Operaciones de maquillaje con el problema de las hipotecas

Óscar Chaves (Diagonal)

Debido a sus condiciones restrictivas, iniciativas como el Código de Buenas Prácticas bancarias promovido por el Gobierno del PP o la moratoria hipotecaria a cargo del Instituto de Crédito Oficial del Ejecutivo de Zapatero se han demostrado inútiles ante el incremento incesante de ejecuciones hipotecarias por impagos bancarios.

La sociedad ha tenido que llegar a los 526 desahucios diarios (según datos del Consejo General del Poder Judicial del segundo trimestre de 2012) y encajar más de 350.000 expulsiones forzosas desde el inicio de la crisis para que los dos grandes partidos se sienten a negociar medidas que pongan freno a un problema que despierta una auténtica alarma social.

El drama ha adquirido tales dimensiones y la presión ciudadana, articulada en torno a movimientos como el 15M y las plataformas de afectados por la hipoteca, es tan insistente que nadie duda de que en los próximos días el Gobierno de Mariano Rajoy promoverá iniciativas destinadas a paliar esta situación. Para ello contará con el PSOE, partido que desde hace días desarrolla su particular campaña contra los desahucios, a pesar de que, tal y como indicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, “lamentamos no haber actuado antes, no haber puesto en marcha cuando estábamos gobernando un cambio legislativo que hubiera impedido la situación terrible que hoy viven muchos españoles".

Ni lo hizo el Gobierno de Zapatero ni lo ha hecho hasta la fecha el Ejecutivo del PP. De hecho, ningún gobierno se ha atrevido a reformar en profundidad la Ley Hipotecaria, una norma que data de 1909 y que regula, en beneficio de las entidades financieras, los procedimientos de desahucio. En las dos últimas legislaturas, las de la crisis, los gobiernos del PP y el PSOE se han limitado a introducir pequeños cambios en la norma o a poner en marcha medidas como el Código de Buenas Prácticas de la banca, meras “operaciones de maquillaje” sin apenas repercusión para los hogares, según la valoración de las plataformas de afectados. Con semejantes precedentes, a nadie extraña que los damnificados desconfíen de las buenas intenciones de los “partidos del régimen”, máxime cuando no les han tenido en cuenta para estudiar las medidas a adoptar.

Aunque el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, insista en subrayar que aún es pronto para valorar la eficacia del “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, y otros miembros de su Gobierno se empeñen en negar la mayor, lo cierto es que hasta la fecha ha tenido un alcance que roza el ridículo. Como ya pronosticó la PAH cuando fue aprobado, el pasado mes de marzo, sus condiciones son tan restrictivas que muy pocos hogares han podido o podrán beneficiarse. Según los colectivos de afectados, apenas un 4% de las familias puede acogerse al código, aunque otras fuentes como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada rebajan aún más este porcentaje.

El carácter restrictivo de esta norma, que además es de adscripción voluntaria para los bancos, no solo ha sido criticado por las plataformas de afectados, la oposición política y los movimientos sociales. También lo ha hecho, y de manera contundente, la Defensora del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y hasta el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU .Y es que para acogerse al Código el hogar hipotecado no solo ha de tener a todos sus miembros desempleados. El contrato hipotecario debe carecer de avalistas solventes y el valor de la vivienda no puede ser superior a los 200.000 euros para las grandes ciudades y 120.000 euros para poblaciones con menos de cien mil habitantes. Los inmuebles que ya han sido subastados quedan también fuera de la aplicación de la medida. Pero aunque el hogar cumpla todos los requisitos, este sólo tendrá derecho a exigir la dación en pago, aunque caballo de batalla de las PAH, si la cuota resultante de una reestructuración en la que se amplía el plazo hasta 40 años y se abre un período de carencia en la amortización de cuatro años, sigue siendo superior al 60% de los ingresos de todos los miembros de la familia. Recordemos que en un hecho sin precedentes, a los pocos días de la aprobación del Real Decreto que recoge el código, 84 entidades financieras, la gran mayoría de las existentes en España, asumieron su contenido.

Las medidas de Zapatero

El segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, aprobó dos iniciativas con similares resultados: el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, y, dos años antes, la Línea ICO-Moratoria Hipotecaria. La primera, fruto en buena medida de la presión originada por campañas como Stop Desahucios del 15M y la PAH, aunque no logró frenar el aumento de las ejecuciones hipotecarias ha servido para suavizar ligeramente la situación de las personas que son expulsadas de sus casas. La norma elevó el valor mínimo de adjudicación del inmueble hipotecado en subasta del 50% al 60%, de tal forma que en la actualidad el 40% corresponde al deudor, aunque ya haya sido desahuciado. La arbitrariedad de estos porcentajes, única en Europa, es uno de los aspectos más criticados de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias en España. El Real Decreto también elevaba el mínimo inembargable de los deudores que han perdido su vivienda habitual hasta el 50% del salario mínimo interprofesional y un 30% adicional por cada familiar que convive en el hogar y que no percibe ingresos superiores a dicho salario mínimo.

Al igual que ha sucedido con el Código de Buenas Prácticas Bancarias, la llamada Línea ICO-Moratoria Hipotecaria, para la que se aprobó una partida de 6.000 millones de euros, fracasó rotundamente por sus restrictivas condiciones. De hecho, solo permitía el aplazamiento durante dos años de cuotas de hasta 500 euros en préstamos inferiores a 170.000 euros. Pasados esos dos años, se debía retomar el pago de los 12.000 euros máximos aplazables por hipoteca junto con las cuotas del crédito hipotecario, lo que en la práctica redundaba en un aumento de la carga financiera global de los deudores. El hecho de que en nueve meses de aplicación de esta línea ICO sólo se aplazaron 11.796 hipotecas da muestra del corto alcance de la medida.

#14N: desmontando argumentos para no hacer huelga

Tomalosbarrios.net

“No hago huelga porque no me lo puedo permitir”

El sistema económico busca la bajada continua de salarios para conseguir ampliar su margen de beneficios.  Si te quedas en casa estas ayudando a que  las empresas piensen que tienen barra libre para empeorar tu situación.

Si a pesar de todo vas a tu puesto de trabajo tienes otros medios de ejercitar tu derecho a huelga. Puedes hacer huelga de celo, hacer exclusivamente lo que marca tu contrato y hacer tareas más lentamente.

 “La huelga no servirá para nada”, “Con las huelgas no se consigue nada”

Lo que tienes ahora no se ha conseguido por generación espontanea. Desde el Siglo XIX las trabajadoras, mediante la lucha, han conseguido que tu disfrutes de una jornada de ocho horas, vacaciones pagadas y el derecho a bajas por enfermedad.

La sanidad y educación pública, que poco a poco se esta desmantelando, fue conseguida peleando en la calle y con ello conseguimos durante un tiempo  mantener a raya a las élites que ahora parecen invencibles.

“Estoy en paro, no puedo hacer huelga” 

Cuando hablamos de huelga  pensamos automáticamente en no ir a trabajar. Aunque esta es la forma de huelga tradicional hay otros métodos para apoyar la huelga laboral. No consumas el dia de la huelga, compra antes lo que necesites, y reduce al mínimo tu consumo de electricidad.

Parece que no es importante pero si tu no vas a comprar las empresas no tendrán actividad. Ayudaras a las trabajadoras que han ido a trabajar  condicionadas  a realizar huelga sin consecuencias.

“Estoy en casa cuidando de mi familia, no puedo hacer huelga”

El hecho de que no te paguen no hace que tu trabajo no sea importante. No olvides que cuando estas cuidando a tu familia en casa estas supliendo las funciones que un estado de personas y para personas debería cubrir. Por eso sal a la calle. Reivindica tu trabajo y exige al gobierno que cumpla con lo que debe, que es cubrir las necesidades de las personas y ser un estado social como marca la constitución.

 ”La huelga tiene que ser indefinida, si no yo no la hago”.

Es improbable que una persona realmente dispuesta a secundar una huelga indefinida no estuviese dispuesta a secundar una huelga general de un día.

“Los trabajadores son libres de ir a trabajar un día de huelga”.

Este tipo de libertad esconde  coacciones y amenazas con las que las empresas tratan de impedir a sus trabajadoras ejercer su derecho a huelga.

