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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que una modulación del derecho de manifestación podría ser "perfectamente legítima" en términos constitucionales, pero que cualquier "regulación de un derecho de expresión democrática de la ciudadanía" debe ser "excepcional". "Ningún derecho puede comportar una patente de corso", ha añadido.
Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en la sede del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) durante la firma de un convenio para
la destrucción de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas incautadas en operaciones policiales.
Con ello, extendía las palabras efectuadas horas antes en un
desayuno informativo organizado por Europa Press en las que afirmaba que
los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque
sólo "administrativamente" el derecho de manifestación.
"Una modulación como la que se sugiere pudiera ser perfectamente legítima en términos constitucionales",
ha indicado el fiscal general en la sede del Consejo del Poder
Judicial, precisando que, en todo caso, se deberían conocer más detalles
sobre una posible modulación.
"Plenitud de convivencia democrática para cualquier derecho de
expresion democrática de la ciudadania y regulación excepcional de estas
situaciones atendiendo a los bienes jurídicos protegidos", ha defendido
Torres-Dulce, para agregar que "ningún derecho puede comportar una patente de corso y puede ser objeto de una consideración que no sea delimitación".
En todo caso, se trataría de modulaciones siempre "excepcionales"
atendiendo al principio de 'favor libertatis', según ha enfatizado el
máximo representante del Ministerio Público.
Los derechos "no son absolutos"
El fiscal general del Estado ha puesto de relieve que la
Constitución ha recogido derechos fundamentales que son esenciales para
la "recta" convivencia democrática, como son el derecho a la libertad de
expresión, el derecho de reunión y el derecho de manifestación.
En esta línea, ha aludido a la "tajante" jurisprudencia del
Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos advirtiendo de que "no es posible concebir esa convivencia democrática sin un amplio desarrollo de esos derechos fundamentales".
Eso no significa, ha insistido, que los derechos sean "absolutos" y no puedan ser objeto de "limitaciones y restricciones" atendiendo al modo en que se realiza el ejercicio de esos derechos y el interés general.
Por su parte, el Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, no se plantea modificar la actual regulación del derecho de manifestación, informaron en fuentes gubernamentales.
La respuesta por parte del Ministerio del Interior se produce un
día después de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, plantease modular el derecho de reunión y manifestación
debido al gran número de actos de protesta que se han celebrado en la
capital de España en lo que va de año.
Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha desmarcado de esta
iniciativa, aunque las fuentes citadas entienden la situación que se ha
creado en los últimos meses en Madrid, donde algunos días han coincidido
varias manifestaciones.
También recuerdan que en algunos casos, cuando la Delegación del
Gobierno en Madrid no ha autorizado algunas manifestaciones, su decisión
ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano
judicial que finalmente las ha autorizado.
Otras fuentes gubernamentales indicaron, tras insistir en que no
habrá cambios en la regulación del derecho de manifestación, que sin
embargo sí es necesario introducir cambios legales para endurecer la
respuesta a aquellos que infringen las normas.