la Facultad de Comunicación de la UAB que “el periodismo de la excelencia hace tiempo que no se encuentra en los diarios”. David Vidal escribió la crónica.
Maruja Torres criticó duramente al consejero delegado del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, al que llamó “cateto” y “pijo rencoroso sin conciencia”, por su responsabilidad en el ERE de El País, en el acto de inauguración del curso académico de la Facultad de Comunicación de la UAB el pasado martes 9 de octubre. También lamentó la deriva mediocre de las redacciones, “un entorno de peloterismo salvaje”, y del periodismo, que busca gente “dócil y absorbida por el sistema”.
“Soy Maruja Torres, tengo 69 años y 48 de profesión, y mucha mala leche”. Maruja Torres, la Maru en guerra, la ganadora del premio Planeta y Nadal, la escritora de bandera, la mujer periodista, recordada como un mito por su valentía hombruna y por su saque alcohólico por los pocos periodistas que aún quedan en la redacción de El País, querida, asimismo, por su inquebrantable solidaridad con el débil, y valorada por su ojo infalible para la crónica y el reportaje, géneros que siempre ha practicado con una prosa viva y precisa, próxima, chispeante, imaginativa (como cuando bautizó a la zagala de la dinastía de Rocío Jurado como Roci-Hito o cuando habla, hoy mismo, de Soraya SS), se presenta así ante cientos de estudiantes de periodismo, que cuando oyen “mala leche” se arrebujan y murmuran cabeceando en sus asientos del aula magna porque vienen con ganas de juerga.
“Pero hoy es un día triste para las libertades en este país”, prosigue Maruja, con rostro serio. Es, efectivamente, el día del ERE en su periódico de toda la vida, El País. “Hoy 138 periodistas bien formados y que saben de lo que hablan, con capacidad crítica para oponerse al sistema, serán despedidos y sustituidos por gente dócil, absorbida por el sistema desde el inicio y dispuesta a hacer de todo por 800 euros.”
“El porqué es la pregunta fundamental en el periodismo y en la vida. Hay que practicar un periodismo de la contextualización, de la memoria”
Desde ese periódico, hoy deshinchado y desleído, Maruja tuvo los redaños de cubrir guerras en las que fue la Fallaci española; estaba en ese periódico cuando llamó “nazi sionista” a un ministro israelí por su política en los territorios ocupados en los años 80; en ese periódico vivió en Panamá la muerte por las balas estadounidenses de su compañero y fotógrafo Juantxu Rodríguez. En ese periódico. Y le preguntan, claro, por el editor Juan Luis Cebrián, por su sueldo astronómico, con el que se podrían pagar 400 redactores según convenio vigente, y por su parte de responsabilidad en la decadencia y caída del mejor diario de la democracia española.
“La historia de El País –dice– es la de Saturno devorando a sus hijos. Cebrián nunca asumió no ser el hijo carnal de Polanco. Es rencoroso y pijo, pero un pijo sin conciencia. Decía que estaba salvando el periodismo, que había un cambio de paradigma. Mentira. Perdió 5.000 millones de euros jugando al capitalismo de casino, comprando radios en Miami y teles latinoamericanas que no valían nada. Quería ser un tiburón de Wall Street pero era una sardinita que todo lo hizo mal. Se pulió las ganancias del trabajo de todos nosotros en la aventura del mejor diario de la democracia española. Cebrián era un quiero y no puedo, un cateto”.
“Cebrián es un cateto pijo, rencoroso y sin conciencia. Quería ser un tiburón de Wall Street pero era una sardinita”
Sin perder ritmo, la veterana periodista, que ha acudido a dictar una lección inaugural –“caótica, como yo”- a la Facultad de Comunicación de la UAB, obligada por las convenciones del género, aborda el estado del periodismo actual. “El ‘porqué’ es la pregunta fundamental en el periodismo y en la vida”, dice. Reconoce que “en el periodismo ya está todo inventado”, pero recuerda que “cada generación lo debe sentir todo como nuevo”. Por ello animó a practicar un “periodismo de la verdad”, es decir, “de la contextualización, de la memoria, un periodismo de la excelencia, que hace tiempo que no se encuentra en los diarios”, en buena parte porque en las redacciones de los periódicos se vive hoy “un entorno de peloterismo salvaje” en el que los buenos jefes brillan por su ausencia.
“Hay periodistas –explica– que sólo quieren ser jefes. Son los más mediocres y dóciles. Y ser jefe es lo más fácil del mundo. Cierto que hay mucha gente dando codazos y haciendo putadas para trepar, pero al final lo consiguen porque pese a que hay muchos se trata sólo de ir haciendo putadas e ir subiendo. En un mundo justo no sería así, pero la justicia hace tiempo que no está por las redacciones.”
“Los jóvenes acabaréis con todo esto: habrá que barrer mucha mierda y para hacerlo os tenéis que formar mucho”
Ante la grave situación actual, Maruja Torres llamó a los estudiantes al “boicot de forma profesional” y los animó a tomar el control y a acabar con todo lo que no funciona del sistema. “Yo formo parte de la generación que trajo la democracia, y éramos muy conscientes de que era eso lo que nos tocaba hacer. Ahora está muy claro que os toca a los que sois jóvenes acabar con esto. Sois claramente una generación destinada a hacer cambios. Para ello debéis formaros y formaros bien, para cuando sea necesario barrer toda la mierda que nos están dejando. Y habrá que formarse mucho para barrer mucho. Leyendo a Zweig te das cuenta que incluso esos grandes imperios y esas clases burguesas del siglo XIX se descompusieron y tuvieron que ser sustituidas por algo nuevo. Ahora todo se está descomponiendo mucho. Vosotros tendréis que hacer ese proceso.”
Maruja Torres, la Maru en guerra, la escritora de bandera, la mujer-periodista, salió del aula magna como Manolete tras una buena tarde: arropada y casi aupada por un jovencísimo gentío. Una alumna se filtró entre las autoridades académicas que la rodeaban para criticar lo poco que escriben en la carrera, lo difícil que es luego encontrar trabajo.
- Qué hacemos con la vocación? –le espetó.
- Eso es lo jodido –contestó Maruja–, los sueños rotos de las personas.
- ¿Cómo vamos a hacer todo esto sin seguridad social ni contratos, ni sueldo?
- Estamos peor que nunca. Pero la obligación del periodismo –dijo gravemente– es seguir intentándolo. Romper el techo. Meterles el miedo en el cuerpo.
Una lección inaugural.
Maruja Torres es una reconocida escritora y veterana periodista, columnista semanal habitual en el diario español El País.
Somatents, 11 octubre 2012
14 de octubre de 2012
España encarcela sus ciudadanos como nunca desde Franco
Xavier Caño Tamayo / Adital (Rebelion)
España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por cada cien mil habitantes, cuando en Alemania hay 95 por cada cien mil, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.
Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en el 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en el 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en el 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de droga.
Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.
Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción”.
No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.
Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas, es un fracaso”.
Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.
Este sistema cada día pierde más legitimidad y esta democracia se vacía más y más.
España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por cada cien mil habitantes, cuando en Alemania hay 95 por cada cien mil, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.
Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en el 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en el 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en el 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de droga.
Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.
Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción”.
No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.
Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas, es un fracaso”.
Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.
Este sistema cada día pierde más legitimidad y esta democracia se vacía más y más.
La estafa de la crisis: los ricos más ricos, los pobres más pobres
Público
Los millonarios españoles, lejos de haber visto mermadas sus fortunas durante la crisis, las han visto aumentar, como prueban los patrimonios de sus sociedades de inversión, las llamadas sicav, que han crecido en algunos casos hasta un 50 %.
El contraste de la buena salud de que gozan las sociedades de inversión de capital variable (sicav) respecto al resto de la población es muy llamativo, ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta disponible de los hogares descendió el 3,2 % en el segundo trimestre de este año en relación con las mismas fechas del año anterior.
Y al cierre de 2011, un 21,8 % de la población española estaba por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
El atractivo de las sicav reside en su favorable tratamiento fiscal, ya que tributan al 1% en el impuesto de sociedades, frente al 30% al que tributan las grandes empresas y el 25% para las pymes, que en cualquier caso finalmente se queda en un tipo efectivo de aproximadamente el 12%.
Entre los requisitos que deben cumplir estas sociedades de inversión figuran contar con más de cien partícipes y un capital inicial de 2,4 millones de euros.
Si bien en los dos últimos años el patrimonio total gestionado por sicavs en España ha caído un 8,3%, al pasar de 25.324 millones a 23.218, lo cierto es que las cinco mayores han crecido sustancialmente.
Estas cinco sociedades gestionaban al cierre de junio 1.818 millones de euros, frente a los 1.638 de junio de 2010, según los datos de VDOS Stochastics, aunque ninguna de ellas figuraba entre las más rentables del sector.
La mayor de ellas es Morinvest, gestionada por BBVA y en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz.
Al finalizar el mes de junio de 2010, Morinvest contaba con un patrimonio de 440 millones de euros, que al cierre de junio de este año se había incrementado hasta 511.
Inmediatamente después se sitúa Allocation, vinculada a la familia del Pino, propietarios de Ferrovial, que gestionaba en junio un patrimonio de 398 millones de euros, frente a los 389 del mismo periodo de dos años antes.
La sicav en la que participa Rosalía Mera, fundadora junto a Amancio Ortega del gigante textil Inditex, se situaba como la tercera mayor por patrimonio, con 341 millones de euros, casi el 7% más que en junio de 2010.
Por lo que respecta a la rentabilidad, aunque el conjunto de sicav españolas muestra una modesta revalorización del 0,19% hasta junio --frente al cerca del 11% que pierde el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35-- algunas han logrado revalorizaciones cercanas al 50%.
En concreto, Wana Inversiones, de la gestora de Barclays, ha logrado hasta junio un rendimiento del 49,64%, una rentabilidad que sólo han conseguido o superado tres las empresas que cotizan en la bolsa española: Grifols, Inditex y Amadeus.
Los millonarios españoles, lejos de haber visto mermadas sus fortunas durante la crisis, las han visto aumentar, como prueban los patrimonios de sus sociedades de inversión, las llamadas sicav, que han crecido en algunos casos hasta un 50 %.
El contraste de la buena salud de que gozan las sociedades de inversión de capital variable (sicav) respecto al resto de la población es muy llamativo, ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta disponible de los hogares descendió el 3,2 % en el segundo trimestre de este año en relación con las mismas fechas del año anterior.
Y al cierre de 2011, un 21,8 % de la población española estaba por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
El atractivo de las sicav reside en su favorable tratamiento fiscal, ya que tributan al 1% en el impuesto de sociedades, frente al 30% al que tributan las grandes empresas y el 25% para las pymes, que en cualquier caso finalmente se queda en un tipo efectivo de aproximadamente el 12%.
Entre los requisitos que deben cumplir estas sociedades de inversión figuran contar con más de cien partícipes y un capital inicial de 2,4 millones de euros.
Si bien en los dos últimos años el patrimonio total gestionado por sicavs en España ha caído un 8,3%, al pasar de 25.324 millones a 23.218, lo cierto es que las cinco mayores han crecido sustancialmente.
Estas cinco sociedades gestionaban al cierre de junio 1.818 millones de euros, frente a los 1.638 de junio de 2010, según los datos de VDOS Stochastics, aunque ninguna de ellas figuraba entre las más rentables del sector.
La mayor de ellas es Morinvest, gestionada por BBVA y en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz.
Al finalizar el mes de junio de 2010, Morinvest contaba con un patrimonio de 440 millones de euros, que al cierre de junio de este año se había incrementado hasta 511.
Inmediatamente después se sitúa Allocation, vinculada a la familia del Pino, propietarios de Ferrovial, que gestionaba en junio un patrimonio de 398 millones de euros, frente a los 389 del mismo periodo de dos años antes.
La sicav en la que participa Rosalía Mera, fundadora junto a Amancio Ortega del gigante textil Inditex, se situaba como la tercera mayor por patrimonio, con 341 millones de euros, casi el 7% más que en junio de 2010.
Por lo que respecta a la rentabilidad, aunque el conjunto de sicav españolas muestra una modesta revalorización del 0,19% hasta junio --frente al cerca del 11% que pierde el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35-- algunas han logrado revalorizaciones cercanas al 50%.
