Fátima Báñez no ha tenido ningún empacho en sostener, en sede parlamentaria, que su reforma laboral ha salvado 225.000 puestos de trabajo. De dónde sale semejante cifra es algo que nadie sabe, pero tengan por seguro que el PP y su coro mediático la repetirán a partir de ahora con la insistencia de un mantra. La inefable ministra de Empleo, ya entregada sin recato al autobombo, se ha atrevido incluso a atribuirle a la reforma el mérito de que la economía vaya ahora algo mejor que hace un año. Como si los españoles, que no acabamos de percibir esa supuesta mejora por ninguna parte, fuéramos rematadamente tontos.
Aquella reforma fue un generoso regalo de Mariano Rajoy a los empresarios, alentado por los más bulliciosos neocom de su partido, que han encontrado en la crisis el pretexto perfecto para desposeer a los trabajadores de los derechos conquistados durante los últimos treinta o cuarenta años.
Las catastróficas consecuencias los cambios normativos introducidos en febrero de 2012 saltan a la vista hasta en las estadísticas oficiales que elabora el propio ministerio de Fátima Báñez. El número de ERE ha crecido espectacularmente desde entonces, alcanzado la dramática media de 90 diarios.
No sólo no se ha parado la sangría de puestos de trabajo, sino que las cosas han ido a peor, como es de esperar cuando a los empresarios se les sirve en bandeja la posibilidad de despedir rápido y barato. Porque ése y no otro era el objetivo de la reforma, por más que el Gobierno quisiera vestirla de seda.
Sus efectos, sin embargo, han ido todavía más allá: por culpa de ella, miles de trabajadores cobran hoy menos que antes, después de haber tenido que aceptar una rebaja de sus sueldos, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, serían puestos de patitas en la calle gracias a las facilidades previstas en la nueva ley.
Se explica así el abaratamiento que ha sufrido en los últimos tiempos el coste de la mano de obra (más del 6% en términos reales) y que, según reconoce el Gobierno, está en el origen del reciente despegue de las exportaciones, apoyado en los precios en vez de en la ventaja competitiva de la calidad.
A cambio, la demanda interna, que es un buen reflejo de las condiciones de vida de los ciudadanos, sigue en franco retroceso, como no podía ser de otra forma en un país donde la banca sigue sin dar crédito, donde cada vez tiene trabajo menos gente y donde los que trabajan ganan cada vez menos.