El Gobierno del Partido Popular ha
presentado el anteproyecto de la ley reguladora del factor de sostenibilidad
y del índice de revalorización del sistema de la seguridad social. Se trata
de una reforma continuadora de la Ley 27/2011, de 1 de Agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
aprobada por el Gobierno del PSOE. Ambas reformas se enmarcan en el programa de
reformas estructurales que la troika está promoviendo para España y otros países
de la periferia europea.
En este caso la reforma plantea que existen
riesgos a medio y largo plazo en la sostenibilidad del sistema de la seguridad
social. Riesgos que estarían asociados con niveles bajos de natalidad y con la
elevación prevista de la esperanza de vida. Esos elementos explicarían, a juicio
del Gobierno, la aparición de déficits en las cuentas de la seguridad
social.
La Reforma aprueba, siguiendo el informe que un
comité de “expertos independientes” elaboró hace unos meses, una nueva
estructuración del Factor de Sostenibilidad con dos componentes: factor de
equidad intergeneracional (FEI) y factor de actualización anual de todas las
pensiones (FRA), ambas pudiendo tomar valores negativos.
El Factor de Sostenibilidad se presenta en
la ley “como un instrumento que permite vincular con carácter automático el
importe inicial de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad
Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas”. Afectará a
la determinación de las pensiones causadas a partir de enero de 2019, y sin duda
se trata de una reducción futura de las pensiones iniciales. Pero en realidad el
factor de sostenibilidad es algo más: es un incentivo para las pensiones
privadas. Su creación ahora es una llamada de atención a quienes puedan
suscribir fondos privados de pensiones con las entidades financieras ya que, en
definitiva, se está alertando de una rebaja considerable en las pensiones
futuras. Una especie de “sálvese quien pueda” que se deriva del inmediato
“nosotros no vamos a hacer nada”.
Es decir, el Gobierno simplemente actúa como
mercenario de las entidades financieras. Y lo reconoce ampliamente al
afirmar que el Factor de Sostenibilidad tiene también la función de
“facilitar que los ciudadanos tengan una imagen correcta de lo que el sistema de
pensiones puede pagar por sí mismo y puedan adoptar, en caso de considerarlo
necesario, decisiones correctamente informadas, a la vista del plazo
razonablemente largo para su inicial aplicación (1 de enero de 2019)”. Algo
repetido varias veces en el anteproyecto: “con la finalidad de que los futuros
pensionistas puedan ser informados de forma adecuada de las posibles
consecuencias de la puesta en práctica del Factor de Solidaridad y tomar
medidas en relación con las mismas, en caso de estimarlo conveniente”.
Por otra parte, el índice de revalorización anual
es un componente que el Gobierno ha creado con el objetivo de rebajar la
capacidad adquisitiva de los pensionistas pero permitiendo vender que se han
subido las pensiones en términos absolutos (un 0,25%). ¿Cómo es posible
esto?
La Constitución Española establece en el artículo
50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad”. Para concretar esa actualización periódica se desarrolló en
1997 un artículo, el 48, en la Ley General de la Seguridad Social, que
estableció la revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC. Si
subían los precios subirían las pensiones, manteniéndose de esa forma la
capacidad adquisitiva.
La nueva reforma plantea que todo eso ha de
cambiar. Ahora las pensiones no estarán vinculadas al IPC sino a un mecanismo
que plantea una subida mínima del 0,25%. Eso significa que si los precios,
medidos por el IPC, suben un 1% como espera el Gobierno, los pensionistas
perderán un 0,75% de su capacidad adquisitiva anual. Pero si el IPC subiera
mucho más, hasta el 2% como es el objetivo del Banco Central Europeo, los
pensionistas perderían hasta un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Este Índice
de Revalorización sustituirá a partir del 1 de enero de 2014 el índice de
referencia que se aplicaba desde 1997 para la revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social, lo que significa que en apenas unos meses se
notará el efecto regresivo.