Tenemos tan interiorizadas ciertas situaciones que vemos como algo normal el chantaje del que somos victimas acudiendo a nuestros puestos de trabajo por miedo y cuando hay miedo no hay libertad.

“El país no está para huelgas”.

Todo lo que esta sucediendo en España ya ha sucedido ante en otros países como Argentina o Chile.  Cada medida que realiza el gobierno para superar la crisis solo tiene como objetivo desmantelar los beneficios sociales y enriquecer a las élites financieras.  ¿ Crees que con ese pensamiento estas mirando por tu intereses?. Reflexiona

Tramposos banqueros

Igmacio Ramonet (Le Monde Diplomatique)

 

A aquellos ciudadanos que aún lo ignoraban, la crisis les está demostrando que los mercados financieros son los principales protagonistas del actual momento económico de Europa. Representan un cambio fundamental: el poder ha pasado de los políticos a los especuladores de Bolsa y a una cohorte de tramposos banqueros. 

Cada día, los mercados mueven sumas colosales. Por ejemplo, casi 7 billones de euros, sólo en deudas de los Estados de la eurozona, según el Banco Central Europeo. La decisión colectiva diaria de esos mercados puede ahora derrumbar Gobiernos, dictar políticas y someter a pueblos.

El drama, además, es que estos nuevos “amos del mundo” no sienten ninguna preocupación por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Especuladores y banqueros, movidos por la avidez, llegan a comportarse como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una impunidad casi total. 

Desde que, en 2008,  estalló la crisis –en gran parte causada por ellos–, ninguna reforma seria ha conseguido reglamentar los mercados, ni meter en vereda a los banqueros. Y a pesar de todas las críticas formuladas contra la “irracionalidad del sistema”, el comportamiento de muchos actores financieros sigue siendo igual de cínico.

Es evidente que los bancos representan un papel clave en el sistema económico. Y que sus actividades tradicionales –estimular el ahorro, dar crédito a las familias, financiar las empresas, impulsar el comercio– son constructivas. Pero desde la generalización, en los años 1990-2000, del modelo del “banco universal”, que añadió toda clase de actividades especulativas y de inversión, los riesgos para los ahorradores se han multiplicado así como los fraudes, los engaños y los escándalos.

Recordemos, por ejemplo, uno de los más desvergonzados, protagonizado por el poderoso banco de negocios estadounidense Goldman Sachs que hoy domina el universo financiero. En 2001, ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para que Atenas cumpliese los requisitos y pudiese ingresar en el euro, la moneda única europea. Pero en menos de siete años, aquella fullería se descubrió y la realidad estalló como una bomba. Consecuencia: “Casi un continente sumido en la crisis de la deuda; un país, Grecia, expoliado y de rodillas; recesión, despidos masivos, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores; reestructuraciones y sacrificios de los beneficios sociales; planes de ajuste y miseria” (1). 

¿Qué sanciones recibieron los autores de tan nefasto engaño? Mario Draghi, ex vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, al corriente por tanto del fraude, fue premiado con la presidencia del Banco Central Europeo (BCE)… Y Goldman Sachs cobró en recompensa, por el maquillaje de las cuentas, 600 millones de euros… Confirmando así un principio: en materia de grandes estafas organizadas por los bancos, la impunidad es la regla. 

Lo pueden confirmar los miles de ahorradores españoles que compraron acciones de Bankia el día en que esta entidad salió a Bolsa. Se sabía que no tenía ninguna credibilidad y que el valor de su acción, según las agencias de calificación, ya estaba a un paso del bono basura…

Los ahorradores confiaron en Rodrigo Rato, presidente entonces de Bankia y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien no dudó en afirmar el 2 de mayo de 2012 (cinco días antes de dimitir ante la presión de los mercados y poco antes de que el Estado tuviese que inyectar en la ­entidad 23.500 millones de euros para evitar su quiebra): “Estamos en una situación de mucha robustez desde el punto de vista de solvencia y también desde el punto de vista de liquidez” (2)… 

Cierto es que, menos de un año antes, en julio de 2011, Bankia había superado aparentemente las “pruebas de resistencia” realizadas por la European Banking Authority (EBA) a las 91 mayores entidades financieras de Europa. Bankia había obtenido un Core Tier I Capital (capital de máxima resistencia) del 5,4% (3), frente a un mínimo exigido del 5% en una situación de máximo estrés. Lo cual da una idea de la incompetencia e ineptitud de la EBA, organismo europeo encargado de garantizar la solidez de nuestros bancos…

Otras personas que pueden testimoniar sobre la desfachatez de los banqueros son las víctimas, en España, del “escándalo de las participaciones preferentes”. Un fraude que afecta a más de 700.000 ahorradores que han perdido sus economías. Se les hizo creer que adquirían algo parecido a un depósito a plazo fijo… Pero las participaciones preferentes son un producto financiero que no está cubierto por el fondo de garantía de los bancos. Éstos no están obligados –si no poseen liquidez– a devolver el capital inicial, ni los intereses generados.

Este timo también ha revelado que los ahorradores españoles víctimas de engaños bancarios no pueden contar con la protección del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (4). Ni, obviamente, con la del Gobierno que sigue ayudando masivamente a la banca mientras su política de recortes y austeridad castiga en permanencia a la ciudadanía. Para ayudar al sistema bancario español, Mariano Rajoy solicitó a la Unión Europea un crédito de hasta 100.000 millones de euros. Entretanto, los bancos españoles siguen favoreciendo la huida masiva de capitales… Se estima que, hasta septiembre pasado, 220 000 millones de euros se habían fugado oficialmente de España (5) … Una suma más de dos veces superior al crédito solicitado a Europa para salvar el sistema bancario español… 

Pero no terminan aquí los escándalos. Podríamos recordar que, estos últimos meses, los fraudes bancarios no han cesado. El banco HSBC fue acusado de blanquear el dinero de la droga y de los narcotraficantes mexicanos. El JP Morgan se lanzó a especulaciones desmedidas asumiendo inauditos riesgos que le acarrearon pérdidas de 7.500 millones de euros, arruinando a decenas de clientes. Igual le sucedió a Knight Capital que perdió más de 323 millones de euros en una sola noche a causa de un error de un programa informático de especulación automática por ordenador…

Pero el escándalo que más está irritando, a escala mundial, es el del Libor. ¿De qué se trata? La Asociación de Banqueros Británicos propone cada día un tipo interbancario llamado “London interbank offered rate” o  Libor por sus siglas en inglés. El cálculo de esa tasa lo realiza la agencia Reuters la cual, diariamente, pregunta a dieciséis grandes bancos a qué tipo de interés están obteniendo créditos. Y establece una media. Como es el tipo al que se prestan dinero los principales bancos entre ellos, el Libor se convierte en una referencia fundamental de todo el sistema financiero mundial. En particular, sirve para determinar, por ejemplo, los tipos de las hipotecas de las familias. En la zona euro, el equivalente del Libor se llama Euribor y se calcula sobre la base de la actividad de unos sesenta grandes bancos. En el mundo, el Libor influye sobre unos 350 billones de euros de créditos… Cualquier variación –por mínima que sea– de ese tipo puede tener una incidencia colosal.

¿En qué consistió el fraude? Varios bancos (de los que sirven de referencia para establecer el Libor) se concertaron entre ellos y decidieron mentir sobre sus tipos, manipulando de ese modo el Libor y todos los contratos derivados, o sea los créditos a los hogares y a las empresas. Y eso durante años.

Las investigaciones han demostrado que una decena de grandes bancos internacionales –Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Crédit Suisse, UBS (Union des Banques Suisses), Société Générale, Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland– se organizaron para manipular el Libor.

Este enorme escándalo demuestra que la delincuencia se halla en el corazón mismo de las finanzas internacionales. Y que, probablemente, millones de familias pagaron sus hipotecas a unas tasas indebidas. Muchas tuvieron que renunciar a sus viviendas. Otras fueron expulsadas de ellas por no poder pagar unos créditos artificialmente manipulados (6)… Una vez más, las autoridades encargadas de velar por el buen funcionamiento de los mercados hicieron la vista gorda. Nadie ha sido sancionado, aparte de cuatro compinches (7). Todos los bancos implicados siguen haciendo negocios.

