La tortura, una vez más
Iñigo Lamarca ·
Ararteko
La semana pasada se hizo público un
importante Dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en
relación con una denuncia por torturas presentada por una ciudadana vasca, Doña
Maria Atxabal. La víctima había sido detenida en junio de 1996, permaneciendo
incomunicada en dependencias de la Guardia Civil bajo una acusación de
colaboración con banda armada, de la que resultó absuelta. Durante los tres días
que duró su detención, afirmó haber sido sometida a largas sesiones de
interrogatorio sin asistencia letrada, desnuda y encapuchada, mientras sufría
golpes y amenazas de violación a ella y a su hija, a la que le hicieron creer
que también habían detenido junto a su marido. El informe forense de los
juzgados de Bilbao establecía que, a resultas de lo vivido durante su detención,
la denunciante “presenta un trastorno por Estrés Postraumático
secundario a la vivencia de un trato inhumano y vejatorio”. Las secuelas
que le han quedado son permanentes.
Tras analizar las alegaciones del
Estado, así como las evidencias presentadas, el Comité dictamina que el relato
de la víctima resulta coherente y detallado, y que el daño sufrido está
causalmente relacionado con el trato que recibió. Entiende por ello que,
teniendo en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentra la persona detenida en
régimen de incomunicación, existía una “importante presunción de
hecho” que no ha sido desvirtuada por el Estado. La conclusión a la que
llega el Comité es demoledora: los hechos ponen de manifiesto una violación del
derecho de esta ciudadana a no sufrir torturas.
Y lo hace en ejercicio de sus funciones
de salvaguarda de los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, unas funciones que no ejercieron, según el propio dictamen,
los mecanismos administrativos y jurisdiccionales a los que la ley impone esa
misma misión. Y es que la denuncia fue archivada sin ser suficientemente
investigada, una investigación que había pedido expresamente el pleno del
Ayuntamiento de Bilbao, sindicatos como ELA, CCOO, LAB y UGT, o entidades como
Pastoral Penitenciaria, Elkarri, Gesto por la Paz y un importante número de
organizaciones de iniciativa social, ámbito en el que trabajaba la víctima
atendiendo a personas drogodependientes. El Comité declara al respecto que el
Estado no proporcionó a esta señora, y debe hacerlo cuanto antes, una
investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y
castigo de sus responsables, y una reparación íntegra por el daño causado,
incluyendo medidas de asistencia médica especializada.
El Ararteko, comprometido con las
víctimas de todas las violaciones de Derechos Humanos, quiere hacer pública su
solidaridad y su respeto hacia la señora Atxabal, y subrayar la importancia de
que el Estado cumpla de forma íntegra y diligente este dictamen. También quiere
llamar la atención sobre dos graves problemas que en él se vuelven a poner de
manifiesto, y que esta institución ha venido denunciando repetidamente: que el
régimen de incomunicación posibilita la práctica de la tortura y el maltrato, y
debe por ello ser abolido; y que en España la lucha contra la tortura y el
maltrato se enfrenta a importantes carencias estructurales, tanto en materia de
prevención como de investigación y reparación.
Durante los tres días que duró su detención, afirmó haber sido sometida a largas sesiones de interrogatorio sin asistencia letrada, desnuda y encapuchada, mientras sufría golpes y amenazas de violación a ella y a su hija, a la que le hicieron creer que también habían detenido junto a su marido.
Exigimos por ello que se apliquen al
completo las recomendaciones que esta institución viene formulando al respecto,
y en las cuales insistió, hace escasas semanas, el Comité para la Prevención de
la Tortura del Consejo de Europa: abolición de la incomunicación y, mientras eso
no suceda, mayor proactividad para garantizar de forma efectiva los derechos de
la persona a la que se aplique, tanto por lo que se refiere al control judicial
de la detención, como a los exámenes forenses, materia en que el Instituto Vasco
de Medicina Legal representa una referencia a emular; investigación rigurosa e
independiente de las denuncias de tortura y maltrato por parte de los propios
cuerpos policiales; salvaguardas específicas como son la notificación a su
familia del lugar donde se encuentra detenida una persona, posibilidad de que
sea visitada por personal médico de su confianza, asistencia letrada desde el
momento de la detención y en todo interrogatorio al que sea sometida; y
grabación de imagen y sonido de toda su estancia en dependencias policiales,
conservándola a disposición del tribunal y las partes hasta que caduque toda
posible responsabilidad.
Por último, este mes conmemoraremos el
Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
Una buena ocasión para que los poderes públicos vascos se muestren activos
ante una realidad como la que la propia ONU pone de manifiesto por medio de este
dictamen: que lo que convierte a una persona en víctima de la tortura es el
hecho de haberla sufrido, con independencia de que se haya producido en un
contexto dictatorial o, como aquí sucedía, en el de la lucha antiterrorista
desarrollada por un estado de derecho. Es preciso por tanto que estas
violaciones de Derechos Humanos sean incluidas cuanto antes en la normativa que
las reconozca como tales. Se trata con ello de contribuir a asentar la
convivencia y la paz no sólo sobre las bases de la memoria y la reparación, sino
también sobre la superación de la impunidad de la tortura, una necesidad
ineludible, por otra parte, para que casos como el presente no vuelvan a
producirse.