El padrino de Urdangarin es… secreto de Estado
Escrito por Arturo del Villar / UCR
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 05:06
Preciso es reconocer que el diario El Mundo ha tenido un papel protagonista en la revelación más sensacional sobre la monarquía juancarlista: la infanta Cristina de Borbón y su marido el jugador de balonmano Iñaki Urdangarin, nombrados duques de Palma como real regalo de bodas, han cometido los mayores delitos económicos en toda la historia de España. Destapó el secreto El Mundo/El Día de Baleares, dirigido por Eduardo Inda, que tenía como jefe de investigación a Esteban Urreiztieta.
El 17 de febrero de 2006, un día para la historia de la monarquía del 18 de julio, publicaron un informe tan minucioso como escandaloso sobre el coste y los enigmas del foro sobre turismo y deporte celebrado en Mallorca, el Illes Balears Forum: 1,2 millones de euros, de los que se había pagado el 75 por ciento antes de su inauguración, y el 25 por ciento a su término. El diputado socialista Antoni Diéguez emplazó al presidente de la Generalitat, Jaume Matas, a explicar los enigmas de ese foro, y comunicó a los periodistas que quisieron escucharle sus temores acerca de la comisión de un fraude mayúsculo, que estaba dispuesto a perseguir y denunciar.
El Instituto Nóos de Investigación Aplicada, presidido por Iñaki Urdangarin, organizador del festejo, respondió con una nota escueta de medio folio, que no aclaraba nada sobre el destino del dinero pagado por el Govern de la Generalitat balear. Inmediatamente Diego Torres, vicepresidente de Nóos, y el conocido como Pepote Ballester, entonces director general de Deportes de la Generalitat, se presentaron en la redacción del diario, para entregar unos folletos explicativos acerca de lo fantástico que era el Instituto (cosa cierta), y advertir que si se continuaba criticando su gestión se enfadarían tanto que los próximos foros previstos para celebrar en las islas se los llevarían a un país extranjero.
La ley del silencio
Los responsables de El Mundo les respondieron que continuarían publicando los informes que descubrieran, pero en cambio el diputado Diéguez se olvidó de sus requisitorias: el entonces presidente del Gobierno nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, su jefe por ser secretario general del partido Pseudo Socialista Obrero Español (PSOE), le impuso la ley del silencio sobre el tema, porque así lo mandaba quien podía hacerlo. El compañero Rodríguez, además de ser el más nefasto jefe del Gobierno español desde 1823, cuando el funesto rey borbónico Fernando VII designó para el cargo a su confesor Víctor Damián Sáez, tenía la debilidad de adoptar la actitud más servil ante los mandamases, tanto del imperio estadounidense como del reino de España y hasta de ese presunto Estado de opereta llamado Vaticano.
La ley del silencio estuvo vigente hasta que las revelaciones de El Mundo fueron tan escandalosas y bien documentadas que todos los vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor las comentábamos. A lo largo del siglo XIX los gobiernos de turno pagaban unos llamados fondos de reptiles, para mantener domesticados a los periodistas. En el XXI los fondos no sólo se pagan en euros, sino también en otra clase de prebendas, siempre con la misma intención. Las constituciones garantizan la libertad de prensa, pero en la práctica se halla supeditada a los caprichos del poder político y económico.
Al final el caso Urdangarin-Borbón ha adquirido tal importancia que acabará siendo el que promueva el cambio en la forma del Estado. Los responsables de haberlo aireado en sus comienzos han decidido aprovechar la circunstancia, para recopilar en un volumen la historia completa del caso hasta ahora mismo. Le han dado como título el apellido del yernísimo del rey Juan Carlos, con un subtítulo que rinde homenaje a la divertida novela de Mark Twain sobre el yanqui que apareció en la corte del rey Arturo. Con la diferencia de que este libro no tiene nada de divertido, a tono con el reinado de Juan Carlos I de España, en el que se alían las corrupciones y los disparates por igual.
Una novela picaresca
Los autores del libro han preferido imitar una técnica novelesca a redactar un ensayo histórico. El resultado está próximo a la novela picaresca, ese género de los tiempos dorados de la literatura castellana, en el que sobresalieron el lazarillo de Tormes y el buscón don Pablos, entre otros famosos vividores. Hay que reconocer que Urdangarin los sobrepasa a todos en malandanzas, y que la imaginación más calenturienta de un novelista sería incapaz de inventar tal cúmulo de fechorías para enriquecerse fraudulentamente como las llevadas a cabo por el yernísimo y su mujer.
No se sigue un argumento temporal, sino que se presentan saltos secuenciales. La narración a menudo queda recargada excesivamente. Por poner un solo ejemplo, el relato del viaje en avión de Urdangarin desde Madrid a Palma de Mallorca ocupa dos páginas largas, de la 337 a la 339, cuando se podía resumir en dos líneas.
Se incluyen numerosos diálogos entre los personajes, a la manera tradicional de la técnica novelesca. Por supuesto, los autores no pudieron grabar las conversaciones transcritas, de modo que deben de estar supuestas a partir de unos resultados. Por ejemplo, el 18 de enero de 2008 el duque de Palma celebró sus atléticos 40 años con una fiesta, como es lo habitual, pero durante su transcurso mantuvo un diálogo nada habitual con su cuñado el tripríncipe de Asturias, Girona y Viana, presunto sucesor en la monarquía instaurada por el exgeneral dictadorísimo sublevado contra la República para perpetuar su régimen.
El duque reclamaba una ayuda económica para pagar la hipoteca de la casa-torre que compró en 2004 en la zona más lujosa de Barcelona, Pedralbes, por 6.316.000 euros, a los que debió añadir dos y medio más por la reforma; en total, nueve milloncejos de euros, una minucia para un exjugador olímpico de balonmano. Esta parte es la más sustanciosa del diálogo:
--Son 20.000 euros al mes. Lo único que le pido es que se me ayude, tal y como se me prometió. Yo compré esta vivienda porque el rey quería alojarse en nuestra casa cada vez que viniera a Barcelona y, como el piso en que vivíamos no era muy apropiado para el padre del señor [así llama el duque a su cuñado el tripríncipe], se me aseguró que me echarían una mano […].
--Eso es mentira, nosotros jamás te hemos prometido nada entre otras cosas, porque aquí cada uno se paga su casa –replicó, airado, el heredero de la Jefatura del Estado. (Página 26.)
Es increíble, no que el duque pidiera dinero al hermano de su mujer, sino que el tripríncipe asegurase que en la familia llamada real, aunque es la más irreal de España, “cada uno se paga su casa”. Su padre vive en un palacio gratis total, incluidos la servidumbre y los guardaespaldas, y a él le hemos pagado todos los vasallos el palacio en donde habita, y se lo mantenemos, como le mantenemos a él con cargo a los Presupuestos Generales del Estado desde que nació.
Diálogos de sordos
Para empezar esta novela picaresca por el principio hay que remontarse al noviazgo del jugador de balonmano con la hija menor del rey. Al padre y muy señor nuestro le disgustó la elección hecha por su hija, porque pensaba que un jugador de balonmano no tenía categoría para casarse con una infanta. No sabía lo que le esperaba por esa parte, ni tampoco lo que le vendría por la triprincipesca, al elegir como novia a una presentadora de televisión divorciada e hija de divorciados, con un pasado también novelesco. Pero Cristina estaba y al parecer sigue estando, contra huracanes y maremotos, muy enamorada del olímpico, de modo que se hizo la sorda y no quiso escuchar los consejos de su real padre, que al final han resultado ser muy atinados.
Se habían conocido en los Juegos Olímpicos celebrados en Atlanta en 1996, y en los sordos oídos de la infanta resonó el famoso cuplé “Es mi hombre”, de letra muy apropiada: “Es un maquereau, un gigoló, pero no importa porque así lo quiero yo.” Pues buen provecho.
Por aquellas calendas Iñaki llevaba cinco años de convivencia con Carme Camí, pero cuando la infanta se encaprichó de él no tuvo ninguna duda en darle su consentimiento para lo que se sirviera mandarle. A la que no dijo nada fue a su amante, que se enteró del anuncio del compromiso por el telediario. Ya apuntaba claramente sus agallas el olímpico, porque se llevó todo el dinero de la cuenta corriente que tenía a medias con su amante, y la dejó compuesta, sin novio y sin un céntimo. Al final resultó una suerte para la despechada muchacha.
En realidad había empezado antes las trapisondas, porque consiguió evitar cumplir el servicio militar obligatorio en su época, alegando ser más sordo que un farol. Y el farol le salió bien, porque los médicos militares se lo creyeron. Sí que sabía fingir bien, y después perfeccionó la técnica hasta límites insospechados. Desde entonces se ha hecho el sordo muchas veces.
Sin ánimo de lucro, decían
Pese a todo su encaprichamiento, a la misma Cristina le parecía que un jugador de balonmano resultaba poca cosa para ser marido de una infanta, así que lo animó a seguir unos cursos acelerados en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona. Es evidente que fue un pésimo consejo, porque entre sus profesores figuraba un tal Diego Torres, que iba a ser la causa de sus males posteriores.
El tal Torres se fijó en aquel alumno tan poco dotado para los estudios, pero que era yerno del rey de España, y pensó que uniendo los dos conceptos podría conseguir pingües beneficios personales, que compartiría con su esposa, Ana Tejeiro, a la que como buen marido había prometido estar unido en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, aunque ellos preferían la riqueza.
Y así empezó la sucesión de desafueros, al registrar el Instituto Nóos de Investigación Aplicada como una “asociación científica sin ánimo de lucro” dependiente “de la ayuda voluntaria de sus miembros”, que hay que tener mucha y muy dura la cara por parte de sus patronos: el presidente Iñaki Urdangarin, el vicepresidente Diego Torres, el secretario Miguel Tejeiro (cuñado para todo del anterior), el tesorero Carlos García Revenga, y la vocal Cristina de Borbón. Nótese que al nombre sagrado en España de un Borbón se unía el de García Revenga, secretario personal de las llamadas infantas Elena y Cristina, vinculado por lo tanto con la llamada Casa Real, en la que tenía entrada permanente con capacidad para tomar decisiones.
Menuda trama picaresca
Puesto que Nóos carecía en teoría de ánimo de lucro, cuentan Inda y Urreiztieta que el 11 de febrero de 2003 la banda de los cinco registró la promotora inmobiliaria Aizoon, con muchísimo ánimo de lucro, domiciliada en el despacho de Miguel Tejeiro, y propiedad a partes iguales de los duques de Palma Cristina e Iñaki, los Bonnie and Clyde en versión española. Con el tiempo se fueron añadiendo otras empresas fantasmales para complicar el descubrimiento de sus fechorías.
Nóos cobraba por sus asesorías ficticias, y las otras empresas facturaban a Nóos unos supuestos trabajos no realizados. Pero al tener ingresos sin gastos, otro cuñado, Marco Antonio Tejeiro, ideó una trama sutil para cruzar facturas falsas entre las diversas empresas. Solamente pagaban impuestos por los beneficios declarados, que eran los mínimos imprescindibles.
