Unión de Actores
Los recortes en la inversión pública y las medidas antisociales que el Gobierno
ha adoptado en su política cultural son la consecuencia de tres planteamientos
muy corrosivos: la conformidad estratégica con la destrucción de puestos de
trabajo, una idea insustancial de la cultura y un menosprecio alarmante por la
ciudadanía española.
El desempleo es sin duda el problema fundamental de nuestra sociedad. No se
entiende que todas las medidas adoptadas para combatir la crisis económica
que padecemos estén más preocupadas por controlar el déficit y solucionar los
problemas de los bancos que por la creación de puestos de trabajo. Las
reformas laborales impuestas por los gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy sólo han servido para facilitar el despido y dañar la
dignidad laboral de los que todavía tienen la suerte de encontrar o conservar un
empleo. Porque el paro, desde la reforma laboral de Zapatero, en Junio de
2010, que era de 3.892.000 personas, ha aumentado en 1.800.000 parados
más, a día de hoy. A los que hay que añadir los cientos de miles de jóvenes
licenciados que la política de recortes de nuestro gobierno ha empujado al
exilio económico en otros países de Europa.
El sector de la cultura supone el 4% del Producto Interior Bruto de España y da
empleo directo a más de 600.000 personas. El desmantelamiento de la
inversión pública y la subida del IVA del 8% al 21 % para los espectáculos
culturales está provocando la paralización del sector, el cierre de empresas y el
despido de muchos trabajadores. Las ayudas económicas a la producción
cultural se han reducido, entre los años 2011 y 2013, un 75 % por parte del
gobierno central y se han suprimido totalmente en la mayoría de ayuntamientos
y autonomías. Los daños se proyectan de manera irreversible hacia el futuro
porque afectan a la formación y las posibilidades de los artistas más jóvenes.
Confundir la cultura con el rostro de algunos nombres famosos significa
desconocer de un modo demagógico la realidad humana, económica y laboral
de la música, el cine, el teatro, la literatura y el arte.
La confusión de la cultura con una idea insustancial del entretenimiento es una
operación neoliberal para separar a los ciudadanos de la educación intelectual
y sentimental, un derecho imprescindible para la formación de las conciencias
críticas. Educación y cultura son el fundamento de un contrato social de
carácter democrático. La Constitución Española, en su artículo 44.1, defiende
la cultura como un bien público que debe ser protegido por el Estado. La
operación de considerar los productos culturales como objetos de lujo y su
abandono posterior a los mecanismo exclusivos del mercado y de los intereses
privados supone un intento elitista de rebajar la educación de la ciudadanía,
impedir su formación colectiva y facilitar un panorama en el que triunfen la
demagogia, los instintos bajos y las manipulaciones mediáticas de los poderes
financieros. Sin la educación de las sensibilidades individuales resultan
imposibles el respeto y las voluntades solidarias que crean los vínculos de una
comunidad. El desprecio a la cultura provoca la incapacidad de comprensión
mutua, porque implica el desmantelamiento del pasado común, la falta de
diálogo en el presente y la cancelación del futuro.
Los ciudadanos holandeses y franceses que compran una entrada de teatro
pagan un máximo del 4,5 % de IVA. Los ciudadanos alemanes, el 7%. Pero su
salario mínimo interprofesional es de 1.445 € al mes, mientras en España es de
641 € mensuales. Y Portugal, un país rescatado e intervenido, y en peor
situación que España, lo mantiene en el 13 %. Que los ciudadanos españoles
tengamos que pagar el 21% es una muestra más del desprecio con el que
somos tratados por un Gobierno que ahoga a su población y obedece las
directrices de la banca alemana y de la política neoliberal impuesta por la
derecha europea.
Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura queremos denunciar esta
situación y unir nuestras fuerzas a todas las personas y las organizaciones que
están luchando por defender la dignidad de los ciudadanos españoles y el
derecho constitucional a un puesto de trabajo. Cada individuo afectado sufre la
crisis en la incertidumbre de su propia soledad. Pero las soluciones nos
esperan allí donde seamos capaces de reunirnos. Por eso nos
comprometemos a movilizarnos de manera colectiva para defender la
democracia, la justicia social y los servicios públicos en nuestro país y en una
Europa diferente.