En concreto, Wana Inversiones, de la gestora de Barclays, ha logrado hasta junio un rendimiento del 49,64%, una rentabilidad que sólo han conseguido o superado tres las empresas que cotizan en la bolsa española: Grifols, Inditex y Amadeus.
IU vuelve a llevar al Congreso el debate de la nulidad de los juicios franquistas
Foro por la memoria / Efe
La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, Cha) volverá a llevar al Congreso el debate sobre la nulidad de las sentencias franquistas, a la vista del “escarnio” que, a su juicio, supone la interpretación que hacen el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado de la Ley de Memoria Histórica de 2007.Por su simbolismo y relieve institucional, la diputada por Barcelona Laia Ortiz enfocará el debate por la petición de revisión con declaración de nulidad de pleno derecho del consejo de guerra que llevó al fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys i Jové y del sindicalista y ministro de la República Joan Peiró.
Así consta en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Justicia, que insta al Gobierno a promover las directrices al Fiscal General del Estado y “los cambios legislativos necesarios” para hacer posible la declaración de nulidad de pleno derecho, tanto general como individualizada, para todas aquellas personas que lo soliciten para ellas o sus antepasados.
El Parlamento de Cataluña, numerosas entidades cívicas y asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personalidades académicas y del ámbito de la cultura llevan años reivindicando que se anulen todas las sentencias dictadas durante la dictadura franquista.
Según la Izquierda Plural, la forma en que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado han venido aplicando la Ley de Memoria Histórica, y sus resoluciones en contra de revisar los juicios de Companys y Peiró, no les han dado satisfacción, por lo que quiere que el Congreso inste al Gobierno a “cambiar esa aplicación”.
La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, Cha) volverá a llevar al Congreso el debate sobre la nulidad de las sentencias franquistas, a la vista del “escarnio” que, a su juicio, supone la interpretación que hacen el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado de la Ley de Memoria Histórica de 2007.Por su simbolismo y relieve institucional, la diputada por Barcelona Laia Ortiz enfocará el debate por la petición de revisión con declaración de nulidad de pleno derecho del consejo de guerra que llevó al fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys i Jové y del sindicalista y ministro de la República Joan Peiró.
Así consta en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Justicia, que insta al Gobierno a promover las directrices al Fiscal General del Estado y “los cambios legislativos necesarios” para hacer posible la declaración de nulidad de pleno derecho, tanto general como individualizada, para todas aquellas personas que lo soliciten para ellas o sus antepasados.
El Parlamento de Cataluña, numerosas entidades cívicas y asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personalidades académicas y del ámbito de la cultura llevan años reivindicando que se anulen todas las sentencias dictadas durante la dictadura franquista.
Según la Izquierda Plural, la forma en que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado han venido aplicando la Ley de Memoria Histórica, y sus resoluciones en contra de revisar los juicios de Companys y Peiró, no les han dado satisfacción, por lo que quiere que el Congreso inste al Gobierno a “cambiar esa aplicación”.
13 de octubre de 2012
De vuelta a los 'premios preventivos'
Erick Barrera Tomasino (Rebelion)
En el año 2009, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que en teoría se otorga "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de los congresos por la paz [1] ". Tiempo después, el ejército de ese país, ejército de las transnacionales estadounidenses y con la bendición de la Casa Blanca, se vería inmerso en las guerras en Libia, Siria, instigando el separatismo en Sudán, conflictos en el norte de África, continuando la invasión militar en Afganistán e Irak, así como participación en los golpes de estado en Honduras y Paraguay.
Si su antecesor, el señor Bush, había desarrollado las tesis de “guerras preventivas” combatiendo el terrorismo en Afganistán y buscando armas nucleares en Irak (que nunca se encontraron), ejecutando guerras antes de que las guerras se declarasen bajo la máxima del iustum bellum, guerra justa; los señores del Nobel podrían haber acuñado el concepto de “premios preventivos”, entregando el ya polémico premio a un hombre quien nada pudo hacer para evitar el impulso imperial de desarrollar guerras en cada región del globo y al contrario las sigue promoviendo. Advierto que esta situación no cambiaría con las próximas elecciones pues se debe a una política imperial y no a decisiones unipersonales del huésped de turno de la Casa Blanca.
En relación con lo anterior, este día, 12 de octubre, la sorpresa -cada vez menos sorprendente- se derivó en la decisión de entregar el “nobelesco pacifista” nada menos que a la Unión Europea (UE), instancia supranacional constituida formalmente con ese nombre en 1992 y que actualmente se ve inmersa en la peor crisis de su historia, generando discusiones sobre su papel unificador de los estados europeos que no sea por medio de la de la voracidad imperialista de los grupos dominantes en esa zona, por el control del mundial; sin mencionar su papel como aliado de las últimas invasiones militares y económicas de las empresas transnacionales en todo el mundo, por ejemplo impulsando la guerra contra Libia, con Francia a la cabeza.
La UE está conformada por 27 países y cuenta entre sus miembros a los principales países de la industria de la guerra, entre ellas a Alemania, Francia y Gran Bretaña (las dos últimas miembros del Consejo permanente de seguridad de la ONU) y que en el seno de la Eurozona se encuentran importantes empresas de la industria armamentista. Para el año 2010, solo las primeras cinco empresas con sede en Europa y que aparecen en el top 100 de la SPRIT [2] (BAE System, EADS, Finmeccanica, Thales y Safran) obtuvieron ingresos por ventas de armas por 78,408 millones de dólares. De nuevo, el nobel de la paz, premia a quienes viven de la guerra.
Esto recuerda a aquellas palabras de John Lennon quien al rechazar su nombramiento como Miembro de la Orden del Imperio Británico expresó: "No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras". A lo mejor, estos méritos a los que aludió el músico con tenaz ironía, ya solo vayan quedando para el cada vez más desacreditado premio nóbel de la paz.
En el año 2009, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que en teoría se otorga "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de los congresos por la paz [1] ". Tiempo después, el ejército de ese país, ejército de las transnacionales estadounidenses y con la bendición de la Casa Blanca, se vería inmerso en las guerras en Libia, Siria, instigando el separatismo en Sudán, conflictos en el norte de África, continuando la invasión militar en Afganistán e Irak, así como participación en los golpes de estado en Honduras y Paraguay.
Si su antecesor, el señor Bush, había desarrollado las tesis de “guerras preventivas” combatiendo el terrorismo en Afganistán y buscando armas nucleares en Irak (que nunca se encontraron), ejecutando guerras antes de que las guerras se declarasen bajo la máxima del iustum bellum, guerra justa; los señores del Nobel podrían haber acuñado el concepto de “premios preventivos”, entregando el ya polémico premio a un hombre quien nada pudo hacer para evitar el impulso imperial de desarrollar guerras en cada región del globo y al contrario las sigue promoviendo. Advierto que esta situación no cambiaría con las próximas elecciones pues se debe a una política imperial y no a decisiones unipersonales del huésped de turno de la Casa Blanca.
En relación con lo anterior, este día, 12 de octubre, la sorpresa -cada vez menos sorprendente- se derivó en la decisión de entregar el “nobelesco pacifista” nada menos que a la Unión Europea (UE), instancia supranacional constituida formalmente con ese nombre en 1992 y que actualmente se ve inmersa en la peor crisis de su historia, generando discusiones sobre su papel unificador de los estados europeos que no sea por medio de la de la voracidad imperialista de los grupos dominantes en esa zona, por el control del mundial; sin mencionar su papel como aliado de las últimas invasiones militares y económicas de las empresas transnacionales en todo el mundo, por ejemplo impulsando la guerra contra Libia, con Francia a la cabeza.
La UE está conformada por 27 países y cuenta entre sus miembros a los principales países de la industria de la guerra, entre ellas a Alemania, Francia y Gran Bretaña (las dos últimas miembros del Consejo permanente de seguridad de la ONU) y que en el seno de la Eurozona se encuentran importantes empresas de la industria armamentista. Para el año 2010, solo las primeras cinco empresas con sede en Europa y que aparecen en el top 100 de la SPRIT [2] (BAE System, EADS, Finmeccanica, Thales y Safran) obtuvieron ingresos por ventas de armas por 78,408 millones de dólares. De nuevo, el nobel de la paz, premia a quienes viven de la guerra.
Esto recuerda a aquellas palabras de John Lennon quien al rechazar su nombramiento como Miembro de la Orden del Imperio Británico expresó: "No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras". A lo mejor, estos méritos a los que aludió el músico con tenaz ironía, ya solo vayan quedando para el cada vez más desacreditado premio nóbel de la paz.
Artieda, la ‘aldea gala’ de Aragón, resiste contra la expropiación de sus tierras
Trinidad Deiros / MásPúblico
Desde hace tres décadas, cada vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) trata de poner en práctica su proyecto para recrecer el ya enorme embalse de Yesa, situado entre Aragón y Navarra, se topa con la determinación de los vecinos de un pueblo zaragozano: Artieda.
No llegan ni a cien. Es un pueblo pequeño, casi una aldea, a 40 kilómetros de Jaca, pero su voluntad de defender su medio de vida y el bello entorno natural en el que está situado ha logrado postergar la ejecución de algunas de las órdenes de expropiación que pesan sobre al menos 60 hectáreas de sus mejores tierras.
En todas las ocasiones que los funcionarios de la CHE se han presentado en Artieda para levantar acta de estas expropiaciones se han encontrado en el acceso a la localidad con una manifestación de vecinos, capitaneados por su alcalde, Javier Jiménez (CHA), a los que se unen activistas llegados de otras partes de Aragón, de Navarra, del País Vasco y de Cataluña.
Como muchas otras veces, los vecinos se habían concentrado este miércoles para tratar de paralizar las expropiaciones. Sin embargo, por primera vez en treinta años, explica Valentín Cazaña, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), “la protesta pacífica ha sido violentamente disuelta por los antidisturbios de la Guardia Civil”.
Nada más llegar a la carretera que da acceso al pueblo, los cerca de 200 manifestantes se han visto “sorprendidos por la presencia de un helicóptero y de unas diez o quince furgonetas de los antidisturbios”, explica Cazaña. A este activista le ha llamado la atención el hecho de que, en esta ocasión, los funcionarios de la CHE permanecieran a una distancia prudencial -300 metros- de la manifestación.
Cuando los vecinos del pueblo, entre los que había ancianos y niños, “estaban desprevenidos leyendo un manifiesto de rechazo a las expropiaciones”, los agentes, pertrechados con cascos y porras, “han cargado contra los vecinos con gran violencia y han herido a diez personas”, explica el presidente de COAGRET.
MásPúblico se ha puesto en contacto con la Guardia Civil de Zaragoza para recabar su versión. Según fuentes de este cuerpo, los agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) “han intentado pacíficamente hacer un pasillo entre los manifestantes en Artieda, que entonces se les han echado encima, por lo que se ha producido un altercado”. Las fuentes informaron de que entre los heridos hay dos agentes.
El relato de los activistas es bien diferente: “Los antidisturbios han propinado porrazos y puñetazos a la gente, la han empujado y han actuado con gran violencia”, deplora Cazaña. Los heridos han tenido que acudir al centro de salud de la cercana localidad de Berdún.
Para este activista, “es evidente que todo lo que está sucediendo no es una coincidencia: las cargas en Madrid, durante el 25-S, en Galicia contra sindicalistas, y también en Murcia y en Cataluña. Se trata de una respuesta represiva contra ciudadanos que protestan pacíficamente para ejercer sus derechos más elementales”.
“Aquí hay gente joven que lucha por defender la supervivencia de su pueblo, que no quieren abandonar, y lo que están denunciando es que hay alternativas a una obra, cuyo precio es de 350 millones de euros, que hipoteca su futuro pues les priva de su medio de vida”, asegura.
La mayor parte de los habitantes de Artieda vive de la agricultura y la ganadería, aunque también hay proyectos para promover el turismo rural, una actividad que se vería comprometida si se recrece el embalse de Yesa. Inaugurado en 1960, este pantano desalojó de sus casas a los habitantes de muchos pueblos de la zona e inundó 2.408 hectáreas de tierras de cultivo, de las que 1.000 eran de excelente calidad.
El viaducto fantasma.
El recrecimiento del pantano de Yesa es un viejo proyecto que data de 1992 reactivado ahora por el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete incluso se ha comprometido a terminar las obras en 2015. Los habitantes de Artieda y activistas de la COAGRET y de otras asociaciones, como Río Aragón, denuncian un proyecto que les parece que no tiene sentido a la luz del hecho de que el volumen de agua que el embalse suele tener queda muy lejos de su capacidad de almacenamiento.