Debutaron en Alcalá de Henares en 2003, aprovechando que el alcalde era un jugador de balonmano compañero del duque cuando estaba soltero. La lista de los sucesivos fraudes resulta interminable, porque Iñaki se presentaba a reclamar dinero como yerno del rey de España, y en eso era en lo único que no mentía, y muy pocos se atrevieron a darle con la puerta en sus altas narices, allá por los 1,95 de altas. Al Villarreal Club de Fútbol le facturaron 696.000 euros por un presunto informe de doce páginas copiado de Internet, pero confesó el presidente que no se atrevió a decirle al yernísimo que le estaba tomando el pelo, y prefirió pagar. No inventaron nada, porque así actúa la mafia desde hace mucho.
En setiembre de 2003 el palacio de Marivent, residencia veraniega en Palma de la conocida como familia real, pese a su irrealidad manifiesta, fue testigo de una entrevista entre el poseedor del ducado correspondiente a esa ciudad, que no tiene la culpa de ello, y el presidente del Govern de las Illes Balears, Jaume Matas, que pronto sería tristemente célebre como prevaricador y tuvo que abandonar el cargo. Por ingenuidad o por complicidad Matas le pagó 300.000 euros del presupuesto comunitario, para patrocinar un equipo ciclista que Nóos se comprometía a seguir y conseguir. Después, en 2005 le entregó 2,3 millones por organizar dos reuniones dedicadas a analizar la relación entre turismo y deporte, apasionante tema.
El mismísimo rey católico nuestro señor, que Dios guarde a buen recaudo, el 6 de julio de 2004, según cuentan los autores de este novelón, puso en contacto a su yernísimo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, otro de su cuerda, que asimismo iba a hacerse tristemente célebre por su implicación en el llamado caso Gürtel. Como resultado de su buena sintonía, Iñaki se embolsó 3,5 millones de euros por la organización de tres esperpénticos congresos para analizar el impacto de los eventos deportivos en las grandes ciudades. Ya dice el refrán que al que tiene padrino lo bautizan, y al que no lo dejan sin cristianar.
Negociantes indiscutidos
Aseguran Inda y Urreiztieta que los integrantes de la banda de los cinco, o seis desde la incorporación del otro cuñado, “Fijaban el presupuesto, que no era discutido por ningún presidente autonómico, conseguían los patrocinios suficientes para cubrir los costes de la iniciativa y el resto, casi la práctica totalidad de la subvención pública, iba a parar intacto a sus bolsillos” (p. 112). Además acumularon contratos con las grandes empresas españolas, como bancos, constructores automovilísticos, aseguradoras, embotelladoras, fabricantes, editoriales, y un enorme etcétera.
Nadie tenía cuajo para señalarle la puerta al yerno del rey, presidente de una empresa en la que, por si fuera poco, figuraban una infanta y el tesorero de las dos infantas. Solamente, que se sepa, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, le fue dando largas, sin atreverse a dar el no, pero sin tampoco dar el sí. No le importó al astuto Iñaki, porque convenció a algunos consejeros para que le facilitasen sus propósitos al margen del presidente.
Dado que le salían muy bien los enjuagues económicos, el presuntuoso exjugador balonmánico pretendió escalar de un salto a lo más alto del Olimpo, como los héroes mitológicos que acababan siendo dioses. Ya no se conformaba con acumular riquezas, sino que ansiaba también poder. Utilizando las malas artes habituales desde su parentesco real, se empeñó en ser presidente del Comité Olímpico Español y además del Internacional, pero los presidentes de las diversas federaciones se lo tomaron a broma, y se estrelló contra su negativa.
Bajo control real
“¿Y Franco qué opina de esto?”, se preguntaba el abuelo de Majaelrayo, ajeno al devenir histórico. Sabemos lo que opinaba el rey, según confidencia del mismísimo duque, aportada por los autores de este libro:
“Tengo que dar cuenta a mi suegro una vez al mes de cómo va todo”, confesaba Urdangarin a Torres, con quien preparaba concienzudamente los encuentros en La Zarzuela. “Nos convoca a Maricharlar y a mí para que le tengamos al día de nuestros asuntos”, le comentó, “pero tranquilo, que está muy contento de cómo marcha todo.” (P. 211.)
No era para menos: tenía un yerno que llevaba camino de conseguir amasar una fortuna como la suya, calculada en 1.800 millones de euros por entonces. Pero fueron tantos los saqueos cometidos por Iñaki en nombre propio y de su mujer la infanta, que los timados se quejaban en voz baja, aunque audible. No se atrevían a rechazar las deshonrosas proposiciones del duque, pero lamentaban tener que hacerlo, y el coro de las lamentaciones engrosaba cada vez más.
Así que el rey envió a uno de sus hombres de confianza, José Manuel Romero, marqués de San Saturnino y conde de Fontao, a Barcelona para exigir a los duques de Palma que abandonasen el Instituto, lo mismo que García Revenga. El 23 de agosto de 2006, cuentan los autores, el Instituto Nóos cambió de junta directiva, pasando a presidirla Diego Torres, con desaparición física de Iñaki, Cristina y Revenga. Entre 2003 y 2006 el Instituto Nóos había obtenido casi veinte millones de euros desde su minúscula oficina barcelonesa.
El taimado Torres encontró una solución para obedecer el mandato real sin cumplirlo, y así el 13 de diciembre siguiente quedó constituida la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, presidida por él mismo, con Iñaki como presidente del anodino consejo asesor. Sin ánimo de lucro, como es natural, se dedicaría a procurar la integración social de niños discapacitados. Era el colmo de la perversidad: utilizar a niños discapacitados como tapadera de sus chanchullos económicos. En dos años cobraron 420.000 euros a los patrocinadores. La incontenible rapacidad de Torres le llevó a alquilar su barco a la Fundación que él mismo presidía, en doce mil euros semestrales.
La Fundación pasó a detentar la mayoría del capital de la compañía De Goes Center for Stakeholder Management, utilizada para desviar el dinero recaudado al paraíso fiscal de Belice. También lo guardaban en Suiza y Luxemburgo.
La gran explosión
Todo les salía bien a los de la banda, hasta que las elecciones autonómicas y municipales de 2007 derribaron a Matas del Govern de las Illes Balears. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, creó una Fiscalía Anticorrupción en las islas, para investigar los negocios urbanísticos montados durante el mandato del partido autoproclamado Popular. La pieza mayor era el velódromo Palma Arena, presupuestado en 45 millones de euros, y que acabó costando más de 110.
Uno de los principales implicados era el antiguo director general de Deportes de la Generalitat, conocido como Pepote Ballester, íntimo amigo y colega del duque de Palma. El asunto cayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que tiene como titular al juez José Castro, con fama de insobornable. Acusó a Pepote de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho, lo detuvo y ordenó requisar su ordenador. En su disco duro se conservaba una gran cantidad de mensajes de Urdangarin, con tales documentos que el juez abrió un procedimiento separado del Palma Arena, y el 22 de julio de 2010 reclamó al Govern toda la documentación sobre los llamados Illes Balears Forum organizados por el Instituto Nóos.
Para entonces Iñaki y Cristina habían puesto el océano por medio, con intención de desvincularse de cuanto pudiera suceder. La Compañía Telefónica Nacional de España, obediente a las recomendaciones recibidas, había nombrado delegado en los Estados Unidos al duque, un cargo sin contenido, pero retribuido con 1,5 millones de euros anuales, más 1,2 de gastos adicionales, más el pago de los gastos ordinarios, como el alquiler de la lujosa mansión, el servicio doméstico, el colegio de sus cuatro hijos, y los ocho escoltas. Inauguraron su nuevo hogar americano en agosto de 2009.
Si el duque no tenía nada que hacer, lo mismo le sucedía a la duquesa como asesora de la Fundación La Caixa, que por ello le abona 90.000 euros. Sumados a los 72.00 que percibe de la llamada Casa Real, pese a su irrealidad, la pareja se gana una bicoca de manera legal sin recurrir al sudor de sus frentes. Pues no les bastaba.
¡Descubiertos!
El fiscal Pedro Horrach reclamó a la Agencia Tributaria datos sobre el Instituto Nóos, y descubrió un fraude muy real. Se dirigió al Instituto para exigir toda la documentación relativa a sus actividades, y Torres se la envió en agosto de 2011, según cuentan los autores.
Al no haber declarado el juez secreto el sumario, las facturas estaban a disposición de todas las partes personadas en el caso Palma Arena. Se aprovechó de ello El Mundo para publicar el 25 de setiembre un reportaje explosivo. Aparecía implicado también un hermano del duque, y se encontraron extrañas facturas, como el pago por comisiones futuras. Los medios de comunicación hasta entonces ignoraban el asunto, por obedecer al pacto no escrito, pero real, acordado en los inicios de la monarquía instaurada por el dictadorísimo, de mantenerla impoluta pasara lo que pasase.
Por ello los duques de Palma se atrevieron a acompañar a los reyes, los tripríncipes y la infanta Elena en la tribuna presidencial desde la que presenciaron el desfile de la victoria el 12 de octubre de 2011. Fue su última aparición como familia unida, y el último acto representativo de los duques ante el público.
El 7 de noviembre debiera festejarse oficialmente en la Comunidad de Madrid, por ser el día en que el pueblo madrileño rechazó el ataque de los militares sublevados en 1936. A esa efeméride hay que añadir que en el año de gracia 2011, de desgracia para la monarquía, el juez Castro ordenó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía Judicial de Palma trasladarse a Barcelona, para registrar el domicilio social del Instituto Nóos. Desde entonces los medios de comunicación tuvieron que enterarse de los chanchullos económicos de Cristina de Borbón y su marido y cómplice. La banda estaba tan segura de su impunidad, garantizada por el parentesco real, que no había destruido ningún documento.
El duque se indigna
Iñaki nombró abogado y portavoz a Mario Pascual Vives, un amigo con el que jugaba al tenis, quien aceptó un encargo tan difícil porque le catapultaba a las primeras planas de los medios de comunicación, sacándolo del anonimato en que transcurrió su vida profesional hasta entonces.
El 11 de noviembre de 2011 el duque viajó a Madrid, reclamado por el rey antes que por la Justicia. La entrevista en el palacio de la Zarzuela parece haber sido muy violenta. Según cuentan los autores, Iñaki llegó a gritar: “¡Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, pues yo también!” (página 285), y por esta vez tenía razón.
Casualmente, aunque no recogen el dato los autores, esa tarde su majestad el rey católico nuestro señor apareció con el ojo izquierdo ennegrecido por un violento golpe, proporcionado al chocar con una puerta, según aclaró convenientemente la llamada Casa Real.
El rey y el tripríncipe han pedido a Cristina que se divorcie, siguiendo el ejemplo de su hermana, pero ella está cada día más enamorada de su marido y cómplice y no escucha ningún razonamiento. También se hace la sorda.
Exactamente un mes después, 11 de diciembre, de nuevo en Washington, Iñaki leyó por teléfono una breve nota a la Agencia Efe, en la que con toda contumacia se declaró inocente y culpó a los medios de comunicación de tenerle manía. Al día siguiente su abogado recibió a los periodistas barceloneses, no para felicitarles las fiestas navideñas, sino para advertirles de que el duque se hallaba muy indignado por los comentarios que publicaban, y les exigía que se comportasen bien con él, puesto que es un santo inocente.
