Vivimos en un momento de crisis estructural. Crisis económica, institucional, social y cultural cuyo resultado no está escrito, dependerá de cómo finalmente quede la correlación de fuerzas y quién gane la hegemonía ideológica, se trata de un momento de alto riesgo en el que el Capital trata de imponer un modelo de sociedad autoritario.
En el marco internacional, el capital, para asegurar su dominio sobre la economía mundial, necesita cada vez más guerras y conflictos con el objetivo de conseguir el control de los recursos estratégicos. Las instituciones internacionales se han convertido, más que nunca en vehículos de propagación de esas políticas imperialistas tanto las económicas (FMI, BM y OMC) como las políticas (ONU y UE) y ésta última muy especialmente, acosada por las contradicciones de su propio modelo de construcción, que venimos denunciando desde 1992, e incluso desde antes, como un modelo al servicio de los intereses del capital financiero y transnacional y no de los de sus pueblos. Las políticas impuestas desde estas instancias con el pretexto de la salida de la crisis se están llevando por delante avances y conquistas sociales.
En esta coyuntura, la única salida aceptable pasa por un avance en la socialización y democratización de las relaciones de producción a nivel mundial, el ejemplo latinoamericano, con todas sus contradicciones, señala en la dirección adecuada: una reordenación de la economía al servicio de las necesidades humanas, la cooperación e integración regional como alternativa al imperialismo y una democratización de las estructuras políticas que aumente la influencia de las grandes mayorías oprimidas y explotadas.
Ningún modelo es exportable, pero al mismo tiempo todos contienen elementos de los que aprender, en nuestro caso tenemos que tener presente:
En nuestro país nos encontramos con el agotamiento del régimen socio-económico construido desde los años 70. Los poderes económicos españoles pudieron sortear las dificultades y acomodarse con éxito temporal a la evolución de la crisis capitalista de los 70 con el señuelo de la integración en “Europa”. Fueron capaces de generar consensos sociales en torno a la distribución de los “beneficios” derivados de la incorporación a la UE, primero la masiva inversión tanto directa como a través de los fondos europeos, luego con el impacto de los préstamos baratos que financiaron la burbuja inmobiliaria, todo ello "engrasado" con una serie de corruptelas que aseguraban el mantenimiento de un bipartidismo imperfecto (PP y PSOE, mas nacionalistas vascos y catalanes) bajo el paraguas de la institución monárquica que aseguraba la tranquilidad.
Esta burbuja lanzo a la sociedad al consumismo y ocultó la destrucción del tejido productivo y, más aún, la sustitución de un modelo de sociedad en la que el trabajo era un elemento de dignidad social por otro modelo insolidario que se basó en la cultura del "pelotazo" en el que lo importante era ganar el máximo de dinero en el menor tiempo posible, con un paro estructural y una precariedad sistemática como herramientas de disciplina para la clase trabajadora.
Agotada esta fase, la crisis se revela en toda su magnitud con el paro, la veloz destrucción de las conquistas sociales y el afloramiento de toda la corrupción extendida como un cáncer durante estos años.
Lo más relevante es que se manifiesta la inviabilidad de continuar en el futuro sobre la base económica en la que asienta su poder la burguesía española: el sector financiero, la construcción y obras públicas, los grandes servicios, y, en general, aquellas actividades que se apoyan en el Estado como garante y regulador de sus negocios, y que tiene la corrupción como un elemento estructural.
La salida antisocial, autoritaria y corrupta cobra sentido con el objetivo de construir un nuevo orden social, económico e institucional que consolide el dominio del Capital acabando con todas las conquistas fruto de más de 150 años de luchas para disciplinar a las clases trabajadoras y hacer irreversible el neoliberalismo en la Unión Europea, este es el núcleo de las políticas de austeridad.
El denominador común a la situación española y europea en el terreno político es la desaparición de toda democracia, incluso la formal. El neoliberalismo es una fase de retroceso de la democracia representativa en general (el renacer latinoamericano aparece precisamente como un proceso de ampliación de la democracia con la democracia participativa).
En estos momentos en Europa la aplicación de las políticas de austeridad y la reorganización del capital a escala europea requiere una vuelta de tuerca más como atestiguan todos los desarrollos recientes: el pacto del euro, la reforma de la Constitución, la supervisión centralizada de los presupuestos y el caso más agudizado, la implantación de gobiernos tecnócratas y los “memorandos” de la troika. Todo ello sobre una matriz esencialmente antidemocrática en cuya cúpula está el Banco Central Europeo cuya “autonomía” está diseñada esencialmente para proteger por encima de todo los intereses del capital financiero aislándolo de la influencia de la lucha de clases,
Por ello estallan ahora todos los escándalos de corrupción como la puntilla que acabe con cualquier referencia a la política en la salida a una crisis que ya no tiene a los banqueros o grandes empresarios como causantes, sino que “ha encontrado” en "los políticos" en general el elemento sobre el que centrar la ira popular que prepare el camino para entregar el gobierno de forma más o menos encubierta a “tecnócratas salvadores patrios”.