La sombra de los beneficios económicos para las grandes empresas de obras públicas se insinúa tras los intereses que promueven este proyecto. Valentín Cazaña recalca, por ejemplo, como en el proyecto inicial de recrecimiento del embalse, luego descartado en favor del actual que prevé una capacidad menor, se incluía la construcción de un enorme viaducto. Las obras de este puente elevado que ya no será necesario no se han abandonado y siguen adelante en manos de ACS, Ferrovial y FCC.
De esta obra, cuya utilidad nadie conoce, se elevan ya hacia el cielo los enormes pilares que deben sustentarla, columnas”de unos 70 metros”, que tienen un enorme impacto visual y ambiental en una zona de gran valor ecológico.
“¿Por qué se sigue construyendo este viaducto que no sirve para nada?”, se pregunta el activista. De momento, la CHE y las autoridades locales han dado la callada como única respuesta.
Desde hace tres décadas, cada vez que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) trata de poner en práctica su proyecto para recrecer el ya enorme embalse de Yesa, situado entre Aragón y Navarra, se topa con la determinación de los vecinos de un pueblo zaragozano: Artieda.
No llegan ni a cien. Es un pueblo pequeño, casi una aldea, a 40 kilómetros de Jaca, pero su voluntad de defender su medio de vida y el bello entorno natural en el que está situado ha logrado postergar la ejecución de algunas de las órdenes de expropiación que pesan sobre al menos 60 hectáreas de sus mejores tierras.
En todas las ocasiones que los funcionarios de la CHE se han presentado en Artieda para levantar acta de estas expropiaciones se han encontrado en el acceso a la localidad con una manifestación de vecinos, capitaneados por su alcalde, Javier Jiménez (CHA), a los que se unen activistas llegados de otras partes de Aragón, de Navarra, del País Vasco y de Cataluña.
Como muchas otras veces, los vecinos se habían concentrado este miércoles para tratar de paralizar las expropiaciones. Sin embargo, por primera vez en treinta años, explica Valentín Cazaña, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), “la protesta pacífica ha sido violentamente disuelta por los antidisturbios de la Guardia Civil”.
Nada más llegar a la carretera que da acceso al pueblo, los cerca de 200 manifestantes se han visto “sorprendidos por la presencia de un helicóptero y de unas diez o quince furgonetas de los antidisturbios”, explica Cazaña. A este activista le ha llamado la atención el hecho de que, en esta ocasión, los funcionarios de la CHE permanecieran a una distancia prudencial -300 metros- de la manifestación.
Cuando los vecinos del pueblo, entre los que había ancianos y niños, “estaban desprevenidos leyendo un manifiesto de rechazo a las expropiaciones”, los agentes, pertrechados con cascos y porras, “han cargado contra los vecinos con gran violencia y han herido a diez personas”, explica el presidente de COAGRET.
MásPúblico se ha puesto en contacto con la Guardia Civil de Zaragoza para recabar su versión. Según fuentes de este cuerpo, los agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) “han intentado pacíficamente hacer un pasillo entre los manifestantes en Artieda, que entonces se les han echado encima, por lo que se ha producido un altercado”. Las fuentes informaron de que entre los heridos hay dos agentes.
El relato de los activistas es bien diferente: “Los antidisturbios han propinado porrazos y puñetazos a la gente, la han empujado y han actuado con gran violencia”, deplora Cazaña. Los heridos han tenido que acudir al centro de salud de la cercana localidad de Berdún.
Para este activista, “es evidente que todo lo que está sucediendo no es una coincidencia: las cargas en Madrid, durante el 25-S, en Galicia contra sindicalistas, y también en Murcia y en Cataluña. Se trata de una respuesta represiva contra ciudadanos que protestan pacíficamente para ejercer sus derechos más elementales”.
“Aquí hay gente joven que lucha por defender la supervivencia de su pueblo, que no quieren abandonar, y lo que están denunciando es que hay alternativas a una obra, cuyo precio es de 350 millones de euros, que hipoteca su futuro pues les priva de su medio de vida”, asegura.
La mayor parte de los habitantes de Artieda vive de la agricultura y la ganadería, aunque también hay proyectos para promover el turismo rural, una actividad que se vería comprometida si se recrece el embalse de Yesa. Inaugurado en 1960, este pantano desalojó de sus casas a los habitantes de muchos pueblos de la zona e inundó 2.408 hectáreas de tierras de cultivo, de las que 1.000 eran de excelente calidad.
El viaducto fantasma.
El recrecimiento del pantano de Yesa es un viejo proyecto que data de 1992 reactivado ahora por el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete incluso se ha comprometido a terminar las obras en 2015. Los habitantes de Artieda y activistas de la COAGRET y de otras asociaciones, como Río Aragón, denuncian un proyecto que les parece que no tiene sentido a la luz del hecho de que el volumen de agua que el embalse suele tener queda muy lejos de su capacidad de almacenamiento.
La sombra de los beneficios económicos para las grandes empresas de obras públicas se insinúa tras los intereses que promueven este proyecto. Valentín Cazaña recalca, por ejemplo, como en el proyecto inicial de recrecimiento del embalse, luego descartado en favor del actual que prevé una capacidad menor, se incluía la construcción de un enorme viaducto. Las obras de este puente elevado que ya no será necesario no se han abandonado y siguen adelante en manos de ACS, Ferrovial y FCC.
De esta obra, cuya utilidad nadie conoce, se elevan ya hacia el cielo los enormes pilares que deben sustentarla, columnas”de unos 70 metros”, que tienen un enorme impacto visual y ambiental en una zona de gran valor ecológico.
“¿Por qué se sigue construyendo este viaducto que no sirve para nada?”, se pregunta el activista. De momento, la CHE y las autoridades locales han dado la callada como única respuesta.
Mujer de entre 25 y 44 años, perfil de la persona en paro en Navarra
Diario Noticias de Navarra
Mujer, de 25 a 44 años, con estudios secundarios, procedente del sector de los Servicios y que lleva menos de seis meses en desempleo es el actual perfil de la persona en paro en Navarra, según un análisis realizado por la UGT de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
Sin embargo, la tendencia del último año amenaza a otro perfil, el de un hombre, de 45 a 54 años, con estudios postsecundarios, cuyo último trabajo ha sido en la Industria y con más de un año en desempleo.
En agosto de 2012, el número de parados registrados en Navarra, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), era de 48.352, cifra que aunque supone una disminución de 8 décimas respecto al mes anterior, significa un aumento del 16,7% respecto al mismo mes de 2011, ha señalado UGT.
La mujer es el colectivo mayoritario en desempleo (51,2%), si bien los hombres en paro han experimentado un aumento del 21,6% entre los meses de agosto de 2011 y 2012 (19.390 y 23.590, respectivamente).
Por edad, las personas en paro de 25 a 44 años suponen más de la mitad del total (51,8%), prácticamente la misma proporción que hace un año, aunque destaca el crecimiento de un 24,8% de las personas en paro de 45 a 54 años en el periodo analizado, advierte UGT.
Por nivel de formación, tres de cada cuatro personas en paro poseen estudios secundarios, si bien el aumento más importante corresponde al colectivo con estudios postsecundarios (25,1% más que en 2011).
Por tiempo en paro, el 34,2% corresponde a quienes llevan entre uno y seis meses en desempleo (35%, en 2011), aunque en el último año se observa una tendencia a permanecer más tiempo en esta situación, ya que el número de personas que llevan entre seis meses y un año en paro ha aumentado en un 29,2% y quienes superan el año, lo han hecho en un 16,5%.
En cuanto al sector del que proceden las personas en desempleo, los Servicios acaparan el 59,4% (59,3% en 2011), pero cabe destacar el aumento en el último año en un 24,2% de las personas en paro que han trabajado en la Industria (de 7.244 en 2011 se ha pasado a 8.998 en 2012).
Mujer, de 25 a 44 años, con estudios secundarios, procedente del sector de los Servicios y que lleva menos de seis meses en desempleo es el actual perfil de la persona en paro en Navarra, según un análisis realizado por la UGT de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
Sin embargo, la tendencia del último año amenaza a otro perfil, el de un hombre, de 45 a 54 años, con estudios postsecundarios, cuyo último trabajo ha sido en la Industria y con más de un año en desempleo.
En agosto de 2012, el número de parados registrados en Navarra, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), era de 48.352, cifra que aunque supone una disminución de 8 décimas respecto al mes anterior, significa un aumento del 16,7% respecto al mismo mes de 2011, ha señalado UGT.
La mujer es el colectivo mayoritario en desempleo (51,2%), si bien los hombres en paro han experimentado un aumento del 21,6% entre los meses de agosto de 2011 y 2012 (19.390 y 23.590, respectivamente).
Por edad, las personas en paro de 25 a 44 años suponen más de la mitad del total (51,8%), prácticamente la misma proporción que hace un año, aunque destaca el crecimiento de un 24,8% de las personas en paro de 45 a 54 años en el periodo analizado, advierte UGT.
Por nivel de formación, tres de cada cuatro personas en paro poseen estudios secundarios, si bien el aumento más importante corresponde al colectivo con estudios postsecundarios (25,1% más que en 2011).
Por tiempo en paro, el 34,2% corresponde a quienes llevan entre uno y seis meses en desempleo (35%, en 2011), aunque en el último año se observa una tendencia a permanecer más tiempo en esta situación, ya que el número de personas que llevan entre seis meses y un año en paro ha aumentado en un 29,2% y quienes superan el año, lo han hecho en un 16,5%.
En cuanto al sector del que proceden las personas en desempleo, los Servicios acaparan el 59,4% (59,3% en 2011), pero cabe destacar el aumento en el último año en un 24,2% de las personas en paro que han trabajado en la Industria (de 7.244 en 2011 se ha pasado a 8.998 en 2012).
Más de ocho mil personas fueron ejecutadas en la Sevilla de Queipo de Llano
Juan José Téllez / Público
Más de ocho mil españoles leales a la Segunda República fueron ejecutados en la provincia de Sevilla por orden del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien se le otorgó un marquesado que ahora acaba de renovar Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, y Juan Carlos I como Rey de España. Otra paradoja de su posteridad: sus restos mortales siguen enterrados en la capital hispalense, en la capilla de La Macarena, el barrio que él contribuyó a reprimir a sangre y fuego junto con el de Triana o San Julián. Y el Ayuntamiento de Sevilla, a partir de la victoria del PP en mayo de 2011, sustituyó el nombre de Pilar Bardem sobre una céntrica avenida de la ciudad por el de Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación que guarda relación directa con Genoveva, la esposa del general que no sólo inundaba las calles de muertos sino de soflamas radiofónicas.
La lista de bajas que Público da a conocer ahora viene a confirmar los datos espeluznantes de la sublevación fascista en Sevilla, sobrevenida en las primeras horas del Alzamiento a partir de un golpe de efecto del propio Queipo, que según celebran sus hagiografos redujo por sí mismo y sin disparar un solo tiro a los oficiales que estaban presentes en la Comandancia General. Luego, los dispararía todos. O los mandaría disparar, mientras se oía su voz tenebrosa por los micrófonos de Unión Radio Sevilla EAJ-5, amenazando a todos los alrededores: "Y ahora tomaremos Utrera, así que vayan sacando las mujeres sus mantones de luto".
Las mujeres tendrían que sacar mucho más, como las 17 rosas de Guillena, vejadas antes de ser asesinadas y enterradas en una fosa similar a otras 130 que se reparten por la provincia sevillana, a la cabeza del ránking andaluz en el número de necrópolis republicanas. Para consolidar su supremacía en Sevilla, Queipo contó con la Legión, al mando de Antonio Castejón Espinosa, y con los Regulares de Marruecos llegados desde Cádiz, utilizando la artillería contra los barrios que le presentaron resistencia: ya no más habría de escucharse la vieja copla de "qué bonita está Triana, cuando cuelgan en el puente las banderitas gitanas". Al día siguiente de la toma del Altozano, sobre los balcones colgaban sabanas blancas en señal de rendición.
