Entrevista a la politóloga Chantal Mouffe (Alba TV)
En un mundo multipolar, la democracia no puede ser un modelo único, exportado desde Europa y Norteamérica al resto del mundo. “Hay que aceptar que va a haber distintas formas de democracia, que corresponden a su adscripción en distintos contextos históricos”, dice la politóloga belga Chantal Mouffe. En perfecto castellano, modulado por una tonalidad francesa, Mouffe reivindica las experiencias democráticas latinoamericanas, en las que observa no un rechazo al modelo liberal-democrático occidental, sino una rearticulación de esas tradiciones pero “con predominio de la soberanía popular”.
–¿Cómo caracterizaría las diferencias entre las democracias europeas y las actuales experiencias democráticas en Latinoamérica?
– En la medida en que uno acepta, como es una tendencia importante hoy en las ciencias sociales, que no hay una modernidad sino muchas trayectorias diferentes hacia lo que se puede llamar modernidad, en la medida en que uno acepta la existencia de diferentes modernidades alternativas, también hay que aceptar formas múltiples de democracia. El modelo que es específico de Europa incluye una cierta articulación del liberalismo y la democracia, es una articulación entre dos tradiciones distintas, muy influenciada por la tradición judeocristiana y por la reforma protestante. Es una articulación contingente, no necesaria. No es legítimo pretender que ese modelo occidental sea aceptado por el resto del mundo. En el caso de América latina, uno no puede decir que la región no es parte de Occidente, pero eso tampoco quiere decir que Latinoamérica deba aceptar el modelo europeo. Creo que hay que pluralizar la idea de Occidente, aceptar variaciones en su interior y hablar de Occidentes. En las experiencias de las nuevas democracias de Sudamérica no hay un rechazo a la tradición liberal, pero sí hay una articulación distinta entre las tradiciones liberal y democrática.
– ¿En qué consiste?
– En Europa, el elemento liberal de las democracias se ha vuelto absolutamente dominante, mientras el elemento democrático, el de la igualdad y la soberanía popular, ha sido subordinado y, en algunos casos, eliminado. Si uno pregunta en Europa qué es la democracia, responden Estado de derecho, respeto de los derechos del hombre, separación de poderes, pero nadie va a hablar de soberanía popular y de igualdad. Algunos teóricos hasta sostienen que todo eso se ha vuelto obsoleto. No es sólo que la tradición liberal se ha vuelto hegemónica, sino que hay una interpretación específica, neoliberal, de esa tradición. Esto es lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, por eso es que muchos teóricos hablan de una posdemocracia, de una democracia que ha perdido todo sentido democrático. Contra los teóricos que consideran que el principio democrático y el liberal van necesariamente juntos, yo defiendo la tesis de que hay una lucha entre esas dos tendencias. En la historia europea, hubo momentos en que predominó el elemento democrático y en otros dominó el elemento liberal, como ocurre hoy. Ese predominio del componente liberal es lo que están poniendo en cuestión los gobiernos latinoamericanos, que han puesto al elemento democrático como elemento principal. El elemento liberal no ha sido eliminado, pero está subordinado. Por eso es que en Europa no se entienden las experiencias latinoamericanas y hay hostilidad hacia ellas, no sólo desde la derecha, también desde la izquierda. ¿Por qué no puede aceptar a estas democracias latinoamericanas? Tienen una cierta idea de que la democracia es el predominio de los procedimientos liberales. Lo fundamental para entender a las democracias latinoamericanas es que no se trata de un rechazo al modelo liberal-democrático, sino de una rearticulación con predominio de la soberanía popular.
– Usted ha criticado el principio de alternancia en el poder y, en su lugar, ha defendido la necesidad de que las democracias ofrezcan alternativas. ¿Cuál es su postura ante las reelecciones presidenciales?