El jefe de la llamada Casa del Rey, Rafael Spottorno, convocó también a los periodistas, esta vez madrileños, para explicar que la Casa consideraba la conducta de Urdangarin “no ejemplar”, y en consecuencia quedaba excluido de los actos oficiales. No calificó la conducta de su mujer y cómplice.
La ESADE barcelonesa expulsó a Diego Torres de su cuadro de profesores, porque su nombre era sinónimo de corrupción. También él se había comprado un chalé, pero valorado solamente en 1,5 millones de euros, nada ver con a casita de Pedralbes.
En su discurso nochebuenero el rey aludió al caso sin citarlo, y aseguró que, como afirma la Constitución, en este reino la Justicia es igual para todos, lo que provocó la hilaridad general en los hogares españoles que tenían el televisor encendido. No obstante, supusimos todos los espectadores que el rey católico se desentendía de su hija y yerno. Todo lo contrario de lo demostrado por la reina, al ir a pasar cinco días en la casa gringa de los duques, y facilitarle una amplia información a la revista rosácea ¡Hola!, que publicó un reportaje con fotografías el 14 de diciembre. Así quedó demostrado que está rota la armonía del matrimonio real. Y eso que aún no había sucedido la aventura de Botsuna con Corina y sus elefantes.
El juez insobornable
Al día siguiente de la conmemoración de los santos inocentes, el juez Castro imputó a Urdangarin y lo citó a declarar lo mismo que a Diego Torres, su mujer, sus dos cuñados, el asesor Salvador Trinxet, Pepote Ballester y dos altos cargos del Govern balear: Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía. ¿Por qué está imputada la mujer de Torres y no la de Iñaki? Porque la Justicia no es igual para todos en el reino.
El fiscal Horrach acusa a Iñaki de la comisión de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Pero él sigue proclamando a gritos su inocencia.
Aquello había llegado demasiado lejos y demasiado alto, como un jugador olímpico. El Consejo General del Poder Judicial abrió diligencias contra el juez Castro por revelación de secretos, con el propósito de apartarlo del caso, pero era tan absurdo que no prosperó Después se intentó declarar prescritos los delitos, cosa tampoco admisible. Por fin se pretendió trasladar el caso a la Audiencia Nacional, en donde obtendría benevolencia, y asimismo la burda intentona manipuladora fracasó. Es sospechoso que haya tantos interesados en evitar el juicio, aunque no lo consigan.
En consecuencia, el 25 de febrero de 2012, annus horribilis para la monarquía del 18 de julio instaurada por el dictadorísimo, Iñaki Urdangarin compareció ante el juez. La familia había llegado a Palma el día 18, y se alojó en el palacio de Marivent, residencia oficial veraniega de los reyes y demás acompañantes. De modo que el duque estaba excluido de los actos oficiales, pero no de los palacios reales.
Para entrar al Juzgado número 3 de Palma hay que atravesar una pendiente de unos cien metros, que jueces, funcionarios, encausados y testigos recorren a pie, pero la llamada Casa Real pretendió que Iñaki llegase en automóvil hasta la puerta, lo que negó el juez. Después se reclamó que la declaración no fuese grabada en vídeo, lo que encontró justificado Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder judicial, alegando que “no todos los ciudadanos son iguales”. No se le ha abierto expediente, pese a negar el artículo 14 de la vigente Constitución monárquica, según el cual “Los españoles son iguales ante la ley”.
Chantaje a la vista
Aquel 25 de febrero la Policía Nacional tomó las calles aledañas al Juzgado. Los balcones próximos había sido alquilador por los reporteros gráficos a precio de oro. La multitud agrupada en las cercanías enarbolaba banderas tricolores y reclamaba el fin de la monarquía. El duque recorrió el callejón con aspecto sonámbulo, se paró ante unos periodistas e hizo una breve declaración para insistir en su inocencia.
Idéntica actitud mantuvo ante el juez, porque culpó de todo a su antiguo profesor y después cómplice Diego Torres, y le acusó de haberle robado a él. Continuó el interrogatorio el día 26, cuando el fiscal le preguntó si tenía alguna cuenta en bancos suizos, lo que negó. Al mostrarle el fiscal un documento que lo probaba, replicó que esos 375.000 euros pagados por Aguas de Valencia eran para el empresario jordano Mansour Tabbaa, emparentado con el rey Faisal y amigo del rey Juan Carlos, por lo que hace negocios en España.
Ocurrió entonces una deriva inesperada. El abogado Manuel González Peeters, elegido para su defensa por Torres, advirtió al fiscal Horrach que su cliente le había facilitado “doscientos correos electrónicos que pueden hacer saltar por los aires la corona” (p. 372), y el 16 de abril presentó ante el Juzgado tres de ellos: Iñaki le contaba a Torres la mediación del rey para organizar un chanchullo económico-deportivo. El letrado reclamaba la exoneración de su cliente, a cambio del silencio.
Puestas así las cosas, Diego Torres reveló que él mismo se encargó de comprar el anillo de pedida de Letizia Ortiz, valorado en tres mil euros, que pagó con una tarjeta de crédito del Instituto Nóos, y que Iñaki se lo regaló generosamente al tripríncipe Felipe (páginas 378 s.). De cualquier modo, el anillo, y todo lo demás, lo pagamos los resignados vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor, así que no importa quién efectuase el pago en la joyería.
En espera de saber
En las páginas 380 y siguiente se narra el diálogo entre el abogado González Peeters y un anónimo del que se dice únicamente que pertenece “al entorno de Iñaki Urdangarin”. Ha de ser un personaje importantísimo y secretísimo, cuando en las páginas anteriores se han escrito tantos nombres públicos sin afectación. El letrado proponía a ese personaje venderle los correos electrónicos por seis millones de euros, más otros doscientos para el pago de la fianza de responsabilidad civil, un empleo para su cliente en Telefónica, y un millón más para él por sus honorarios.
Comentan Inda y Urreiztieta: “Ese fue el punto de partida de una negociación que se desconoce cómo ha terminado, aunque todo indica que muy mal no lo ha hecho, fundamentalmente porque ni Diego Torres ni su ángel de la guarda jurídico han vuelto a decir esta boca es mía” (p. 381). ¿Será una historia real?
El pasado 28 de agosto los duques comunicaron su regreso a la patria anhelada, por lo que Iñaki abandonó el suculento y descansado trabajo, es un decir, en Telefónica. Se ignora si cobrará los 4,5 millones de euros de indemnización que tiene contratados. En Suiza le han bloqueado las cuentas bancarias. A este paso, acabaremos viéndole pedir limosna por la calle, si es que no lo encierran por la comisión de tantos delitos financieros.
¿Y Cristina? No está imputada y ni siquiera citada a declarar como testigo, porque el 4 de marzo del annus horribilis declaró el juez Castro: “Citar a declarar a la infanta sólo contribuirá a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo.” Lo cual demuestra que el artículo 14 de la Constitución es falso. Cosa que todos sabíamos desde hace 37 años. Además, Cristina nunca ha hecho nada gratuitamente.
Y lo mismo que se anuncia en los seriales, este folletín continuará, y solamente a su final se desvelará si la Justicia en este reino es igual para todos. Yo apuesto a que no, aunque no encontraré a nadie que opine lo contrario. ¡Viva España con honra!
Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, 422 páginas, 20,90 euros.
5 de noviembre de 2012
Madrid asume que incumple su plan sobre derechos humanos
Madrid asume que incumple su plan sobre derechos humanos
por Alberto Pradilla
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 10:58
El Gobierno español asume que sigue incumpliendo sus propios planes de Derechos Humanos en la prevención de la tortura durante la incomunicación. Así se refleja en el borrador presentado el miércoles en el Congreso.
El Gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios planes de Derechos Humanos a la hora de prevenir la tortura en las detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se desprende del borrador del informe de seguimiento que fue presentado el pasado miércoles en el Congreso por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. La valoración corresponde al plan elaborado por el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vigencia concluye en este mismo año. En principio, el actual Gabinete de Mariano Rajoy se ha comprometido ha poner en marcha un nuevo programa de acción, tal y como se recogió en una Proposición no de Ley presentada por el PNV en febrero. Una nueva iniciativa que no oculta el hecho de que, en cuatro años, apenas se ha cumplido la mitad de las 172 propuestas incluidas en el primer plan. Unos porcentajes que se reducen drásticamente en los apartados de «Libertad personal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», que apenas llega al 35%, y a los Derechos Sociales, con un escaso 30%. El documento achaca estos déficits, entre otras cuestiones, a la «grave incidencia que la crisis económica y finaciera global» ha tenido en el Estado español. Además, reconoce que, pese a que en algunos casos «se han dado pasos para el cumplimiento formal» de estas medidas, «no se ha producido un cumplimiento efectivo de los objetivos perseguidos».
En relación a los arrestos en régimen de incomunicación, el documento recuerda que ya en 2008 se marcaban cuatro puntos destinados a «mejorar las garantías de los detenidos», todas ellas inspiradas en las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Ninguna de ellas se da por cumplida.
Cuatro medidas pendientes
En concreto, las medidas son cuatro: prohibir la aplicacion de la incomunicación a los menores de edad «con independencia del delito que presuntamente hayan cometido»; grabar en vídeo u otro soporte audiovisual todo el tiempo de permanencia del detenido en dependencias policiales; garantizar que el arrestado pueda ser reconocido por otro médico además de por el forense (hace referencia a un facultativo de un futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y la elaboración de un protocolo que regule las comprobaciones médicas a realizar a todo detenido bajo régimen de incomunicación.
Según recoge el borrador de la evaluación entregado a los diputados, estas medidas se encuentran «en desarrollo», lo que implica que no se han cumplido. Tampoco da explicaciones sobre qué pasos se han dado en cuestiones como, por ejemplo, grabar toda la estancia del detenido en comisaría. Sobre la primera, el Gobierno se escuda en la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que quedó pendiente con el anterior Ejecutivo del PSOE y que ahora tiene previsto abordar el PP. Esta referencia se aplica también a la tercera de las recomendaciones.
Sobre la segunda, el informe hace referencia a que en la ficha de seguimiento fechada en mayo de 2011 «dio por cumplida, quizá de forma harto generosa» esta medida, asumiendo la necesidad de dotar a Policía española y Guardia Civil de «medios necesarios para dar cumplimiento a todas las resoluciones». Cabe recordar que recientes juicios, como el celebrado en septiembre contra 10 jóvenes de Hernani y Urnieta (arrestados en 2009, cuando el plan ya estaba en vigor) pusieron en evidencia que las cámaras no se habían instalado en todas las dependencias, así como los subterfugios utilizados por los agentes para evitar las grabaciones, tal y como consta en las denuncias por tortura de los arrestados.
La elaboración de un Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación, atribuido al ministerio de Justicia, constituye el único punto que el Ejecutivo considera que se ha cumplido.
Autocomplaciencia
El informe apunta también a la autocomplaciencia. Por ejemplo, cuando da por satisfecha la creación de un «Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura», adscrito desde 2009 a la figura del Defensor del Pueblo o la puesta en marcha de una aplicación dentro del ministerio del Interior que «permita recopilar datos actualizados de casos que pudieran suponer una extralimitación de los derechos de las personas bajo custodia policial». Ninguna de ellas ha evitado que en los últimos cuatro años se hayan repetido las denuncias por malos tratos en las comisarías.