¿Hasta cuándo las democracias podrán soportar esa impunidad? En 1932, en Estados Unidos, Ferdinand Pecora, un hijo de emigrantes italianos que llegó a ser fiscal de Nueva York, fue nombrado por el presidente Herbert Hoover para investigar la responsabilidad de los bancos en las causas de la crisis de 1929. Su informe fue abrumador. Propuso el término de “banksters” para calificar a los “banqueros gángsteres”. Sobre la base de ese informe, el presidente Franklin D. Roosevelt decidió proteger a los ciudadanos de los riesgos de la especulación. Sancionó a toda la banca imponiéndole el “Glass-Steagal Act” y estableciendo (hasta 1999) una incompatibilidad entre dos tipos de actividades: los bancos de  depósitos y los bancos de inversión. ¿Qué gobierno europeo de la zona euro tomará una decisión semejante? 

(1) Eduardo Febbro, “El gran truco que usó Goldman Sachs con Grecia”, Página 12, Buenos Aires, 13 de marzo de 2012.

(2) El País, Madrid, 2 de mayo de 2012.

(3) Basándose en ese deplorable informe, algunos ‘analistas’ afirmaban –¡hace apenas quince meses!–  que el sistema bancario español figuraba entre “los más sólidos del mundo”… He aquí, por ejemplo, lo que escribía un ‘diario de referencia’: “De hecho, los grandes bancos españoles superan holgadamente los requisitos de capital exigidos para resistir un hipotético deterioro extremo de la economía durante los próximos dos años” (El País, Madrid,15 de julio de 2011).

(4) Varias asociaciones han puesto a disposición de las víctimas su gabinete juridico. Consúltese, por ejemplo: la Asociación de Usuarios de Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro (ADICAE) (adicae.net), y la Unión de Consumidores de España (www.uniondeconsumidores.info).

(5) Cinco días, Madrid, 21 de octubre de 2012.

El crimen de Barakaldo en el capitalismo realmente existente

Salvador López Arnal / Rebelión
¿Qué es el capitalismo? No es una definición pero apunta donde debe apuntarse: el crimen -que no suicidio- de Barakaldo.

La comisión judicial se encontró abierta la puerta del domicilio de la mujer fallecida cuando llegó a su casa para ejecutar el desahucio. Es la segunda muerte vinculada a un desahucio, a ese lado oscuro del tenebroso capitalismo (español, muy catalanoespañol y olé) en el que seguimos inmersos.

Recordemos otros nudos: el pasado 25 de octubre, no hace ni un mes de ello, un hombre de 54 años se ahorcó en Granada horas antes de ser desahuciado. Al día siguiente, 26 de octubre, otra persona trató de suicidarse antes de ser desahuciada en Burjassot (Valencia).

¿Cuántos más? ¿Conocemos las cifras?

Este primer semestre de 2012, cien mil desahucios. En total, en estos últimos años, unos 400.000. Digo bien, no exagero. ¿Cuántas personas que no han podido más, que se han quedado sin nada y con su desesperación inconsolable? ¿Cuántas personas han quedado tocadas para siempre? ¿Cuántas? ¿Podemos ponernos en su piel, en su alma?

¿La justicia? ¿La justicia digo? El resto, sabido es, es silencio. Ahora -¡ahora!- algunas voces judiciales dicen que ya está bien. Que no son cobradores del frac. ¡Qué listura doña Pastura! ¡Qué ocurrencia donde Prudencia!

Eso sí, ahora, en noviembre de 2012, un organismo judicial de Bruselas ha afirmado que la ley española es ilegal. ¡Ilegal! ¿Ahora, en noviembre de 2012, toca decir eso? ¿Antes no?

PPSOE dicen encerrarse, dicen que todo va a cambiar, dicen que va a contemplar los casos de las personas más desfavorecidas, dicen que arreglan el tema antes de final de año, dicen que las cosas no pueden seguir así. ¿Alguien les puede creer? ¿Hemos perdido el juicio político? Aunque así fuera, aunque ahora cambiaran la letra b de la página 67 en su nota a pie 423, ¿qué decir de todo el daño causado? ¿Habita en él el olvido?
Mas, el Mesías indepe, su partido, CiU, un partido de señoritos de clases altas y medias (y gentes confundidas). ¿Han dicho algo? ¿No tienen nada que decir? ¿Eso no va con el soberanismo y el amor a la tierra y “la voluntad del pueblo”?

¿Y los padres de doña Cristina, la esposa de don Urdangarin, el ex de Telefónica, la multinacional de la abyección donde cinco trabajadores siguen en huelga de hambre? ¿A él también le han desahuciado? ¿Le pilla lejos el tema? ¿El no interviene en política?

¿Quiénes son los responsables de este nuevo crimen, de los otros crímenes, de este inmenso lodazal de infamia e injusticia? Desde luego, esa civilización, esa cultura político-económica que cree natural la corrupción, la malversación de fondos, las desigualdades sociales aléficas, la explotación de las gentes, la marginación social de millones de trabajadores, la búsqueda del máximo beneficio como eje esencial de las empresas, de las entidades creadas por sus héroes –“los emprendedores”-, los átomos básicos de su ontología social criminal.

Pero hay más agentes, sin olvidarme -intento evitar “agudas” críticas de generalización apresurada y de vulgar economicismo- de la psicología de cada uno, de cada persona afectada, de cada “suicida”. ¡Ja, ja, ja!
¿Qué agentes entonces? Por ejemplo: el responsable o responsables de la empresa que arrojaron al paro a la persona desesperada o algunos de sus familiares (no conozco, no soy capaz de conocer el caso de la mujer de Barakaldo). También, desde luego, algún responsable de “recursos humanos” formado en alguna universidad de prestigio que tiene además un master en alguna escuela renombrada de negocios. Los accionistas y los consejos de Administración que aprietan clavijas mientras gritan: más, más, más… Los botines insaciables de turno que pueblan nuestra geografía después de hacer provocado uno de las mayores crisis sociales de la historia del país de Machado., Cenuda y Martí i Pol. El antihumanismo nuclear del sistema. La cultura de la codicia y del sálvese quien pueda. El darwinismo ­¡pobre Darwin!- social imperante.
Hay otros agentes también. En segundo plano si se quiere. Nosotros mismos, yo mismo. Aquellos que no estallamos de rabia, de indignación, de no poder más, y no nos enfrentamos, en lucha permanente, en guerra de clases, no desatada por nosotros, a un sistema económico, a una civilización antagónica a la libertad, a la justicia y a la vida razonable y prudente. ¿No nos habló ya de ella Chaplin en “Tiempos modernos” hace más de 60 años? ¿Quedan dudas? ¿De qué?

¿Y por qué formamos parte de una u otra manera del actual estado de cosas? ¿Por ceguera, por inconsciencia, porque sacamos tajada? Acaso porque a algunos, por ahora, no nos va mal del todo, emitimos parole, parole, solo parole, y somos realmente el colchón que, en el fondo, para o acomoda los efectos de las agresiones criminales al “sistema”.

Sin miedo a decirlo, para que nos oiga: vivir honestamente es vivir contra el Capital y construir otro mundo, que ya está en este, fuera de su mundo.

Tenemos ocasiones para practicar el tema. Cada día. No es justo ni consistente ni razonable vivir de otra manera.

¡Qué el 14N tiemblen las ciudades y las instituciones! ¡Que se hagan pipi encima! Nos sobran las razones para todo. Para todo. ¡A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo! ¡Hasta arrojarlos en el mar! Sin miedo y sin vacilaciones. Todo está por hacer y todo es posible. ¿No nos contaron acaso que todo lo justo y lo racional es o debía ser real?

Contra los desahucios, movilización social

Juan Torres López (Ganas de escribir) / UCR

El Partido Popular y el Socialista se han negado durante años a tomar cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los bancos y poner fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que vienen ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.
 
A los dirigentes de ambos partidos les viene dando igual que los mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución. 

Los gobiernos de ambos partidos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo han sido completamente insensibles al dolor y la tragedia que padecen tantas familias, sino que, para colmo, no han dudado nunca a la hora de enviar a la policía para defender los intereses bancarios a base de palos y palizas a quienes han tratado de defender un derecho constitucional tan elemental y humano.

