13 DE OCTUBRE: II ASAMBLEA ESTATAL DE CONSTITUYENTES

EL SABADO 13 DE OCTUBRE TIENES UNA CITA


Hace muy poco era una idea. Hoy esa idea se ha hecho gente , jóvenes, abue­los, niños , mujeres, tra­ba­jadores , pueblo.



Ya se escucha fuerte el grito de la calle que exige una nueva Con­sti­tu­ción.



La repre­sión no podrá detener una marea ciu­dadana que empieza a rugir y que pronto se abrirá paso incon­tenible.



Los pueb­los de España no quieren una Con­sti­tu­ción hecha por unos pocos.



Una Con­sti­tu­ción Democrática debe ser el resul­tado de un pro­ceso de creación social, es decir de un Pro­ceso Con­sti­tuyente Ciu­dadano.



Un PROCESO CONSTITUYENTE CIUDADANO, hecho desde abajo. Donde todos podamos par­tic­i­par y expre­sarnos, Donde deben emerger aque­l­los val­ores y prin­ci­p­ios que quer­e­mos para nues­tras vidas . Donde el pueblo desar­rolle su poder con­sti­tuyente y proyecte un futuro com­par­tido.



Un PROCESO CONSTITUYENTE CIUDADANO, hecho por todos y todas. Donde podemos acudir como iguales, , hecho de calle, de poder del pueblo, de paz, de sol­i­dari­dad, de cer­canía local, física y emo­cional, de orga­ni­zación hor­i­zon­tal, de escuchar a los demás, de viven­cia de una real­i­dad democrática.



Porque esta vez no dejare­mos que el futuro sea secuestrado por una elite posee­dora de priv­i­le­gios políti­cos y económi­cos lla­mamos a dar los sigu­ientes paso orga­nizán­donos en todo el Estado.



LA TAREA DE HOY ES ORGANIZAR EL PODER CONSTITUYENTE



TE ESPERAMOS EN LA II ASAMBLEA ESTATAL DE CONSTITUYENTES



MADRID SABADO 13 DE OCTUBRE



10 HORAS. LA TABACALERA



c/EMBAJADORES 53, LAVAPIÉS

El nacionalismo españolista

El nacionalismo españolista

Política Catalana, Política Española Añada comentariosArtículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 5 de octubre de 2012



Este artículo describe las características de la ideología dominante del establishment español basado en Madrid, que se opone al desarrollo de una España plurinacional, mediante su control del Estado español.

Durante los Juegos Olímpicos pudimos oír como la BBC presentaba con toda naturalidad a Gran Bretaña como un Estado de varias naciones, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que tienen sus propios derechos claramente diferenciados. Sería impensable, sin embargo, que la televisión pública española diera un informe semejante sobre España. Y sería también impensable que el establishment español, basado en Madrid, admitiera que España es un Estado de varias naciones, cada una con su pleno derecho de autodeterminación, incluyendo su poder de escisión, si así lo desean, como ocurre en Gran Bretaña con Escocia o en Canadá con Quebec. Lo máximo que se llega a admitir es que España ya es, en realidad, un Estado federal, pues el gasto de las autonomías es mayor que el gasto gestionado por algunos Estados en un sistema federal.





Este argumento se repite una y otra vez sin haber variado ni un ápice desde hace ya años. Y desde luego, tales establishments tampoco reconocen que ellos mismos son profundamente nacionalistas, lo cual es fácil de ver que lo son, pues defienden una visión de España que niega la plurinacionalidad del Estado, sometiendo todas las otras nacionalidades al Estado español, a su cultura, idioma y comportamientos. En esta resistencia a la plurinacionalidad no ven ninguna expresión de dominio. El hecho de que los parlamentarios catalanes no puedan expresarse en catalán no lo ven como una imposición de dominio cultural. Cualquier defensa de tal plurinacionalidad es acusada de victimismo, de secesionismo, de falta de internacionalismo o peor, para una persona de izquierdas, de falta de solidaridad con el resto de España, asumiendo que tener un Estado central es la condición necesaria para distribuir la riqueza. Tal nacionalismo españolista se justifica así como garante de solidaridad, confundiendo solidaridad con uniformidad. Por lo demás, las demandas por parte de la gran mayoría de partidos políticos en Catalunya, excepto el PP catalán, son definidas como el resultado de los deseos de la burguesía catalana de expandir sus privilegios de clase a costa del resto de España. Esta interpretación de los hechos está enormemente generalizada y ha creado un sentimiento hostil hacia Catalunya que la derecha española ha rentabilizado electoralmente, estimulando tal sentimiento. Estos sentimientos aparecen también en sectores del nacionalismo españolista dentro de las izquierdas, de las que he llegado a oír que el entonces presidente Montilla o la dirigente socialista Manuela de Madre, “estaban contaminados de nacionalismo”.





Y el establishment españolista, basado en Madrid, considera un disparate indicar que tal establishment esté explotando a Catalunya o a cualquier otra comunidad. El hecho de que el sistema de transporte ferroviario sea enormemente radial, centrado en su gran parte en Madrid, se considera lógico y razonable, debido a la capitalidad de tal ciudad. Y el hecho de que se pueda ir de Barcelona a Madrid en dos horas y media, y que conlleve más de seis horas ir de Barcelona a Bilbao (que tiene la misma distancia), no se reconoce como indicador de algo que es profundamente injusto.





Es esta actitud y estos argumentos que han llevado a gran parte de Catalunya a un hartazgo y al deseo de separarse de España. Tengo muchísimos amigos aquí en Catalunya que nunca pensaron en separarse de España, y ahora lo están pensando y deseando.





Veamos.





1. Un socialista tiene que estar en contra de cualquier tipo de explotación, sea ésta de clase, género, raza o nación. Y dentro de España hay explotación de todo tipo, incluso de nación. Ya sé que esto nunca (repito, nunca) un intelectual del establishment madrileño, desde Fernando Savater al político José Bono y muchos otros lo aceptará. Pero, mientras, repito, pueden ir de Madrid a Barcelona en dos horas, pero para ir de Barcelona a Bilbao se necesitan seis horas y cuarto. ¿Nunca han oído el dicho del presidente Aznar de que el modelo ferroviario de España debería basarse en que cualquier capital de provincia no estuviera más distante de Madrid que 4 horas?





2. Las personas que pagan impuestos no viven en el vacío. Viven en territorios que necesitan servicios públicos e infraestructuras. Esta frase que continuamente se utiliza de que no son territorios pero individuos los que pagan impuestos, ignora que los individuos viven en territorios cuyos recursos públicos se financian por aportaciones individuales.





3. De ahí que sea lógico que desde Catalunya se hable de que ésta, al ser más rica, aporte más recursos, lo cual ninguna fuerza catalana ha cuestionado. La continua acusación que se hace a Catalunya de ser insolidaria es otro insulto más entre otros muchos que constantemente se hacen a Catalunya. El cuestionamiento de solidaridad, por muy extraño que parezca, no es el tema que está llevando a miles de catalanes a la calle. Que Catalunya, al ser más rica que el promedio de España, aporte más al erario público del Estado español que otras partes de España, por tener ciudadanos con más recursos, no ha conllevado ninguna objeción por la gran mayoría de partidos políticos catalanes. Ahora bien, los recursos que el Estado catalán recoge, debe revertirlos en Catalunya, donde tales ciudadanos viven, una vez se descuenta el pago de gastos comunes y la solidaridad con otras partes de España. Y en esta devolución a Catalunya tiene que incorporarse una variable más, el coste de vida, pues un pensionista catalán recibiendo la misma pensión que un extremeño, tiene menos capacidad adquisitiva, pues al ser el nivel de vida superior en Catalunya que en Extremadura, el pensionista catalán sale perjudicado. Y esto ocurre en muchas otras transferencias de gasto público. Recibir igual no es lo más equitativo. Además, una nación como Catalunya tiene la responsabilidad de garantizar la viabilidad y fortaleza de su lengua y de su cultura, lo cual requiere dinero y capacidad de decisión. Si Catalunya quiere permanecer como nación, debe considerar el catalán como la lengua prioritaria, sin que ello implique ninguna minusvaloración del idioma castellano, también patrimonio de Catalunya. Si ello no ocurriera, la propia fortaleza del castellano diluiría la cultura catalana hasta el punto de desaparecer (como ha ocurrido en Francia). ¿Es esto lo que desean los nacionalistas españoles? Me temo que algunos sí. Y que tal posibilidad exista, el nacionalismo españolista lo ignora.





4. El nacionalismo españolista es el más oprimente, pues es el que ha mandado y dominado el Estado español. Y actualmente está enrocado en la Constitución, que se considera erróneamente como reflejo de la voluntad de todos los españoles, sin tener en cuenta el momento y contexto en que se aprobó. Un gran desequilibrio de fuerzas explica la Transición inmodélica que creó una Constitución que reproduce este nacionalismo, hasta el punto que prohíbe por fuerza de las armas que Catalunya o el País Vasco pudieran escindirse de España si así lo desearan. Y a esto no le llaman los intelectuales en Madrid dominio y explotación. Por lo visto no se dan cuenta de que una unión es oprimente si no se hace voluntariamente.