Finalmente, el Ejecutivo se compromete a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la asistencia letrada. Otra recomendación de insituciones contra la tortura que permanece todavía pendiente.
El Gobierno asume tensiones con víctimas de ETA
El apartado denominado «Atención a las Víctimas» es el que registra un mayor grado de cumplimiento dentro de lo que la evaluación define como «acción interior». En concreto, el 72% de las medidas previstas se han llevado a la práctica. En este punto, tienen especial peso las personas afectadas por la violencia de ETA. En concreto, se enumera la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2011, cuyo reglamento todavía está pendiente de ser puesto en marcha.
Pese a ello, existen fricciones entre el Gobierno español y determinados grupos de víctimas, ubicadas en el ala dura de la derecha española y que han cuestionado con dureza la posición del Ejecutivo respecto al cese definitivo decretado por ETA. En concreto, el informe considera que las reuniones celebradas en 2011 entre las asociaciones y la dirección general de Atención estuvieron marcadas por las «tensiones» .
por Alberto Pradilla
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 10:58
El Gobierno español asume que sigue incumpliendo sus propios planes de Derechos Humanos en la prevención de la tortura durante la incomunicación. Así se refleja en el borrador presentado el miércoles en el Congreso.
El Gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios planes de Derechos Humanos a la hora de prevenir la tortura en las detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se desprende del borrador del informe de seguimiento que fue presentado el pasado miércoles en el Congreso por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. La valoración corresponde al plan elaborado por el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vigencia concluye en este mismo año. En principio, el actual Gabinete de Mariano Rajoy se ha comprometido ha poner en marcha un nuevo programa de acción, tal y como se recogió en una Proposición no de Ley presentada por el PNV en febrero. Una nueva iniciativa que no oculta el hecho de que, en cuatro años, apenas se ha cumplido la mitad de las 172 propuestas incluidas en el primer plan. Unos porcentajes que se reducen drásticamente en los apartados de «Libertad personal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», que apenas llega al 35%, y a los Derechos Sociales, con un escaso 30%. El documento achaca estos déficits, entre otras cuestiones, a la «grave incidencia que la crisis económica y finaciera global» ha tenido en el Estado español. Además, reconoce que, pese a que en algunos casos «se han dado pasos para el cumplimiento formal» de estas medidas, «no se ha producido un cumplimiento efectivo de los objetivos perseguidos».
En relación a los arrestos en régimen de incomunicación, el documento recuerda que ya en 2008 se marcaban cuatro puntos destinados a «mejorar las garantías de los detenidos», todas ellas inspiradas en las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Ninguna de ellas se da por cumplida.
Cuatro medidas pendientes
En concreto, las medidas son cuatro: prohibir la aplicacion de la incomunicación a los menores de edad «con independencia del delito que presuntamente hayan cometido»; grabar en vídeo u otro soporte audiovisual todo el tiempo de permanencia del detenido en dependencias policiales; garantizar que el arrestado pueda ser reconocido por otro médico además de por el forense (hace referencia a un facultativo de un futuro Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y la elaboración de un protocolo que regule las comprobaciones médicas a realizar a todo detenido bajo régimen de incomunicación.
Según recoge el borrador de la evaluación entregado a los diputados, estas medidas se encuentran «en desarrollo», lo que implica que no se han cumplido. Tampoco da explicaciones sobre qué pasos se han dado en cuestiones como, por ejemplo, grabar toda la estancia del detenido en comisaría. Sobre la primera, el Gobierno se escuda en la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que quedó pendiente con el anterior Ejecutivo del PSOE y que ahora tiene previsto abordar el PP. Esta referencia se aplica también a la tercera de las recomendaciones.
Sobre la segunda, el informe hace referencia a que en la ficha de seguimiento fechada en mayo de 2011 «dio por cumplida, quizá de forma harto generosa» esta medida, asumiendo la necesidad de dotar a Policía española y Guardia Civil de «medios necesarios para dar cumplimiento a todas las resoluciones». Cabe recordar que recientes juicios, como el celebrado en septiembre contra 10 jóvenes de Hernani y Urnieta (arrestados en 2009, cuando el plan ya estaba en vigor) pusieron en evidencia que las cámaras no se habían instalado en todas las dependencias, así como los subterfugios utilizados por los agentes para evitar las grabaciones, tal y como consta en las denuncias por tortura de los arrestados.
La elaboración de un Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación, atribuido al ministerio de Justicia, constituye el único punto que el Ejecutivo considera que se ha cumplido.
Autocomplaciencia
El informe apunta también a la autocomplaciencia. Por ejemplo, cuando da por satisfecha la creación de un «Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura», adscrito desde 2009 a la figura del Defensor del Pueblo o la puesta en marcha de una aplicación dentro del ministerio del Interior que «permita recopilar datos actualizados de casos que pudieran suponer una extralimitación de los derechos de las personas bajo custodia policial». Ninguna de ellas ha evitado que en los últimos cuatro años se hayan repetido las denuncias por malos tratos en las comisarías.
Finalmente, el Ejecutivo se compromete a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la asistencia letrada. Otra recomendación de insituciones contra la tortura que permanece todavía pendiente.
El Gobierno asume tensiones con víctimas de ETA
El apartado denominado «Atención a las Víctimas» es el que registra un mayor grado de cumplimiento dentro de lo que la evaluación define como «acción interior». En concreto, el 72% de las medidas previstas se han llevado a la práctica. En este punto, tienen especial peso las personas afectadas por la violencia de ETA. En concreto, se enumera la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2011, cuyo reglamento todavía está pendiente de ser puesto en marcha.
Pese a ello, existen fricciones entre el Gobierno español y determinados grupos de víctimas, ubicadas en el ala dura de la derecha española y que han cuestionado con dureza la posición del Ejecutivo respecto al cese definitivo decretado por ETA. En concreto, el informe considera que las reuniones celebradas en 2011 entre las asociaciones y la dirección general de Atención estuvieron marcadas por las «tensiones» .
El catalanismo popular y el derecho a decidir en la lucha por la emancipación nacional
Escrito por Joan Josep Nuet Pujals
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 06:00
La Nación es fruto de la voluntad colectiva de los ciudadanos y ciudadanas que la conforman. El elemento central que sujeta a la Nación para una visión progresista son los ciudadanos, es una comunidad de ciudadanos vertebrados como formación socioeconómica específica, un colectivo estable de ciudadanos que tiene una identidad, y que aparece al mismo tiempo que aparecen las clases en lucha en el periodo moderno. A lo largo de la historia de Catalunya, debido a la existencia de clases, se han desarrollado diversos catalanismos, conservadores y progresistas, de derechas y de izquierdas, una importante tradición del movimiento obrero catalán pertenece al catalanismo de izquierdas y popular.
Nos sentimos parte del catalanismo popular, que expresa una dinámica y una voluntad de construcción nacional basada en una caracterización que pasa por desarrollar la democracia política, económica, social y cultural articulando a la sociedad civil alternativa. En nuestra opinión, los derechos nacionales no sólo son los derechos que tienen que ver con las relaciones entre las naciones sino aquellos que se desprenden de los derechos sociales y cívicos, sean individuales o colectivos.
Los comunistas debemos entroncar el proyecto estratégico del Frente de Izquierdas con el catalanismo popular y no dejar de ningún modo a la burguesía que hegemonice este hecho con su perspectiva conservadora de nacionalismo identitario, etnicista o territorialista.
Precisamente si en Catalunya el fet nacional fue capaz de resistir el período de la Dictadura Franquista fue debido a que la clase trabajadora supo asumir, al lado y en estrecha comunión, la lucha social y democrática contra el fascismo, la lucha por los derechos nacionales de nuestro pueblo. En este momento de intento de división de los trabajadores, sigue teniendo una importancia capital la frase del PSUC "es catalán quien vive y trabaja en Catalunya" como elemento de unidad de la clase trabajadora y donde la creación de CCOO como "sindicato de clase y nacional" fue un hito determinante. Si planteamos y defendemos la hegemonía de la clase trabajadora, ésta no se podrá conseguir sin la incorporación plena del catalanismo popular para desarrollar un proyecto atractivo para el conjunto del pueblo de Catalunya, proyecto que de forma medular para nosotros es ocupado por las preocupaciones sociales y económicas.
La clase trabajadora se unifica y fortalece como clase al mismo tiempo que desarrolla la construcción nacional bajo un paraguas popular, democrático y participativo. Esta construcción puede dar a la nación una caracterización antiimperialista, no centralista, solidaria e internacionalista y con plena capacidad de relación entre iguales con otros pueblos de España, de Europa y del mundo.
Nuestra visión de participación, o no, en un Estado propio o compartido está en función de la voluntad y los intereses de esta mayoría ciudadana que podemos expresar como pueblo en que en el centro participa la clase trabajadora, que debe expresar a medio y largo plazo un proyecto emancipatorio que va mucho más allá de los estados (ya sean el francés, el español o el catalán).
Si nosotros queremos desarrollar el autogobierno de la nación catalana es por dos motivos: el primero, porque tenemos el derecho democrático de hacerlo, aunque podríamos decidir no hacerlo y, el segundo, porque objetivamente la clase trabajadora y con ella el pueblo de Catalunya han caracterizado la opresión histórica que ha desarrollado la oligarquía terrateniente y centralista española, que ha ido convirtiéndose hoy en una oligarquía financiera aliada con expresiones del tardo y neo-franquismo, que tienen un proyecto conservador y centralista que ha hecho y hace aún muchos pactos históricos con parte de la burguesía catalana. Por tanto, el desarrollo de marcos de autogobierno es una forma de afrontar la lucha de clases en España, ya que nosotros defendemos este autogobierno bajo unos parámetros de profundización de la democracia política y social y objetivamente la lucha de los pueblos de España que aspiran a más autogobierno es aliada de las luchas sociales y económicas de la clase trabajadora española y del conjunto de los pueblos de España.
España debe comportarse como un Estado de naciones y regiones, como un Estado Federal, laico y republicano, plurinacional, pluricultural, y plurilingüe.
Una segunda transición es necesaria, y si las fuerzas de la oligarquía financiera tardo y post franquista lo impiden con una lectura restringida de la Constitución de 1978, significa que queda roto el pacto constitucional y se abre a medio y largo plazo una nueva reflexión constituyente.
Para esta reflexión y otras que afectan al funcionamiento democrático, hay que agrupar el máximo de formas democráticas para aislar a los grupos antidemocráticos que operan desde diferentes ámbitos del poder, grupos que en esferas económicas, sociales, democráticas y culturales apuestan por una verdadera involución que nos lleve a escenarios en estos ámbitos anteriores a 1978. Las soluciones neoliberales para salir de la crisis no son en absoluto una excepción y entran en los mismos conceptos de recortes.
La sentencia del Tribunal Constitucional y la manifestación de julio del 2010, un punto de inflexión
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Catalunya fue eminentemente política, ya que la Constitución del 78 tiene margen para admitir el texto sin recortarlo en lo más mínimo. Esta posición ideológica que presenta la ha buscado el PP para saltarse la mayoría en el Congreso, el Senado, el Parlament de Catalunya y también el referéndum del pueblo de Catalunya. Es una posición centralista, conservadora y profundamente antidemocrática.