– Acabo de leer un artículo en Le Monde Diplomatique, donde José Natanson argumenta contra la re-reelección y considera que hay que poner límites al poder del pueblo. Estoy de acuerdo con que el poder del pueblo debe tener cierto marco, pero uno no puede decir que países donde existe la posibilidad de la reelección indefinida, como Venezuela, sean menos democráticos que países sin esa posibilidad, como los europeos. En Europa se da una situación de alternancia: hay elecciones pero el pueblo no puede realmente escoger entre proyectos distintos. Elegir entre centroizquierda y centroderecha es prácticamente como elegir entre Coca Cola y Pepsi Cola. A partir de eso trato de explicar la falta de interés en la política representativa, la gente advierte que no hay diferencia. Desde mi perspectiva, el criterio para saber si un país es democrático es si a la gente se le da la posibilidad de escoger, si tienen alternativas y no simplemente alternancia entre partidos distintos que, una vez en el poder, no hacen ninguna transformación fundamental. El problema de la reelección lo veo como un fetichismo de ciertos procedimientos liberales. También es algo muy reciente, porque hasta hace poco un país como Francia no tenía ningún límite para la reelección del presidente. Se dan situaciones absurdas, como en Chile, donde el presidente puede tener un solo mandato. Michelle Bachelet era una persona muy popular y podría haber sido reelegida, pero la normativa no se lo permitía: eso sí que es una traba al poder del pueblo. La reelección puede ser una manera de luchar contra el predominio del liberalismo sobre la democracia. Evidentemente, eso no quiere decir tampoco que se deban abandonar todos los límites liberales.
– En su razonamiento, la alternativa queda atada a la figura del líder que ejerce la presidencia, pero también se podría pensar en que, dentro de un mismo espacio político, distintas figuras encarnen esa alternativa. Para decirlo de otra manera, la reelección indefinida ¿no promueve la debilidad de un proyecto al ligarlo a una sola persona?, ¿no elimina un incentivo a que los partidos generen mayor democracia interna y a que los gobiernos distribuyan el ejercicio del poder?
– Claro que, idealmente, es mejor cuando no hay una sola persona de la que depende un proyecto, porque eso siempre es muy peligroso. No es lo ideal. Pero cuando ése es el caso, no veo por qué no puede admitirse la reelección de esa persona. Idealmente, hay que crear las condiciones donde haya varias personas identificadas con un proyecto. Pero, cuando eso no ocurre, sería absurdo poner en riesgo un proyecto.
– ¿Encuentra alguna relación entre las diferencias de las democracias latinoamericanas y europeas y los modos en que una y otra región están enfrentando la crisis del capitalismo global?
– Lo que me parece muy interesante de las experiencias de Sudamérica es que se está poniendo en cuestión el modelo neoliberal: la ruptura con el FMI, la creación de instituciones regionales, una apuesta al desarrollo de un modelo alternativo. En Europa no parece haber interés en salir del neoliberalismo, y eso está relacionado con esa situación de posdemocracia, donde no hay diferencias claras entre centroderecha y centroizquierda. El problema fundamental es que se ha creado una especie de consenso al centro –el modelo teorizado por Tony Blair, por Anthony Giddens–, la idea de que después de la caída del Muro de Berlín ya no hay antagonismos y que no hay alternativas al modelo neoliberal, un marco en el cual los partidos de centroizquierda apenas pueden gestionar de manera un poco más humana esa globalización neoliberal. Pero en esos partidos no se ve ninguna tentativa de romper. Hay que reconocer que la Unión Europea no ayuda, porque tal como existe es parte del modelo neoliberal. Todas las medidas que está desarrollando la UE tratan de encontrar una salida neoliberal a una crisis provocada por el neoliberalismo. Soy profundamente europea y no quiero romper con la UE, pero creo que necesita un cambio muy profundo, para que empiece a permitir el desarrollo de un modelo alternativo. Afortunadamente, en forma muy reciente, en algunos países se está empezando a ver el nacimiento de partidos políticos que se sitúan a la izquierda de los partidos socialistas, que quieren llegar al gobierno –no son partidos de protesta– y desarrollar un modelo distinto, como el Partido de Izquierda en Francia, Syriza en Grecia o Die Linke en Alemania. Eso a muchos nos da esperanza de que pueda haber una puesta en cuestión del modelo neoliberal. En esos partidos hay un enorme interés por lo que pasa en América latina. Muchos creemos que hay que latinoamericanizar Europa, hay que aprender de estas experiencias que muestran que es posible luchar contra el neoliberalismo. Acá están más avanzados. Claro que han pasado por experiencias muy dolorosas...