Han demostrado a las claras que el afecto que dicen sentir por la Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y los privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las ayudas de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace años las mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin ingresos que no pueden pagar sus hipotecas.

Sin embargo, una vez más podemos comprobar que ningún poder es invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos de manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el cambio de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los intereses de la banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que está ocurriendo es justamente eso: que la movilización y la solidaridad ciudadana obligan por fin a que el gobierno y la oposición muevan ficha y cambien una actitud que hasta ahora ha sido de completa indiferencia. Los hechos están demostrando claramente que si no se hubieran producido las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos con la policía, las denuncias y, en definitiva, la respuesta ciudadana ante una situación social injusta, los desahucios seguirían produciéndose indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.

Es muy importante que la gente sepa esto y sea consciente de su poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios y el poder político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto de la presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se han producido avances favorables al bienestar y la justicia, demostrándose así la falsedad de esos discursos que constantemente nos dicen que las huelgas, los sindicatos o las protestas en la calle no sirven para nada.

Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de que el gobierno haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el problema de los desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las movilizaciones sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten nuestros derechos más elementales.

Pero precisamente porque demuestran esto es por lo que no debemos bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora y que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia. Solo podremos esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al drama de los desahucios si la movilización social se mantiene y se refuerza, incluso en mayor medida que antes.

Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver que lo que está en juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal que dé largas al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la vivienda.

Por eso, ahora es el momento de seguir presionando para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino para que se garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la han perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.

No podemos consentir que los dos partidos mayoritarios se quieran poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco la soga que ata a las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que se rompa para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder y beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino aliviando la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente elevadas, generando un parque social de viviendas que permita el acceso a ellas de quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como he dicho, la suya a quienes la han perdido en los últimos. No basta con que los dos grandes partidos negocien entre ellos soluciones de compromiso, seguramente buscando tan solo el beneplácito de la banca, sino que deben escuchar a las organizaciones y movimientos que han estado en la calle defendiendo a los desahuciados años para garantizar, en definitiva, que el derecho a la vivienda sea efectivo para todos.

No podemos consentir que se limiten a lavarle la cara a los bancos. Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a las miles de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia y los hechos recientes demuestran que con la movilización social sirve, podemos conseguirlo.

El cierre de Garoña es inapelable

Rojo y Negro / Rebelión
Ecologistas En Acción se congratula por el cierre definitivo y ya inapelable de la central nuclear de Garoña. Después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibiera la documentación, el último capítulo de un proceso rocambolesco se salda con final feliz.


El próximo 6 de julio de 2013 será la fecha oficial de cierre de la central burgalesa, de acuerdo a una orden ministerial vigente. La clausura tendrá lugar una vez que el CSN estudie la documentación recibida y eleve al Ministerio de Industria Energía y Turismo un informe de evaluación.

Todos estos trámites acaban con un rocambolesco proceso que ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre el futuro de la central. El Gobierno, de acuerdo al programa electoral del Partido Popular, abogó por la continuidad de Garoña. Una orden Ministerial permitió a Nuclenor, empresa propietaria de la central, solicitar una prórroga de funcionamiento hasta 2019.

Pero el plazo de solicitud de prórroga venció el 6 de agosto y también lo hizo la fecha límite para presentar recurso administrativo, un mes después. Con el envío de la documentación al CSN, queda ya fuera de toda duda que Nuclenor, participada por Iberdrola y ENDESA al 50%, no buscará la prórroga.

Se cierra así el pulso que Iberdrola y ENDESA han echado al Gobierno para intentar favorecer las condiciones no solo de Garoña, sino del resto de las centrales nucleares españolas. Todas ellas se van a ver sometidas a una tasa por producción de la electricidad, por indicación directa de Bruselas, que considera que el actual mercado eléctrico español favorece esta fuente de energía. Además se verán obligadas a acometer inversiones derivadas de las pruebas de resistencia.

En el caso de Garoña debería además haberse realizado gastos adicionales por la mala situación de seguridad. No podía tampoco descartarse que en el futuro aparecieran nuevos problemas técnicos que dieran lugar a una parada de la central para reparaciones o, en el peor de los casos, a un accidente. Habría sido un verdadero escándalo político si el gobierno hubiera cedido ante la presión pública de la industria nuclear.

Ecologistas en Acción se congratula del cierre, que supone una reducción de los riesgos que sufre la población y el medio ambiente, y reclama un plan de desarrollo para la zona. La preocupación por los trabajadores y la comarca de Garoña debe ser prioritaria para las autoridades y los agentes sociales. La buena noticia del cierre se debe en última instancia a las mayores exigencias de seguridad y transparencia por parte de la sociedad, a las que debe someterse también el sector nuclear.

Lo que Inda se olvidó de incluir en su libro sobre Urdangarín

El confidencial / UCR
En el oportuno libro Urdangarín, un conseguidor en la Corte del rey Juan Carlos (Esfera de los libros), escrito por los periodistas del diario El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, se detallan cuatro reuniones clave en el caso del que actualmente entiende la justicia. La primera tuvo lugar entre el Rey, con asistencia del Príncipe de Asturias, y el propio ex jugador de balonmano. Un encuentro tenso en el que al duque de Palma le quedó claro que en La Zarzuela soltaban amarras y que lo que deseaban el monarca y el que aspira a serlo es que pusiera tierra de por medio. Él, chulesco, les respondió: “Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana… ¡pues yo también!”. 

Otra, entre don Juan Carlos y su hija la infanta Cristina, propiciada por la reina Sofía, en la que su padre le echó una bronca fenomenal y le pidió que se alejase del “conseguidor".

La tercera, cuando en la fiesta de su 40 cumpleaños, organizada en su honor por la infanta en su palacete de Pedralbes, pidió ayuda económica a su cuñado porque no podía hacer frente -20.000 euros mensuales-a la hipoteca del susodicho inmueble. Don Felipe, dicen los autores, le mandó a paseo y le recordó que en la Familia Real cada uno se paga su casa.

Pero el libro también nos relata con todo lujo de detalles la reunión de Zarzuela del 6 de julio de 2004, en la que el Rey puso en suerte a su yerno el toro valenciano. “Ahora pasad con Alberto Aza a una sala anexa, que Iñaki os quiere contar un proyecto”, comentó a Paco Camps y Rita Barberá, que habían acudido a Palacio a hablar de la Copa América. Dos meses después, ambos le adjudicaron a dedo el primer Valencia Summit por 1,1 millones de euros.

Inda y Urreiztieta han olvidado recordar en el libro, según su propio testimonio, que el Rey instó al dueño del imperio LVHM (Louis Vuitton, Hermès y Möet), Bernard Arnault, a dar 200.000 euros al marido de su hija. La primera fortuna de Francia se mosqueó, no entendía nada, pero al final accedió a astillar 100.000. Este episodio, sin embargo, no apareció finalmente en el libro.

Los primeros ocho imputados del 'caso Bankia' cobraron 2,2 millones de euros sólo en 2011

Andrés Muniz (Público) / Kaos en la red

Pese a sus jugosas retribuciones, ninguno se enteró de la gravedad del agujero de la entidad antes de la dimisión de Rato, según han declarado. Dos de ellos fueron incluidos en la Comisión de Auditoría del banco pese a no saber contabilidad 

 La primera ronda de testimonios del 'caso Bankia', desarrollada esta semana, ha servido para constatar que ocho exconsejeros imputados en la causa no sabían que la entidad tenía un agujero contable superior a 2.900 millones de euros, y que sólo lo conocieron, generalmente por los periódicos, a partir de la dimisión de Rodrigo Rato el 9 de mayo de 2012. Eso es lo que ha escuchado desde el lunes el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Fernando Andreu.

Pese a esta 'ceguera' generalizada respecto a la penosa realidad del banco --que le ha obligado a pedir un rescate de 23.000 millones de euros--, estos ocho exconsejeros del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, se embolsaron en retribuciones y dietas del grupo, sólo en el año 2011, un total de2.249.000 euros, según los datos aportados por la entidad al Banco de España.