5. El Estado de las autonomías no es un Estado federalista. Considerarlo como indicador a través del dato del porcentaje del gasto estatal total que se consume y se gestiona en una Comunidad Autónoma es un error metodológico notable, pues se confunde descentralización con autogobierno. Catalunya puede tener el 80% del gasto sanitario pero tiene una capacidad decisoria limitada en sanidad. Un tanto igual ocurre en educación. Como director de un programa académico en la UPF, tengo que pedir permiso a Madrid, al Ministerio de Educación, para cambiar una asignatura de mi programa. Imposible en EEUU, un Estado federal. Es inimaginable que yo tenga que llamar a Washington para pedir permiso para cambiar una asignatura de un programa académico en la The Johns Hopkins University en Baltimore, en el Estado de Maryland. En Barcelona, sin embargo, sí que tengo que hacerlo, llamando a la capital del Reino.





6. La Transición inmodélica, ocurrió en una situación excepcional, con gran dominio del proceso por parte de las fuerzas conservadoras que dominaban al Estado, estableciendo un Estado que es insatisfactorio para un número creciente de españoles. Su gran retraso social y su falta de plurinacionalidad son un indicador de ello. Y lo que está ocurriendo hoy en las calles de Barcelona (y también en Madrid) es un ejemplo muy claro. La animosidad de gran parte de la población catalana no es hacia España, sino hacia el establishment español y hacia el Estado, lo cual está ocurriendo a lo largo del territorio español. Se requiere un profundo cambio hacia el establecimiento de una España heredera de su pasado republicano con un Estado auténticamente democrático, social y plurinacional, en el que la democracia representativa sea auténticamente proporcional y auténticamente participativa en que las distintas naciones y regiones puedan desarrollar referéndums sobre lo que desean, con una Constitución en la que la unidad en el Estado sea voluntaria, libremente expresada, sin ninguna imposición, y en el que la solidaridad se ejerce, entre otros indicadores, por un pago contributivo según su riqueza, a un nivel que permita el continuo desarrollo de todas las naciones, incluyendo Catalunya, en que los órganos centrales estén distribuidos entre las distintas naciones sin que exista una capitalidad que centralice el poder del Estado. En EEUU, hay muchas agencias federales que están ubicadas en varios estados.





7. El hecho de que la derecha nacionalista catalana esté ahora intentando liderar el movimiento a favor de la autodeterminación no quiere decir que tal derecha sea la auténtica representante del movimiento. En realidad, en los momentos difíciles en Catalunya, como durante la dictadura, fueron las izquierdas las que, en una lucha heroica, defendieron más la identidad catalana, como incluso el presidente Pujol reconoció en su día. La burguesía catalana y la Iglesia catalana, incluyendo Montserrat, apoyaron el fascismo. Tampoco es cierto que todos los que estamos apoyando el derecho de autodeterminación estemos deseando la Secesión. Las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos en Catalunya que ya están pidiendo el autogobierno no están pidiendo la Secesión. Lo que sí que hay es un deseo mayoritario de que el Estado español no es el que se desea, lo cual no quiere decir la rotura con España.





8. No hay duda de que el gobierno CiU está utilizando tal movimiento para desviar la atención popular de lo que en este momento debería ser central, es decir, el impacto en la población de sus políticas neoliberales, llevadas a cabo con apoyo del PP en el Parlament y en las Cortes, donde CiU apoya tales políticas. Pero confundir esta realidad con la creciente fuerza de tal movimiento, evaluándolo como una simple estrategia de CiU es un profundo error. Hoy hay un hartazgo hacia el establishment español, basado en Madrid, que el establishment político catalán está intentando utilizar. Pero también el establishment españolista basado en Madrid lo está utilizando para movilizar, una vez más, el anticatalanismo.





9. Muchos en Catalunya han abandonado este proyecto de luchar por otra España, pues creen que España nunca cambiará. Hoy son independentistas. Simpatizo con ellos. Pero no quiero abandonar el proyecto de construir otra España, muy distinta a la actual, que sea auténticamente democrática, justa y plurinacional. Pero no es nada fácil, incluso también bastante agotador. Las izquierdas españolas gobernantes a pesar de definirse como federalistas, han hecho muy poco para desarrollar el federalismo. Ha sido un indicador más de su excesivo conformismo.

Nacionalismos, derecho a decidir y democracia

Buscar una vía democrática de solución del conflicto




Nacionalismos, derecho a decidir y democracia

Jaime Pastor



Jueves 4 de octubre de 2012





Desde la multitudinaria manifestación de la Diada la reivindicación del derecho a la autodeterminación y a la independencia ha pasado al centro de la agenda política en Catalunya y en el Estado español. No pretendo en este artículo analizar en profundidad los factores que ayudan a entender el rápido ascenso de la opción independentista, pero es evidente que en ello influyó notablemente el rechazo de la reforma estatutaria por el Tribunal Constitucional en julio de 2010, ya que se confirmaba así que las puertas de la Carta Magna estaban cerradas incluso para una apuesta que, aunque enmendada en aspectos importantes, contaba con el visto bueno del parlamento español. No es casual que desde entonces se haya ido extendiendo un movimiento municipalista y ciudadano en Catalunya, promotor de consultas populares con eco creciente, que ha culminado en el éxito alcanzado durante la jornada del 11 de septiembre.



Luego, el estallido de la crisis sistémica ha podido ayudar también a fomentar cierto sentimiento de agravio comparativo con argumentos discutibles pero acompañado –no lo olvidemos- por el temor a una recentralización del Estado, cada vez más visible en el proyecto del PP y ratificada recientemente por la beligerante intervención de la Corona. Ante este panorama, corroborado por las encuestas, no reconocer que nos encontramos ante un nuevo escenario en el que la vía “autonomista” ha fracasado y lo coherente desde un punto de vista democrático es respetar la libre decisión que quiera tomar el pueblo catalán sobre su futuro sería estar ciegos ante el más que probable “choque de trenes”.



Consciente de que ese independentismo ciudadano se produce en el contexto de una crisis de régimen y de la eurozona y buscando a la vez desviar la atención del desgaste que está sufriendo con sus recortes sociales, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por ponerse a la cabeza de ese movimiento y convocar unas elecciones anticipadas con el fin de convertirlas en plebiscitarias. Desde fuera de Catalunya podemos criticar el oportunismo de Mas y su innegable propósito de dejar al margen de la agenda los efectos de sus políticas neoliberales en nombre de un proyecto independentista que pretende aparecer a la vez como solución mágica a la crisis económica y social. Pero no por ello podemos dejar de poner en primer plano la denuncia de un nacionalismo español que, tanto en sus versiones más beligerantes -las del “TDP party”, la UPyD y el PP, con Vidal-Quadras pidiendo la intervención militar- como en las de un PSOE que de pronto ha redescubierto el federalismo “a la alemana” –o sea, uninacional-, sigue rechazando la necesidad de reconocer en condiciones de igualdad la realidad plurinacional existente dentro del Estado español.



No cabe pues más camino que el de buscar una vía democrática de solución del conflicto abierto, con mayor razón cuando probablemente puede volver a plantearse también en el caso vasco. Los “padres de la Constitución” de 1978 –en primer lugar, el rey y la jerarquía militar- quisieron tener “atada y bien atada” la “unidad e indivisibilidad de la Nación española”, pero 34 años después su fracaso es incontestable. Ni el Estado autonómico, ni la integración en la UE –con las constantes cesiones de soberanía hacia arriba que ha supuesto- han logrado ofrecer un reconocimiento y un “acomodo” suficientes de Catalunya dentro del Estado español. A lo máximo que se ha llegado desde “Madrid” ha sido a hablar de España como “Nación de naciones” (la primera con mayúscula y la segunda con minúsculas), pero ni siquiera eso es aceptable para un PP que sigue mostrando su nostalgia de la época colonial con conflictos como el que recientemente se produjo con el islote Tierra, o su persistente obsesión por vender una “marca España” al servicio de las multinacionales.



Responder a este reto con el argumento de que en la Constitución no cabe el derecho a la autodeterminación y de que en caso de referéndum tendría que votar el conjunto de la ciudadanía del Estado, además de antidemocrático, significaría generar una dinámica de confrontación que facilitaría un mayor sentimiento independentista en Catalunya. Una vez más, hay que decir que la responsabilidad principal en el escenario que se ha creado se encuentra en los “separadores” españoles. Ese fundamentalismo constitucional se ve hoy todavía más debilitado si tenemos en cuenta que la Carta Magna que defienden con tanta pasión se ve diariamente violada en su apartado dedicado a los derechos sociales, sobre todo tras la reforma que a toda prisa se hizo en pleno verano de 2011 en su artículo 135 para imponer la “regla de oro” del déficit y del pago de una deuda ilegítima. No cabe pues extrañarse de que lo que fue ya resultado de una “transacción asimétrica” sea cada vez más cuestionado en las calles y estemos entrando ya en una crisis abierta de régimen.



