LUIS DÍEZ | 8 DE JULIO DE 2013
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El catedrático Joaquín Aparicio Tovar, en un momento de la entrevista. / Luis Díez
El catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Joaquín Aparicio Tovar es uno de los máximos expertos en Seguridad Social con el que no han contado para elaborar el informe sobre el famoso “factor de sostenibilidad” de las pensiones. “Así es” , dice mientras encargamos dos vinos blancos a un veterano camarero del café Comercial, donde algunos jubilados libran interminables partidas de ajedrez.
– ¿Le pareció correcta la elección de sabios?
– El método del Gobierno no me ha parecido muy adecuado porque había una clarísima abundancia de economistas y es erróneo que siempre que se habla de Seguridad Social se llame primero a economistas. En segundo lugar, la mayoría de los economistas convocados eran del sector de la banca y los seguros. Aunque estoy convencido de su honradez intelectual y de que actuaron con independencia, en el sentido de que no recibieron ninguna llamada o instrucción, ellos mismos parten de unos esquemas intelectuales muy determinados.
– ¿Qué opinión le merece el informe?
– El informe no es correcto porque parte de unos supuestos que no están demostrados. Es más, con toda seguridad, el supuesto de partida de que la evolución demográfica hará insostenible la Seguridad Social al 2060, carece de fundamento. Tiene efectos en la población porque acongoja.
Dice el profesor Umberto Romagnoli que el siglo XX fue el siglo del Derecho del Trabajo, aunque siempre en una relación conflictiva con la economía. Y si algo le caracteriza es que es ley y pacto, así como su carácter tuitivo, es decir, protector del sujeto más débil de la relación laboral: el trabajador. Pero el neoliberalismo mantiene el planteamiento de la “tabula rasa”, en el sentido de que para ayudar supuestamente a los parados hay que desproteger a los empleados. Es una coartada teórica, porque en la práctica busca un aumento brutal de la tasa de explotación de todos los trabajadores. Lo que podríamos llamar modelo neoesclavista de relaciones laborales impuesto por el PP y la CEOE, que debilita, a la vez, la ley y la negociación colectiva y nos adentra en la selva.
Lavapiés, uno de los barrios más multiculturales y populares de Madrid, ha recibido hoy con banderas republicanas, una sonora pitada y un coro de abucheos a Letizia Ortiz, a quien han increpado al grito de “Los Borbones fuera de Lavapies”, “Monarquía corrupta” y “Vergüenza”, mientras la policía les impedía acercarse a la comitiva a su llegada al Teatro Valle-Inclán. Ortiz tenía previsto entregar a mediodía los premios Buero de Teatro Joven, acompañada del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
No hay plena conciencia a nivel popular de las causas de los recortes públicos, y ello como consecuencia de la timidez de los medios de mayor difusión a la hora de enfrentarse a la banca, a la cual deben gran cantidad de dinero. En el caso de que ustedes crean que estoy exagerando, les ruego que consideren los siguientes datos. Pero antes permítanme que explique que el argumento que se utiliza para recortar el gasto público es que el Estado (tanto central como autonómico) debe dinero a aquellas instituciones financieras que se lo han prestado.
La reducción de las cifras oficiales de inscritos en el desempleo ha servido de excusa para que los equipos de comunicación del Gobierno lancen la consigna del optimismo respecto a la situación económica. Sin embargo, un mínimo acercamiento a los datos disponibles revela la fría realidad: 
Existe una avalancha ideológica, procedente de los mayores centros de reflexión próximos a la banca privada y a la gran patronal (tales como Fedea, financiada por grandes bancos y grandes empresas) que están presionando para que bajen los salarios como medida para incrementar la competitividad de la economía española, favoreciendo las exportaciones cuyo crecimiento sacará a España de la recesión. Este es también el mensaje que están promoviendo el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y, como no, el Banco Central Europeo y el Banco de España. Dicho mensaje es, predeciblemente, reproducido por los mayores medios de información del país, tanto públicos como privados, tanto orales como escritos.