A la cabeza de ese ranking figura Mercedes Rojo Izquierdo, exasesora de Esperanza Aguirre, con 374.000 euros ingresados el año pasado. Se da la particularidad de que, según confesó al juez, no tiene conocimientos financieros ni de contabilidad, sino de farmacia, aunque no acabó la carrera. Pese a esa falta de preparación, fue incluida precisamente en la Comisión de Auditoría del banco, aunque ella misma puso reparos por no considerarse idónea. ""Hay otra gente que sí sabe", le contestaron.

A continuación, figura Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, con Aznar como presidente del Gobierno y en la primera etapa de Montoro como ministro del ramo. Cobró del grupo en 2011 un total de 355.000 euros.

Por encima de los 300.000 euros también se situaron Angel Villanueva, secretario general de Bancaja (307.000) ; y el empresario levantino de muebles Remigio Pellicer (302.000), éste último colocado en el Consejo a propuesta del PSOE. Al estilo de Mercedes Rojo, Pellicer fue incluido en la Comisión de Auditoría, sin especial preparación en contabilidad, y, aunque tuvo reticencias, aseguró que fue designado para ese órgano sin que le consultaran.

El exsecretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada, ,considerado persona de confianza de Rodrigo Rato en el partido, se embolsó en 2011 un total de 270.000 euros. A renglón seguido de esta peculiar lista, el presidente de La Caja de Canarias y Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, con 235.000 euros; el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la etapa Ruiz-Gallardón, Jesús Pedroche, con 204.000; y el exconcejal socialista en Madrid José María de la Riva.

Como resumió Suárez del Toro, la misión de todos ellos era meramente "asistir a las reuniones del Consejo". Por sus testimonios ante el juez, ninguno supo que la auditora Deloitte había lanzado advertencias a la elaboración de las cuentas antes de que, en marzo de este año, Bankia declarase unos beneficios de 305 millones de euros, ni, en defintiiva, tomaron conocimiento del agujero de la entidad --que pasó a reconocer pérdidas por 2.900 millones en mayo--, hasta la dimisión de Rodrigo Rato.

Sobre los consejos del Banco de España de la necesidad de profesionalizar el Consejo, ante la evidente politización del órgano --quién no es del PP, es del PSOE o de los sindicatos--, algún testigo aclaró la cuestión: "La composición y las designaciones las marcaba la Ley".

Poco en claro se ha sacado de las comparecencias, aparte de esa falta de información que alegan tener del agujero de Bankia antes de que estallara el escándalo.

Algunos, como Pedroche o Romerto de Tejada, han llegado a sostener que fue correcta y tanto daba, desde el punto de vista contable, la declaración de beneficios de 305 millones y la de pérdidas, dos meses después, por 2.900 millones. Argumentan que cambió el sistema de contabilidad aplicado por Deloitte, y que el Consejo decidió apoyar las nuevas cuentas presentadas por el sucesor de Rato, José Ignacio Goirigolzarri, por "sentido de la responsabilidad".

No han faltado entre estos primeros ocho comparecientes los que hayan apuntado además, como Pedroche, al Banco de España y al anterior Gobierno socialista como muñidores de la operación de fusión y salida a bolsa de Bankia. "Tuve la sensación de representar un guión escrito por otros", señaló el expresidente de la Asamblea de Madrid.

Y también se ha intentado culpabilizar a Deloitte, poniendo en duda que informasen al Consejo de problemas en las cuentas, como hicieron De la Riva y Romero de Tejada. Por ello, las acusaciones consideran esencial la declaración del representante de la auditora, que deberá aclarar esas insinuaciones.

En cuanto a la responsabilidad de Rato en una supuesta ocultacion de información de la situación real del banco a los consejeros, fuentes del caso destacan que, primero habría que probarlo, y, en segundo lugar, determinar si tenía obligación de facilitar datos de ese tipo al Consejo.

Las declaraciones de los 33 exconsejeros de BFA y Bankia proseguirán el próximo 19 de noviembre con la exdirigente del PP Mercedes de la Merced --quien por cierto, sólo en 2011, cobró del grupo 376.000 euros--. El cierre al desfile de imputados lo pondrá el expresidente de la entidad y vicepresidente económico del Gobierno desde 1996 a 2004, Rodrigo Rato.

El juez Andreu abrió el caso  al admitir a trámite, el pasado 4 de julio, una querella del partido Unión Progreso y Democracia. Acordó llamar como imputados a 33 exdirectivos, por delitos genéricos de apropiación indebidad, administración desleal, falsedad contable y maquinación para alterar el precio de las cosas, cuya imputación concreta a cada querellado realizará, si procede, después de tomarles declaración.

La nota del fraude

Roberto Bissio ( Red del TercerMundo) / Rebelión
En un histórico fallo de mil quinientas páginas (dos veces más largo que “El Quijote”) emitido en Sydney el lunes 5 de noviembre, la jueza federal australiana Jayne Jagot declaró culpables a la calificadora de riesgo Standard and Poors y al banco ABN-Amro por haber mentido a los inversores.

Los engañados fueron doce municipios de Nueva Gales del Sur que en 2006 compraron al banco papeles de inversión denominados “Rembrandt” a los que Standard and Poors había dado la nota AAA (triple A), reservada para las inversiones “extremadamente sólidas”.

Los papeles que llevaban el prestigioso nombre del pintor holandés y que en la jerga financiera se conocieron como CPDO (sigla en inglés de “obligaciones de deuda de proporción constante”) jamás hubieran sido adquiridos por los concejos municipales sin esta nota, ya que de lo que se trataba era de encontrar una manera segura de colocar el dinero de los fondos de pensión de sus trabajadores.

Pero la solidez no era tal. Los papeles colapsaron con la crisis financiera global y los inversores perdieron el noventa por ciento de los ahorros de sus funcionarios, unos dieciséis millones de dólares.

La suma es ínfima, comparada con el total de las pérdidas trillonarias ocasionadas por la crisis que estalló en setiembre de 2008 con la bancarrota de la banca de inversión Lehman en Wall Street. Pero de todas maneras las acciones de McGraw-Hill, la corporación propietaria de Standard and Poors, cayeron cinco por ciento en un día, ante el temor a que el fallo siente jurisprudencia y desate una cascada de demandas.

Al explicar el sistema financiero, muchos lo comparan con un casino. Cuanto mayor es el riesgo, mayor la ganancia si el jugador acierta. La calificadora de riesgo, en esta metáfora, apenas orienta al inversor en su decisión, explicando las posibilidades de que algo ocurra, pero no es su culpa si el caballo ganador no es el favorito y el apostador pierde su dinero.

En el mundo de las finanzas reales, los garitos de juego son un modelo de honestidad al lado de los comportamientos que la jueza Jagot describe en detalle en su sentencia. El banco ABN-Amro publicó informaciones “falsas” o “negligentemente distorsionantes” sobre el sistema de apuestas subyacente en el CPDO que estaba vendiendo. Este producto fue disfrazado como bueno, utilizando un modelo matemático sesgado y tomando datos sabidamente “exagerados” para que dieran el resultado mínimo que Standard and Poors requeriría para su nota máxima. Luego, en cuatro oportunidades diferentes, Standard and Poors confió en los datos y suposiciones de ABN-Amro sin verificarlos como debería hacer -según la jueza- una agencia calificadora de riesgo “razonablemente competente”. Una sola de estas verificaciones hubiera bastado para que “Rembrandt” perdiera su nota AAA.

La nota máxima de la calificadora no sólo era un requisito para que las autoridades municipales compraran, sino que a juicio de un testigo experto, el CPDO era “grotescamente complicado”, tanto que no podía esperarse de un concejero municipal que entendiera qué apuesta estaba haciendo.

Standard and Poors anuncio que apelará. Amanda Banton, abogada de los inversores, sostuvo que “este fallo ayudará a que las calificadoras de riesgo sean responsables y a que sus notas sean transparentes”.