Las crónicas de Arturo Barea, las aproximaciones más o menos narrativas de Manuel Barrios -"El último virrey" y de Antonio Burgos -"Las cabañuelas de agosto" y "Las lágrimas de San Pedro"-- , la pulcra investigación histórica de Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez o Juan OrtízVillalba, entre otros muchos, así como el trabajo de las asociaciones memorialistas ha ido reconstruyendo el retrato robot de aquel militar africanista que no reparó en medios para someter a la República que juró defender a una dictadura tan sangrienta como anacrónica: Jorge Fernández-Coppel, en su libro "Queipo de Llano, memorias de la guerra civil", prefiere quedarse con la imagen de Queipo enfrentándose a Franco. Quizá lo hiciera, pero antes se enfrentó a su pueblo, masacrándolo o esclavizándolo en los batallones de forzados que hicieron posible la construcción del canal que rodea la ciudad.
Entre sus víctimas, figuran nombres ilustres como los de Blas Infante, el notario de Coria que había abanderado el proyecto andalucista, el diputado José González y Fernández de la Bandera o el alcalde sevillano Horacio Hermoso. Claro que también exportó la muerte a otras provincias, como detalla Francisco espinosa en su libro "1936-1945, la justicia de Queipo", en una espiral represiva que se extendió a todoa la II División, que englobaba a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, con cómplices tan renombrados como el general Erquicia en Extremadura o Carlos Arias Navarro, que fuera efímero presidente del Gobierno tras la muerte de Francisco Franco pero a quien se conoció popularmente como "carnicerito de Málaga".
Ejecuciones sin juicio previo.Sin embargo, en aquella Sevilla sin apenas guerra civil, se cuentan hasta 3028 muertes sumarísimas desde mediados de julio de 1936 hasta enero de 1937. Ejecuciones sin juicio previo, como la del profesor Joaquín León, abuelo de los actores Paco y María León. En aquel entonces, como reseña el fiscal jurídico militar Felipe Acedo Colunga, que consideraba a Queipo como" la única autoridad legítima ante la tradición de la Patria y su historia futura", la pena capital no era una excepción sino "un preventivo general" y la represión estaba "dotada de cifras con gran riqueza numérica".
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. La derecha local era dirigida por Manuel Giménez al frente de la CEDA. Queipo daría pronto responsabilidades a personajes como Gregorio Haro Lumbreras, también conocido como el héroe de La Pañoleta, un comandante de la Guardia Civil que llegó a gobernador de Huelva, pero al que los historiadores han demostrado una formidable afición a las alhajas que las señoras de orden regalaron para el sostén de la causa nacional y que se quedaron en sus bolsillos.
A Queipo, en realidad, como él mismo dijo, le habían "largado el mochuelo" de Sevilla, porque sus compañeros de conspiración desconfiaban en el fondo de sus simpatías tricolores, que le llevó a firmar el parte de guerra con un pintoresco "viva la República". A él le hubiera gustado sublevarse en casa, en Valladolid, pero levantó una casa nueva sobre cimientos rojos. Por la sangre y por la ideología de sus víctimas en una operación de riguroso exterminio.
En la capital andaluza contaba, en principio, con el respaldo de un célebre torero llamado José García Carranza El Algabeño, agregado a su cuartel general, que en principio le había ofrecido mil quinientos falangistas que se vieron, sin embargo, reducidos a quince a los que se sumaron otros setenta, tras ser liberados de la cárcel. Ese fue el núcleo de un grupo de pistoleros que aterrorizó inicialmente a la ciudad y que luego sembró el miedo en los campos, una "policía montada", que llegó a utilizar garrochas para reducir a los campesinos fugitivos, en una sórdida atmósfera donde abundaban piquetes falangistas o requetés, sin descuidar a los paramilitares.Emulando sus tardes de gloria taurina, hay algún testimonio que asegura que El Algabeñollegó a torear a algunos presos utilizando su fusil como muleta. Autor de numerosos crímenes de guerra, el diestro de La Algaba murió como consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Lopera contra las Brigadas Internacionales. Eso sí, en virtud de sus méritos, Franco le nombró a título póstumo teniente honorario de Caballería.
Prohibiciones.
La represión de Queipo no acabó en los paredones y en las cárceles que muy pronto se multiplicaron. También en las prohibiciones. Prohibido el luto. Prohibido inscribir a los muertos. Prohibido hacer fotografías en todo el territorio sublevado.
Utilizó los medios de comunicación de su época -el micrófono, el teléfono o el telégrafo-para imponer su ley al grito de "dadles café", el acrónimo de camaradas arriba Falange Española. La represión sumarísima de los primeros meses de su virreinato acabó sorpresivamente un 28 de febrero de 1937 cuando telegrafió a los gobernadores militares de las provincias de su demarcación, las siguientes palabras: "Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplicación mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que indique el auditor ". Las ejecuciones siguieron pero ya no fueron clandestinas.
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. «¡Canalla marxista! Canalla marxista, repito, cuando os cojamos sabremos cómo trataros», seguía retumbando su voz sobre las ondas hertzianas.
Más de ocho mil españoles leales a la Segunda República fueron ejecutados en la provincia de Sevilla por orden del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien se le otorgó un marquesado que ahora acaba de renovar Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, y Juan Carlos I como Rey de España. Otra paradoja de su posteridad: sus restos mortales siguen enterrados en la capital hispalense, en la capilla de La Macarena, el barrio que él contribuyó a reprimir a sangre y fuego junto con el de Triana o San Julián. Y el Ayuntamiento de Sevilla, a partir de la victoria del PP en mayo de 2011, sustituyó el nombre de Pilar Bardem sobre una céntrica avenida de la ciudad por el de Nuestra Señora de las Mercedes, una advocación que guarda relación directa con Genoveva, la esposa del general que no sólo inundaba las calles de muertos sino de soflamas radiofónicas.
La lista de bajas que Público da a conocer ahora viene a confirmar los datos espeluznantes de la sublevación fascista en Sevilla, sobrevenida en las primeras horas del Alzamiento a partir de un golpe de efecto del propio Queipo, que según celebran sus hagiografos redujo por sí mismo y sin disparar un solo tiro a los oficiales que estaban presentes en la Comandancia General. Luego, los dispararía todos. O los mandaría disparar, mientras se oía su voz tenebrosa por los micrófonos de Unión Radio Sevilla EAJ-5, amenazando a todos los alrededores: "Y ahora tomaremos Utrera, así que vayan sacando las mujeres sus mantones de luto".
Las mujeres tendrían que sacar mucho más, como las 17 rosas de Guillena, vejadas antes de ser asesinadas y enterradas en una fosa similar a otras 130 que se reparten por la provincia sevillana, a la cabeza del ránking andaluz en el número de necrópolis republicanas. Para consolidar su supremacía en Sevilla, Queipo contó con la Legión, al mando de Antonio Castejón Espinosa, y con los Regulares de Marruecos llegados desde Cádiz, utilizando la artillería contra los barrios que le presentaron resistencia: ya no más habría de escucharse la vieja copla de "qué bonita está Triana, cuando cuelgan en el puente las banderitas gitanas". Al día siguiente de la toma del Altozano, sobre los balcones colgaban sabanas blancas en señal de rendición.
Las crónicas de Arturo Barea, las aproximaciones más o menos narrativas de Manuel Barrios -"El último virrey" y de Antonio Burgos -"Las cabañuelas de agosto" y "Las lágrimas de San Pedro"-- , la pulcra investigación histórica de Francisco Espinosa Maestre, José María García Márquez o Juan OrtízVillalba, entre otros muchos, así como el trabajo de las asociaciones memorialistas ha ido reconstruyendo el retrato robot de aquel militar africanista que no reparó en medios para someter a la República que juró defender a una dictadura tan sangrienta como anacrónica: Jorge Fernández-Coppel, en su libro "Queipo de Llano, memorias de la guerra civil", prefiere quedarse con la imagen de Queipo enfrentándose a Franco. Quizá lo hiciera, pero antes se enfrentó a su pueblo, masacrándolo o esclavizándolo en los batallones de forzados que hicieron posible la construcción del canal que rodea la ciudad.
Entre sus víctimas, figuran nombres ilustres como los de Blas Infante, el notario de Coria que había abanderado el proyecto andalucista, el diputado José González y Fernández de la Bandera o el alcalde sevillano Horacio Hermoso. Claro que también exportó la muerte a otras provincias, como detalla Francisco espinosa en su libro "1936-1945, la justicia de Queipo", en una espiral represiva que se extendió a todoa la II División, que englobaba a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, con cómplices tan renombrados como el general Erquicia en Extremadura o Carlos Arias Navarro, que fuera efímero presidente del Gobierno tras la muerte de Francisco Franco pero a quien se conoció popularmente como "carnicerito de Málaga".
Ejecuciones sin juicio previo.Sin embargo, en aquella Sevilla sin apenas guerra civil, se cuentan hasta 3028 muertes sumarísimas desde mediados de julio de 1936 hasta enero de 1937. Ejecuciones sin juicio previo, como la del profesor Joaquín León, abuelo de los actores Paco y María León. En aquel entonces, como reseña el fiscal jurídico militar Felipe Acedo Colunga, que consideraba a Queipo como" la única autoridad legítima ante la tradición de la Patria y su historia futura", la pena capital no era una excepción sino "un preventivo general" y la represión estaba "dotada de cifras con gran riqueza numérica".
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. La derecha local era dirigida por Manuel Giménez al frente de la CEDA. Queipo daría pronto responsabilidades a personajes como Gregorio Haro Lumbreras, también conocido como el héroe de La Pañoleta, un comandante de la Guardia Civil que llegó a gobernador de Huelva, pero al que los historiadores han demostrado una formidable afición a las alhajas que las señoras de orden regalaron para el sostén de la causa nacional y que se quedaron en sus bolsillos.
A Queipo, en realidad, como él mismo dijo, le habían "largado el mochuelo" de Sevilla, porque sus compañeros de conspiración desconfiaban en el fondo de sus simpatías tricolores, que le llevó a firmar el parte de guerra con un pintoresco "viva la República". A él le hubiera gustado sublevarse en casa, en Valladolid, pero levantó una casa nueva sobre cimientos rojos. Por la sangre y por la ideología de sus víctimas en una operación de riguroso exterminio.
En la capital andaluza contaba, en principio, con el respaldo de un célebre torero llamado José García Carranza El Algabeño, agregado a su cuartel general, que en principio le había ofrecido mil quinientos falangistas que se vieron, sin embargo, reducidos a quince a los que se sumaron otros setenta, tras ser liberados de la cárcel. Ese fue el núcleo de un grupo de pistoleros que aterrorizó inicialmente a la ciudad y que luego sembró el miedo en los campos, una "policía montada", que llegó a utilizar garrochas para reducir a los campesinos fugitivos, en una sórdida atmósfera donde abundaban piquetes falangistas o requetés, sin descuidar a los paramilitares.Emulando sus tardes de gloria taurina, hay algún testimonio que asegura que El Algabeñollegó a torear a algunos presos utilizando su fusil como muleta. Autor de numerosos crímenes de guerra, el diestro de La Algaba murió como consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Lopera contra las Brigadas Internacionales. Eso sí, en virtud de sus méritos, Franco le nombró a título póstumo teniente honorario de Caballería.
Prohibiciones.
La represión de Queipo no acabó en los paredones y en las cárceles que muy pronto se multiplicaron. También en las prohibiciones. Prohibido el luto. Prohibido inscribir a los muertos. Prohibido hacer fotografías en todo el territorio sublevado.
Utilizó los medios de comunicación de su época -el micrófono, el teléfono o el telégrafo-para imponer su ley al grito de "dadles café", el acrónimo de camaradas arriba Falange Española. La represión sumarísima de los primeros meses de su virreinato acabó sorpresivamente un 28 de febrero de 1937 cuando telegrafió a los gobernadores militares de las provincias de su demarcación, las siguientes palabras: "Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplicación mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que indique el auditor ". Las ejecuciones siguieron pero ya no fueron clandestinas.
Entre sus cómplices, figuran el comandante José Cuesta Monereo, el capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, responsable de Orden Público, el auditor Francisco Bohórquez Vecina quien con Acedo Colunga planificó la represión al pairo de la ley marcial dictada por el Bando de Guerra y firmada por Queipo quien nombró inmediatamente como gobernador civil a su amigo Pedro Parias, "algo cacique", en palabras del propio general golpista. «¡Canalla marxista! Canalla marxista, repito, cuando os cojamos sabremos cómo trataros», seguía retumbando su voz sobre las ondas hertzianas.