El TC no tiene legitimidad democrática ya que se han saltado todos los requisitos para su renovación, pero sobre todo porque su composición obedece a una tendencia viciada por el bipartidismo, que se reparte entre PP y PSOE el nombramiento de los magistrados, y por una realidad en la que sólo los poderes centrales del Estado están representados, no los poderes locales ni los autonómicos. Esta sentencia se inscribe en una ola conservadora y antidemocrática en medio de la lucha por la salida de la crisis del capitalismo financiero, en que se quiere ajustar el estado del bienestar, el modelo de Estado y la representatividad de la izquierda alternativa y el sindicalismo de clase.
El Congreso y el Senado cerraron también en 2010 la modificación de la Ley Electoral, el reforzamiento de los mecanismos represivos de la libertad política de la Ley de Partidos (proceso de paz en Euskadi) y mantuvieron el Pacto por la Justicia de PP y PSOE, que es lo que ha conformado la composición de reparto del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (autor de los casos Garzón, Gürtel y Memoria Histórica).
En España hay un pacto entre la facción de estado de la oligarquía financiera (causante y gestora de la salida a la crisis por la derecha) y los grupos del tardo o post franquismo, que se articulan y coordinan (en algunos momentos son lo mismo) para desarrollar su ofensiva antidemocrática, imponiendo las políticas antisociales neoliberales y las visiones centralistas y autoritarias.
Hay que fortalecer y hacer crecer el espacio federalista en el conjunto del Estado, ya que es un punto de encuentro de los sectores progresistas que necesitamos sumar para detener a la derecha y reforzar una salida social, federal y democrática por la izquierda. En Catalunya se hace necesaria la articulación de un Nuevo Espacio Catalán de la Izquierda Transformadora y Ecologista donde participen sectores federalistas e independentistas bajo la propuesta de coordinarse para enfrentar las políticas neoliberales, profundizar la democracia y conseguir de facto ejercer el derecho a decidir sobre la vinculación con el estado español y Europa. Ese espacio debe obedecer al calendario político marcado por la movilización social. La movilización por las libertades nacionales y sociales, las manifestaciones y la nueva huelga general son una oportunidad para oponerse y luchar, contra los recortes sociales y contra los recortes nacionales.
El 11 de septiembre de 2012, una manifestación que abre un nuevo ciclo
La Manifestación de Barcelona del 11 de Septiembre evidencia dos estados de ánimo de la población catalana, por una parte la voluntad de encontrar soluciones a la crisis y la preocupación por la pérdida de calidad de vida y, en segundo lugar, un arraigado sentimiento democrático donde se quiere decidir libremente el futuro del país respecto a su encaje o no dentro de España. Las políticas centralistas del PP y PSOE dificultan enormemente la visualización de que la vía federalista tiene verdadera capacidad de transformar la forma de articular el estado y romper los topes constitucionales. En este contexto y como en otras ocasiones, CiU está utilizando el hecho nacional y las aspiraciones a un mayor autogobierno presentes en la sociedad catalana como una maniobra de distracción: así oculta el fracaso de sus políticas sociales y económicas, que no están sacando a Catalunya de la crisis y, por otro lado, deja en segundo plano las coincidencias políticas de fondo con el PP, con quien comparte una visión antisocial de la salida de la crisis, en base a recortes de derechos y reformas que favorecen sólo a las clases dominantes.
CiU ideológicamente está de acuerdo con las políticas de austeridad, las ha votado en Europa y en el Estado fue pionera en su aplicación, de forma paralela al Gobierno Zapatero y de forma ahora coordinada al Gobierno Rajoy y aprobadas con apoyos políticos entre PP y CiU en Madrid y Catalunya. Este punto demuestra los pies de barro de las propuestas de Pacto Fiscal de Mas.
El Déficit Fiscal, si no se modifican las políticas de austeridad, es sólo una parte del problema y de ninguna manera el Pacto Fiscal la totalidad de la solución
Las soluciones pasan por negar las políticas de austeridad impuestas por la Troika, apostar por un cambio de Modelo Productivo y el desarrollo de una Reforma Fiscal Progresiva y un plan contra el Fraude Fiscal. Poner el impulso a los ingresos y desarrollar planes de crecimiento sostenible y social y de empleo. Al mismo tiempo hay que desarrollar una verdadera propuesta de Federalismo Fiscal que articule una forma más justa y racional de organización fiscal en un estado plurinacional.
Si el 10 de Julio de 2010 marcó un hito, el 11 de Septiembre de 2012 abre un nuevo período de decisiones democráticas, que tienen que ver con un modelo de cohesión social de país que está siendo desmantelado desde la Moncloa y desde el Palau de la Generalitat. Y tiene que ver también con decisiones vinculadas a la relación entre Catalunya y el Estado: ya no queda tiempo para seguir apostando por un modelo autonómico superado en el que Catalunya no encaja. Hay que desplegar un federalismo plurinacional, donde el derecho a decidir esté reconocido, como única oportunidad de un encaje común, donde el Estado español tiene el reto de entender y atender el sentimiento nacional de los pueblos que lo conforman.
Una propuesta de federalismo de libre adhesión tiene todavía oportunidades de convertirse en un punto de encuentro que ayude a articular una convivencia entre pueblos ya no sólo al Estado si no incluso también en Europa.
Joan Josep Nuet i Pujals es coodinador general de EuiA y diputado de la Izquierda Plural. Ponencia presentada en el seminario organizado por la Fundación Socialismo sin Fronteras el 29 y 30 de septiembre en Baztán sobre “Cambio Social y Libertad Nacional”.
Escrito por Joan Josep Nuet Pujals
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 06:00
La Nación es fruto de la voluntad colectiva de los ciudadanos y ciudadanas que la conforman. El elemento central que sujeta a la Nación para una visión progresista son los ciudadanos, es una comunidad de ciudadanos vertebrados como formación socioeconómica específica, un colectivo estable de ciudadanos que tiene una identidad, y que aparece al mismo tiempo que aparecen las clases en lucha en el periodo moderno. A lo largo de la historia de Catalunya, debido a la existencia de clases, se han desarrollado diversos catalanismos, conservadores y progresistas, de derechas y de izquierdas, una importante tradición del movimiento obrero catalán pertenece al catalanismo de izquierdas y popular.
Nos sentimos parte del catalanismo popular, que expresa una dinámica y una voluntad de construcción nacional basada en una caracterización que pasa por desarrollar la democracia política, económica, social y cultural articulando a la sociedad civil alternativa. En nuestra opinión, los derechos nacionales no sólo son los derechos que tienen que ver con las relaciones entre las naciones sino aquellos que se desprenden de los derechos sociales y cívicos, sean individuales o colectivos.
Los comunistas debemos entroncar el proyecto estratégico del Frente de Izquierdas con el catalanismo popular y no dejar de ningún modo a la burguesía que hegemonice este hecho con su perspectiva conservadora de nacionalismo identitario, etnicista o territorialista.
Precisamente si en Catalunya el fet nacional fue capaz de resistir el período de la Dictadura Franquista fue debido a que la clase trabajadora supo asumir, al lado y en estrecha comunión, la lucha social y democrática contra el fascismo, la lucha por los derechos nacionales de nuestro pueblo. En este momento de intento de división de los trabajadores, sigue teniendo una importancia capital la frase del PSUC "es catalán quien vive y trabaja en Catalunya" como elemento de unidad de la clase trabajadora y donde la creación de CCOO como "sindicato de clase y nacional" fue un hito determinante. Si planteamos y defendemos la hegemonía de la clase trabajadora, ésta no se podrá conseguir sin la incorporación plena del catalanismo popular para desarrollar un proyecto atractivo para el conjunto del pueblo de Catalunya, proyecto que de forma medular para nosotros es ocupado por las preocupaciones sociales y económicas.
La clase trabajadora se unifica y fortalece como clase al mismo tiempo que desarrolla la construcción nacional bajo un paraguas popular, democrático y participativo. Esta construcción puede dar a la nación una caracterización antiimperialista, no centralista, solidaria e internacionalista y con plena capacidad de relación entre iguales con otros pueblos de España, de Europa y del mundo.
Nuestra visión de participación, o no, en un Estado propio o compartido está en función de la voluntad y los intereses de esta mayoría ciudadana que podemos expresar como pueblo en que en el centro participa la clase trabajadora, que debe expresar a medio y largo plazo un proyecto emancipatorio que va mucho más allá de los estados (ya sean el francés, el español o el catalán).
Si nosotros queremos desarrollar el autogobierno de la nación catalana es por dos motivos: el primero, porque tenemos el derecho democrático de hacerlo, aunque podríamos decidir no hacerlo y, el segundo, porque objetivamente la clase trabajadora y con ella el pueblo de Catalunya han caracterizado la opresión histórica que ha desarrollado la oligarquía terrateniente y centralista española, que ha ido convirtiéndose hoy en una oligarquía financiera aliada con expresiones del tardo y neo-franquismo, que tienen un proyecto conservador y centralista que ha hecho y hace aún muchos pactos históricos con parte de la burguesía catalana. Por tanto, el desarrollo de marcos de autogobierno es una forma de afrontar la lucha de clases en España, ya que nosotros defendemos este autogobierno bajo unos parámetros de profundización de la democracia política y social y objetivamente la lucha de los pueblos de España que aspiran a más autogobierno es aliada de las luchas sociales y económicas de la clase trabajadora española y del conjunto de los pueblos de España.
España debe comportarse como un Estado de naciones y regiones, como un Estado Federal, laico y republicano, plurinacional, pluricultural, y plurilingüe.
Una segunda transición es necesaria, y si las fuerzas de la oligarquía financiera tardo y post franquista lo impiden con una lectura restringida de la Constitución de 1978, significa que queda roto el pacto constitucional y se abre a medio y largo plazo una nueva reflexión constituyente.
Para esta reflexión y otras que afectan al funcionamiento democrático, hay que agrupar el máximo de formas democráticas para aislar a los grupos antidemocráticos que operan desde diferentes ámbitos del poder, grupos que en esferas económicas, sociales, democráticas y culturales apuestan por una verdadera involución que nos lleve a escenarios en estos ámbitos anteriores a 1978. Las soluciones neoliberales para salir de la crisis no son en absoluto una excepción y entran en los mismos conceptos de recortes.
La sentencia del Tribunal Constitucional y la manifestación de julio del 2010, un punto de inflexión
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Catalunya fue eminentemente política, ya que la Constitución del 78 tiene margen para admitir el texto sin recortarlo en lo más mínimo. Esta posición ideológica que presenta la ha buscado el PP para saltarse la mayoría en el Congreso, el Senado, el Parlament de Catalunya y también el referéndum del pueblo de Catalunya. Es una posición centralista, conservadora y profundamente antidemocrática.
El TC no tiene legitimidad democrática ya que se han saltado todos los requisitos para su renovación, pero sobre todo porque su composición obedece a una tendencia viciada por el bipartidismo, que se reparte entre PP y PSOE el nombramiento de los magistrados, y por una realidad en la que sólo los poderes centrales del Estado están representados, no los poderes locales ni los autonómicos. Esta sentencia se inscribe en una ola conservadora y antidemocrática en medio de la lucha por la salida de la crisis del capitalismo financiero, en que se quiere ajustar el estado del bienestar, el modelo de Estado y la representatividad de la izquierda alternativa y el sindicalismo de clase.
