Europa Press
La Comisión de
Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra ha aprobado el
dictamen en relación con la proposición de Ley Foral de reconocimiento y
reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la
represión a raíz del golpe militar de 1936. La proposición de Ley
Foral presentada por Izquierda-Ezkerra tiene por objeto "recuperar, reconocer y
rehabilitar la memoria histórica" de los represaliados a partir de los hechos
que dieron lugar a la implantación de la dictadura, a través de una serie de
actuaciones a desarrollar en colaboración con "ayuntamientos, entidades
académicas y asociaciones de familiares de fusilados y de Memoria
histórica".
Entre las medidas de
reconocimiento "público permanente" a impulsar desde el Gobierno de Navarra se
incluyen la celebración anual de un acto institucional dedicado a la memoria de
los presos encarcelados en el Penal del Fuerte San Cristóbal; la inauguración
del Parque de la Memoria de Sartaguda, al que se otorga el máximo nivel de
protección, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, y la
instalación (en tres meses) de sendas placas bilingües en la fachada de
Diputación y en el Atrio del Parlamento, con la relación de los funcionarios,
personal y cargos electos asesinados como consecuencia de la sublevación
militar.
A modo de "homenaje" a
los navarros recluidos en campos de concentración europeos debido a su lucha
"contra el fascismo y la libertad tras el golpe de estado franquista y durante
la II Guerra Mundial", en el plazo máximo de un año se colocará también una
placa en cada uno de los internados donde haya habido presencia navarra. UPN y
PPN se han opuesto a esta enmienda in voce que, suscrita por PSN, Aralar-Nabai,
I-E y los no adscritos, ha recabado también el voto a favor de
Bildu.
Además, a instancias
de Bildu, se promoverá la anulación de todas las "distinciones, nombramientos,
títulos, honores y demás formas de exaltación de personas vinculadas al régimen
franquista". Para ello, las Administraciones públicas de Navarra dispondrán de
un año para expedir las correspondientes certificaciones, que posteriormente
remitirán al Gobierno de España. UPN y PPN han votado en contra de esta
enmienda, que ha recabado el apoyo del resto de grupos.
En ese contexto y con
el ánimo de "deslegitimar definitivamente" los instrumentos jurídicos del
franquismo, el Gobierno de Navarra solicitará al Estado la nulidad de todos los
juicios que, por "motivos políticos vinculados a la República, a la Guerra Civil
o a la defensa de la democracia", llevaron a cabo tribunales militares o
civiles, incluida la cancelación de los fallos emitidos por Consejos de guerra,
tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represesión de
la Masonería y el Comunismo, y Tribunal de Orden Público (TOP). Sólo UPN y PPN
se han opuesto a la enmienda in voce presentada por PSN, Aralar-Nabai, I-E y los
no adscritos, que también ha respaldado Bildu.
No ha prosperado, sin
embargo, la petición formulada por Aralar-Nabai para solicitar al Ministerio de
Defensa la propiedad del Fuerte San Cristóbal, donde sugería ubicar un Museo de
la Memoria histórica, previa constitución de una comisión ocupada en tareas de
mantenimiento y, a futuro, rehabilitación del edificio. El respaldo de Bildu e
I-E ha sido insuficiente ante el rechazo de UPN y PPN y la abstención de PSN.
BÚSQUEDA Y CENSO
En otro orden de
cosas, la proposición de Ley pretende que la Administración "asuma" la tarea de
búsqueda, así como la elaboración de un censo "riguroso" de desaparecidos, de
modo que se "garantice a las familias el derecho a conocer dónde están sus
allegados, dado que hay más de mil asesinados en paradero desconocido".
La elaboración de
dicho inventario, constituido en registro administrativo de carácter público,
correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra. De
cara a facilitar una investigación administrativa lo más "rigurosa y
transparente" posible, se advierte que cualquier persona que descubra restos
susceptibles de pertenecer a desaparecidos durante la guerra civil o la
dictadura debe comunicarlo "inmediatamente" a la Administración
Foral.
En ese afán de ir
"esclareciendo" las desapariciones, se ordena la creación de un Banco de AND
que, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, se encargará de
conservar las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones
realizadas en la Comunidad Foral. Cualquier familiar podrá solicitar que le sean
tomadas muestras para, en el plazo de tres meses desde su requerimiento,
secuenciar y comparar su AND con los datos almacenados en dicho
Banco.
La norma, que recoge
el protocolo de exhumaciones y el acuerdo suscrito con el Ministerio de
Justicia, apuesta por mantener y, en su caso, "actualizar" el mapa de fosas de
Navarra, para lo cual la Administración "dispondrá la correspondiente partida en
los Presupuestos Generales".
La proposición
dispone, además, la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, una
serie de enclaves "reconocidos, preservados y con los gastos de mantenimiento a
cargo del Gobierno", tales como "fosas, lugares de detención, obras públicas
realizadas por esclavos o espacios destacados en los sucesos de aquella época".
La declaración corresponderá al Ejecutivo, a propuesta vinculante de la Comisión
Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, un órgano en el que,
amén del Parlamento y las Administraciones Públicas, estarán representadas
diversas entidades y asociaciones relacionadas con la materia.
Por último y en aras a
"mejorar la calidad democrática de nuestro sistema institucional", la Ley
significa que Navarra "procurará la aplicación de la doctrina de las Naciones
Unidas sobre crímenes contra la Humanidad". Esta aportación, como las relativas
al censo, al Centro Documental, al Banco de AND y a la Comisión Técnica de
Coordinación, ha sido producto de otra enmienda in voce presentada por PSN,
Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, que ha salido adelante con el apoyo de
Bildu y la oposición de UPN y PPN.
En el transcurso del
debate realizado en Comisión se han discutido 34 enmiendas, de las que se han
aprobado 19, las cinco in voce consensuadas por PSN, Aralar-Nabai, I-E y los no
adscritos, 2 de las 5 in voce de PSN, 7 de las 14 de Aralar-Nabai y 5 de las 8
registradas por Bildu.