13-O: Cacerolada contra la deuda "ilegítima y odiosa"
Público
El "GlobalNoise! (ruido global)", una "cacerolada internacional" contra las desigualdades y la "opresión de un sistema que pone al capital por delante de las personas", ha conseguido reunir en Madrid a miles de personas que, bajo el lema "No debemos, no pagamos", han salido a la calle para protestar por la crisis de la deuda.
Movimientos sociales de todo el mundo han convocado esta protesta, a la que se han sumado decenas de ciudades. En Madrid, el movimiento 15-M ha encabezado el llamamiento, al que también se han unido otras organizaciones como Attac o Ecologistas en Acción. Juntos han formado la Plataforma Reacciona. ¿El motivo? Consideran que la deuda es "ilegítima y odiosa" y que el Gobierno está aplicando los recortes sociales amparándose en el argumento de la necesidad de pagarla.
Por ello, la marcha ha comenzado en el Paseo de la Castellana , delante de la sede madrileña de la Unión Europea (UE), y llegará hasta Sol. Para ello, los manifestantes deberán pasar por la conocida plaza de Neptuno, donde hace tan sólo unas semanas la Policía cargó duramente contra quienes secundaron la convocatoria del 25-S, 'Rodea el Congreso' .
Desde el inicio de la manifestación, las cacerolas no han dejado de sonar y los participantes, de todas las edades y condiciones, han bailado a ritmo de batukada. En esta ocasión el miedo a las cargas no ha calado entre los ciudadanos, que han acudido a la Castellana con hijos y abuelos, ataviados con las ya habituales camisetas verdes (profesores), amarillas (funcionarios), blancas (sanitarios) o moradas (feministas).
Juntos han coreado los históricos lemas del 15-M como "Esta crisis no la pagamos", "No pagamos ni crisis, ni su deuda" o se han presentado, como en el caso de los miembros de la asociación Juventud Sin Futuro que gritan "Aquí está la juventud precaria".
La multitudinaria marea pasó por los principales centros de poder de la capital, como el Banco de España, donde -cacerola en mano- señalaron"a los culpables de convertirlo todo en mercancía con la que hacer negocio". "El 80% del total de la deuda española es privada, denunciaron los promotores de la protesta en un comunicado.
"La deuda es el pretexto que usan los gobiernos para robarnos derechos", ha denunciado a Público uno de los portavoces de la plataforma convocante, Carlos Mandel. "Lo importante de esta movilización es que salen ciudades de todo el mundo para protestar contra un sistema que pone a los beneficios económicos de la minoría por delante de las necesidades de las mayorías", añadió el portavoz
El "GlobalNoise! (ruido global)", una "cacerolada internacional" contra las desigualdades y la "opresión de un sistema que pone al capital por delante de las personas", ha conseguido reunir en Madrid a miles de personas que, bajo el lema "No debemos, no pagamos", han salido a la calle para protestar por la crisis de la deuda.
Movimientos sociales de todo el mundo han convocado esta protesta, a la que se han sumado decenas de ciudades. En Madrid, el movimiento 15-M ha encabezado el llamamiento, al que también se han unido otras organizaciones como Attac o Ecologistas en Acción. Juntos han formado la Plataforma Reacciona. ¿El motivo? Consideran que la deuda es "ilegítima y odiosa" y que el Gobierno está aplicando los recortes sociales amparándose en el argumento de la necesidad de pagarla.
Por ello, la marcha ha comenzado en el Paseo de la Castellana , delante de la sede madrileña de la Unión Europea (UE), y llegará hasta Sol. Para ello, los manifestantes deberán pasar por la conocida plaza de Neptuno, donde hace tan sólo unas semanas la Policía cargó duramente contra quienes secundaron la convocatoria del 25-S, 'Rodea el Congreso' .
Desde el inicio de la manifestación, las cacerolas no han dejado de sonar y los participantes, de todas las edades y condiciones, han bailado a ritmo de batukada. En esta ocasión el miedo a las cargas no ha calado entre los ciudadanos, que han acudido a la Castellana con hijos y abuelos, ataviados con las ya habituales camisetas verdes (profesores), amarillas (funcionarios), blancas (sanitarios) o moradas (feministas).
Juntos han coreado los históricos lemas del 15-M como "Esta crisis no la pagamos", "No pagamos ni crisis, ni su deuda" o se han presentado, como en el caso de los miembros de la asociación Juventud Sin Futuro que gritan "Aquí está la juventud precaria".
La multitudinaria marea pasó por los principales centros de poder de la capital, como el Banco de España, donde -cacerola en mano- señalaron"a los culpables de convertirlo todo en mercancía con la que hacer negocio". "El 80% del total de la deuda española es privada, denunciaron los promotores de la protesta en un comunicado.
"La deuda es el pretexto que usan los gobiernos para robarnos derechos", ha denunciado a Público uno de los portavoces de la plataforma convocante, Carlos Mandel. "Lo importante de esta movilización es que salen ciudades de todo el mundo para protestar contra un sistema que pone a los beneficios económicos de la minoría por delante de las necesidades de las mayorías", añadió el portavoz
12 de octubre de 2012
El orgullo de ser lo único que podemos ser
Arturo del Villar / UCR
Son los estragos que causa el fútbol. A fuerza de repetir, cuando gana la selección española, ese estribillo idiota de “Soy español español español”, los políticos se han creído que ganar un partido es para sentirse orgulloso de ser español. Pero a muchos no nos interesa el fútbol, de modo que estamos libres de ese contagio estúpido, e incluso entre los drogados por ese nuevo opio de los pueblos y rémora del progreso hay quienes no sienten ningún orgullo de ser españoles, y ni siquiera se sienten españoles.
El tema lo ha puesto de actualidad el increíble ministro de Educación, Cultura y Deportes de este absurdo Gobierno marianista, el ínclito José Ignacio Wert, más aficionado a los deportes que a la cultura. El pasado día 10, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, contestó a la interpelación de un diputado catalán con esta lapidaria frase: “Pues sí, nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes para que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.”
¿Quién puede sentirse orgulloso de pertenecer a un reino instaurado por un militar rebelde y genocida, que tiene como rey a un hombre que ha debido reconocer públicamente sus errores, al que los vasallos le pagamos sus aventuras de caza y de cama, que hace el ridículo tanto en las reuniones internacionales como cuando visita a un diario neoyorquino para explicar la realidad de su reino?
Al parecer, solamente los miembros del Gobierno en bloque. Su presidente, el inefable Mariano Rajoy, de visita en París cuando se perpetraba ese disparate en el Congreso, respondió a un periodista sobre la declaración intempestiva de su ministro: “Yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso de ser a la vez catalán y español.” Y además, que resuelva la cuadratura del círculo, y que dé un cuádruple salto mortal. Por querer, que no quede. Pero la realidad se impone.
Se cuenta una anécdota, dicen que verídica, de Antonio Cánovas del Castillo, el impulsor de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. Se empezó a estudiar en el Congreso la nueva Constitución para la monarquía implantada por el golpe de Estado de un militar traidor en 1874, y se trataba de definir en su artículo primero quiénes son españoles. Se dice que Cánovas murmuró en voz perfectamente audible: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa.” Seguramente es la mayor verdad que dijo nunca, aunque no quedara recogida en la Constitución de 1876.
¿Es que piensan de verdad Rajoy y Wert que si los españoles pudiéramos ser otra cosa, íbamos a seguir siendo los vasallos de este rey? Los que nos manifestamos en la calle no solamente no estamos orgullosos, sino que sentimos vergüenza de ser españoles vasallos de su majestad el rey católico Juan Carlos I El Arrepentido.
Rajoy y Wert se quedaron en el segundo de los Puntos Iniciales del Estado Nacionalsindicalista, que dice este galimatías: “España es una unidad de destino en lo universal.” Los militares rebeldes se sentían muy orgullosos de ser eso, y el rey juró dos veces, para serlo, fidelidad a eso, lo que fuere, causa de orgullo nacionalista.
Son los estragos que causa el fútbol. A fuerza de repetir, cuando gana la selección española, ese estribillo idiota de “Soy español español español”, los políticos se han creído que ganar un partido es para sentirse orgulloso de ser español. Pero a muchos no nos interesa el fútbol, de modo que estamos libres de ese contagio estúpido, e incluso entre los drogados por ese nuevo opio de los pueblos y rémora del progreso hay quienes no sienten ningún orgullo de ser españoles, y ni siquiera se sienten españoles.
El tema lo ha puesto de actualidad el increíble ministro de Educación, Cultura y Deportes de este absurdo Gobierno marianista, el ínclito José Ignacio Wert, más aficionado a los deportes que a la cultura. El pasado día 10, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, contestó a la interpelación de un diputado catalán con esta lapidaria frase: “Pues sí, nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes para que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.”
¿Quién puede sentirse orgulloso de pertenecer a un reino instaurado por un militar rebelde y genocida, que tiene como rey a un hombre que ha debido reconocer públicamente sus errores, al que los vasallos le pagamos sus aventuras de caza y de cama, que hace el ridículo tanto en las reuniones internacionales como cuando visita a un diario neoyorquino para explicar la realidad de su reino?
Al parecer, solamente los miembros del Gobierno en bloque. Su presidente, el inefable Mariano Rajoy, de visita en París cuando se perpetraba ese disparate en el Congreso, respondió a un periodista sobre la declaración intempestiva de su ministro: “Yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso de ser a la vez catalán y español.” Y además, que resuelva la cuadratura del círculo, y que dé un cuádruple salto mortal. Por querer, que no quede. Pero la realidad se impone.
Se cuenta una anécdota, dicen que verídica, de Antonio Cánovas del Castillo, el impulsor de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. Se empezó a estudiar en el Congreso la nueva Constitución para la monarquía implantada por el golpe de Estado de un militar traidor en 1874, y se trataba de definir en su artículo primero quiénes son españoles. Se dice que Cánovas murmuró en voz perfectamente audible: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa.” Seguramente es la mayor verdad que dijo nunca, aunque no quedara recogida en la Constitución de 1876.
¿Es que piensan de verdad Rajoy y Wert que si los españoles pudiéramos ser otra cosa, íbamos a seguir siendo los vasallos de este rey? Los que nos manifestamos en la calle no solamente no estamos orgullosos, sino que sentimos vergüenza de ser españoles vasallos de su majestad el rey católico Juan Carlos I El Arrepentido.
Rajoy y Wert se quedaron en el segundo de los Puntos Iniciales del Estado Nacionalsindicalista, que dice este galimatías: “España es una unidad de destino en lo universal.” Los militares rebeldes se sentían muy orgullosos de ser eso, y el rey juró dos veces, para serlo, fidelidad a eso, lo que fuere, causa de orgullo nacionalista.
Aniversario del asesinato del Ché: extraordinaria vigencia de sus ideas
Freddy Pérez / Santa Clara (www.la republica.es)
Podemos afirmar con absoluta confianza, que las ideas del Che mantienen vigencia en nuestro proceso revolucionario, y muy especialmente, en los esfuerzos y el trabajo para actualizar nuestro modelo económico, expresó el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, al intervenir en el acto político cultural celebrado en la plaza que lleva el nombre del Guerrillero Heroico, en ocasión de conmemorarse el aniversario 45 de su caída en combate y el 15 de la llegada de sus restos a ese sitio sagrado de la Patria.
“Si hace 15 años, el compañero Fidel bautizó los restos del Che y sus compañeros como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que llegaron para luchar junto a nosotros y escribir nuevas páginas de historia y de gloria, hoy podemos darles las gracias por la influencia que ejercen en nosotros, y por seguir acompañándonos en la lucha por la salvaguarda y el avance continuo de las ideas por las cuales el Che combatió y entregó su preciada vida”, destacó el también miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
En otro momento de su intervención, el segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, resaltó el inmenso orgullo que sentiría el Che un día como hoy, al ver las históricas jornadas revolucionarias que tuvieron lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela, liderada por Hugo Chávez.
Acompañado por Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vicepresidente del Consejo de Ministros, el Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, entre otros dirigentes, Valdés Menéndez rindió tributo al Héroe de la Batalla de Santa Clara y sus compañeros de guerrilla, así como a los combatientes del Frente de Las Villas.