El Congreso y el Senado cerraron también en 2010 la modificación de la Ley Electoral, el reforzamiento de los mecanismos represivos de la libertad política de la Ley de Partidos (proceso de paz en Euskadi) y mantuvieron el Pacto por la Justicia de PP y PSOE, que es lo que ha conformado la composición de reparto del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (autor de los casos Garzón, Gürtel y Memoria Histórica).
En España hay un pacto entre la facción de estado de la oligarquía financiera (causante y gestora de la salida a la crisis por la derecha) y los grupos del tardo o post franquismo, que se articulan y coordinan (en algunos momentos son lo mismo) para desarrollar su ofensiva antidemocrática, imponiendo las políticas antisociales neoliberales y las visiones centralistas y autoritarias.
Hay que fortalecer y hacer crecer el espacio federalista en el conjunto del Estado, ya que es un punto de encuentro de los sectores progresistas que necesitamos sumar para detener a la derecha y reforzar una salida social, federal y democrática por la izquierda. En Catalunya se hace necesaria la articulación de un Nuevo Espacio Catalán de la Izquierda Transformadora y Ecologista donde participen sectores federalistas e independentistas bajo la propuesta de coordinarse para enfrentar las políticas neoliberales, profundizar la democracia y conseguir de facto ejercer el derecho a decidir sobre la vinculación con el estado español y Europa. Ese espacio debe obedecer al calendario político marcado por la movilización social. La movilización por las libertades nacionales y sociales, las manifestaciones y la nueva huelga general son una oportunidad para oponerse y luchar, contra los recortes sociales y contra los recortes nacionales.
El 11 de septiembre de 2012, una manifestación que abre un nuevo ciclo
La Manifestación de Barcelona del 11 de Septiembre evidencia dos estados de ánimo de la población catalana, por una parte la voluntad de encontrar soluciones a la crisis y la preocupación por la pérdida de calidad de vida y, en segundo lugar, un arraigado sentimiento democrático donde se quiere decidir libremente el futuro del país respecto a su encaje o no dentro de España. Las políticas centralistas del PP y PSOE dificultan enormemente la visualización de que la vía federalista tiene verdadera capacidad de transformar la forma de articular el estado y romper los topes constitucionales. En este contexto y como en otras ocasiones, CiU está utilizando el hecho nacional y las aspiraciones a un mayor autogobierno presentes en la sociedad catalana como una maniobra de distracción: así oculta el fracaso de sus políticas sociales y económicas, que no están sacando a Catalunya de la crisis y, por otro lado, deja en segundo plano las coincidencias políticas de fondo con el PP, con quien comparte una visión antisocial de la salida de la crisis, en base a recortes de derechos y reformas que favorecen sólo a las clases dominantes.
CiU ideológicamente está de acuerdo con las políticas de austeridad, las ha votado en Europa y en el Estado fue pionera en su aplicación, de forma paralela al Gobierno Zapatero y de forma ahora coordinada al Gobierno Rajoy y aprobadas con apoyos políticos entre PP y CiU en Madrid y Catalunya. Este punto demuestra los pies de barro de las propuestas de Pacto Fiscal de Mas.
El Déficit Fiscal, si no se modifican las políticas de austeridad, es sólo una parte del problema y de ninguna manera el Pacto Fiscal la totalidad de la solución
Las soluciones pasan por negar las políticas de austeridad impuestas por la Troika, apostar por un cambio de Modelo Productivo y el desarrollo de una Reforma Fiscal Progresiva y un plan contra el Fraude Fiscal. Poner el impulso a los ingresos y desarrollar planes de crecimiento sostenible y social y de empleo. Al mismo tiempo hay que desarrollar una verdadera propuesta de Federalismo Fiscal que articule una forma más justa y racional de organización fiscal en un estado plurinacional.
Si el 10 de Julio de 2010 marcó un hito, el 11 de Septiembre de 2012 abre un nuevo período de decisiones democráticas, que tienen que ver con un modelo de cohesión social de país que está siendo desmantelado desde la Moncloa y desde el Palau de la Generalitat. Y tiene que ver también con decisiones vinculadas a la relación entre Catalunya y el Estado: ya no queda tiempo para seguir apostando por un modelo autonómico superado en el que Catalunya no encaja. Hay que desplegar un federalismo plurinacional, donde el derecho a decidir esté reconocido, como única oportunidad de un encaje común, donde el Estado español tiene el reto de entender y atender el sentimiento nacional de los pueblos que lo conforman.
Una propuesta de federalismo de libre adhesión tiene todavía oportunidades de convertirse en un punto de encuentro que ayude a articular una convivencia entre pueblos ya no sólo al Estado si no incluso también en Europa.
Joan Josep Nuet i Pujals es coodinador general de EuiA y diputado de la Izquierda Plural. Ponencia presentada en el seminario organizado por la Fundación Socialismo sin Fronteras el 29 y 30 de septiembre en Baztán sobre “Cambio Social y Libertad Nacional”.
4 de noviembre de 2012
Los ‘indignados’ se suman al 14N
Luis Giménez San Miguel (Público)
Han venido a Madrid con este propósito y ya han dado el primer paso: el próximo 14 de noviembre, día en el que los sindicatos de los países del sur de Europa han convocado huelga general, también será la fecha en la que los movimientos sociales contra la austeridad saldrán a la calle para protestar contra la deuda y demandar nuevos derechos que defiendan a la ciudadanía del paro y los recortes sociales. Éste se dibuja como uno de los acuerdos de mínimos al que activistas venidos de buen número de países europeos han llegado en las asambleas del 'Ágora 99', el encuentro internacional organizado por colectivos del 15-M que se celebra estos días en Madrid.
Las grandes centrales de trabajadores de Francia no convocan huelga, pero sí han llamado a los ciudadanos a manifestarse en París. "Si los sindicatos no hubieran llamado a la movilización nosotros lo hubiéramos hecho. Pero como finalmente han convocado, nosotros marcharemos junto a ellos" relata a Público Sophie Banasiak, una joven parisina de 27 de años de la asamblea surgida a raíz de la versión francesa del colectivo Democracia Real Ya. Además, ellos han decidido convocar marchas en las ciudades donde los sindicatos no lo han hecho.
Mientras, en Italia los sindicatos han convocado un paro de cuatro horas y marchas en las principales ciudades. Pero los activistas de los movimientos juveniles aseguran que quieren darle a esta jornada "una nueva dimensión", movilizándose por una nueva agenda de derechos. Por eso, están convencidos de que 14 de noviembre es una fecha para "intentar reconquistar el futuro" y "señalar a los que nos lo están robando", explica Angela Balzano, otra activista italiana de la coordinadora 'Global Project'.
"Los Estados son la barrera de contención de las
reacciones generadas por las políticas de la Troika"
En las distintas asambleas y talleres que tienen lugar estos días en el
marco del 'Ágora 99' todos han coincidido en que la protesta no puede dirigirse
contra los distintos gobiernos de los Estados que componen la UE, sino a las
propias instituciones supranacionales que están tomando las decisiones sin
control democrático. "Los Estados están funcionando como barrera de
contención de las reacciones que generan las políticas que decide la
Troika", señalaba la ponente de una de las mesas redondas.Sin embargo, estos movimientos insisten en la necesidad de dotarse de su propia agenda de reivindicaciones y unas líneas políticas propias, más allá de las de los grandes sindicatos de cada país. Consideran que éstos dejan fuera a los nuevos sujetos que están sufriendo la crisis: "jóvenes precarios y estudiantes, inmigrantes, mujeres, LGTB, dependientes...". Y por eso apuestan por nuevos derechos para el "el 99% de Euoropa".
"El Ágora 99 está siendo una gran oportunidad para conocer lo que está pasando en otros países y para crear redes de coordinación de cara al 14 de noviembre y en adelante", comenta Sophie Banasiak. Ella, al igual que los demás asistentes al encuentro, cree que esa será la fecha de arranque para nuevas protestas.
Después de la conversación, Sophie y Angela se van a las siguientes reuniones, todo el día está plagado de citas ineludibles y los activistas apenas tienen tiempo para comer. Esperan poder llegar con acuerdos a la asamblea final del encuentro que tendrá lugar el domingo. Después, volverán a sus países y se pondrá a manos a la obra.
Agustín García Calvo, sin punto final
Félix Población (MásPublico)
Como no se avino a entrar nunca en la urdimbre gananciosa de los cenáculos y compadreos políticos que comercian con la fama, la nombradía y sus consiguientes prebendas, Agustín García Calvo, el latinista y filósofo libertario de la Rúa de los Notarios, tuvo el pasado viernes un entierro abrazado a emociones y lealtades auténticas por las que su familia ha de sentirse muy honrada. Se podría asegurar que todos los presentes en el cementerio de San Atilano de Zamora, a las cinco de una fría tarde otoñal y anubarrada, estaban allí porque así lo quiso la personalidad del fallecido, pródiga en generosidad afectiva, amor a la palabra y proximidad con todo aquel que buscara la suya para iluminar realidades y contextos manipuladores. ¡Dichoso Agustín por haber tenido a su lado en esa hora del adiós un tan conmovido y sincero sentimiento por su ausencia!
Los medios han sido muy escuetos en sus obituarios, si se compara con los que en su día se escribieron sobre sus dos compañeros de cátedra, Enrique Tierno Galván y José Luis López Aranguren, expulsados con García Calvo de la enseñanza en 1965 por confraternizar con las luchas estudiantiles, que hoy retornan, como volvió Agustín a las últimas primaveras de mayo en Madrid desde su viejo mayo parisino. El obituario del diario El País se limita a una concisa columna no muy inspirada, muy cerca de la cual el director y actor José Luis Gómez, en su nombre y en el del teatro que dirige, tuvo el hermoso detalle de insertar una pequeña esquela en memoria del también dramaturgo.
Dicen los cronistas que Amancio Prada cantó en San Atilano unos versos del poema de Agustín El mundo que yo no viva: El mundo que yo no viva lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla. Es otro de los grandes poemas de García Calvo, al que muchos de los concurrentes acompañaron con su voz, ¡Ay de mi vida!, en San Atilano de Zamora, cabe el Duero machadiano de los romances, a las cinco de la tarde. Agustín se afeitaba cada mañana con los poemas de don Antonio a viva voz, algo que tampoco faltó en su despedida.
Una vez, hace ya muchos años, compartí con García Calvo una modesta tertulia de jóvenes poetas zamoranos en una taberna de la calle de los Herreros. Recuerdo la discreción de su escucha y el sabio proceder de sus comentarios, propiciando que la energía y espontaneidad de los convocados no se viera constreñida por el excesivo respeto. Fue esa noche cuando me dijo, a propósito de la pervivencia de la poesía: un buen poema nunca tiene punto final. Por eso sigue Agustín García Calvo entre nosotros, sin punto final.