– Al comprender al conflicto como inherente a la política y al considerar al consenso racional como imposible, usted plantea que la tarea de la democracia es transformar los antagonismos (la confrontación amigo-enemigo) en agonismos (adversarios que se reconocen derechos). ¿La responsabilidad de esa transformación se la atribuye a la sociedad y sus organizaciones en su conjunto? ¿O en particular al poder del Estado?
– Evidentemente, el Estado tiene un rol importante, pero también los partidos políticos, que son parte de la sociedad. La política necesariamente implica un nosotros y un ellos. Lo específico de la política son los conflictos que no se pueden resolver nunca de manera racional, poniéndose de acuerdo, por eso es que he criticado el modelo deliberativo. En la sociedad siempre hay sectores enfrentados. El conflicto tiene que ver con relaciones de poder, con la hegemonía. Esto es lo que la perspectiva liberal no quiere reconocer. El marxismo lo reconocía, pero lo limitaba a la lucha de clases, que no es la única forma posible de antagonismo. Entonces, el objetivo de la democracia no es encontrar los procedimientos para poner a todo el mundo de acuerdo, porque eso no es posible, sino encontrar cómo manejar el conflicto. Si el conflicto se da de manera antagónica, en una confrontación amigo-enemigo, donde no se reconoce la legitimidad del oponente y se trata de eliminarlo, sobre esa base no es posible organizar una sociedad democrática. Por eso es que muchos liberales creen que tienen que negar la dimensión del conflicto para pensar la democracia. Yo creo que el conflicto se puede dar también bajo la forma del agonismo, que no elimina el conflicto sino que en lugar de plantear una relación amigo-enemigo plantea una relación de adversarios. Si bien hay una lucha hegemónica, esa lucha se da bajo ciertos procedimientos democráticos. La tarea fundamental de una política democrática es crear todas las instituciones y los procedimientos para permitir al conflicto manifestarse de una manera agonística. Si eso no existe, el conflicto aparece bajo formas violentas. Por eso creo que hay responsabilidad de los partidos, que tienen que considerar a los otros como adversarios, no como enemigos a eliminar. Pero también es necesario al nivel del Estado que existan los canales que permitan esa expresión. Para tener una lucha agonística, es necesario que de los dos lados haya reconocimiento agonístico.
– ¿Cómo analiza, desde esa perspectiva, casos como los de Venezuela o Argentina?
– El caso de Venezuela es particularmente interesante en ese sentido, porque parece que se está dando un movimiento del antagonismo al agonismo. Durante toda una primera etapa, la oposición no admitía a Hugo Chávez y lo trataba como enemigo, intentaron darle un golpe de Estado: ése es un trato antagonista. Ahora –si no es una maniobra– parece haber un cambio: aceptaron entrar en las elecciones, Henrique Capriles no propone destruir todo lo que hizo Chávez y reconoce muchas cosas; parece estar creando las condiciones para lo que llamo un consenso conflictual –porque para que haya lucha agonística es necesario que haya una base común entre los adversarios, el respeto por ciertas reglas del juego–. En el caso de la Argentina, me parece que la situación es parecida a lo que era Venezuela antes de Capriles, porque no hay un consenso conflictual. Desde la oposición no se plantea una política de confrontación agonística con el Gobierno, me parece que hay tentativas de deslegitimarlo y ponerle trabas a algunas medidas –como el caso de la ley de medios–. No es una oposición constructiva, no parece proponer ningún proyecto alternativo, sino solamente tratar de impedir lo que propone el Gobierno
9 de noviembre de 2012
Hablando de víctimas…
Familiares de Víctimas. Noticias de Navarra
Antes de que acabe este año de 2012, es decir, el del 76º aniversario del golpe militar de 1936, quisiéramos hacer un pequeño homenaje a varios tudelanos de pro y buenos republicanos.