Por eso, en lo que se refiere a la cuestión que nos atañe no vendría mal recordar lo que declaraba el Tribunal Supremo de Canadá en 1998: “La Constitución no es una camisa de fuerza (…). Aunque es cierto que algunas tentativas de reforma de la Constitución han fracasado en el transcurso de los últimos años, un voto claro de la mayoría de quebequeses sobre una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes en la Confederación tendrían la obligación de reconocer”.



4/10/2012



http://blogs.publico.es/dominiopubl...



Jaime Pastor es Profesor de Ciencia Política en la UNED y autor de “Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda”, Los libros de Viento Sur-La oveja roja, 2012

Republicanos españoles, soldados luchando por la libertad

Republicanos españoles, soldados luchando por la libertad


Alejandro M. Gallo presenta su novela épica Morir bajo dos banderas



Publicado el Jueves 4 de octubre de 2012, a las 13:26













Morir bajo dos banderas

Portada de la novela de Alejandro M. Gallo

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Javi Álvarez - laRepúblicaCultural.es



Hace algunos años, de cañas con los compañeros de trabajo, nos pusimos a charlar de la II República y de la Guerra Civil que acabó ilícitamente con ella. La mayoría de nosotros estaba con los valores del progresismo social que representó la República. Éramos jóvenes y, aunque muy tecnificados, obreros al fin y al cabo, así que apoyar a los que se sublevaron y defender el retroceso que impusieron a este país terratenientes, poder financiero, militares e iglesia no estaba en los esquemas de ninguno. Sin embargo uno de mis compañeros se mostró violento y nos dijo: «No me habléis de ideales, lo único que sé es que mi abuelo se fue a luchar por ellos y lo que consiguió es dejar una viuda con ocho hijos y sin ninguna paga». Todos nos quedamos callados ante la cruda realidad que nos había expuesto, sin saber que decir después de aquello. En realidad mi compañero estaba utilizando el mismo discurso que aquellos que defienden la opción asumida de vivir de rodillas ante el poderoso aún por injusto que éste se muestre, los que dicen que el camino correcto es la sumisión y lo irremediable de la situación que tocó en suerte, los que se niegan a intentar soluciones por si los que mandan injustamente toman represalias contra su entorno. Las decisiones que tomamos afectan a los demás, a los que más queremos primero, y no solo cambian nuestra vida. Es así. Mi compañero nos decía que nadie tiene derecho a defender lo que piensa si eso pone en riesgo la vida y que cada quien carga con la responsabilidad de mantener a su familia por encima de todo lo demás. Aquella frase me dolió y no supe muy bien discutirla. Lo que sabía entonces es que quien así pensaba estaba totalmente equivocado, que habrá que pelear siempre por defender las ideas de progreso si es que una vez queremos vivir en un mundo más justo y humano.



Es difícil rebatir experiencias personales que a otro le afectan de lleno y ha estado rumiando toda su vida. Hoy tengo argumentos para responder, los he encontrado leyendo Morir bajo dos banderas, la novela de Alejandro Gallo. En ella un puñado de hombres, vencidos por el franquismo, siguieron luchando por la libertad y para acabar con cualquier fascismo. Salieron de España hacia un exilio miserable y eligieron volver a tomar las armas regresando a las trincheras. Incansables les llegó la gloria en su pelea cuando derrotaron al Mariscal Rommel, liberaron París, Estrasburgo… y hasta entraron los primeros al mismísimo Nido del Águila en el que se refugiaba Hitler. Franceses, ingleses y norteamericanos les colmaron de medallas y ellos soñaron entonces que los mismos tanques, con el apoyo de los aliados, seguirían hasta Madrid para acabar con Franco y derrotar por completo el fascismo. Pero no fue así, cada uno de los países con los que, en las mismas filas, habían combatido les fueron dando la espalda y el camino de la liberación para España se truncó. De la gloria ya solo pudieron emprender rumbo hacia la tumba que les sirviera de descanso.



No soy aficionado a la literatura bélica, y sin embargo reconozco que he leído Morir bajo dos banderas con gusto, pues circula en ella una marea subterránea de principios básicos y humanos que nos adentra en el libro y con los que se establece un fuerte vínculo. Quizá sea la forma sencilla de su autor la que nos va transmitiendo una emoción que hace latir más fuerte el corazón. Gallo nos cuenta a través de la familia Ardura la historia épica de los soldados republicanos en la Segunda Guerra Mundial. Lo hace con una novela extensa en la que abundan batallas y triunfos, pero también comportamientos silenciosos de héroes callados y en cierta forma anónimos; las mismas actitudes que surgen en las situaciones límites, las que son difícilmente soportables fuera de ese marco, las que marcan que no hay vida sin dignidad. El dolor es el motor que agita a los personajes y el sueño de que un día cese para todos, la esperanza que les hace invulnerables.



A Nico y Fran, los hermanos Ardura, les toca estar en todas las batallas importantes de la Segunda Guerra Mundial. Su madre y su hermana viven el exilio tras las alambradas de un campo de prisioneros en Orán. Su padre está prisionero en un campo de trabajo en las minas de wolframio del Bierzo, del que le permiten salir para alistarse en la División Azul y que él acepta tomándolo como una posibilidad de desertar y poder unirse a las tropas antifascistas de la Unión Soviética para seguir peleando. La novia de Fran nos adentra en la resistencia francesa y nos une con el maquis español. No queda un escenario sin visitar en sus duras vidas de soldados por la libertad, las de aquellos que cerraron la puerta al fascismo en Europa.



Francia reconstruyó su historia y difuminó a los soldados españoles que fueron los primeros en entrar a liberar París. Lo mismo hicieron norteamericanos e ingleses. En cierta manera, nuestros soldados republicanos, por su nacionalidad, han pasado al olvido de esa Historia vivida en Europa. Morir bajo dos banderas es un homenaje a esos luchadores que combatieron al fascismo en todos sus frentes y una manera de contribuir a que se pueda escuchar también nuestra Historia, recuperar sus gestas, su memoria, su honor y su dignidad y hacer que perdure. En España batallaron durante tres años enfrentándose a los ejércitos fascistas de Franco, Hitler y Mussolini. Perdieron, pero ningún otro ejército les resistió tanto. Luego, en los frentes africanos y europeos, con lo que aquí aprendieron, se volvieron colosos, soldados invencibles que se mandaban solos, con una ética infranqueable y por encima de cualquier orden.



Se convirtieron en los mejores soldados del siglo y Alejandro Gallo se ha preocupado de señalar al lector una otra vez por qué lo fueron. Nuestros compatriotas exigieron mandos valientes, que no pidieran a sus tropas lo que ellos mismos no se ofrecían a hacer, y a cambio se dejaron la piel en el campo de batalla, más allá de cualquier fatiga, venciendo cada obstáculo. Luchaban y mientras se fueron haciendo camaradas por encima de todo. Combatían y a la vez fueron forjando un deber honesto de borrar a Franco y su régimen del presente para que volviera la República que nunca debieron arrebatarnos. Les dividieron en diferentes unidades para que no pudieran estar juntos, pero así, cada vez que les cambiaban de destino volvían a coincidir con otros compatriotas que atesoraban las mismas ilusiones como una necesidad. Eligieron nunca más derramar la sangre de un hermano, de ningún otro español.



Su compromiso ante el fascismo fue firme y nunca vacilaron en ese camino hacia la libertad, anteponiéndola a todo, incluso a su vida. Un convencimiento que en Morir bajo dos banderas pone la emoción a flor de piel, especialmente con la leyenda que los niños crean en un campo de exterminio judío sobre el soldado de las chocolatinas. No hay demasiado pasajes de nuestra literatura que puedan resultar tan sentidos y llegar tanto al corazón.



Pero a aquellos soldados un tanto anárquicos, a aquel ejército de ratas como les llamaba Pétain, no les entendieron, ni quisieron hacerlo, y cuando cumplieron la última misión les apartaron. Morir bajo dos banderas también es una historia de traiciones, las de una Europa sorda que tras la guerra admitió y reconoció la dictadura de Franco como gobierno legítimo, la que dio la espalda a los españoles que quisieron entrar por el Valle de Arán y la que desarmó un pequeño ejército que tras terminar la guerra tomó el camino directo hacia la frontera de España.



Aquellos soldados españoles defendieron dos banderas con el mismo orgullo, la tricolor de la república y la francesa con la cruz de Lorena. A veces la dignidad está por encima y la vida es un precio aceptable para que los que queden puedan seguir manteniéndola.



A modo de pequeño anecdotario: En la Semana Negra del 2009, Evelyn Mesquida presentaba su libro La nueve, un trabajo de investigación de muchos años apoyado en los testimonios de aquellos republicanos españoles que liberaron París. Alejandro Gallo compartía mesa con la autora en aquella ocasión y se mostraba impresionado por el libro. Fruto de aquella pasión es el trabajo que comenzó entonces para novelar aquel momento histórico y que hoy culmina con la presentación de su novela Morir bajo dos banderas.

