Después de que el Partido Popular diese el brazo a torcer el pasado 12 de febrero, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está en el Congreso en vías de tramitación. Ahora los activistas temen que en este camino parlamentario el texto sea vaciado de contenido y no tenga ningún parecido lo que se apruebe con lo que presentó el grupo promotor de la ILP, avalado por 1,4 millones de firmas.
“Hemos constatado, y más después de visitar el Congreso, que muchos diputados desconocen la realidad social de su país”, explica Adrià Alemany, miembro de la PAH de Catalunya. Para combatir la desinformación y proteger la esencia del texto -cuyos mínimos son la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social-, la plataforma ciudadana ha iniciado una nueva campaña de presión social. La PAH presentará este miércoles a las 11.00 horas a las puertas del Congreso de los Diputados su “Campaña de escrache: Hay vidas en juego”, “inspirada en la experiencia argentina en que movimientos sociales señalaron a responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar”.
Ya lo advirtió Ada Colau en el Congreso el pasado 6 de febrero. “Señalaremos con el dedo a todos aquellos diputados que no apoyen la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)”. Aquella frase, que algunos de los diputados de la Comisión de Economía y Competitividad allí presentes interpretaron como una “amenaza”, ha sido plasmada gráficamente en una imagen con dos círculos que representan los botones a los que se enfrentarán los 350 diputados durante la votación. “Sí se puede”, se puede leer en el botón verde. “¿Pero no quieren?”, en el rojo.
“Si sus señorías no van a la PAH, la PAH va a casa de sus señorías”. Con este espíritu, a partir de la semana que viene, los diputados PP, UPyD, PNV y UPN, que todavía guardan silencio sobre su apoyo, o no, al texto de la plataforma, serán informados personalmente por los afectados de qué supone perder una casa. Siempre, recuerdan los activistas, acciones pacíficas e informativas.
“Entendemos que si un diputado ha de legislar sobre un asunto en concreto, deberá estar informado para acertar con sus decisiones. Puesto que ahora mismo no es así, nosotros les informaremos uno a uno para evitar que desvirtúen nuestro trabajo colectivo y acaben por aprobar una ley descafeinada e insuficiente”, asegura Alemany.
Esta campaña empezó ya el 28 de febrero, cuando la PAH inició nueva acciones de información enviando una carta a los diputados para que conocieran “de primera mano” las consecuencias reales de los desahucios. En esta primera fase, llamada “PAHdagogía para sus Señorías”, a través del envío personal y las redes sociales (a través de esta herramienta), los activistas han hecho llegar a los diputados un mensaje: “Si no lo sabe es porque Usted se venda los ojos cuando sale a la calle o ignora las noticias en prensa sobre personas desesperadas que tristemente nos dejaron porque ya no pudieron más”. Además, han sido todos invitados a acudir a más de las 100 asambleas de la PAH que tienen lugar semanalmente en todo el país.
Como los mismos activistas confirmaron, el mismo día de arrancar esta campaña ya obtuvo un éxito importante: CiU y Coalición Canaria anunciaron que no presentarían enmiendas al texto de la ILP.
El calendario de la tramitación de la ILP sigue siendo confuso. A pesar del carácter de “urgencia” que intentaron imprimir los diputados populares en su discurso de aceptación del texto en boca del conservador Teodoro García Egea, la realidad es que el proceso de admisión de enmiendas se podría alargar. Como la propia PAH confirma, “el plazo de enmiendas se prevee que dure de dos a tres semanas, pero solo semana a semana se sabrá si se alarga o no”.
De hecho, Alemany ha declarado a La Marea que “se rumorea” que el próximo jueves 7 de marzo sea el día en que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la pregunta realizada en junio por el magistrado Fernández Seijo en base a un caso de cláusulas abusivas. Seijo planteó al Tribunal de Luxemburgo la posibilidad de que la legislación española sea ilegal por incumplir con una directiva comunitaria de protección del consumidor. “Es posible que estén esperando a conocer la resolución europea antes de mover ficha en el Congreso”, confiesa Alemany.