Hace algún tiempo, no tanto, allá por noviembre de 1936, en la fría y dolorosa noche del 12 de noviembre, fueron ejecutados, y soterrados cerca de la localidad ribera de Fontellas, ocho tudelanos después de haberlos encarcelado, sometido a trabajos forzados, y humillados ante sus propios paisanos, todo ello, sin el juicio previo correspondiente.
Estos ocho demócratas, entre los que se encontraban dos concejales de Tudela del partido socialista, elegidos democráticamente para el Ayuntamiento de Tudela, eran: Manuel Úcar, Nicolás Jalle, Rodrigo Saine, Francisco Jacoste, Pablo Bermejo, José Sesma y los dos referidos concejales, Francisco Úcar Liñan y Juan Navarro Anguiano. En los años 50 fueron trasladados al cementerio católico de Tudela, después de no pocos problemas con las autoproclamadas autoridades políticas.
Estas personas, después de 76 años se encuentran en el olvido más absoluto y es hora de que sean tenidos en cuenta en la memoria colectiva y en la verdad para que la igualdad de las personas por las que ellos lucharon y la igualdad de las víctimas de cualquier tipo de violencia no sea solo un eslogan.
La dignidad del reconocimiento de las víctimas, se alcanza en la verdad y en el reconocimiento de todas ellas, basado todo ello en la igualdad de las personas. La reconciliación social no se puede sustentar más que en borrar la diferencia entre vencedores y vencidos, máxime cuando hablamos de personas que dieron su vida por un sistema político como la República, legalmente constituida.
Aún en julio de 2011, los partidos políticos UPN y PP rechazaron que el Pleno del Ayuntamiento de Tudela recordara y homenajeara la memoria de los dos ediles tudelanos asesinados en el 36.
Esta derecha que no reconoce la Ley de Memoria Histórica, hace que en localidades riberas se siga sin cumplir la norma de los símbolos franquistas y se niega a dar su voto para suprimir la condición de hijo adoptivo al generalísimo Franco en Tudela.
Todavía no se ha pedido perdón por la masacre de Gernika de hace 75 años y no han consentido apoyar la creación del Parque de la Memoria de Sartaguda, que ha sido erigido a pesar de su falta de colaboración.
Sin embargo, no se trata de abrir heridas sino de reclamar una vez más el reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que dieron todo, hasta su vida, por sus ideas y por la defensa de la legalidad. Es una ocasión para recordar a la ciudadanía tudelana que sigue habiendo víctimas, a las que ni tan siquiera se les ha pedido perdón, a las que no se les ha reconocido, a las que no se ha reparado, y que siguen siendo ignoradas por organismos oficiales, políticos y grupos mediáticos. Somos varias las familias que recordamos a nuestros seres queridos hechos desaparecer en aquella fatídica noche
Antes de que acabe este año de 2012, es decir, el del 76º aniversario del golpe militar de 1936, quisiéramos hacer un pequeño homenaje a varios tudelanos de pro y buenos republicanos.
Hace algún tiempo, no tanto, allá por noviembre de 1936, en la fría y dolorosa noche del 12 de noviembre, fueron ejecutados, y soterrados cerca de la localidad ribera de Fontellas, ocho tudelanos después de haberlos encarcelado, sometido a trabajos forzados, y humillados ante sus propios paisanos, todo ello, sin el juicio previo correspondiente.
Estos ocho demócratas, entre los que se encontraban dos concejales de Tudela del partido socialista, elegidos democráticamente para el Ayuntamiento de Tudela, eran: Manuel Úcar, Nicolás Jalle, Rodrigo Saine, Francisco Jacoste, Pablo Bermejo, José Sesma y los dos referidos concejales, Francisco Úcar Liñan y Juan Navarro Anguiano. En los años 50 fueron trasladados al cementerio católico de Tudela, después de no pocos problemas con las autoproclamadas autoridades políticas.
Estas personas, después de 76 años se encuentran en el olvido más absoluto y es hora de que sean tenidos en cuenta en la memoria colectiva y en la verdad para que la igualdad de las personas por las que ellos lucharon y la igualdad de las víctimas de cualquier tipo de violencia no sea solo un eslogan.