Venezuela: Un triunfo esperado, gratificante, alentador

Venezuela: Un triunfo esperado, gratificante, alentador






Artículos de Opinión
Aram Aharonian
08-10-2012




Latinoamérica sigue respirando sin sobresaltos: en las inmaculadas elecciones presidenciales venezolanas, el presidente Hugo Chávez fue reelecto para un tercer mandato, impidiendo la restauración neoliberal alentada desde Estados Unidos y varios países europeos y avivando, una vez más, el proceso integrador de la región.



El triunfo bolivariano es un aliento para aquellos que en Latinoamérica y el mundo buscan salida a la crisis del neoliberalismo: sí se puede luchar contra el capitalismo. “Venezuela ha cambiado. La lucha de clases (ocultada por la historia tradicional) que se inició desde el mismo siglo XVI, hoy día está culminando: la antigua hegemonía de la cultura burguesa está siendo suplantada por una contrahegemonía de la clase popular”, dice el historiador y antropólogo Mario Sanoja Obediente.



Seguramente el análisis de los guarismos compruebe que la oposición derechista y ultraderechista del pasado ha logrado calar sectores de las clases medias e incluso a sectores populares. Sectores que gracias a la Revolución Bolivariana no tienen como preocupación principal comer, acceder a la educación y a la salud y tener techo propio.



Entre los logros en los 14 años de gobierno bolivariano, se pueden sumar la reducción de la pobreza y del desempleo, la eliminación del analfabetismo, la consecución de un alto nivel de desarrollo humano, un acceso gratuito al sistema de salud y a una red eficiente de alimentos, y la ubicación del país como el quinto en matrícula universitaria.



Hoy las preocupaciones de muchos son las de las clases medias urbanas latinoamericanas: la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia e ineficacia del aparato burocrático. Jesse Chacón, ex ministro del Interior y ahora director de una encuestadora, señala que en Venezuela el contrato social se rompe en el ’89, con el Caracazo, cuando la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes estaba en 6. En una década pasó de seis a 37 y en 2009 estaba en 44.



“El Estado creyó algo que no es cierto: si disminuyes la pobreza, disminuye la violencia. Del ’99 al 2009 la pobreza se redujo a la mitad y la pobreza extrema del 27 por ciento bajó al siete por ciento, sin embargo, la violencia no decreció. Las medidas neoliberales de los noventa desarticularon la estructura social. Es un tema de veinte años de deterioro del campo simbólico que no se resuelve fácilmente”, indicó Chacón.



Del análisis de los resultados saldrá también el rumbo que emprenderá el nuevo período –el tercero- del gobierno bolivariano bajo la conducción de Hugo Chávez, porque en el aparato existe una tendencia dispuesta a negociar con la oposición de derecha.



El propio Chávez –siempre magnánimo en la victoria- dijo dos días antes de las elecciones: “Yo estoy dispuesto a abrir las compuertas, estas puertas de Miraflores, a tomar nuevas iniciativas de diálogo, a nombrar comisiones de diálogo con los distintos sectores de la vida económica (…) El socialismo del siglo XXI es democracia. Nosotros no estamos hablando de la dictadura del proletariado; no”.



Hay muchos perdedores. Entre ellos, la prensa comercial nacional e internacional que, cartelizadamente, quisieron crear un clima de violencia y de eventual fraude. La oposición no tendrá derecho a quejarse (aunque sin duda lo hará), pues controla la gran mayoría de los medios de información de masas, que mienten, manipulan, insultan e intentan imponer imaginarios colectivos virtuales, bien alejado de la realidad real.



El civismo fue absoluto, la violencia no apareció en ningún rincón del país durante el acto electoral. Uno de los mayores triunfos del bolivarianismo es haber convertido al ciudadano en sujeto de política (tradicionalmente fue objeto), como eslabón imprescindible para soñar con una democracia no declamativa sino participativa.



La próxima batalla



Asegura el sociólogo argentino-mexicano Guillermo Almeyra que la campaña de Chávez fue antes que nada de aparato y reforzará, por lo tanto, al aparato chavista, que está muy por detrás del radicalismo del presidente. “Eso es particularmente peligroso en el caso de que en las futuras elecciones del 16 de diciembre (de gobernadores de los estados) la oposición burguesa consiga aprovechar el desprestigio de los candidatos chavistas para conquistar el control de posiciones claves en el aparato estatal que hoy están en manos del gobierno”.



Seguramente retornará a los medios comerciales el tema de la enfermedad del presidente (su rendimiento, su eventual incapacidad), buscando la desestabilización, quizá el camino antidemocrático que una buena parte de la oposición no ha archivado aún, sabiéndose incapaz de acceder al poder por las vías electorales . En esta revolución bolivariana, Chávez no solo tiene el rol protagónico sino un papel irremplazable y hoy por hoy no hay sucesor ni plan posChávez.



La elección de gobernadores, a su vez, estará marcado por el resultado de las elecciones en Estados Unidos y enmarcada por la crisis del neoliberalismo a escala mundial. Algunos expertos alertan que una caída de la producción mundial reducirá el precio del petróleo y, por lo tanto, dificultará los planes sociales y económicos del chavismo en Venezuela, en la Unasur, el Mercosur y un encarecimiento de los alimentos que el país importa.



“Con Estados Unidos estamos siempre dispuestos a mejorar las relaciones (…) ojalá con el próximo gobierno y ojalá sea el de Obama, como ya lo dije, podamos nosotros rehacer el diálogo con los Estados Unidos”, señaló el presidente Chávez este sábado.



Destacó asimismo que Venezuela tiene una gran relevancia en el mundo, pues es la primera reserva de crudo del planeta. "Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que podría ocurrir quizá a finales de este siglo (...), quedarán cinco países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela", detalló. "Esto da a Venezuela una importancia especial desde hace un siglo", agregó.



Recordó, asimismo, que todos los presidentes del país que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero fueron derrocados: Cipriano Castro, Isaías Medina, Carlos Delgado, Rómulo Gallegos y él mismo. "La causa fundamental: el petróleo, porque los países poderosos de Occidente necesitan ese petróleo”.



Señaló que su gobierno también es adversado desde Occidente porque representa "lo que algunos llaman el mal ejemplo de Venezuela", es decir, "un país que es capaz de levantarse" contra el neoliberalismo. "Hemos demostrado muchas cosas sin el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), libres y soberanos, y acosados por todos esos poderes", comentó.



La oposición



La nueva caída significará que nuevos reacomodos se producirán en la oposición venezolana, antes o después de las elecciones de gobernadores, luego del giro táctico producido tras la caída en las presidenciales de 2006, con el abandono –al menos discursivo- de la vía violenta y la adopción de una estrategia anclada en la dura crítica de la gestión de gobierno, y la reapropiación de algunas de las principales ideas-fuerza del chavismo originario.



Seguramente el nuevo discurso se base en la necesidad de reconciliación nacional, que cuenta con el agrado del Departamento de Estado estadounidense, de ONGs internacionales o trasnacionales e, incluso, con el beneplácito de sectores académicos y una parte de la dirigencia chavista.



En tiendas chavistas el desafío será avanzar en el proyecto hacia el Socialismo del Siglo XXI, lo que supone la necesidad de una nueva forma de hacer política, eliminando de cuajo la “dedocracia” y la representación, para avanzar en la participación popular y protagónica, que incluye, sin lugar a dudas, la elección de las candidatos desde el poder comunal, desde las bases.



URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/58577

"EXHUMANDO FOSAS, RECUPERANDO DIGNIDADES"

“Exhumando fosas, recuperando dignidades” en el campus de Gipuzkoa de la UPV


20/09/2012



Del 11 de septiembre al 9 de octubre, la Sala ‘Andrestegi’ del Centro Carlos Santamaría del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, acoge la muestra ‘Exhumando fosas, recuperando dignidades’, organizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con la UPV/EHU y el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco. La presentación de la exposición ha corrido a cargo de la vicerrectora del campus, Cristina Uriarte, y el presidente de Aranzadi y docente de la UPV/EHU, Francisco Etxeberria.



La Sociedad de Ciencias Aranzadi recoge en esta exposición el trabajo realizado en torno a la investigación de fosas de la Guerra Civil desde el año 2000, en colaboración con la UPV/EHU y el Gobierno Vasco. Desde entonces hasta el día de hoy un equipo de diversos especialistas pertenecientes a Aranzadi y a la UPV/EHU ha participado en más de 120 exhumaciones en 11 comunidades autónomas, lo que supone el 30% de las exhumaciones realizadas en el Estado.



Gracias a que una de las líneas de trabajo en las exhumaciones se lleva a cabo a través del material gráfico y audiovisual, Aranzadi dispone de una base de datos con más de 40.000 fotografías realizadas a lo largo del proceso de localización y excavación de fosas; así como, la grabación de testimonios antes y durante la exhumación.



Este material, ya disponible para los investigadores, se muestra en una exposición, que bajo el título ‘Exhumando fosas, recuperando dignidades’, tiene como objetivo dar a conocer la labor realizada en aras de la recuperación y difusión de la Memoria Histórica.