Aunque lejano de los centros de poder y por montos relativamente pequeños, el juicio australiano es significativo porque apunta al corazón del mecanismo que llevó a la crisis financiera de 2008. En los años previos, la desregulación financiera permitió la creación de “vehículos de inversión” cada vez más complejos y riesgosos, que eran vendidos al público como buenos. En el caso de las hipotecas, por ejemplo, los bancos ansiosos por generar negocios en Estados Unidos concedían créditos hipotecarios a familias de bajos ingresos y empleos inestables. Estas hipotecas de baja calidad eran luego divididas en partes y mezcladas con una pequeña proporción de créditos buenos. El coctel financiero resultante recibía una calificación AAA de alguna de las tres grandes agencias (Standard and Poors, Moody’s o Finch) y era vendido al público como inversión o utilizado como colateral para “apalancar” papeles derivados.

Cuando la burbuja de las hipotecas estalló, los bancos fueron rescatados. El ABN-Amro, por ejemplo, fue comprado en 2007 por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis, y luego vuelto a comprar por el Estado holandés cuando los dos últimos quebraron en 2009. Pero nadie rescató a los inversores engañados o a los trabajadores que perdieron sus fondos de pensión por haber confiado en las calificadoras de riesgo.

En Estados Unidos, intentos similares de responsabilizar a estas agencias por sus errores han sido frenados con el argumento de que todo lo que hacen las calificadoras es opinar y la opinión, aun equivocada, está amparada por la libertad de expresión. La jueza Jagot, con su fallo histórico, pone las cosas en su lugar: en negocios, la mentira no es opinión sino fraude, y el fraude es un delito.

“Hay que latinoamericanizar Europa”

Entrevista a la politóloga Chantal Mouffe (Alba TV)


En un mundo multipolar, la democracia no puede ser un modelo único, exportado desde Europa y Norteamérica al resto del mundo. “Hay que aceptar que va a haber distintas formas de democracia, que corresponden a su adscripción en distintos contextos históricos”, dice la politóloga belga Chantal Mouffe. En perfecto castellano, modulado por una tonalidad francesa, Mouffe reivindica las experiencias democráticas latinoamericanas, en las que observa no un rechazo al modelo liberal-democrático occidental, sino una rearticulación de esas tradiciones pero “con predominio de la soberanía popular”.


–¿Cómo caracterizaría las diferencias entre las democracias europeas y las actuales experiencias democráticas en Latinoamérica?

– En la medida en que uno acepta, como es una tendencia importante hoy en las ciencias sociales, que no hay una modernidad sino muchas trayectorias diferentes hacia lo que se puede llamar modernidad, en la medida en que uno acepta la existencia de diferentes modernidades alternativas, también hay que aceptar formas múltiples de democracia. El modelo que es específico de Europa incluye una cierta articulación del liberalismo y la democracia, es una articulación entre dos tradiciones distintas, muy influenciada por la tradición judeocristiana y por la reforma protestante. Es una articulación contingente, no necesaria. No es legítimo pretender que ese modelo occidental sea aceptado por el resto del mundo. En el caso de América latina, uno no puede decir que la región no es parte de Occidente, pero eso tampoco quiere decir que Latinoamérica deba aceptar el modelo europeo. Creo que hay que pluralizar la idea de Occidente, aceptar variaciones en su interior y hablar de Occidentes. En las experiencias de las nuevas democracias de Sudamérica no hay un rechazo a la tradición liberal, pero sí hay una articulación distinta entre las tradiciones liberal y democrática.

– ¿En qué consiste?

– En Europa, el elemento liberal de las democracias se ha vuelto absolutamente dominante, mientras el elemento democrático, el de la igualdad y la soberanía popular, ha sido subordinado y, en algunos casos, eliminado. Si uno pregunta en Europa qué es la democracia, responden Estado de derecho, respeto de los derechos del hombre, separación de poderes, pero nadie va a hablar de soberanía popular y de igualdad. Algunos teóricos hasta sostienen que todo eso se ha vuelto obsoleto. No es sólo que la tradición liberal se ha vuelto hegemónica, sino que hay una interpretación específica, neoliberal, de esa tradición. Esto es lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, por eso es que muchos teóricos hablan de una posdemocracia, de una democracia que ha perdido todo sentido democrático. Contra los teóricos que consideran que el principio democrático y el liberal van necesariamente juntos, yo defiendo la tesis de que hay una lucha entre esas dos tendencias. En la historia europea, hubo momentos en que predominó el elemento democrático y en otros dominó el elemento liberal, como ocurre hoy. Ese predominio del componente liberal es lo que están poniendo en cuestión los gobiernos latinoamericanos, que han puesto al elemento democrático como elemento principal. El elemento liberal no ha sido eliminado, pero está subordinado. Por eso es que en Europa no se entienden las experiencias latinoamericanas y hay hostilidad hacia ellas, no sólo desde la derecha, también desde la izquierda. ¿Por qué no puede aceptar a estas democracias latinoamericanas? Tienen una cierta idea de que la democracia es el predominio de los procedimientos liberales. Lo fundamental para entender a las democracias latinoamericanas es que no se trata de un rechazo al modelo liberal-democrático, sino de una rearticulación con predominio de la soberanía popular.

– Usted ha criticado el principio de alternancia en el poder y, en su lugar, ha defendido la necesidad de que las democracias ofrezcan alternativas. ¿Cuál es su postura ante las reelecciones presidenciales?

– Acabo de leer un artículo en Le Monde Diplomatique, donde José Natanson argumenta contra la re-reelección y considera que hay que poner límites al poder del pueblo. Estoy de acuerdo con que el poder del pueblo debe tener cierto marco, pero uno no puede decir que países donde existe la posibilidad de la reelección indefinida, como Venezuela, sean menos democráticos que países sin esa posibilidad, como los europeos. En Europa se da una situación de alternancia: hay elecciones pero el pueblo no puede realmente escoger entre proyectos distintos. Elegir entre centroizquierda y centroderecha es prácticamente como elegir entre Coca Cola y Pepsi Cola. A partir de eso trato de explicar la falta de interés en la política representativa, la gente advierte que no hay diferencia. Desde mi perspectiva, el criterio para saber si un país es democrático es si a la gente se le da la posibilidad de escoger, si tienen alternativas y no simplemente alternancia entre partidos distintos que, una vez en el poder, no hacen ninguna transformación fundamental. El problema de la reelección lo veo como un fetichismo de ciertos procedimientos liberales. También es algo muy reciente, porque hasta hace poco un país como Francia no tenía ningún límite para la reelección del presidente. Se dan situaciones absurdas, como en Chile, donde el presidente puede tener un solo mandato. Michelle Bachelet era una persona muy popular y podría haber sido reelegida, pero la normativa no se lo permitía: eso sí que es una traba al poder del pueblo. La reelección puede ser una manera de luchar contra el predominio del liberalismo sobre la democracia. Evidentemente, eso no quiere decir tampoco que se deban abandonar todos los límites liberales.

– En su razonamiento, la alternativa queda atada a la figura del líder que ejerce la presidencia, pero también se podría pensar en que, dentro de un mismo espacio político, distintas figuras encarnen esa alternativa. Para decirlo de otra manera, la reelección indefinida ¿no promueve la debilidad de un proyecto al ligarlo a una sola persona?, ¿no elimina un incentivo a que los partidos generen mayor democracia interna y a que los gobiernos distribuyan el ejercicio del poder?

– Claro que, idealmente, es mejor cuando no hay una sola persona de la que depende un proyecto, porque eso siempre es muy peligroso. No es lo ideal. Pero cuando ése es el caso, no veo por qué no puede admitirse la reelección de esa persona. Idealmente, hay que crear las condiciones donde haya varias personas identificadas con un proyecto. Pero, cuando eso no ocurre, sería absurdo poner en riesgo un proyecto.

– ¿Encuentra alguna relación entre las diferencias de las democracias latinoamericanas y europeas y los modos en que una y otra región están enfrentando la crisis del capitalismo global?