La dignidad del reconocimiento de las víctimas, se alcanza en la verdad y en el reconocimiento de todas ellas, basado todo ello en la igualdad de las personas. La reconciliación social no se puede sustentar más que en borrar la diferencia entre vencedores y vencidos, máxime cuando hablamos de personas que dieron su vida por un sistema político como la República, legalmente constituida.
Aún en julio de 2011, los partidos políticos UPN y PP rechazaron que el Pleno del Ayuntamiento de Tudela recordara y homenajeara la memoria de los dos ediles tudelanos asesinados en el 36.
Esta derecha que no reconoce la Ley de Memoria Histórica, hace que en localidades riberas se siga sin cumplir la norma de los símbolos franquistas y se niega a dar su voto para suprimir la condición de hijo adoptivo al generalísimo Franco en Tudela.
Todavía no se ha pedido perdón por la masacre de Gernika de hace 75 años y no han consentido apoyar la creación del Parque de la Memoria de Sartaguda, que ha sido erigido a pesar de su falta de colaboración.
Sin embargo, no se trata de abrir heridas sino de reclamar una vez más el reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que dieron todo, hasta su vida, por sus ideas y por la defensa de la legalidad. Es una ocasión para recordar a la ciudadanía tudelana que sigue habiendo víctimas, a las que ni tan siquiera se les ha pedido perdón, a las que no se les ha reconocido, a las que no se ha reparado, y que siguen siendo ignoradas por organismos oficiales, políticos y grupos mediáticos. Somos varias las familias que recordamos a nuestros seres queridos hechos desaparecer en aquella fatídica noche
La UJCEy el PCE lanzan una campaña por la huelga del 14N
Mundo Obrero
Tras la aprobación de la última reforma laboral, el número de desempleados en nuestro país ha ascendido en más de un millón de personas, dato que deja entrever que no solo las políticas de austeridad aprobadas por el gobierno del PP no han servido para detener esta sangría de despidos, sino que además son la causa del agravamiento del paro en España.
Si a este desastroso paisaje lo acompañamos de la aprobación de los Presupuestos más restrictivos y antisociales de la historia, una subida de impuestos regresivos y el recorte de servicios y recursos sociales y sanitarios, el panorama que se nos dibuja es desolador. Esta crisis no la nota solo el desempleado, sino también los asalariados que ven cómo sus salarios se reducen mientras el precio de todos los bienes de consumo aumenta.
Por todo ello, la UJCE y el PCE han lanzado una campaña contra los recortes y de apoyo a la Huelga General del 14 de noviembre, convocatoria que además trasciende fronteras habiendo sido convocada también en Portugal, Grecia, Chipre e Italia. Esta campaña incluye un díptico explicando lo que suponen los recortes emprendidos por el gobierno de Rajoy y enumerando las medidas que propone el PCE para salir de la crisis, cartelería y un vídeo conjunto contra los recortes y de apoyo a la jornada del #14N. Además, se lanzó a través de Twitter el hashtag #STOPtroika para presentar el vídeo, habiendo logrado ser Trending Topic a nivel del Estado.
¿Qué guerra hemos perdido?
Agustín Moreno / Cuarto poder / Rebelión
Hoy en España mucha gente pasa hambre. Parecemos un país devastado por algún terrible conflicto. La población se empobrece a un ritmo acelerado, está atemorizada, pierde sus esperanzas y sueños. No tiene expectativas de mejora, sino de seguir escuchando malas noticias y sufriendo peores decisiones. Toda una generación perdida.
Para J.P. Morgan, la economía española se encuentra en una de las mayores crisis de su historia y ha publicado un gráfico del PIB real de los últimos 160 años en el que se muestra que España está en su peor crisis desde la guerra civil y desde 1850, con una caída de la economía que raramente se ha visto en la historia moderna del país.