En último extremo la salida a una crisis que resulta evidente es estructural sólo puede tomar el aspecto de una transformación de las estructuras, que en el caso español implica entrar a fondo a discutir en tres terrenos que, por la propia naturaleza de la crisis, están íntimamente mezclados: el de la distribución de la riqueza, el del modelo productivo y el de la ética y la democracia. O dicho de otro modo, la cuestión del poder económico, ligado al modelo político e institucional.
Surge así la necesidad de recuperar, en primer lugar, la democracia, y hacerlo desde la defensa de la ética como punto de partida para cualquier alternativa, la defensa del concepto de Ética Republicana que tiene al trabajo como instrumento de valoración social.
Democracia entendida como la capacidad de los trabajadores y todos los sectores sociales subalternos de influir en el poder formalmente instituido. Esta propuesta debe comenzar por revertir la prioridad que ahora se le ha dado a los mercados y romper con la trampa de la deuda, obligando al sector financiero español a cargar con sus propios errores. El modelo democrático-representativo heredado de la transición, con una ley electoral tramposa y unas instituciones que funcionan a la medida del bipartidismo imperfecto dominante, se ha revelado insuficiente y se requieren luchas para procurar los cambios que sitúen al Estado, a todas las instituciones, empezando por las Cortes Generales, bajo el control directo de la ciudadanía y permitan iniciativas de democracia directa y participativa que rescaten lo público de los “mercados”. Aquí la reivindicación republicana y los proyectos constituyentes conectan tanto con la resistencia a los recortes como con las demandas de “democracia real ya”.
El problema de la construcción europea, desde unas bases sociales y democráticas, adquiere una nueva dimensión, totalmente incompatible con la actual modelo que tiene en el euro su máxima expresión, aparece de esta manera la necesidad de intervenir, a partir de la capacidad de actuar unilateralmente que tiene un Estado y con las consecuencias que podría tener para el conjunto de las élites económicas europeas una decisión soberana de impago español.
Frente a esa integración antidemocrática y neoliberal hay que oponer un proyecto de integración democrática, social y cooperativa, a partir de los núcleos de resistencia que se van construyendo en la oposición a la austeridad y a la salida neoliberal a la crisis se puede construir una Alternativa que plantee una integración cooperativa, con intercambios planificados y un sistema monetario y financiero controlados democráticamente, para ello es imprescindible derrotar, derribar la actual Europa del Euro.
En consecuencia con estos análisis y desde la plena coincidencia con los objetivos planteados en la X Asamblea Federal de IU de transformar la movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en Poder que dispute la hegemonía al capital y avance hacia la Rebelión Democrática de la mayoría social, y que se concretó en la Declaración Política aprobada en esta Asamblea Federal, el Partido Comunista de España, pone toda su capacidad política y organizativa al servicio de esta estrategia que se propone Construir una Alternativa Social, Anticapitalista, y Democrática a la crisis, en España y en Europa, construyendo las alianzas sociales capaces de conseguir una salida a la crisis, que se puede expresar como “rescatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos”.
Estas alianzas, que no tienen una finalidad institucional se deben configurar en un Bloque Social y Alternativo que se enfrente como un contrapoder con la tácita intervención de nuestro país por los poderes económicos europeos, bien con el disfraz de un “gobierno de salvación nacional” o con una "pseudodictadura o dictablanda" tecnócrata enmascarada. Este bloque debería confrontar desde la movilización los bloqueos legales, institucionales y jurídicos que desde la pesada carga de la deuda ilegitima posibilitan las políticas de austeridad empezando por la estabilidad presupuestaria y siguiendo por las reglas del juego de la UE: libre circulación de capitales, prohibición de financiación a través del Banco Central, etc.
El PCE ofrece a debate, sin ninguna otra pretensión, que la de aportar propuestas que faciliten demostrar que es posible una alternativa para rescatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos:
1. Programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio y de una renta básica para quienes no tengan otra prestación asegurando un salario mínimo de 1.000 euros y ninguna pensión por debajo del salario mínimo.
2. Auditoría de la deuda y rechazo de la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social.
3. Defensa de la Etica publica y expulsión de los corruptos de las instituciones mediante una mayor participación y control ciudadano sobre el gasto y la gestión pública, con democracia avanzada, participativa, con una separación efectiva entre Iglesia y Estado
4. Reforma de la constitución que fije la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso. Derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones.
5. Defensa de las políticas de igualdad como garantía de una sociedad justa y solidaria. Igualdad real entre mujeres y hombres frente a los retrocesos que el PP está llevando a efecto en los derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento feminista.
6. Reforma fiscal progresiva e intensificación de la lucha contra el fraude
7. Defensa de la Paz frente a la utilización de la Guerra como instrumento de dominio y apropiación de las riquezas del planeta.
8. Creación de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor (cajas de ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y banca del estado (deuda pública).
9. Garantizar el derecho a la vivienda y llevar a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la dación en pago con efectos retroactivos, la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.
10. Defensa de una República Federal Solidaria como modelo de Estado en el que puedan integrarse todos los pueblos del Estado Español, desde el respeto a sus identidades culturales y lingüísticas.
El PCE trabajará a escala europea para ampliar esta convergencia, con todos los medios a su alcance, especialmente entre los partidos, organizaciones y movimientos de los países llamados periféricos.