– Lo que me parece muy interesante de las experiencias de Sudamérica es que se está poniendo en cuestión el modelo neoliberal: la ruptura con el FMI, la creación de instituciones regionales, una apuesta al desarrollo de un modelo alternativo. En Europa no parece haber interés en salir del neoliberalismo, y eso está relacionado con esa situación de posdemocracia, donde no hay diferencias claras entre centroderecha y centroizquierda. El problema fundamental es que se ha creado una especie de consenso al centro –el modelo teorizado por Tony Blair, por Anthony Giddens–, la idea de que después de la caída del Muro de Berlín ya no hay antagonismos y que no hay alternativas al modelo neoliberal, un marco en el cual los partidos de centroizquierda apenas pueden gestionar de manera un poco más humana esa globalización neoliberal. Pero en esos partidos no se ve ninguna tentativa de romper. Hay que reconocer que la Unión Europea no ayuda, porque tal como existe es parte del modelo neoliberal. Todas las medidas que está desarrollando la UE tratan de encontrar una salida neoliberal a una crisis provocada por el neoliberalismo. Soy profundamente europea y no quiero romper con la UE, pero creo que necesita un cambio muy profundo, para que empiece a permitir el desarrollo de un modelo alternativo. Afortunadamente, en forma muy reciente, en algunos países se está empezando a ver el nacimiento de partidos políticos que se sitúan a la izquierda de los partidos socialistas, que quieren llegar al gobierno –no son partidos de protesta– y desarrollar un modelo distinto, como el Partido de Izquierda en Francia, Syriza en Grecia o Die Linke en Alemania. Eso a muchos nos da esperanza de que pueda haber una puesta en cuestión del modelo neoliberal. En esos partidos hay un enorme interés por lo que pasa en América latina. Muchos creemos que hay que latinoamericanizar Europa, hay que aprender de estas experiencias que muestran que es posible luchar contra el neoliberalismo. Acá están más avanzados. Claro que han pasado por experiencias muy dolorosas...

– Al comprender al conflicto como inherente a la política y al considerar al consenso racional como imposible, usted plantea que la tarea de la democracia es transformar los antagonismos (la confrontación amigo-enemigo) en agonismos (adversarios que se reconocen derechos). ¿La responsabilidad de esa transformación se la atribuye a la sociedad y sus organizaciones en su conjunto? ¿O en particular al poder del Estado?

– Evidentemente, el Estado tiene un rol importante, pero también los partidos políticos, que son parte de la sociedad. La política necesariamente implica un nosotros y un ellos. Lo específico de la política son los conflictos que no se pueden resolver nunca de manera racional, poniéndose de acuerdo, por eso es que he criticado el modelo deliberativo. En la sociedad siempre hay sectores enfrentados. El conflicto tiene que ver con relaciones de poder, con la hegemonía. Esto es lo que la perspectiva liberal no quiere reconocer. El marxismo lo reconocía, pero lo limitaba a la lucha de clases, que no es la única forma posible de antagonismo. Entonces, el objetivo de la democracia no es encontrar los procedimientos para poner a todo el mundo de acuerdo, porque eso no es posible, sino encontrar cómo manejar el conflicto. Si el conflicto se da de manera antagónica, en una confrontación amigo-enemigo, donde no se reconoce la legitimidad del oponente y se trata de eliminarlo, sobre esa base no es posible organizar una sociedad democrática. Por eso es que muchos liberales creen que tienen que negar la dimensión del conflicto para pensar la democracia. Yo creo que el conflicto se puede dar también bajo la forma del agonismo, que no elimina el conflicto sino que en lugar de plantear una relación amigo-enemigo plantea una relación de adversarios. Si bien hay una lucha hegemónica, esa lucha se da bajo ciertos procedimientos democráticos. La tarea fundamental de una política democrática es crear todas las instituciones y los procedimientos para permitir al conflicto manifestarse de una manera agonística. Si eso no existe, el conflicto aparece bajo formas violentas. Por eso creo que hay responsabilidad de los partidos, que tienen que considerar a los otros como adversarios, no como enemigos a eliminar. Pero también es necesario al nivel del Estado que existan los canales que permitan esa expresión. Para tener una lucha agonística, es necesario que de los dos lados haya reconocimiento agonístico.

– ¿Cómo analiza, desde esa perspectiva, casos como los de Venezuela o Argentina?

– El caso de Venezuela es particularmente interesante en ese sentido, porque parece que se está dando un movimiento del antagonismo al agonismo. Durante toda una primera etapa, la oposición no admitía a Hugo Chávez y lo trataba como enemigo, intentaron darle un golpe de Estado: ése es un trato antagonista. Ahora –si no es una maniobra– parece haber un cambio: aceptaron entrar en las elecciones, Henrique Capriles no propone destruir todo lo que hizo Chávez y reconoce muchas cosas; parece estar creando las condiciones para lo que llamo un consenso conflictual –porque para que haya lucha agonística es necesario que haya una base común entre los adversarios, el respeto por ciertas reglas del juego–. En el caso de la Argentina, me parece que la situación es parecida a lo que era Venezuela antes de Capriles, porque no hay un consenso conflictual. Desde la oposición no se plantea una política de confrontación agonística con el Gobierno, me parece que hay tentativas de deslegitimarlo y ponerle trabas a algunas medidas –como el caso de la ley de medios–. No es una oposición constructiva, no parece proponer ningún proyecto alternativo, sino solamente tratar de impedir lo que propone el Gobierno

Hablando de víctimas…

Familiares de Víctimas. Noticias de Navarra
Antes de que acabe este año de 2012, es decir, el del 76º aniversario del golpe militar de 1936, quisiéramos hacer un pequeño homenaje a varios tudelanos de pro y buenos republicanos.


Hace algún tiempo, no tanto, allá por noviembre de 1936, en la fría y dolorosa noche del 12 de noviembre, fueron ejecutados, y soterrados cerca de la localidad ribera de Fontellas, ocho tudelanos después de haberlos encarcelado, sometido a trabajos forzados, y humillados ante sus propios paisanos, todo ello, sin el juicio previo correspondiente.

Estos ocho demócratas, entre los que se encontraban dos concejales de Tudela del partido socialista, elegidos democráticamente para el Ayuntamiento de Tudela, eran: Manuel Úcar, Nicolás Jalle, Rodrigo Saine, Francisco Jacoste, Pablo Bermejo, José Sesma y los dos referidos concejales, Francisco Úcar Liñan y Juan Navarro Anguiano. En los años 50 fueron trasladados al cementerio católico de Tudela, después de no pocos problemas con las autoproclamadas autoridades políticas.

Estas personas, después de 76 años se encuentran en el olvido más absoluto y es hora de que sean tenidos en cuenta en la memoria colectiva y en la verdad para que la igualdad de las personas por las que ellos lucharon y la igualdad de las víctimas de cualquier tipo de violencia no sea solo un eslogan.

La dignidad del reconocimiento de las víctimas, se alcanza en la verdad y en el reconocimiento de todas ellas, basado todo ello en la igualdad de las personas. La reconciliación social no se puede sustentar más que en borrar la diferencia entre vencedores y vencidos, máxime cuando hablamos de personas que dieron su vida por un sistema político como la República, legalmente constituida.

Aún en julio de 2011, los partidos políticos UPN y PP rechazaron que el Pleno del Ayuntamiento de Tudela recordara y homenajeara la memoria de los dos ediles tudelanos asesinados en el 36.

Esta derecha que no reconoce la Ley de Memoria Histórica, hace que en localidades riberas se siga sin cumplir la norma de los símbolos franquistas y se niega a dar su voto para suprimir la condición de hijo adoptivo al generalísimo Franco en Tudela.

Todavía no se ha pedido perdón por la masacre de Gernika de hace 75 años y no han consentido apoyar la creación del Parque de la Memoria de Sartaguda, que ha sido erigido a pesar de su falta de colaboración.

Sin embargo, no se trata de abrir heridas sino de reclamar una vez más el reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que dieron todo, hasta su vida, por sus ideas y por la defensa de la legalidad. Es una ocasión para recordar a la ciudadanía tudelana que sigue habiendo víctimas, a las que ni tan siquiera se les ha pedido perdón, a las que no se les ha reconocido, a las que no se ha reparado, y que siguen siendo ignoradas por organismos oficiales, políticos y grupos mediáticos. Somos varias las familias que recordamos a nuestros seres queridos hechos desaparecer en aquella fatídica noche

La UJCEy el PCE lanzan una campaña por la huelga del 14N

Mundo Obrero
Tras la aprobación de la última reforma laboral, el número de desempleados en nuestro país ha ascendido en más de un millón de personas, dato que deja entrever que no solo las políticas de austeridad aprobadas por el gobierno del PP no han servido para detener esta sangría de despidos, sino que además son la causa del agravamiento del paro en España.