Como parte de la conmemoración, 45 pioneros destacados del territorio recibieron su pañoleta azul de manos de sus padres, mientras un grupo de jóvenes realizaba el tradicional cambio de flores ante los nichos de los caídos y colocaba una ofrenda floral ante la base del monumento al Comandante Ernesto Guevara de la Serna.
En la ceremonia, también participaron familiares del Che y de los héroes caídos junto a él en tierras bolivianas, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, combatientes de diferentes gestas de la Revolución Cubana, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, además de trabajadores, estudiantes y jóvenes destacados de Villa Clara.
Reconocidos artistas del territorio dieron colorido al homenaje, en el que Gerardo Alfonso interpretó su conocida canción Son los sueños todavía, acompañado por los grupos Trovarroco y Abbó Aché.
Podemos afirmar con absoluta confianza, que las ideas del Che mantienen vigencia en nuestro proceso revolucionario, y muy especialmente, en los esfuerzos y el trabajo para actualizar nuestro modelo económico, expresó el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, al intervenir en el acto político cultural celebrado en la plaza que lleva el nombre del Guerrillero Heroico, en ocasión de conmemorarse el aniversario 45 de su caída en combate y el 15 de la llegada de sus restos a ese sitio sagrado de la Patria.
“Si hace 15 años, el compañero Fidel bautizó los restos del Che y sus compañeros como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que llegaron para luchar junto a nosotros y escribir nuevas páginas de historia y de gloria, hoy podemos darles las gracias por la influencia que ejercen en nosotros, y por seguir acompañándonos en la lucha por la salvaguarda y el avance continuo de las ideas por las cuales el Che combatió y entregó su preciada vida”, destacó el también miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
En otro momento de su intervención, el segundo jefe de la Columna 8 Ciro Redondo, resaltó el inmenso orgullo que sentiría el Che un día como hoy, al ver las históricas jornadas revolucionarias que tuvieron lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela, liderada por Hugo Chávez.
Acompañado por Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vicepresidente del Consejo de Ministros, el Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, entre otros dirigentes, Valdés Menéndez rindió tributo al Héroe de la Batalla de Santa Clara y sus compañeros de guerrilla, así como a los combatientes del Frente de Las Villas.
Como parte de la conmemoración, 45 pioneros destacados del territorio recibieron su pañoleta azul de manos de sus padres, mientras un grupo de jóvenes realizaba el tradicional cambio de flores ante los nichos de los caídos y colocaba una ofrenda floral ante la base del monumento al Comandante Ernesto Guevara de la Serna.
En la ceremonia, también participaron familiares del Che y de los héroes caídos junto a él en tierras bolivianas, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, combatientes de diferentes gestas de la Revolución Cubana, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, además de trabajadores, estudiantes y jóvenes destacados de Villa Clara.
Reconocidos artistas del territorio dieron colorido al homenaje, en el que Gerardo Alfonso interpretó su conocida canción Son los sueños todavía, acompañado por los grupos Trovarroco y Abbó Aché.
Navarra dejará de concertar a nuevos alumnos en los centros segregacionistas
Diario Noticias de Navarra
Navarra dejará de financiar a los centros educativos que únicamente admitan alumnos de un solo sexo o que impartan la enseñanza en grupos separados de niños y niñas. El Parlamento foral aprobó ayer la reforma legal impulsada por Izquierda-Ezkerra, y matizada en parte por una enmienda conjunta pactada con PSN, NaBai y Bildu.
De esta forma, el Gobierno de Navarra deberá dejar de concertar nuevos alumnos con los colegios segregacionistas, aunque se mantendrán las subvenciones públicas hasta que los estudiantes afectados terminen su ciclo de educación obligatoria. Hasta los 12 años si son menores de esa edad, y hasta los 16 si son mayores de 12. Este último matiz fue introducido durante el debate de ayer a instancias del PSN, que inicialmente planteaba que los conciertos se mantuvieran en todos los casos hasta los 16 años.
La reforma afecta a tres centros vinculados al Opus Dei. Dos masculinos, El Redin e Irabia, y otros dos femeninos, Miravalles (asociado con El Redín) e Izaga, este último vinculado a Irabia y todavia en construcción. No obstante, la financiación pactada para este curso no se verá afectada, y quedan abiertas muchas dudas sobre sus consecuencias prácticas para el curso que viene. Fundamentalmente por la postura esgrimida por UPN, que no oculta su voluntad de seguir financiando estos centros convenidos hasta 2015. Un acuerdo que podría servir de argumento para mantener las ayudas al menos hasta esa fecha. Además, y a raiz de la sentencia del Tribunal Supremo que considera que financiar con dinero público estos colegios atenta contra la Ley de Igualdad, el PP trabaja en una nueva reforma que blinde a los centros afectados, unos 70 en el conjunto del Estado.
A partir de ahí se abre una batalla política con múltiples vertientes, que puede acabar incluso con el Parlamento recurriendo al Gobierno foral por entender que no cumple la ley, o con el propio Ejecutivo de UPN acatando gustoso una norma estatal que pasa por encima de la capacidad de autogobierno en materia de Educación.
Debate parlamentario
Es, en cualquier caso, una cuestión que tiene un gran peso político motivada por la vinculación ideológica y religiosa de los centros afectados. Algo que quedó en evidencia durante el debate de ayer, que llevó a UPN y al PPN a denunciar lo que consideran una "ataque a la libertad" impulsado por el "odio" de los impulsores de la reforma legal.
El regioalista Carlos García Adanero, siempre comedido e irónico, sacó a relucir ayer su verbo más duro, en ocasiones indignado, para denunciar lo que lo tildó de "insulto" a miles de familias. "Es una aberración", enfatizó el portavoz regionalista, que consideró que con esta ley solo podrán ir a estos centros "los ricos". "Así solo consiguen fastidiar a 4.000 familias. Les mueve tal odio que no pueden ser felices así. Es una desgracia. Hoy 27 parlamentarios se irán a dormir a pierna suelta y mañana 4.000 se levantarán sin saber cuál es su futuro. Ya lo han conseguido", criticó. Igualmente molesta se mostró la parlamentaria del PPN, Amaya Zarranz, que entiende que "no hay motivos pedagógicos y educativos" que avalen la reforma.
Algo en lo que sí insistieron los defendores de la ley. En especial su promotora, Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra), que subrayó que la modficiación sólo pretende "impulsar el principio de coeducación y que no haya discriminación por razón de sexo en los centros educativos". "La transmisión del valor de igualdad está en los fines de la educación pública y por tanto en la educación concertada", subrayó.
Navarra dejará de financiar a los centros educativos que únicamente admitan alumnos de un solo sexo o que impartan la enseñanza en grupos separados de niños y niñas. El Parlamento foral aprobó ayer la reforma legal impulsada por Izquierda-Ezkerra, y matizada en parte por una enmienda conjunta pactada con PSN, NaBai y Bildu.
De esta forma, el Gobierno de Navarra deberá dejar de concertar nuevos alumnos con los colegios segregacionistas, aunque se mantendrán las subvenciones públicas hasta que los estudiantes afectados terminen su ciclo de educación obligatoria. Hasta los 12 años si son menores de esa edad, y hasta los 16 si son mayores de 12. Este último matiz fue introducido durante el debate de ayer a instancias del PSN, que inicialmente planteaba que los conciertos se mantuvieran en todos los casos hasta los 16 años.
La reforma afecta a tres centros vinculados al Opus Dei. Dos masculinos, El Redin e Irabia, y otros dos femeninos, Miravalles (asociado con El Redín) e Izaga, este último vinculado a Irabia y todavia en construcción. No obstante, la financiación pactada para este curso no se verá afectada, y quedan abiertas muchas dudas sobre sus consecuencias prácticas para el curso que viene. Fundamentalmente por la postura esgrimida por UPN, que no oculta su voluntad de seguir financiando estos centros convenidos hasta 2015. Un acuerdo que podría servir de argumento para mantener las ayudas al menos hasta esa fecha. Además, y a raiz de la sentencia del Tribunal Supremo que considera que financiar con dinero público estos colegios atenta contra la Ley de Igualdad, el PP trabaja en una nueva reforma que blinde a los centros afectados, unos 70 en el conjunto del Estado.
A partir de ahí se abre una batalla política con múltiples vertientes, que puede acabar incluso con el Parlamento recurriendo al Gobierno foral por entender que no cumple la ley, o con el propio Ejecutivo de UPN acatando gustoso una norma estatal que pasa por encima de la capacidad de autogobierno en materia de Educación.
Debate parlamentario
Es, en cualquier caso, una cuestión que tiene un gran peso político motivada por la vinculación ideológica y religiosa de los centros afectados. Algo que quedó en evidencia durante el debate de ayer, que llevó a UPN y al PPN a denunciar lo que consideran una "ataque a la libertad" impulsado por el "odio" de los impulsores de la reforma legal.
El regioalista Carlos García Adanero, siempre comedido e irónico, sacó a relucir ayer su verbo más duro, en ocasiones indignado, para denunciar lo que lo tildó de "insulto" a miles de familias. "Es una aberración", enfatizó el portavoz regionalista, que consideró que con esta ley solo podrán ir a estos centros "los ricos". "Así solo consiguen fastidiar a 4.000 familias. Les mueve tal odio que no pueden ser felices así. Es una desgracia. Hoy 27 parlamentarios se irán a dormir a pierna suelta y mañana 4.000 se levantarán sin saber cuál es su futuro. Ya lo han conseguido", criticó. Igualmente molesta se mostró la parlamentaria del PPN, Amaya Zarranz, que entiende que "no hay motivos pedagógicos y educativos" que avalen la reforma.
Algo en lo que sí insistieron los defendores de la ley. En especial su promotora, Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra), que subrayó que la modficiación sólo pretende "impulsar el principio de coeducación y que no haya discriminación por razón de sexo en los centros educativos". "La transmisión del valor de igualdad está en los fines de la educación pública y por tanto en la educación concertada", subrayó.
11 de octubre de 2012
Aunque insuficiente, bienvenido un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la UE
Aunque insuficiente, bienvenido un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en la UE
Por un control ciudadano de los mercados financieros, ¡ITF YA! COMUNICADO DE ATTAC ESPAÑA
Artículos de Opinión
Attac España
11-10-2012
ATTAC España se congratula del hecho de que nuestro país sea uno de los 11 estados que han acordado aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) en la UE por el procedimiento de Cooperación Reforzada. Hace quince años que la organización internacional ATTAC comenzó a movilizarse en todo el planeta para exigir la implantación de este impuesto global a las finanzas, que en nuestra opinión no debe perseguir sólo fines recaudatorios, sino además tener un objetivo regulador, redistributivo e incluso sancionador, como todo impuesto.
En otro comunicado emitido hace ahora un año, ATTAC España saludaba entonces la directiva sobre el ITF elaborada por la Comisión Europea, y subrayaba la existencia de muchos puntos dignos de apoyo en la propuesta. En concreto, se señalaba que es un paso en la buena dirección fijar un tipo impositivo del 0,1% para las transacciones en acciones y bonos, que es el nivel de impuesto que ATTAC ha venido exigiendo desde hace años; como lo es incluir los productos derivados y aplicar el impuesto a todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y también recaudarlo en el país de residencia de quien hace las transferencias y no en los mercados donde se producen. Las graves insuficiencias de la propuesta también fueron señaladas en su momento: el tipo impositivo propuesto sobre los productos derivados es muy bajo -solo del 0.01% – lo que dificulta su capacidad de reducir la especulación y la volatilidad; y no se propone su aplicación a las transacciones de divisas, dejando sin gravar un mercado altamente especulativo y tremendamente volátil que mueve 4 billones de dólares al día.
Aplicar el ITF en Europa como han acordado 11 países es para ATTAC un hecho ciertamente positivo, pero desde ATTAC España llamamos a la ciudadanía a seguir presionando socialmente para conseguir su aplicación global y para forzar que no se quede en una medida aislada. Para que sea una herramienta que permita combatir la especulación financiera, mediante la reducción de las transacciones a cortísimo plazo, y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de unos bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Interesa señalar entre esas medidas las siguientes:
•Regular de la Banca. Especialmente la banca en la sombra, esa que utiliza de forma intensiva los paraísos fiscales, para lo que hay que revisar los acuerdos internacionales de contabilidad y administración y hacer que incluyan la obligación de una transparencia mucho mayor que la actual.