La muestra se vertebra en cuatro bloques temáticos:



Las personas

La fosa

El laboratorio

El homenaje

A través de treinta y cuatro lienzos impresos con fotografías de diferentes exhumaciones, la exposición presenta tanto la faceta científica como humana del proceso de exhumación, dedicando una especial atención a las familias de las personas desaparecidas. Además, sobre el suelo de la sala se muestra una fotografía de gran formato de la fosa 4 de La Andaya, Burgos, en la que se ven los 29 esqueletos que se encontraron durante la excavación tal y como aparecieron en la fosa, prácticamente a tamaño natural. Se proyecta además de manera constante un DVD sobre la temática de la exposición.



La coordinación y dirección de la muestra corre a cargo de Pilar Cobo que ha contado con el asesoramiento técnico de Lourdes Herrasti, Iñaki Egaña y Francisco Etxeberria.



VIDEO SOBRE LA EXPOSICIÓN (ETB)

LOS DESAHUCIOS CRECEN AL MISMO RITMO QUE LAS AYUDAS A LOS BANCOS

Los desahucios crecen al mismo ritmo que las ayudas a los bancos


En el segundo semestre de este año se ha alcanzado en España una cifra récord de desahucios: 526 al día.







España
Víctor J. Sanz
08-10-2012




Mientras el número de desahucios hipotecarios no deja de crecer día a día, el Gobierno de Mariano Rajoy ultima los detalles de funcionamiento del llamado "banco malo", que comprará a las entidades financieras con dinero público las viviendas expropiadas a los ciudadanos a un precio sensiblemente inferior al que éstos seguirán debiendo a las entidades financieras que se las expropiaron.



Esta operación de saneamiento de la banca privada con dinero público impuesta por el Gobierno del Partido Popular a los ciudadanos, viene a sumarse a las ayudas que las entidades financieras han recibido en los últimos meses y que se cifran en miles de millones de euros.



Los desahucios registrados durante el segundo semestre (47.973), suponen un aumento del 3% sobre el registro del trimestre anterior.



Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid se encuentran a la cabeza en número de desahucios en este segundo trimestre, con 9.304, 8613, 7.978 y 6.636 respectivamente.



Este segundo trimestre es el primer periodo de cómputo tras la entrada en vigor del decreto-ley del Gobierno que regula la dación en pago.



Cabía esperar que, gracias a este decreto-ley, la cifra de desahucios fuera en descenso, pero el espíritu de la ley no es precisamente un gesto dirigido a los más necesitados, ya que es muy escaso el número de personas en situación de desahucio que podrán cumplir todos los requisitos que exige el decreto-ley para poder acceder a la dación en pago, como forma de liquidar definitivamente la deuda contraída con la entidad financiera; por todo ello la leyy el número de desahucios no deja de crecer ante la ineficacia del decreto-ley del Gobierno del Partido Popular.



Según el Consejo General del Poder Judicial, desde julio de 2008, cuando se desatara la crisis hipotecaria en España, se han registrado 247.188 desahucios de viviendas y locales. Esta cifra no incluye los deshaucios ordenados por Juzgados de Primera Instancia, responsables de la mayoría de las acciones de desalojo. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la cifra total de desahucios desde 2008 ascendería a los 400.000.

La Cumbre Social de Navarra, contra los recortes en los PGE

Diario de Noticias de Navarra
La Cumbre Social de Navarra, en la que se integran UGT, CCOO y otras 36 entidades sociales, se ha concentrado este domingo en Pamplona para mostrar su rechazo a "las últimas medidas de recorte anunciadas por el Gobierno en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2013", que a su juicio, son "un nuevo ataque sin precedentes contra el conjunto de la sociedad".

Los asistentes, unos 250 según Policía Nacional y unos 1.000 según los organizadores, se han concentrado a las 11.30 horas en el paseo de Sarasate tras la pancarta 'Navarra contra los recortes. Nafarroa murrizketen kontra'.

Entre los congregados, se encontraban el portavoz adjunto del PSN en el Parlamento de Navarra, Juan José Lizarbe, y el coordinador general de IUN y portavoz parlamentario de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin.
En representación de la Cumbre Social de Navarra, compuesta por 13 sindicatos y 25 entidades sociales en Navarra, Kevin Domingues, del Sindicato de Estudiantes, y Altair Mendiburu, del Consejo de la Juventud de la Navarra, han dado lectura a un manifiesto, en castellano y euskera, respectivamente.

Domingues ha criticado que el proyecto de PGE para 2013 "van a hundirnos más en la crisis e incrementar todavía más la tasa de paro". Así, ha añadido que "sólo contemplan recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir el fraude, permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales".

Además, ha afirmado que esta situación "se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del Plan Prepara dejarán de abonarse el próximo mes de febrero, cuando caduca el actual". Asimismo, Domingues ha destacado que "no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más que un 1 por ciento".

"En unas condiciones así, sólo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes, y ahora ya, a la infancia", ha asegurado.

En el proyecto de Presupuestos, ha agregado, "también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, servicios sociales, cooperación al desarrollo, mundo rural, o medio ambiente". Según ha criticado, "el actual proyecto, junto a tanto recorte en inversión y gasto social, sí contiene lo que a la inmensa mayoría de la población española nos costará en forma de deuda el dinero destinado a rescatar el sistema bancario".

Por el trabajo decente
Por otra parte, la Cumbre Social ha destacado en el manifiesto que este domingo, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y ha criticado "la situación de 75 millones de jóvenes de todo el mundo que se encuentran sin trabajo".

"Otros muchos millones están atrapados en un trabajo informal o precario, y decenas de millones de nuevos solicitantes de empleo no tienen ninguna posibilidad de encontrar trabajo, ni la educación y formación que les permitiría estar preparados para trabajar en el futuro. Sólo en España el desempleo juvenil alcanza el 50 por ciento", ha afirmado.

La Cumbre Social de Navarra ha exigido, a través del manifiesto, "una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y del mermado estado de bienestar".


Además, ha pedido "una modificación profunda de las políticas económicas y sociales que se están aplicando". "De no ser así, y en sintonía con la Cumbre Social Estatal y con las Cumbres Sociales de todas las Comunidades Autónomas, promoveremos la convocatoria de una huelga general, con profundo carácter social, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de PGE para 2013".

Tapia del cementerio de Granada, señalizada como Lugar de Memoria Histórica

www.foroporlamemoria.info
La tapia del cementerio de Granada, donde fueron fusiladas unas 4.000 personas durante la Guerra Civil y la posguerra, ha sido señalizada como “Lugar de Memoria Histórica” por decisión de la Junta de Andalucía, que busca así homenajear a las víctimas y recordar los emplazamientos de la represión franquista.

Un monolito es desde hoy el símbolo de la señalización con el que el camposanto granadino, ubicado junto a la Alhambra, se suma a la lista de sitios relacionados con la Guerra Civil y declarados “Lugar de Memoria”, figura que recoge el decreto de 2 de agosto de 2011 aprobado por la Junta de Andalucía para tal fin.

A este acto de homenaje celebrado el pasado fin de semana bajo la presidencia del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, han asistido unas 200 personas, entre ellos representantes de las asociaciones de memoria histórica y familiares de víctimas.
Han asistido además el poeta Luis García Montero, que ha pedido que se dignifique también el paraje entre Víznar y Alfacar donde supuestamente yacen los restos de Federico García Lorca; el cantaor Juan Pinilla y María Martín, cantante de La Marea, que lo ha cerrado con la interpretación del himno de Andalucía.

La señalización de este cementerio como “Lugar de Memoria” da respuesta a una reivindicación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en varias ocasiones ha instalado allí una placa que con posterioridad ha sido retirada por el Ayuntamiento, la última de las cuales fue colocada el pasado julio.En aquella ocasión, el Ayuntamiento decidió retirarla argumentando que no se ajustaba a lo acordado en cuanto a las características de su formato y que no atendía al modelo establecido por la Dirección General de Memoria Democrática.

El portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero (PP), afirmó que todo aquello que son recuerdos para personas que perdieron la vida en una contienda bélica “es algo bueno y razonable”, y ha defendido la labor de coordinación con las instituciones llevada a cabo por el Ayuntamiento, que ha estado representado en el acto por Fernando Egea, teniente de alcalde.

Durante el acto, Valderas ha dicho que el Gobierno andaluz es un “actor activo” en la recuperación de la memoria democrática y que existe un acuerdo programático para defender los principios de “verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo” y la libertad desde la Segunda República hasta la Transición política.”El Gobierno andaluz tiene una deuda que hoy salda parcialmente, ya que este es sólo un paso más en el camino que juntos hemos de recorrer para fortalecer nuestra democracia, para construir una Andalucía fuertemente asentada en los valores de solidaridad, libertad y justicia social”, ha declarado Valderas.

Según el decreto regulador aprobado por la Junta, la consideración de un emplazamiento como “Lugar de Memoria” obliga a la administración pública titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con él.