Si a este desastroso paisaje lo acompañamos de la aprobación de los Presupuestos más restrictivos y antisociales de la historia, una subida de impuestos regresivos y el recorte de servicios y recursos sociales y sanitarios, el panorama que se nos dibuja es desolador. Esta crisis no la nota solo el desempleado, sino también los asalariados que ven cómo sus salarios se reducen mientras el precio de todos los bienes de consumo aumenta.

Por todo ello, la UJCE y el PCE han lanzado una campaña contra los recortes y de apoyo a la Huelga General del 14 de noviembre, convocatoria que además trasciende fronteras habiendo sido convocada también en Portugal, Grecia, Chipre e Italia. Esta campaña incluye un díptico explicando lo que suponen los recortes emprendidos por el gobierno de Rajoy y enumerando las medidas que propone el PCE para salir de la crisis, cartelería y un vídeo conjunto contra los recortes y de apoyo a la jornada del #14N. Además, se lanzó a través de Twitter el hashtag #STOPtroika para presentar el vídeo, habiendo logrado ser Trending Topic a nivel del Estado.

¿Qué guerra hemos perdido?

Agustín Moreno / Cuarto poder / Rebelión
Hoy en España mucha gente pasa hambre. Parecemos un país devastado por algún terrible conflicto. La población se empobrece a un ritmo acelerado, está atemorizada, pierde sus esperanzas y sueños. No tiene expectativas de mejora, sino de seguir escuchando malas noticias y sufriendo peores decisiones. Toda una generación perdida.


Para J.P. Morgan, la economía española se encuentra en una de las mayores crisis de su historia y ha publicado un gráfico del PIB real de los últimos 160 años en el que se muestra que España está en su peor crisis desde la guerra civil y desde 1850, con una caída de la economía que raramente se ha visto en la historia moderna del país.

Efectivamente, los datos de la situación económica y social son escalofriantes. La economía está en recesión y las perspectivas son sombrías. Los salarios caen en picado, se disparan los EREs y los despidos con la reforma laboral, se cierran decenas de miles de empresas medianas y pequeñas. Desde 2008, más de 400.000 familias han perdido sus viviendas por los desahucios. El paro está casi en los 6 millones de personas. Aún más grave es el caso de los jóvenes, con uno de cada dos en el desempleo, a pesar de la cualificación académica y profesional, lo que les hace escoger el camino del exilio laboral. Se calcula un saldo migratorio negativo en esta década de 945.000 personas, según el Informe Económico Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2013.

Mientras crece el número de millonarios, la pobreza alcanza niveles de record y afecta al 20% de la población. Hay 1.737.600 familias con todos sus miembros sin trabajo, dos millones de parados sin cobrar prestación. Es especialmente terrible la pobreza infantil, con más de dos millones de niños en ese estado. Hay una inflexión en la esperanza de vida, que empieza a retroceder, y la natalidad se está viendo afectada.

Estamos ante un ataque en toda regla al estado democrático, social y de derecho del que habla nuestra Constitución. Paro, pobreza, empobrecimiento y expropiación de lo público, resumen la situación de un país intervenido, de facto, por las decisiones de los mercados y las autoridades comunitarias, aunque se niegue y oculte por el gobierno español. Que se ha visto obligado a pedir 100.000 millones de euros para rescatar a una banca que ha estafado a los ciudadanos. Y a cambio, se han impuesto los mismos recortes que a otros países de la Unión Europea anteriormente rescatados: reducción de empleo público, bajada de salarios, aumento de jornada y supresión de pagas extras a los funcionarios, privatizaciones de empresa públicas, despido más fácil y barato, aumento de la edad de jubilación y endurecimiento de las condiciones, ataque a los servicios públicos esenciales (enseñanza, sanidad, copago de los medicamentos…), regresión fiscal con medidas como la subida del IVA y del IRPF y la amnistía a los defraudadores, etc.

Todo ello, hace que el paisaje dominante sea la angustia y la inseguridad social y laboral por la falta de futuro. Desde hace cuatro años el suicidio es la principal causa de muerte externa –sin contar enfermedades- en España, más que los accidentes de tráfico. Los últimos datos del INE recogen que en 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi nueve al día. La crisis está detrás de muchos de ellos.

Somos un país que pierde soberanía y con unas instituciones en el mayor descrédito. En una reciente encuesta publicada, los colectivos en los que más confían los españoles eran los médicos, los científicos y el profesorado de la educación pública; por el contrario, la clase política, los bancos, jueces, los sindicatos y los obispos salían muy mal parados.

Nada es casual. Los paquetes sucesivos de recortes que se hacen contraviniendo totalmente el programa electoral con el que llegó al gobierno, aún no hace un año, el actual gobierno soluciones hay que aplicar urgentemente. No les interesa a los dos principales partidos que comparten responsabilidades sobre la actual situación. Ni se producen debates sobre el estado del país, ni se crean comisiones de investigación sobre la estafa bancaría y el golpe de estado financiero.

Rajoy sigue desaparecido y comparece a regañadientes para anunciar más y más recortes; espera que el mantra de la “herencia recibida” siga funcionando, al menos entre sus votantes.

El PSOE hace una oposición errática, criticando los recortes y planteando a la vez pactos de Estado para seguir recortando. Tampoco se renueva, ni construye un discurso coherentes ni recupera crédito entre la ciudadanía. Se podría pensar que juega a la certidumbre de que Rajoy se quemará con la crisis y que ello les creará oportunidades de retorno al poder sin cambiar sustancialmente de política, como ya hizo Zapatero. Pero más bien parece que el PSOE, con su oposición de baja intensidad, se instala en una travesía voluntaria del desierto para no recuperar espacio político y no tener que gobernar a corto plazo. Sólo así se explica que mantenga el liderazgo de Rubalcaba y que presente a determinados candidatos en las elecciones autonómicas.

De lo que podemos estar seguros es que no se saldrá de esta situación con la política de austeridad. Algo que, inteligentemente, opinan tres de cada cuatro ciudadanos españoles y premios Nobel de economía del peso de Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Con los ajustes seguiremos andando por el fondo de la piscina unos cuantos años más y cuando salgamos a flote, quizá dentro de diez-quince años, el nivel salarial, de derechos, del estado social será de mínimos.

Por ello la pregunta a hacerse ante este estado de cosas es ¿qué guerra hemos perdido para que los ciudadanos españoles suframos este castigo? Las respuestas pueden ser varias.

Creo que la principal derrota es haber dejado la política en manos de los poderosos, los aprovechados y los corruptos, en aquellos que sólo gobiernan para sus intereses. Haber renunciado a controlar al poder político por parte de los ciudadanos. Permitir que los bancos y los neoliberales se ocupen de algo tan importante como la economía. Consentir que políticos mediocres nos gobiernen. Tolerar que se incumplan una y otra vez los compromisos electorales. Permitir una construcción europea a la medida de los mercados y del gran capital.

No movilizarnos suficientemente contra la injusticia y el desmantelamiento de los derechos.

Aunque las cosas vienen de lejos. Visto con perspectiva histórica, la principal batalla perdida ha sido el modelo escasamente democrático implantado en la transición, donde se excluían temas “intocables” (monarquía, memoria histórica, poder de la iglesia y del ejército, modelo territorial…) y se fomentaba la despolitización ciudadana (partitocracia, ley de D`Hondt, listas cerradas, irresponsabilidad de los políticos…). Lo que suponía una soberanía descafeinada y la pasividad política de la ciudadanía. Y hoy el coste es demasiado alto.

Por ello, estamos obligados a resistir, a organizarnos, a construir alternativas. Empezando por exigir a los sindicatos, a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales (15-M, 25-S…) que nos convoquen a una lucha unitaria, sostenida y contundente. Con la Huelga General del 14 de noviembre, tenemos la oportunidad de gritar ¡Basta ya! y de empezar a levantarnos.

Pero debe de ser sólo el comienzo. Después tendrá que venir una profunda regeneración democrática, en la se implique la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas alejados y expulsados de la política, si queremos transformar la sociedad.