•Erradicar los Paraísos Fiscales. La aplicación del ITF no tendrá una eficacia real si no se acaba también con los Paraísos Fiscales, auténticos agujeros negros de las vergüenzas del sistema.
•Es imprescindible crear un nuevo Banco Central Europeo (BCE). Modificar el papel y autonomía del BCE para que además de intervenir directamente en las políticas de creación de empleo y rendir cuentas a la ciudadanía europea, pueda financiar directamente sin interés, o a bajo tipo, inversiones públicas útiles de acuerdo con objetivos económicos, sociales y medioambientales o garantizar préstamos para las administraciones públicas a cargo de esas inversiones.
•Evitar el fraude fiscal de las transnacionales y las grandes fortunas. Implantar una armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por Internet. Es necesario introducir la obligatoriedad de una contabilidad “país por país” en las trasnacionales para evitar la manipulación de resultados y la imputación de costes para eludir la fiscalidad.
•Limitar el apalancamiento financiero. Para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de la crisis financiera.
•Introducir una mayor progresividad fiscal. Para al menos equiparar los tipos impositivos de los rendimientos del capital con los del trabajo.
•Prohibir negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas. Mercados que requieren operaciones de cobertura pero no de especulación a corto plazo.
•Separar la banca comercial y la banca de inversión. Para garantizar los ahorros de los particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.
•Crear de una banca pública nacional con compromiso de servicio público. En el caso español, utilizando como base la que existe en la participación estatal en el salvamento de las Cajas de Ahorro, y replanteando su funcionamiento para que sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
ATTAC España hace un llamamiento a toda la ciudadanía a continuar con el proceso de movilización social permanente, orientado a la reivindicación de estas medidas y también a profundizar en la democracia buscando una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, en un momento en el que los poderes financieros, con la complicidad de los gobiernos europeos, están socavando las bases de la democracia, vaciándola de contenido y sustituyéndola por decisiones, supuestamente técnicas, que en realidad son la aplicación de su programa político neoliberal.
Fuente: http://www.attac.es/2012/10/11/aunq...
Por un control ciudadano de los mercados financieros, ¡ITF YA! COMUNICADO DE ATTAC ESPAÑA
Artículos de Opinión
Attac España
11-10-2012
ATTAC España se congratula del hecho de que nuestro país sea uno de los 11 estados que han acordado aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) en la UE por el procedimiento de Cooperación Reforzada. Hace quince años que la organización internacional ATTAC comenzó a movilizarse en todo el planeta para exigir la implantación de este impuesto global a las finanzas, que en nuestra opinión no debe perseguir sólo fines recaudatorios, sino además tener un objetivo regulador, redistributivo e incluso sancionador, como todo impuesto.
En otro comunicado emitido hace ahora un año, ATTAC España saludaba entonces la directiva sobre el ITF elaborada por la Comisión Europea, y subrayaba la existencia de muchos puntos dignos de apoyo en la propuesta. En concreto, se señalaba que es un paso en la buena dirección fijar un tipo impositivo del 0,1% para las transacciones en acciones y bonos, que es el nivel de impuesto que ATTAC ha venido exigiendo desde hace años; como lo es incluir los productos derivados y aplicar el impuesto a todos los actores, incluidos los Hedge Funds; y también recaudarlo en el país de residencia de quien hace las transferencias y no en los mercados donde se producen. Las graves insuficiencias de la propuesta también fueron señaladas en su momento: el tipo impositivo propuesto sobre los productos derivados es muy bajo -solo del 0.01% – lo que dificulta su capacidad de reducir la especulación y la volatilidad; y no se propone su aplicación a las transacciones de divisas, dejando sin gravar un mercado altamente especulativo y tremendamente volátil que mueve 4 billones de dólares al día.
Aplicar el ITF en Europa como han acordado 11 países es para ATTAC un hecho ciertamente positivo, pero desde ATTAC España llamamos a la ciudadanía a seguir presionando socialmente para conseguir su aplicación global y para forzar que no se quede en una medida aislada. Para que sea una herramienta que permita combatir la especulación financiera, mediante la reducción de las transacciones a cortísimo plazo, y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de unos bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Interesa señalar entre esas medidas las siguientes:
•Regular de la Banca. Especialmente la banca en la sombra, esa que utiliza de forma intensiva los paraísos fiscales, para lo que hay que revisar los acuerdos internacionales de contabilidad y administración y hacer que incluyan la obligación de una transparencia mucho mayor que la actual.
•Erradicar los Paraísos Fiscales. La aplicación del ITF no tendrá una eficacia real si no se acaba también con los Paraísos Fiscales, auténticos agujeros negros de las vergüenzas del sistema.
•Es imprescindible crear un nuevo Banco Central Europeo (BCE). Modificar el papel y autonomía del BCE para que además de intervenir directamente en las políticas de creación de empleo y rendir cuentas a la ciudadanía europea, pueda financiar directamente sin interés, o a bajo tipo, inversiones públicas útiles de acuerdo con objetivos económicos, sociales y medioambientales o garantizar préstamos para las administraciones públicas a cargo de esas inversiones.
•Evitar el fraude fiscal de las transnacionales y las grandes fortunas. Implantar una armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por Internet. Es necesario introducir la obligatoriedad de una contabilidad “país por país” en las trasnacionales para evitar la manipulación de resultados y la imputación de costes para eludir la fiscalidad.
•Limitar el apalancamiento financiero. Para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de la crisis financiera.
•Introducir una mayor progresividad fiscal. Para al menos equiparar los tipos impositivos de los rendimientos del capital con los del trabajo.
•Prohibir negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas. Mercados que requieren operaciones de cobertura pero no de especulación a corto plazo.
•Separar la banca comercial y la banca de inversión. Para garantizar los ahorros de los particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.
•Crear de una banca pública nacional con compromiso de servicio público. En el caso español, utilizando como base la que existe en la participación estatal en el salvamento de las Cajas de Ahorro, y replanteando su funcionamiento para que sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
ATTAC España hace un llamamiento a toda la ciudadanía a continuar con el proceso de movilización social permanente, orientado a la reivindicación de estas medidas y también a profundizar en la democracia buscando una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, en un momento en el que los poderes financieros, con la complicidad de los gobiernos europeos, están socavando las bases de la democracia, vaciándola de contenido y sustituyéndola por decisiones, supuestamente técnicas, que en realidad son la aplicación de su programa político neoliberal.
Fuente: http://www.attac.es/2012/10/11/aunq...
Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia
ANÁLISIS: RAFAEL ESCUDERO ALDAY (publicado en el diario digital Público)
Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia
11/10/2012
El Tribunal Constitucional acaba de rechazar a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Hace más de un año la sala de lo militar del Tribunal Supremo negó a sus familiares la posibilidad de interponer un recurso de revisión contra la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta en 1940. Ahora, el Tribunal Constitucional inadmite a trámite el recurso debido a la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
Antes de entrar a analizar esta resolución del TC, recordemos las circunstancias del caso. La ley de memoria histórica de 2007 reconoció la ilegitimidad e injusticia de las resoluciones de los órganos judiciales franquistas dictadas en manifiesta vulneración de derechos humanos (arts. 2 y 3), como fue el caso del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández por el delito de adhesión a la rebelión. A esto se añadió la posibilidad de que los familiares de las personas afectadas por dichas resoluciones pudieran solicitar del Estado español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron condenados por razones políticas o ideológicas (art. 4).
Con esta declaración en la mano, la familia de Miguel Hernández decidió explorar la vía judicial para conseguir que los tribunales españoles revisasen su caso y declarasen la nulidad de aquel inicuo consejo de guerra. Sus familiares entendían que concurren "hechos nuevos" que justificarían la revisión de la sentencia, según ampara la legislación procesal. Tales hechos serían no sólo la declaración general de ilegitimidad e injusticia contenida en la propia ley, sino también la de reparación y reconocimiento personal expedida por el Ministerio de Justicia.
El órgano competente para resolver el caso, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, decidió cerrar sus puertas al recurso en febrero de 2011. Ni siquiera consideró oportuno entrar en el fondo del asunto, sino que simplemente denegó la propia interposición del recurso. Aceptó las tesis de la fiscalía general del Estado (dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido) y entendió que no había nada que anular porque la sentencia que condenó a Miguel Hernández ya era nula de pleno Derecho al haber sido expulsada del ordenamiento jurídico en virtud de la citada ley de 2007. Carece, a juicio del Tribunal, de vigencia jurídica.
Al rechazar incluso la mera posibilidad de interponer el recurso, el Tribunal Supremo cercena de raíz el derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que la familia de Miguel Hernández acudiera al Tribunal Constitucional, alegando que el TS vulnera tal derecho al desconocer profundamente el contenido de la ley de memoria histórica. Se arguye en el recurso que esta establece la injusticia e ilegitimidad de tales sentencias, pero que estos calificativos de índole moral y político no producen efectos jurídicos. Y mucho menos suponen la nulidad, inexistencia o pérdida de vigencia jurídica de dichas sentencias. Estas siguen en vigor hasta que no se declare su nulidad, bien por la ley bien por otro tribunal, que es precisamente lo que solicita la familia de Miguel Hernández.
En septiembre de 2011 se presentó el recurso de amparo y a finales de septiembre de este año se ha notificado la resolución de inadmisión a trámite. Aun cuando nos hayamos resignado a aceptar la lentitud de nuestros tribunales -y especialmente del Tribunal Constitucional-, no deja de resultar inaceptable que se tarde un año en redactar un párrafo. Porque esta es la extensión de la resolución, un párrafo, dado que la ley permite que la inadmisión no se acompañe de motivación alguna.
Con esta fórmula el Tribunal ha elegido la peor de las salidas posibles para la familia de Miguel Hernández y la mejor para él: evitar la discusión sobre el fondo del asunto. Podría haber expuesto sus argumentos sobre la vigencia o no de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que ya han desplegado sus efectos, o bien podría haber reiterado su conocida doctrina sobre la irretroactividad de la Constitución y su imposible aplicación a épocas anteriores, o incluso podría haber planteado sus dudas -y, en su caso, su negativa- sobre la relevancia constitucional de la cuestión. Y ahí podríamos debatir y estar o no de acuerdo con sus tesis. Pero no vamos a poder hacerlo. Mediante el expediente utilizado, el Tribunal evita que puedan rebatirse sus argumentos. Parece que el Tribunal no quiere ofrecer pistas por si acaso a las víctimas se les ocurre recurrir a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y demandar al Estado español por permitir que los crímenes del franquismo queden impunes.
La decisión ha sido adoptada por la sección del Tribunal compuesta por los magistrados Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Pablo Pérez Tremps. Los dos primeros fueron nombrados a propuesta del PP, mientras que el último fue propuesto por el PSOE. Sorprende que un magistrado progresista coincida en su apreciación de este caso con Hernando, cuyo pasado al frente del Consejo General del Poder Judicial es de sobra conocido, y con Pérez de los Cobos, "autor intelectual" de la última reforma laboral del gobierno del PP.
O quizá la sorpresa no sea tan grande si observamos la trayectoria de estos dos partidos en relación con la recuperación de la memoria histórica. A pesar de impulsar la ley de 2007, el PSOE coincide con el PP en su rechazo a declarar la nulidad de sentencias como la que condenó a muerte a Miguel Hernández. La seguridad jurídica y el principio de continuidad del Estado fueron los puntos esgrimidos por sus representantes en el debate parlamentario. En este punto los argumentarios de ambos partidos coincidían, como coincide también la opinión de estos magistrados en lo relativo al tratamiento constitucional de la revisión del pasado dictatorial del Estado español.
Con su decisión el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo del olvido de Miguel Hernández, poeta y comunista. Lo que un tribunal militar franquista comenzó con una condena a muerte años atrás y la llegada de la democracia española fue incapaz de subsanar, acaba de certificarlo el Tribunal Constitucional con la negativa a amparar a sus familiares en la pretensión de declarar nula tal condena. Una condena que sigue en pie, como monumento a la infamia.
En conclusión, esta decisión del TC es una manifestación -otra más- del pacto de olvido y silencio suscrito en la transición. Un pacto según el cual, en términos del novelista Rafael Reig, "todo está perdonado".
Miguel Hernández, en el Constitucional: la consumación de una infamia
11/10/2012
El Tribunal Constitucional acaba de rechazar a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. Hace más de un año la sala de lo militar del Tribunal Supremo negó a sus familiares la posibilidad de interponer un recurso de revisión contra la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta en 1940. Ahora, el Tribunal Constitucional inadmite a trámite el recurso debido a la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".