La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre quienes se vieron involucrados.Los “Lugares de Memoria” se inscriben en un catálogo específico de carácter público, y hasta hoy también ha sido declarado como tal la casa de Blas Infante en Coria del Río (Sevilla).(Agencia EFE)

Armando López: "Lo que no se gana en la calle no se gana nunca en la mesa de negociación"

Público
Armando López Salina (1925) lleva una vida dedicada a la lucha “de los humillados de la tierra”. A la lucha por aquéllos que han visto pasar un gobierno tras otro, incluso han visto caer una dictadura y han dado la bienvenida a una democracia mientras que su nivel de vida permanecía estancado bajo las promesas de “un futuro mejor”. Su batalla, la de la clase obrera, asegura Armando, ya “casi está perdida”. Los más de cinco millones de parados, los recortes en Sanidad, el asalto que sufre la democracia o como dice Armando el “diluvio universal de mierda” que sufre España es una muestra de que la lucha de clases nunca desapareció para el capitalismo. “Ellos sabían que estaban en lucha,  muchos de nosotros no”, asegura.
 

A sus espaldas acumula la experiencia de quien con apenas 16 años, en plena posguerra, se juntaba con sus vecinos del barrio para escribir “panfletos” comunistas y lanzarlos a la calle bajo la firma del PCE y a los 50 celebraba la muerte de Franco en un calabozo de Madrid cantando La internacional. “Era el tiempo de posguerra y estaba finalizando la II Guerrma Mundial. El partido pensaría que éramos unos alborotadores, pero éramos unos chiquillos y aunque no recuerdo exactamente que decíamos, seguramente estaríamos llamando a tomar el palacio de invierno”, recuerda. Con apenas 14 años, recién terminada la Guerra Civil y con su padre preso, comenzó a trabajar. En fábricas, en el campo, como pintor o como “portador de la maleta de un representante de zapatos por Madrid”.


No sería hasta el año 1959 aproximadamente, “porque con la edad y con el activismo político las fechas y los años se juntan y se confunden”, cuando comenzaría a trabajar en Radio España Independiente, más conocida como La Pirenaica", donde escribió “más de mil crónicas” que serían leídas para España desde Bucarest. Después vendría el final de la dictadura, las negociaciones con Suárez, con Felipe González, las discusiones con Enrique Múgica o los debates internos en el PCE sobre su papel en la transición.

Transición y monarquía

“Cuando murió Franco no me hice demasiadas ilusiones. Durante la transición sucedió lo mismo en España que en la revolución francesa de 1789, salvando las distancias. Sobre las espaldas de los obreros que derrumbaban un régimen cabalgó la burguesía. Una gran parte de ella cambió de caballo y de la noche a la mañana se hicieron demócratas. Ahora tenemos a Mayor Oreja expidiendo certificados de democracia”, asevera.

El resultado de esa transición está a la vista de todos, señala. “Quisieron cambiarlo todo, para no cambiar nada. La historia demuestra que la monarquía es el régimen que más beneficia a la burguesía y que más protege sus intereses. Aquí ni siquiera se pudo elegir. La constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, pero es mentira. La Constitución miente, porque al pueblo soberano ni siquiera le permitieron votar si prefería república o monarquía. La soberanía del pueblo está secuestrada”, denuncia.

Aunque no todos los males de la España de hoy se deben a los errores de la transición, reconoce. “Otro tipo de transición hubiese abierto otro tipo de caminos. La derecha y el PSOE, los que fueron bendecidos desde Washington, querían hacerla con el menor ruido posible. Para mí era un error. Se tendría que haber constituido un Gobierno provisional sin signo político y haber dejado más tiempo para el asentamiento de los partidos políticos”, opina.

Una España federal

Fruto de aquel pacto que fue la transición “poco abierta a la población” y con un rey “que llegó a España como el mesías instaurando la democracia e incluyendo a todas las fuerzas políticas” se tomaron decisiones que acarrean problemas en la actualidad. Para Armando López, finalista del premio Nadal en 1960 con la obra Caminando por las Hurdes, España debería configurarse como un estado federal plurinacional con una Constitución que recogiese “el derecho a la autodeterminación de los pueblos”.

No obstante, reconoce, Armando es partidario de la unidad de España porque la historia “demuestra que también podemos estar juntos y que ha habido ocasiones en la que hemos estado de acuerdo como en la defensa de la República” y porque todos los obreros del Estado español hablan el mismo idioma, el del socialismo.

“Independientemente de si hablamos en vasco, catalán, gallego o castellano, creo que hay un idioma que une a todos: el idioma del socialismo. El idioma de los que tienen que hacer un ajuste de cuentas con su burguesía. A lo mejor ahora es el momento de ese ajuste. ¿O es que cree Mas que los que acudieron a la manifestación el día de la Diada no habían salido a la calle contra sus recortes? En este país, los sufrimientos han venido de la derechización global que ha sufrido”, reflexiona.

La hora de buscar nuevas soluciones

Armando, de voz tranquila y grave, se exalta cuando enumera los males de la España de hoy y golpea la mesa con el puño.
“Hay cinco millones de personas que se levantan sin trabajo. Hay dos millones que no tienen absolutamente nada y que no saben donde enviar a sus hijos. Hay siete u ocho millones de jubilados perdiendo poder adquisitivo. Hay millones de científicos que no tienen que investigar porque no se invierte en I+D+i y cientos de miles de jóvenes sin trabajo tratados como mercancía. La corrupción se ha incrustado en los aparatos del Estado: ayuntamientos, diputaciones, autonomías, gobierno central y la casa del rey. Este país atraviesa un diluvio universal, pero de mierda”, relata.
 

Es la hora, para Armando, de buscar nuevas soluciones, nuevos pactos. Pero aquí puntualiza: “Cuidado. Aquí hablamos muchas veces de hacer un pacto entre empresarios y sindicatos o entre fuerzas políticas. A veces, el pacto o el convenio, en determinadas circunstancias, significan la muerte de la democracia y tienen la misma duración que el tiempo que trascurre hasta que los patronos tienen la fuerza suficiente para romperlo”, analiza. 

Por ello, Armando, promotor del manifiesto en apoyo a la huelga minera de 1962 que suscribieron 102 intelectuales, el pacto necesario quizá deba dejar fuera a los “partidos dinásticos”, es decir, el PSOE y al PP. “Son los Cánovas y Sagasta de la Restauración”, denuncia. El pacto que López Salinas reclama se parece más al Pacto de San Sebastián, el que suscribieron en 1930 la mayoría de partidos republicanos y en el que se sentaron las bases para un nuevo régimen: la Segunda República Española.

“Los cambios se organizan. Me parece que el papel que jugaron los intelectuales de la República hay que planteárselo. Una especie de Pacto de San Sebastián que siente las bases de algo nuevo. No puede ser que Rubalcaba hable de que se sienta republicano pero que defienda a Juan Carlos I. Parece una broma, siniestra, pero una broma. Hay que plantearse un pacto con las fuerzas sociales que están en las calles manifestándose y elaborar una Constitución de alcance republicano y carácter federal”, reclama.

El camino de la lucha

Muchas cosas de las que lee y ve a su alrededor le recuerdan a los años 30 cuando “había una canción que decía algo así como “paciencia obrero, paciencia” y la Iglesia contaba que el trabajador tenía el paraíso asegurado. “Yo era un niño por entonces y aunque no eres consciente de todo, te vas enterando”, puntualiza, para continuar advirtiendo de que la lucha de clases sigue abierta.

“Vivimos un proceso de concentración de las empresas, están desapareciendo bancos, y se van quedando menos, mientras los derechos sociales van desapareciendo.El ataque va más allá de la clase trabajadora. No planteo asaltar el palacio de invierno. Pero sí digo que hay que luchar y buscar aliados en este camino. La batalla la está ganando el capitalismo, pero no todos una pequeña parte de ellos”, añade.

La lucha de Armando la que lleva defendiendo se pelea en las calles, mediante la protesta social, en los círculos intelectuales mediante las ideas, en las instituciones y en el Congreso mediante la política. “La cultura debe disputar en el terreno ideológico las razones del capitalismo porque sino la derrota esta cantada”, añade Armando que que “si cinco millones de parados es una clara muestra de la derrota”.

“A la gente le digo que luche, que yo no puedo. Ayer, hoy y mañana la única manera de ganar derechos ha sido la calle. Incluso huelgas generales, aquí va a hacer falta mucho más para ganar el pulso.  Yo sé que la lucha no garantiza la victoria. Pero la batalla que no se gana es la que no se lucha”, concluye.