De todos los artículos que he leído con motivo de la muerte del autor de Libre te quiero -título idóneo del documental de Basilio Martín Patino sobre el 15M presentado recientemente en la SEMINICI de Valladolid-, me quedo con este párrafo del que Juan Luis Pavón firmaba en el Diario de Sevilla, que hace referencia al profesor zamorano durante sus años como catedrático en la Universidad de aquella ciudad: “García Calvo se ha muerto cuando Wert, como ministro de Educación, quiere expulsar el latín y el griego de la enseñanza obligatoria. Llega la hora del obituario cuando el mundo universitario sevillano padece una funcionarial cobardía intelectual de estómagos agradecidos que se parece en demasía a la que se encontró en 1953 cuando llegó para ocupar la cátedra de lenguas clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante diez años enseñó a sus alumnos la vida que no explicaban otros profesores y les inculcó la semilla del librepensamiento. García Calvo pone fin a su biografía de consumado ateo dando la nota el Día de Todos los Santos para hacer pensar en la deriva de una España refractaria a cualquier ideología con dos dedos de frente; en la ridiculez de una Sevilla de casino aldeano a cuenta de un pregón, y en la adoración a Halloween al borde de la estupidez”.
En pleno ajuste, Madrid sondea hacer un aeropuerto y nuevos AVE para ‘Eurovegas’
Pablo Garcia (vozpopuli) / Kaos en la Red
Las estaciones de alta velocidad sin pasajeros, los aeropuertos sin aviones y las carreteras sin coches –tres símbolos reales de la España del despilfarro- no se han terminado después de cinco años de crisis. O al menos eso parece en la Comunidad de Madrid.
Tras asumir un proyecto como el de Eurovegas, algo que parecía imposible hace solo unos meses, el Gobierno regional madrileño, inmerso en una espiral de austeridad sin precedentes, se propone complacer al impulsor del proyecto, el magnate Sheldon G. Adelson, en todo cuanto pida. Y lo que pide no es poco: exenciones fiscales, tolerancia con el tabaco y más de las costosas infraestructuras que han retratado al país en los últimos años, AVEs, autovías y terminales aéreas.
Así pues, el presidente Ignacio González ha recortado esta semana 2.700 millones de euros en el Presupuesto del año que viene y ha normalizado el pago de un euro por receta. Pero González tiene otros planes: para empezar, el pasado 18 de octubre el portavoz del Gobierno Salvador Victoria anunció que Madrid sacará a concurso la construcción y gestión del aeropuerto del Suroeste, un aeródromo situado entre los municipios de El Álamo y Navalcarnero. Según Victoria, el aeropuerto, que no tiene fecha, estará especializado en viajes de negocios y será gestionado por una empresa privada. “No supondrá ningún coste para las arcas públicas y los madrileños no tendrán que poner ni un euro”,afirmó. La ubicación de los terrenos está a una treintena de kilómetros de el páramo de Alcorcón que supuestamente interesa a Las Vegas Sands, la empresa de Adelson.
Sea o no verdad lo del aeropuerto a coste cero, la comunidad tendrá que lidiar con otra petición de Adelson: la ampliación en un carril más de la Autovía del Suroeste, la A-5, la carretera de Extremadura para el populacho. Una demanda que da más puntos a la opción de Alcorcón, localidad a la que se accede por la A-5, junto con otras como Navalcarnero o Móstoles. La carretera de Extremadura cuenta con más de 400 kilómetros.
Finalmente, la rumorología acecha ya a la tercera de las infraestructuras del dispendio, la alta velocidad: España es, al fin y al cabo, el segundo país del mundo con más kilómetros de raíl de este tipo, solo por detrás de China. A mediados de octubre, una información aparecida en el Diario de Alcalá aseguraba que la conexión por AVE del futuro macrocomplejo iba “tomando forma”. “La idea sigue rondando la cabeza de los responsables de la Comunidad de Madrid”, podía leerse, una ocurrencia confirmada por el teniente de alcalde de Alcalá, Gustavo Severien, al diario alcaladino. El proyecto consistiría en unir mediante una lanzadera de alta velocidad Alcalá de Henares con la capital, por la estación de Chamartín. Habría paradas en Torrejón de Ardoz y Paracuellos, es decir, la zona que disputa con Alcorcón la condición de sede de Eurovegas.
La estrategia del poder (Técnicas de represión contra el 25S)
Ramón Andrino (Rebelión)
El pasado 25 de septiembre, con la acción “Rodea el Congreso” se elevó la protesta al señalar los lugares del poder desde los que se hurta la democracia, pero esto supuso también que ese mismo poder aumentase la represión contra las manifestaciones. Vimos, y muchas vivimos, las detenciones, las identificaciones previas, la violencia física y las cargas ampliamente documentadas; las torturas a los detenidos.
Hay que decir que la represión ha sido algo que ha acompañado desde el 78 al Reino de España, tanto de alta intensidad (terrorismo de estado, torturas, dispersión de presos) como de baja intensidad, que es la que nosotras sufrimos ahora de forma más visible. Aunque ya se practicaba, a muchas nos resulta nueva, nos asusta, incluso a veces no conseguimos ser conscientes de que estamos sufriéndola.
El análisis de la represión resulta una herramienta indispensable de defensa, dado que no se trata de episodios aislados, sino que es un elemento estructural del sistema. Este análisis debemos hacerlo entre todas, atentas a las estrategias que el poder va empleando con cada nuevo movimiento que hacemos.
Durante las últimas movilizaciones para rodear el Congreso, los días 23 y 27 de octubre, el poder persistió en su intención de asfixiar un movimiento de protesta incipiente, aunque minimizando el desgaste de imagen que las cargas del 25S supusieron para la policía. Las técnicas de represión que empleó el poder, sin sangre ni cargas masivas, fueron más sutiles esta vez:
La guerra es la paz
Las manifestaciones se han desarrollado en medio
de un despliegue policial nunca antes visto. La policía debe asegurar el
derecho de reunión, no asediar, hostigar y limitar ese derecho mientras lo
ejercemos. Con las furgonetas de los prodisturbios presentes por decenas en
cada punto en el que iba a haber una concentración, el poder pretende dar la
imagen de que somos un peligro para la población. “No nos olvidemos de que los
policías son los buenos”, ha dicho la Delegada del Gobierno, haciendo gala de
un maniqueísmo que busca, mediante el despliegue policial y declaraciones como
esa, convertir a todo el que protesta en “malo”.
La impunidad
Pese a la evidencia de las imágenes de la
violencia policial, muchas declaraciones de diferentes políticos han
ratificando insistentemente el trabajo de de la policía los días 25 y 29 de
septiembre. El Ministro de Interior vertió frases de elogio como: “felicito a
la policía, que actuó extraordinariamente bien” o "demostraron su
profesionalidad en unas circunstancias muy difíciles y actuaron en defensa del
Estado de Derecho". Esto responde a dos objetivos: implantar la impunidad
para quien reprime, evitando así la exigencia de responsabilidades, y mostrar
que el poder puede soslayar incluso sus propios códigos normativos cuando y
contra quien quiere para instaurar el terror.
Contar manifestantes
6.000 personas el 25S, 4.500 el 29S, 2.000 el
23O, 3.000 el 27O. Son las cifras de la Delegación del Gobierno de Madrid. El
poder nos cuenta, para poder decir que cada vez somos menos, que no vamos a
ningún sitio, que la lucha no tiene sentido. Para que pensemos que no tenemos
opoción de ganar, que no tenemos poder para forzar el cambio. Pero es un relato
falso. Muchas luchas que comenzaron siendo muy pocas personas han terminado por
vencer: la revolución bolchevique, el movimiento 26 de julio en Cuba, Salvador
Allende en Chile, el proceso constituyente de Ecuador o el reciente proceso
constituyente de Islandia, por citar algunos .
La trampa de la legalidad
La manifestación del día 25S fue acompañada de su
correspondiente comunicación -no autorización, ya que por mucho que lo repitan,
las manifestaciones no requieren autorización previa- y la del 27O no se
comunicó. En la primera, la Delegación del Gobierno puso al convocante una
multa de 6.000 euros, en la segunda identificó a 300 personas y ha dicho que
pondrá otras tantas multas. Sea como sea, el poder siempre encuentra un
resquicio legal desde el que reprimir.
La creación de monstruos
Durante los días previos a las manifestaciones
los medios de comunicación empezaron a hablar de “manifestantes de Barcelona”,
“encapuchados”, “grupos radicales”, un monstruo contra el que poder justificar
el uso de la violencia. Nosotras mismas nos hemos llegado a sorprender hablando
de que siempre hay unos pocos violentos y no podemos hacer nada.
Como no pueden abatirnos a todas, crean una
caricatura contra la que poder emplearse, y emplearnos -no olvidemos los
sucesos del día 26, acusando a cualquiera que llevase capucha-,y mientras
borrar del discurso los motivos de las protestas.
Las multas
Frente a la violencia, a las cargas masivas, a
los golpes y disparos, que suceden en un momento en el que todas nos
encontramos juntas e iguales, las multas suceden en un momento distinto de la
lucha. Si bien la identificación es durante la acción, las multas llegan
diferidas en el tiempo, sin que podamos sentir a las compañeras tan cerca. A
cada una le llega con su circunstancias, sus capacidades económicas y su
situación familiar, lo que provoca desunión en la lucha. Incluso si no llegan,
la incertidumbre y la ansiedad perduran en el tiempo.
En definitiva, la estrategia del poder utiliza muchas formas de represión, que puede mudar según nosotros vamos avanzando en nuestra lucha. Debemos estar preparadas para detectarlas y analizarlas sin que desanimarnos, porque también es cierto que la ausencia total de represión implicaría nuestra integración en el sistema que pretendemos transformar, y entonces habríamos pasado a formar parte de aquello contra lo que hoy luchamos.
Es necesario saber que vamos a convivir con la represión, pero también que, aunque no la deseamos, es un indicador de que el camino que seguimos sigue siendo revolucionario, y que, aunque a veces nosotras mismas no nos lo creamos, el poder nos percibe como una amenaza real.
Gurelur denuncia actividades ilegales en el Parque Natural de Bertiz
Lander Santamaría (Noticias de Navarra)
El Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural Gurelur ha denunciado publicamente las "continuas" ilegalidades en las que está incurriendo el departamento de Medio Ambiente en Bertiz, al permitir actuaciones de entretenimiento social, de caza, extractivas, y de manejo forestal y de los hábitats contrarias a la legalidad. En concreto, Gurelur señala que se está incumpliendo el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el testamento de don Pedro Ciga, el último propietario del Señorío de Bertiz.
Por otro lado, según Gurelur, las actuaciones que recoge el citado PRUG también incumplen el testamento del anterior propietario y legador de la finca al patrimonio de Navarra. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en este espacio protegido deben tratarse en el Patronato de Bertiz, ya que por ley le corresponden a este órgano de participación social las funciones de consulta, velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural, cooperar en una eficaz defensa de sus valores ecológicos, promover el desarrollo sostenible tanto en el interior como en el entorno del parque y realizar cuantas gestiones estime positivas y necesarias para el cumplimiento de lo anterior.