Antes de entrar a analizar esta resolución del TC, recordemos las circunstancias del caso. La ley de memoria histórica de 2007 reconoció la ilegitimidad e injusticia de las resoluciones de los órganos judiciales franquistas dictadas en manifiesta vulneración de derechos humanos (arts. 2 y 3), como fue el caso del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández por el delito de adhesión a la rebelión. A esto se añadió la posibilidad de que los familiares de las personas afectadas por dichas resoluciones pudieran solicitar del Estado español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron condenados por razones políticas o ideológicas (art. 4).
Con esta declaración en la mano, la familia de Miguel Hernández decidió explorar la vía judicial para conseguir que los tribunales españoles revisasen su caso y declarasen la nulidad de aquel inicuo consejo de guerra. Sus familiares entendían que concurren "hechos nuevos" que justificarían la revisión de la sentencia, según ampara la legislación procesal. Tales hechos serían no sólo la declaración general de ilegitimidad e injusticia contenida en la propia ley, sino también la de reparación y reconocimiento personal expedida por el Ministerio de Justicia.
El órgano competente para resolver el caso, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, decidió cerrar sus puertas al recurso en febrero de 2011. Ni siquiera consideró oportuno entrar en el fondo del asunto, sino que simplemente denegó la propia interposición del recurso. Aceptó las tesis de la fiscalía general del Estado (dirigida entonces por Cándido Conde-Pumpido) y entendió que no había nada que anular porque la sentencia que condenó a Miguel Hernández ya era nula de pleno Derecho al haber sido expulsada del ordenamiento jurídico en virtud de la citada ley de 2007. Carece, a juicio del Tribunal, de vigencia jurídica.
Al rechazar incluso la mera posibilidad de interponer el recurso, el Tribunal Supremo cercena de raíz el derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que la familia de Miguel Hernández acudiera al Tribunal Constitucional, alegando que el TS vulnera tal derecho al desconocer profundamente el contenido de la ley de memoria histórica. Se arguye en el recurso que esta establece la injusticia e ilegitimidad de tales sentencias, pero que estos calificativos de índole moral y político no producen efectos jurídicos. Y mucho menos suponen la nulidad, inexistencia o pérdida de vigencia jurídica de dichas sentencias. Estas siguen en vigor hasta que no se declare su nulidad, bien por la ley bien por otro tribunal, que es precisamente lo que solicita la familia de Miguel Hernández.
En septiembre de 2011 se presentó el recurso de amparo y a finales de septiembre de este año se ha notificado la resolución de inadmisión a trámite. Aun cuando nos hayamos resignado a aceptar la lentitud de nuestros tribunales -y especialmente del Tribunal Constitucional-, no deja de resultar inaceptable que se tarde un año en redactar un párrafo. Porque esta es la extensión de la resolución, un párrafo, dado que la ley permite que la inadmisión no se acompañe de motivación alguna.
Con esta fórmula el Tribunal ha elegido la peor de las salidas posibles para la familia de Miguel Hernández y la mejor para él: evitar la discusión sobre el fondo del asunto. Podría haber expuesto sus argumentos sobre la vigencia o no de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que ya han desplegado sus efectos, o bien podría haber reiterado su conocida doctrina sobre la irretroactividad de la Constitución y su imposible aplicación a épocas anteriores, o incluso podría haber planteado sus dudas -y, en su caso, su negativa- sobre la relevancia constitucional de la cuestión. Y ahí podríamos debatir y estar o no de acuerdo con sus tesis. Pero no vamos a poder hacerlo. Mediante el expediente utilizado, el Tribunal evita que puedan rebatirse sus argumentos. Parece que el Tribunal no quiere ofrecer pistas por si acaso a las víctimas se les ocurre recurrir a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y demandar al Estado español por permitir que los crímenes del franquismo queden impunes.
La decisión ha sido adoptada por la sección del Tribunal compuesta por los magistrados Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Pablo Pérez Tremps. Los dos primeros fueron nombrados a propuesta del PP, mientras que el último fue propuesto por el PSOE. Sorprende que un magistrado progresista coincida en su apreciación de este caso con Hernando, cuyo pasado al frente del Consejo General del Poder Judicial es de sobra conocido, y con Pérez de los Cobos, "autor intelectual" de la última reforma laboral del gobierno del PP.
O quizá la sorpresa no sea tan grande si observamos la trayectoria de estos dos partidos en relación con la recuperación de la memoria histórica. A pesar de impulsar la ley de 2007, el PSOE coincide con el PP en su rechazo a declarar la nulidad de sentencias como la que condenó a muerte a Miguel Hernández. La seguridad jurídica y el principio de continuidad del Estado fueron los puntos esgrimidos por sus representantes en el debate parlamentario. En este punto los argumentarios de ambos partidos coincidían, como coincide también la opinión de estos magistrados en lo relativo al tratamiento constitucional de la revisión del pasado dictatorial del Estado español.
Con su decisión el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo del olvido de Miguel Hernández, poeta y comunista. Lo que un tribunal militar franquista comenzó con una condena a muerte años atrás y la llegada de la democracia española fue incapaz de subsanar, acaba de certificarlo el Tribunal Constitucional con la negativa a amparar a sus familiares en la pretensión de declarar nula tal condena. Una condena que sigue en pie, como monumento a la infamia.
En conclusión, esta decisión del TC es una manifestación -otra más- del pacto de olvido y silencio suscrito en la transición. Un pacto según el cual, en términos del novelista Rafael Reig, "todo está perdonado".
Apoyar protestas en la red podrá ser motivo de prisión
Apoyar protestas en la red podrá ser motivo de prisión
10 octubre, 2012
Filed underEspaña
Posted by Guest DANIEL FONT NOGUEROL / BARCELONA
DIAGONALPERIODICO.NET
Mano dura ante la respuesta ciudadana. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hacía público hace pocos días el informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal. Entre sus puntos destaca la definición del delito de atentado, que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia al agente, por lo que los cargos por “resistencia y atentado a la autoridad” serán todavía más habituales”, tal y como señala la Comisión de Legal del 15M. El informe aclara que delito de atentado “no se equipara con la resistencia pasiva, que, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel”. Hace escasos meses, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, amenazaba con incluir la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad. Finalmente el Gobierno ha dado marcha atrás en ese punto.
Por otro lado, el éxito de las convocatorias a manifestaciones vía redes sociales no ha pasado inadvertido. La reforma introduce como nuevo delito la difusión de mensajes que inciten a alteraciones del orden público. La pena será de entre tres meses y un año de cárcel, o bien será sancionada con multa. Ello conlleva que será punible el simple hecho de lanzar el mensaje, “al configurarse como un delito de peligro y no de resultado”, explica Maribel Mora Grande, coordinadora general de la Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Mora Grande considera que “estas medidas buscan criminalizar la respuesta social, pues prevén que, con los recortes sociales que está aplicando el Gobierno, pueda haber una gran respuesta social” y añade que “lo que quieren es evitar que la gente luche”.
Prisión permanente revisable
La reforma también plantea la imposición de la prisión permanente revisable, que, en palabras de Gallardón, tiene “plenamente encaje constitucional”, ya que no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo. No lo ve así Mora Grande, quien afirma que, una vez condenado, “al preso deja de prestársele atención y pasa de ser el punto de mira a convertirse poco más que en escoria para la sociedad”, e indica que, “de hecho, ya existe la cadena perpetua y ahora se pretende que sea posible con un solo delito. Hasta ahora, por un lado, el límite de 40 años de cárcel no es absoluto y algunas personas acumulan varias condenas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite”.
La responsable de APDHA apunta que el Derecho Penal no es el único ni el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, ni siquiera el más apropiado para proteger y reparar a las víctimas.
En 2010, España tenía 345 personas condenadas a más de 30 años de prisión, sin contar las condenas por delitos de terrorismo, mientras que otros países donde existe legalmente la cadena perpetua, como Inglaterra o Alemania, los presos no están más de 15 o 19 años en prisión, según la APDHA. La Asociación advierte que en los últimos años España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que es uno de los países más seguros del entorno.
PUNTOS ROJOS DE LA REFORMA DE GALLARDÓN
ATENTADO AGRAVADO
Al delito de atentado a la autoridad se le aplicará un agravante si el reo utiliza objetos que conlleven peligro para la integridad física del agente.
CUSTODIA
Esta nueva figura supondrá que, tras cumplir su pena, el condenado por delitos de especial gravedad pueda pasar hasta diez años más en prisión si el tribunal valora que aún es peligroso.
ADIÓS A LAS FALTAS
Con la reforma, las faltas desaparecen del Código Civil, convirtiéndose en delitos leves o persiguiéndose por vía administrativa.
DELITO DE HURTO
La falta de hurto, antes penada con multa de hasta dos meses y prisión de cuatro a 12 días, pasa a ser delito leve. Eso sí, el valor máximo de lo hurtado asciende de 400 a los mil euros.
10 octubre, 2012
Filed underEspaña
Posted by Guest DANIEL FONT NOGUEROL / BARCELONA
DIAGONALPERIODICO.NET
Mano dura ante la respuesta ciudadana. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hacía público hace pocos días el informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal. Entre sus puntos destaca la definición del delito de atentado, que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia al agente, por lo que los cargos por “resistencia y atentado a la autoridad” serán todavía más habituales”, tal y como señala la Comisión de Legal del 15M. El informe aclara que delito de atentado “no se equipara con la resistencia pasiva, que, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel”. Hace escasos meses, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, amenazaba con incluir la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad. Finalmente el Gobierno ha dado marcha atrás en ese punto.
Por otro lado, el éxito de las convocatorias a manifestaciones vía redes sociales no ha pasado inadvertido. La reforma introduce como nuevo delito la difusión de mensajes que inciten a alteraciones del orden público. La pena será de entre tres meses y un año de cárcel, o bien será sancionada con multa. Ello conlleva que será punible el simple hecho de lanzar el mensaje, “al configurarse como un delito de peligro y no de resultado”, explica Maribel Mora Grande, coordinadora general de la Asociación Pro- Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Mora Grande considera que “estas medidas buscan criminalizar la respuesta social, pues prevén que, con los recortes sociales que está aplicando el Gobierno, pueda haber una gran respuesta social” y añade que “lo que quieren es evitar que la gente luche”.
Prisión permanente revisable
La reforma también plantea la imposición de la prisión permanente revisable, que, en palabras de Gallardón, tiene “plenamente encaje constitucional”, ya que no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo. No lo ve así Mora Grande, quien afirma que, una vez condenado, “al preso deja de prestársele atención y pasa de ser el punto de mira a convertirse poco más que en escoria para la sociedad”, e indica que, “de hecho, ya existe la cadena perpetua y ahora se pretende que sea posible con un solo delito. Hasta ahora, por un lado, el límite de 40 años de cárcel no es absoluto y algunas personas acumulan varias condenas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite”.
La responsable de APDHA apunta que el Derecho Penal no es el único ni el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, ni siquiera el más apropiado para proteger y reparar a las víctimas.
En 2010, España tenía 345 personas condenadas a más de 30 años de prisión, sin contar las condenas por delitos de terrorismo, mientras que otros países donde existe legalmente la cadena perpetua, como Inglaterra o Alemania, los presos no están más de 15 o 19 años en prisión, según la APDHA. La Asociación advierte que en los últimos años España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que es uno de los países más seguros del entorno.
PUNTOS ROJOS DE LA REFORMA DE GALLARDÓN
ATENTADO AGRAVADO
Al delito de atentado a la autoridad se le aplicará un agravante si el reo utiliza objetos que conlleven peligro para la integridad física del agente.
CUSTODIA
Esta nueva figura supondrá que, tras cumplir su pena, el condenado por delitos de especial gravedad pueda pasar hasta diez años más en prisión si el tribunal valora que aún es peligroso.
ADIÓS A LAS FALTAS
Con la reforma, las faltas desaparecen del Código Civil, convirtiéndose en delitos leves o persiguiéndose por vía administrativa.
DELITO DE HURTO
La falta de hurto, antes penada con multa de hasta dos meses y prisión de cuatro a 12 días, pasa a ser delito leve. Eso sí, el valor máximo de lo hurtado asciende de 400 a los mil euros.
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