El conductor de Machado

Armando, que se desenvuelve como pez en el agua analizando la situación actual desde el prisma de la lucha de clases, asevera que no quiere señalar el marxismo como la solución, pero anticipa que nunca en la historia ninguna clase dominante ha cedido poder por su propia voluntad y señala la lucha como el camino.
“Yo, por decencia intelectual ya no hablo del marxismo como solución, pero tampoco condeno la violencia venga de donde venga. Para mí violencia es que la gente esté en los contenedores recogiendo basura, los desahucios de los bancos o las cargas de los antidisturbios que hemos visto estos días. ¿Qué se han creído que eso no es violencia? El mundo está construido a base de violencia. La política no se hace sólo con buenas intenciones, ni sólo con palabra, ni sólo con urnas. Porque lo que está ocurriendo en el mundo, en Libia, Siria, Kosovo... lo están haciendo los poderes fácticos, los poderes reales con armas y con violencia en la lucha que se libra.”, analiza.

En este punto y como ha hecho en repetidas ocasiones a lo largo de la conversación, Armado, con mala memoria para las fechas pero no para los autores, las obras y las letras, recurre a Antonio Machado y recita de manera literal la última parte del escrito Los coches locos, incluido en la obra de 1915 Los complementarios en el que Machado arranca con una comparación entre conductores y políticos.
“Si el auriga sabe su oficio, sigamos con él y paguémosle puntualmente su salario. Si guía mal, habrá que despedirlo. Porque dentro de su coche vamos todos. Mas ¿qué haremos con un cochero loco o borracho que nos lleva a galope y alegremente al precipicio? Habrá que arrojarlo a la cuneta del camino, después de arrancarle por la fuerza las riendas de la mano. Revolución se llama a esta fulminante jubilación de cocheros borrachos. Palabra demasiado fuerte. No tan fuerte, sin embargo, como romperse el bautismo”, escribe Machado, recita Armando.

Un sindicato policial denuncia a IU por sus acusaciones tras los hechos del 25-S

Público
La Confederación Española de la Policía (CEP) ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IU Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón a los que acusa de cometer un delito de injurias y calumnias contra la Policía por acusar a los agentes antidisturbios de provocar los incidentes registrados durante la protesta del 25-S frente al Congreso de los Diputados.

En concreto, la denuncia acusa a estos tres dirigentes de haber responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad "de actuar premeditadamente para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como único causante, instigador de todo". La denuncia se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en el Congreso.

El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que "el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes".

Alberto Garzón: "Exceso policial brutal"
El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: "Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, hacia el Paseo de la Castellana para que allí pudiera cargar la Policía.

La CEP entiende que "las gravísimas imputaciones" de Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón "constituirían uno o varios delitos de calumnias". Apelan al artículo 504.2 del Código Penal sobre "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" por el que serían "castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses".

A juicio de este sindicato policial, "no cabe duda que se trata de un comportamiento injurioso y amenazante contra las fuerzas de seguridad". "No se trata de una opinión, una hipótesis por parte del diputado, sino la imputación clara, directa e inequívoca de que los agentes de policía fueron los provocadores de los hechos", denuncian los policías, al tiempo que consideran que los tres diputados atribuyeron a los agentes "hechos delictivos con claro conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad".

Insiste la CEP en que esas declaraciones no se pueden amparar bajo la nmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y por ello piden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que "previos los trámites legales, se reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados".

El Fiscal General del Estado apoya restringir el derecho de manifestación

Kaos en la Red-Agencias

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que una modulación del derecho de manifestación podría ser "perfectamente legítima" en términos constitucionales, pero que cualquier "regulación de un derecho de expresión democrática de la ciudadanía" debe ser "excepcional". "Ningún derecho puede comportar una patente de corso", ha añadido.

Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la firma de un convenio para la destrucción de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas incautadas en operaciones policiales.

Con ello, extendía las palabras efectuadas horas antes en un desayuno informativo organizado por Europa Press en las que afirmaba que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación.

"Una modulación como la que se sugiere pudiera ser perfectamente legítima en términos constitucionales", ha indicado el fiscal general en la sede del Consejo del Poder Judicial, precisando que, en todo caso, se deberían conocer más detalles sobre una posible modulación.

"Plenitud de convivencia democrática para cualquier derecho de expresion democrática de la ciudadania y regulación excepcional de estas situaciones atendiendo a los bienes jurídicos protegidos", ha defendido Torres-Dulce, para agregar que "ningún derecho puede comportar una patente de corso y puede ser objeto de una consideración que no sea delimitación".

En todo caso, se trataría de modulaciones siempre "excepcionales" atendiendo al principio de 'favor libertatis', según ha enfatizado el máximo representante del Ministerio Público.

Los derechos "no son absolutos"

El fiscal general del Estado ha puesto de relieve que la Constitución ha recogido derechos fundamentales que son esenciales para la "recta" convivencia democrática, como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de manifestación.

En esta línea, ha aludido a la "tajante" jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtiendo de que "no es posible concebir esa convivencia democrática sin un amplio desarrollo de esos derechos fundamentales".

Eso no significa, ha insistido, que los derechos sean "absolutos" y no puedan ser objeto de "limitaciones y restricciones" atendiendo al modo en que se realiza el ejercicio de esos derechos y el interés general.

Por su parte, el Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, no se plantea modificar la actual regulación del derecho de manifestación, informaron en fuentes gubernamentales.

La respuesta por parte del Ministerio del Interior se produce un día después de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, plantease modular el derecho de reunión y manifestación debido al gran número de actos de protesta que se han celebrado en la capital de España en lo que va de año.

Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha desmarcado de esta iniciativa, aunque las fuentes citadas entienden la situación que se ha creado en los últimos meses en Madrid, donde algunos días han coincidido varias manifestaciones.

También recuerdan que en algunos casos, cuando la Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado algunas manifestaciones, su decisión ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que finalmente las ha autorizado.

Otras fuentes gubernamentales indicaron, tras insistir en que no habrá cambios en la regulación del derecho de manifestación, que sin embargo sí es necesario introducir cambios legales para endurecer la respuesta a aquellos que infringen las normas.

España condecora a una virgen, un alcalde homófobo, el jefe de los antidisturbios y un batallón de 1921

MásPúblico
En apenas dos semanas, el rey y el Gobierno han concedido cuatro reconocimientos, polémicos por su cuantía económica, su carácter religioso o su vista gorda a los derechos humanos. Estos van, desde la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, al premio (simbólico y económico) otorgado al jefe de la Unidad de Intervención Policial de Madrid, tras las manifestaciones del último año.

Medalla al mérito policial del jefe de los antidisturbios
La semana pasada se hizo pública la concesión de la medalla al mérito policial con distintivo rojo al inspector jefe Javier Nogueroles, máximo responsable de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid, conocida como antidisturbios. Aunque el anuncio se realizó cuatro días después de la manifestación del 25-S, que terminó con 35 detenidos y 64 heridos, fuentes policiales aseguran que la concesión se decidió antes de las protestas.

A Nogueroles se le reconoce su último año al frente de la UIP, polémico desde el desmantelamiento del campamento del 15-M de la Puerta del Sol. Entre las intervenciones de la UIP más criticadas  se encuentran las de las protestas contra el pago con fondos públicos de la Jornada Mundial de la Juventud, de Benedicto XVI, por la violencia que utilizó la policía, y las manifestaciones posteriores contra los recortes. La pensión de Nogueroles aumentará un 10% gracias a esta distinción.

Guiños a la Iglesia y al cielo
Después de que la ministra Fátima Báñez pidiese en junio ayuda a la Virgen del Rocío “para salir de la crisis” en Almonte (Huelva), el Consejo de Ministros volvió a hacerle un guiño a los altares con la aprobación, el jueves pasado, del “Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo”. La virgen es patrona de la Benemérita desde 1913. Esta distinción, a diferencia de la del jefe de los antidisturbios, no tiene un complemento económico.

Galardón al margen de los derechos humanos
La Fundación Triángulo ha denunciado también que el rey Juan Carlos haya premiado al ex ministro de Pinochet y actual alcalde de la localidad chilena de Providencia, Cristián Labbé, considerado “abiertamente homófobo” por las asociaciones LGTB.

Las últimas polémicas declaraciones de Labbé fueron mayo de este año, cuando relacionó a los homosexuales con ladrones y se opuso a que fuesen cogidos de la mano por la municipalidad. La Casa Real española, en coordinación con la Secretaría General Iberoamericana, le ha concedido el Premio Iberoamericano de Calidad. España entregará el galardón el 13 de noviembre al presidente de Chile, Sebastián Piñeira, quien a su vez se lo dará al pinochetista Labbé.

El primer edil de Providencia ha estado envuelto últimamente en más polémicas, ligadas al conflicto estudiantil y su relación con los secundarios de Providencia o al homenaje realizado en 2011 a Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por violaciones a los Derechos Humanos.