Efectivamente, los datos de la situación económica y social son escalofriantes. La economía está en recesión y las perspectivas son sombrías. Los salarios caen en picado, se disparan los EREs y los despidos con la reforma laboral, se cierran decenas de miles de empresas medianas y pequeñas. Desde 2008, más de 400.000 familias han perdido sus viviendas por los desahucios. El paro está casi en los 6 millones de personas. Aún más grave es el caso de los jóvenes, con uno de cada dos en el desempleo, a pesar de la cualificación académica y profesional, lo que les hace escoger el camino del exilio laboral. Se calcula un saldo migratorio negativo en esta década de 945.000 personas, según el Informe Económico Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2013.
Mientras crece el número de millonarios, la pobreza alcanza niveles de record y afecta al 20% de la población. Hay 1.737.600 familias con todos sus miembros sin trabajo, dos millones de parados sin cobrar prestación. Es especialmente terrible la pobreza infantil, con más de dos millones de niños en ese estado. Hay una inflexión en la esperanza de vida, que empieza a retroceder, y la natalidad se está viendo afectada.
Estamos ante un ataque en toda regla al estado democrático, social y de derecho del que habla nuestra Constitución. Paro, pobreza, empobrecimiento y expropiación de lo público, resumen la situación de un país intervenido, de facto, por las decisiones de los mercados y las autoridades comunitarias, aunque se niegue y oculte por el gobierno español. Que se ha visto obligado a pedir 100.000 millones de euros para rescatar a una banca que ha estafado a los ciudadanos. Y a cambio, se han impuesto los mismos recortes que a otros países de la Unión Europea anteriormente rescatados: reducción de empleo público, bajada de salarios, aumento de jornada y supresión de pagas extras a los funcionarios, privatizaciones de empresa públicas, despido más fácil y barato, aumento de la edad de jubilación y endurecimiento de las condiciones, ataque a los servicios públicos esenciales (enseñanza, sanidad, copago de los medicamentos…), regresión fiscal con medidas como la subida del IVA y del IRPF y la amnistía a los defraudadores, etc.
Todo ello, hace que el paisaje dominante sea la angustia y la inseguridad social y laboral por la falta de futuro. Desde hace cuatro años el suicidio es la principal causa de muerte externa –sin contar enfermedades- en España, más que los accidentes de tráfico. Los últimos datos del INE recogen que en 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi nueve al día. La crisis está detrás de muchos de ellos.
Somos un país que pierde soberanía y con unas instituciones en el mayor descrédito. En una reciente encuesta publicada, los colectivos en los que más confían los españoles eran los médicos, los científicos y el profesorado de la educación pública; por el contrario, la clase política, los bancos, jueces, los sindicatos y los obispos salían muy mal parados.
Nada es casual. Los paquetes sucesivos de recortes que se hacen contraviniendo totalmente el programa electoral con el que llegó al gobierno, aún no hace un año, el actual gobierno soluciones hay que aplicar urgentemente. No les interesa a los dos principales partidos que comparten responsabilidades sobre la actual situación. Ni se producen debates sobre el estado del país, ni se crean comisiones de investigación sobre la estafa bancaría y el golpe de estado financiero.
Rajoy sigue desaparecido y comparece a regañadientes para anunciar más y más recortes; espera que el mantra de la “herencia recibida” siga funcionando, al menos entre sus votantes.
El PSOE hace una oposición errática, criticando los recortes y planteando a la vez pactos de Estado para seguir recortando. Tampoco se renueva, ni construye un discurso coherentes ni recupera crédito entre la ciudadanía. Se podría pensar que juega a la certidumbre de que Rajoy se quemará con la crisis y que ello les creará oportunidades de retorno al poder sin cambiar sustancialmente de política, como ya hizo Zapatero. Pero más bien parece que el PSOE, con su oposición de baja intensidad, se instala en una travesía voluntaria del desierto para no recuperar espacio político y no tener que gobernar a corto plazo. Sólo así se explica que mantenga el liderazgo de Rubalcaba y que presente a determinados candidatos en las elecciones autonómicas.
De lo que podemos estar seguros es que no se saldrá de esta situación con la política de austeridad. Algo que, inteligentemente, opinan tres de cada cuatro ciudadanos españoles y premios Nobel de economía del peso de Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Con los ajustes seguiremos andando por el fondo de la piscina unos cuantos años más y cuando salgamos a flote, quizá dentro de diez-quince años, el nivel salarial, de derechos, del estado social será de mínimos.