Hasta donde Gurelur dice tener conocimiento no se ha celebrado ninguna reunión del Patronato de Bertiz desde "hace más de dos años". En este período de tiempo se han llevado a cabo diversas actuaciones, que, tal como se recogen en los puntos anteriores, deben tratarse en el Patronato, incumpliendo el departamento de Medio Ambiente las leyes y normativas que regulan este espacio protegido, "con el agravante de que las actuaciones que motivan esta denuncia están afectando a los valores naturales del Parque de Bertiz".
En el testamento por el cual don Pedro Ciga legó a Navarra la finca se recogen como condiciones que "queda rigurosamente prohibida la corta de árboles y ramaje de cualquier clase que sean" e igualmente "la caza y la pesca en todas sus formas dentro de la finca". Pero en el Señorío de Bertiz "se está permitiendo la caza, la corta de árboles y arbustos, y la modificación de los espacios, eliminando las características paisajísticas y ambientales que Pedro Ciga obligaba en su testamento a preservar", lo que incumple su voluntad y es otro motivo por el que se presenta esta denuncia.
Gurelur, por todo ello, ha solicitado al director general de Medio Ambiente, como primer paso legal, que de forma inmediata ordene la paralización de todas las actuaciones contrarias al testamento, depuración de las responsabilidades de los funcionarios que las han permitido o realizado, y la celebración urgente de una reunión del Patronato. El Patronato del Señorío de Bertiz por Desarrollo rural y Medio Ambiente, Turismo, Educación, Deporte y Juventud y entes públicos colindantes entre otros.
2 de noviembre de 2012
El Gobierno impone que se puedan hacer despidos colectivos con 20 días
Larepublica.es
Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.
A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
El CIS no pregunta por la Casa Real desde que la monarquía sacó su primer suspenso
Juanma López-Guillen (Kaos en la red)
Once meses en los que la Corona ha vivido la imputación del duque de Palma, el viaje del rey a Botsuana, el disparo de Froilán. El organismo no lo considera "relevante en estos momentos". Esto es España...
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que depende de la Vicepresidencia del Gobierno, no ha vuelto a preguntar por la imagen de la Casa Real desde que la institución monárquica cosechó el primer suspenso de su historia en este sondeo. Ocurrió en octubre de 2011. En aquel barómetro de opinión la Corona sacó una nota de 4,8 puntos, casi medio punto menos que en noviembre de 2010.
Lo curioso del caso es que, pese a la polémica que ha rodeado a don Juan Carlos y a su familia en el último año, el centro sociológico no lo ha considerado un tema "relevante" para volver a preguntar, explican a 20 minutos fuentes del CIS. Argumentan que dicha consulta tiene una parte fija (preguntas que se hacen siempre) y una parte variable que se utiliza para los temas más importantes que acontecen al país en cada momento. "Un grupo de expertos en sociología y el propio director del CIS son los encargados de decidir qué se pregunta en la parte variable. Si no la han hecho será porque no lo han visto relevante en estos momentos", sentencian.
Es cierto que la Casa Real no ha estado entre las prioridades de esta consulta, pues desde el año 1994 solo se ha preguntado en 12 ocasiones por la institución (el sondeo se realiza todos los meses excepto en agosto), pero choca que los expertos del organismo no se hayan planteado hacerla tras 11 meses en los que la familia real se ha visto envuelta en diversas polémicas que han generado duras críticas entre la población y algunos dirigentes de la clase política. La más importante, la imputación en diciembre de 2011 del marido de la infanta Cristina –Iñaki Urdangarin– por su supuesta implicación en el caso de corrupción del Instituto Nóos, del que fue presidente.
La primera vez que se hizo la consulta, en el año 1994, superó los siete puntos.También fue muy criticado el accidente que sufrió Froilán a principios de abril de este año. El niño, de apenas 13 años, se encontraba en Soria con su padre realizando ejercicios de tiro en el patio de la finca familiar cuando se le disparó la escopeta y se hirió a sí mismo en un pie. Jaime de Marichalar fue condenado a pagar una multa de unos 300 euros tras ser denunciado ante la Subdelegación de Gobierno por la Guardia Civil.
Unos días más tarde, una rotura de cadera inesperada destapó un polémico viaje del rey a Botsuana (África) en plena crisis económica. Don Juan Carlos se vio entonces obligado a pedir perdón públicamente nada más salir del hospital donde estuvo ingresado.
Las encuestas del CIS muestran una devaluación de la imagen real sin precedentes, ya que la institución monárquica era una de las mejores valoradas por la opinión pública años atrás, mientras que en los últimos años no ha hecho nada más que perder prestigio. La primera vez que se hizo la consulta, en el año 1994, superó los siete puntos.
El CIS ha preguntado por la imagen de la Corona en 12 ocasiones. Aunque no hay una frecuencia determinada para llevar a cabo el sondeo, la realidad es que en solo seis ocasiones se ha superado el plazo de un año entre pregunta y pregunta. En 2007, año en el que se separó la infanta Elena de su marido Jaime Marichalar, no hubo consulta.
Tampoco se sondeó a la población en 2009: ese año la prensa lusa publicó la existencia de un posible hijo bastardo del príncipe. El año de la boda de don Felipe y Letizia (marzo de 2004) tampoco hubo consulta. En aquella ocasión se generó un fuerte rechazo por parte de los monárquicos más conservadores, que no veían con buenos ojos que el príncipe se casara con una mujer divorciada.
El 26 de octubre de 2011 la Casa Real cosecha su primer suspenso en la valoración del CIS. Doce días más tarde, Anticorrupción registra la sede de Nóos en Barcelona, sociedad en la que Urdangarin fue presidente. El 12 de diciembre la Casa Real aparta al duque de Palma de los actos oficiales. La prensa publica a diario novedades del caso de corrupción. El 24 de noviembre el rey dice en el discurso de Navidad que "todos somos iguales ante la ley", en alusión a su yerno. Aún quedaba el disparo de Froilán y el viaje a Botsuana.
‘El País’, rebelión a bordo
Manuel Medina (Canarias Semanal ) / Rebelión
Es evidente que las desgracias no vienen solas. A la catastrófica situación económica por la que atraviesa el periódico El País se viene a unir ahora la batalla interna que ha estallado entre la plantilla y algunos conocidos articulistas, por una parte, y la dirección del periódico, por otra. Las características navajeras del litigio ponen en evidencia que la empresa ha entrado en un proceso de franca descomposición, con una muy difícil marcha atrás.
El pasado domingo los trabajadores de El País se desplegaron a lo largo y ancho de todos los quioscos que cubren la capital del Estado y distribuyeron una carta-denuncia dirigida a los lectores. En ella, los currantes -sobre los que pende la amenaza de un ERE que afectará a un tercio de la plantilla- comunican que el periódico, todavía propiedad de los Polanco, obtuvo la friolera de €1.800.000 de beneficios en los primeros seis meses de este año. En su misiva, además, añaden que Juan Luis Cebrián cobró la no menos suculenta cifra de 13 millones de euros en el año 2011, lo que significa un "salario" diario equivalente a €35.600 mondos y lirondos.
Ni que decir tiene que la "indiscreción" de los asalariados provocó que su director, Javier Moreno, montara en cólera y publicara a su vez una "carta abierta" a los trabajadores, en la que mostraba su bochorno por el intento de éstos de "involucrar a los lectores" en los trapos sucios de la empresa. Tratando - decía - de "socavar la calidad del diario y deteriorar gravemente el valor periodístico de la marca". No deja de ser llamativa la peculiar imbecilidad de un director que encima de querer poner a sus empleados de patitas en la calle pretenda que estos mantengan un pacto de silencio con la empresa que los envía a las filas del paro y a un incierto futuro.
"Trasladar el conflicto al exterior - decía en su carta el plumífero - deteriorando la credibilidad del diario y de quienes son responsables del mismo contribuye a perjudicar aún más la complicada situación que sufre actualmente nuestra profesión y desde luego entorpece la buena voluntad negociadora de las partes".
Pero no sólo han sido sus asalariados los que disparan con bombas contra el bastión de papel de Felipe González y Cía. En estos momentos de zozobra e incertidumbre ya son algunos los articulistas consagrados que han iniciado su desembarco de la nave que hace aguas de popa a proa, tratando de marcar sus equidistancias con el equipo que hasta ahora ha llevado el timón de este buque de corsarios mediáticos.
El fuego graneado contra el puente de mando de la nave psocialista comenzó cuando hace unas semanas Maruja Torres se despachó de esta guisa en el Aula Magna de la UAB. "Cebrián nunca asumió no ser el hijo carnal de Polanco. Es rencoroso y pijo, pero un pijo sin conciencia. Decía que estaba salvando el periodismo, que había un cambio de paradigma. Mentira. Perdió 5.000 millones de euros jugando al capitalismo de casino, comprando radios en Miami y teles latinoamericanas que no valían nada. Quería ser un tiburón de Wall Street pero era una sardinita que todo lo hizo mal. Se pulió las ganancias del trabajo de todos nosotros en la aventura del mejor diario de la democracia española. Cebrián era un quiero y no puedo, un cateto”.
Al rencor de la Torres no ha tardado en unirse el periodista Enric González, que también puso bonito a Juan Luis Cebrián, diciéndole que le causaba "horror y una cierta repulsión" que "más de diez docenas de periodistas sean despedidos de un periódico que baña en oro a sus directivos y derrocha el dinero en estupideces".
Otro habitual de El País, el historiador socialdemócrata Santos Juliá, oráculo académico de la España de la Monarquía, ha querido también dejar constancia de su desafección por una dirección empresarial que parece estar ya en almoneda. En la columna de Juliá, que viene publicando desde 1994 en el suplemento dominical del diario, fue censurado su artículo correspondiente al pasado domingo titulado "Desigualdad como antesala de la ruina", en el que se hacían alusiones a la situación del periódico. En la edición de papel de El País, su director Javier Moreno deslizó sus ágiles tijeras censoras suprimiendo algunos de los párrafos escritos por Juliá. No obstante, posiblemente por un descuido o porque alguien lo filtró intencionadamente, el escrito se publicó íntegramente en la versión digital, para ser censurado nuevamente después de transcurridas varias horas. ¿Se imagina el lector los titulares con los que se hubieran encabezado las principales páginas de El País si el tijeretazo en lugar de aplicarse en su propia redacción se hubiera producido en la del Granma cubano?
Sin embargo, no deja de asistirle cierta buena suerte envenenada al bastión socialdemócrata en estos tiempos de incertidumbres. La banca española ha decidido no abandonar a la familia Polanco a su suerte. Timón, una de sus sociedades de cabecera, llegó a un acuerdo con sus entidades acreedoras para extender hasta el 2015 el pago de la deuda que tenía pendiente y que rozaba los 300 millones de euros. Con esta refinanciación la empresa ha ampliado el plazo de amortización del préstamo con un vencimiento único a tres años. Es decir, hasta el año 2017. Pero, ojo, que la Banca no proporciona nada gratis. No es casualidad que el aplazamiento de los créditos coincida justamente con el desembarco de las entidades financieras en el Grupo Prisa. Será dentro de dos años, en el 2014, cuando el Santander, La Caixa y HSBC harán efectivo el canje de deuda por capital pactado por la compañía por un importe de 334 millones de euros. Una operación que los convertirá en los principales accionistas de la empresa. No hay, empero, ningún motivo para la preocupación: todo continuará quedando en casa.
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