Homenaje del Rey por el desastre de Annual de 1921
Por último, este lunes, el rey impuso la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima recompensa militar en España, al Regimiento de Caballería Alcántara por su labor durante la retirada del Rif en el desastre de Annual de 1921, en el que murieron 28 de sus 32 oficiales y 523 de sus 685 soldados. Esta condecoración, creada en 1811, no se concedía en su versión colectiva desde 1943

Más de 35.000 estudiantes, llamados a la huelga del jueves 11

Diario de Noticias de Navarra- Pamplona
Más de 35.000 estudiantes (cerca de 8.000 de la Universidad Pública de Navarra y unos 27.000 de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP) están llamados a secundar la huelga convocada por varios colectivos estudiantiles para el próximo jueves 11 de octubre. El acto central de la jornada será una manifestación que saldrá a las 12 horas desde el parque Antoniutti de Pamplona, pero ya el miércoles se celebrará un encierro en el Aulario de la institución académica, que se prolongará toda la noche. La huelga, que se celebrará en varias CCAA, está convocada por Ikasle Abertzaleak, Eraldatu, Asamblea Libertaria y Asamblea de la UPNA (de la que forma parte el Consejo de Estudiantes), y exige la derogación del decreto que fija la subida de las tasas y la paralización de la nueva reforma educativa.

Las organizaciones convocantes denunciaron ayer que "las medidas de ajuste adoptadas por la UPNA, como es la subida de tasas que imposibilita a muchos alumnos cursar sus estudios, o los recortes, que inciden en una peor calidad docente, han provocado "más que nunca" el malestar de toda la comunidad universitaria. Asimismo, los estudiantes alertaron del "duro proceso de privatización" en el que está sumida la UPNA. "Las empresas privadas tienen cada vez más cabida, ya que, como la Universidad recibe cada vez menos financiación pública, se ve obligada a recurrir a la privada, con la mercantilización de la educación que eso conlleva", destacaron Javier Gorraiz y Garazi Aranburu, en representación de la Asamblea de la UPNA, y Antton Barberia, de Ikasle.

Estos colectivos exigieron la derogación del real decreto que establece la subida de tasas universitarias, la paralización del anteproyecto de la nueva ley de educación, "que segrega al estudiante dependiendo de su origen socioeconómico, vuelve a imponer las reválidas franquistas obligatorias, endurece el acceso a la educación superior, resta poder a los órganos de decisión de la comunidad educativa y prima la educación concertada sobre la pública" y una financiación adecuada para la educación pública en los Presupuestos Generales del Estado (se ha reducido un 20% en el último año

ESO, Bachillerato y FP.
Además del alumnado de la UPNA también están llamados a secundar la huelga los estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP. Estos colectivos estiman que 20-25 institutos de Navarra se sumarán a la huelga. "En algunos la dirección está poniendo trabas y dicen que van a hacer exámanes ese día. Por ello hemos hablado con los sindicatos de educación para que desde los centros se permita al alumnado que así lo desee ejercer su derecho a la huelga", señaló Barberia.

Ante la pregunta de si ven ambiente favorable a la huelga en la UPNA, estos estudiantes afirmaron que hay gente que está concienciada pero otros dudan. "Vamos a ir clase por clase para crear esa conciencia. Cada uno debe luchar por sus derechos", concluyó Aranburu.

Lo que no cuenta su periódico

Alejandro Fierro

Hugo Chávez se presenta a la reelección presidencial el próximo 7 de octubre con un programa electoral que contempla diversos objetivos para el periodo 2013-2019. Para alcanzar estos objetivos, propone una batería de propuestas concretas.

Sin embargo, la audiencia de los medios de comunicación de masas internacionales y muy especialmente los del Estado español, con El País y ABC a la cabeza, no podrá acceder a esta información, simplemente porque esos medios la ocultan. Los artículos en la prensa internacional y española referidos a la contienda electoral venezolana se centran en la supuesta y nunca probada ausencia de democracia en el país, en complots chavistas para mantenerse en el poder por la fuerza o en la vida sexual del actual presidente, haciéndose eco de una rumorología nunca contrastada y vulnerando así las mínimas normas deontológicas del periodismo, tanto en la confirmación de las fuentes como en la selección de temas según su interés social.

Lo mismo ocurre en los medios de comunicación venezolanos, el 85% de los cuales está en manos de la oposición. El desequilibrio en la propiedad de los medios y el tono absolutamente beligerante de la prensa de la derecha refutan cualquier acusación de falta de libertad de expresión en Venezuela. Algunos de sus artículos o imágenes sobre el jefe de Estado –por ejemplo, la publicada por la revista Tal Cual, en la que Chávez aparece caracterizado como un cerdo- serían prohibidas en el Estado español y sus autores juzgados y condenados, como ya ha ocurrido con informaciones o sátiras sobre el rey.

Los lectores no encontrarán en las páginas de su periódico información sobre la propuesta electoral de intensificar la explotación de las reservas de crudo del Orinoco –las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con más de un millón de millones de barriles- con el objetivo de alcanzar en 2019 una producción de seis millones de barriles diarios.

La radio tampoco hablará del objetivo de llegar en 2019 a los tres millones de viviendas públicas subsidiadas y de bajo coste, disminuyendo el precio cuanto menor es la capacidad económica de la familia beneficiaria hasta llegar a la gratuidad para los estratos más vulnerables. Ningún tertuliano explicará que entre 2011 y 2012 se han edificado 250.000 viviendas públicas y hay 450.000 más en construcción.

No habrá reportajes audiovisuales para mostrar cómo Venezuela ha pasado de luchar por erradicar el analfabetismo –en 2005 fue declarada por Naciones Unidas Territorio Libre de Analfabetismo- a ser el quinto país del mundo en tasa de matriculación universitaria y el segundo de Latinoamérica tras Cuba. No informarán sobre el proyecto de abrir nuevas universidades que se sumarían a las 22 creadas en los últimos 14 años y de facilitar el intercambio de estudiantes con los países del Mercosur.
Los columnistas no analizarán la propuesta de construcción de 16 centros sanitarios –entre ellos, 8 hospitales- ni los planes para extender la atención especializada a toda la población, con independencia de su lugar de residencia o capacidad económica.

Las revistas especializadas no se harán eco de la intención de incrementar la superficie de cultivos de regadío en un 200% ni de aumentar la producción de alimentos en un 45%, hasta llegar a los 42 millones de toneladas al año.

No hay ningún economista en los grandes medios de comunicación de masas que salga a explicar los datos macroeconómicos del país: un 5,6% de crecimiento del PIB en el primer semestre del año, encadenando siete subidas consecutivas; un descenso del desempleo hasta el 7,9%, lo que supone una disminución de casi el 50% desde 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder; por primera vez, la inflación interanual se sitúa por debajo de los 20 puntos… Por tanto, no habrá expertos que hagan inteligible al gran público la situación económica de la que parte Venezuela para poder hacer realidad las propuestas electorales.

Tampoco se realizarán entrevistas a politólogos para que expliquen los cinco grandes objetivos generales para el periodo 2013-2019: independencia nacional, con especial énfasis en la soberanía sobre los recursos y la soberanía alimentaria; profundización en el proceso socialista; convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político integrada en la potencia emergente de Latinoamérica; contribución a una nueva geopolítica multipolar enfocada al equilibrio y la paz, y, por último, una política orientada a la preservación del medio ambiente y a una relación armónica entre el ser humano y su entorno.

El deber de los medios de comunicación que cubren las elecciones venezolanas es informar sobre los programas electorales, tanto de Hugo Chávez como del candidato opositor, Henrique Capriles. Sus periodistas y analistas de opinión tienen la obligación de explicar a la audiencia sus contenidos, con argumentos razonados y comprensibles. Después, estas propuestas podrán ser apoyadas o no por cada persona, pensar que son más o menos creíbles, calificarlas como objetivos plausibles o bien mercadería política. Y, en el caso de la audiencia venezolana, orientar su voto en función de una información cierta, plural y argumentada.

Al ocultar sistemáticamente las propuestas electorales de Hugo Chávez –las del candidato opositor tienen una considerable cobertura- los medios de comunicación de masas vulneran el Derecho a la Información de la ciudadanía. Es necesario recalcar una y otra vez que el Derecho a la Información está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se rompe así el consenso fraguado durante siglos entre la ciudadanía y una prensa que debía suministrarle información veraz ante la imposibilidad de cada persona de recabar información en todos los ámbitos por sí misma.

Por eso, las encuestas indican que los medios de comunicación son uno de los grandes problemas del Estado español.

alejandrofierroperal@gmail.com
(Alejandro Fierro es periodista del Estado español y colaborador de la Fundación CEPS)

La gran estafa: el Presupuesto de 2013

Vicenç Navarro - Kaos en la red

Este artículo analiza el contexto político que configura una serie de hechos, incluyendo la preparación del presupuesto 2013 propuesto por el gobierno del Partido Popular, acentuando el papel de las fuerzas financieras, económicas y políticas que han determinado su contenido.

Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.

El poder de la banca: el endeudamiento de España

Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado español. Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima de su propia tragedia.

En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a las reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas intentaron y alcanzaron exitosamente.

El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia de la banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.

El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica (estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas superiores un 11%.

España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper ricos.

Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no sólo para la banca española sino también para la banca europea y, muy en especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de euros prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada. Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda la banca, incluida la alemana.

El llamado rescate al sistema bancario

Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español tendrá que pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España) sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”.

Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado

Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la eurozona.

Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.

O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.

Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países.

Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado del bienestar.

Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están violando la democracia.