Por ello la pregunta a hacerse ante este estado de cosas es ¿qué guerra hemos perdido para que los ciudadanos españoles suframos este castigo? Las respuestas pueden ser varias.
Creo que la principal derrota es haber dejado la política en manos de los poderosos, los aprovechados y los corruptos, en aquellos que sólo gobiernan para sus intereses. Haber renunciado a controlar al poder político por parte de los ciudadanos. Permitir que los bancos y los neoliberales se ocupen de algo tan importante como la economía. Consentir que políticos mediocres nos gobiernen. Tolerar que se incumplan una y otra vez los compromisos electorales. Permitir una construcción europea a la medida de los mercados y del gran capital.
No movilizarnos suficientemente contra la injusticia y el desmantelamiento de los derechos.
Aunque las cosas vienen de lejos. Visto con perspectiva histórica, la principal batalla perdida ha sido el modelo escasamente democrático implantado en la transición, donde se excluían temas “intocables” (monarquía, memoria histórica, poder de la iglesia y del ejército, modelo territorial…) y se fomentaba la despolitización ciudadana (partitocracia, ley de D`Hondt, listas cerradas, irresponsabilidad de los políticos…). Lo que suponía una soberanía descafeinada y la pasividad política de la ciudadanía. Y hoy el coste es demasiado alto.
Por ello, estamos obligados a resistir, a organizarnos, a construir alternativas. Empezando por exigir a los sindicatos, a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales (15-M, 25-S…) que nos convoquen a una lucha unitaria, sostenida y contundente. Con la Huelga General del 14 de noviembre, tenemos la oportunidad de gritar ¡Basta ya! y de empezar a levantarnos.
Pero debe de ser sólo el comienzo. Después tendrá que venir una profunda regeneración democrática, en la se implique la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas alejados y expulsados de la política, si queremos transformar la sociedad.
Hoy en España mucha gente pasa hambre. Parecemos un país devastado por algún terrible conflicto. La población se empobrece a un ritmo acelerado, está atemorizada, pierde sus esperanzas y sueños. No tiene expectativas de mejora, sino de seguir escuchando malas noticias y sufriendo peores decisiones. Toda una generación perdida.
Para J.P. Morgan, la economía española se encuentra en una de las mayores crisis de su historia y ha publicado un gráfico del PIB real de los últimos 160 años en el que se muestra que España está en su peor crisis desde la guerra civil y desde 1850, con una caída de la economía que raramente se ha visto en la historia moderna del país.
Efectivamente, los datos de la situación económica y social son escalofriantes. La economía está en recesión y las perspectivas son sombrías. Los salarios caen en picado, se disparan los EREs y los despidos con la reforma laboral, se cierran decenas de miles de empresas medianas y pequeñas. Desde 2008, más de 400.000 familias han perdido sus viviendas por los desahucios. El paro está casi en los 6 millones de personas. Aún más grave es el caso de los jóvenes, con uno de cada dos en el desempleo, a pesar de la cualificación académica y profesional, lo que les hace escoger el camino del exilio laboral. Se calcula un saldo migratorio negativo en esta década de 945.000 personas, según el Informe Económico Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2013.
Mientras crece el número de millonarios, la pobreza alcanza niveles de record y afecta al 20% de la población. Hay 1.737.600 familias con todos sus miembros sin trabajo, dos millones de parados sin cobrar prestación. Es especialmente terrible la pobreza infantil, con más de dos millones de niños en ese estado. Hay una inflexión en la esperanza de vida, que empieza a retroceder, y la natalidad se está viendo afectada.
Estamos ante un ataque en toda regla al estado democrático, social y de derecho del que habla nuestra Constitución. Paro, pobreza, empobrecimiento y expropiación de lo público, resumen la situación de un país intervenido, de facto, por las decisiones de los mercados y las autoridades comunitarias, aunque se niegue y oculte por el gobierno español. Que se ha visto obligado a pedir 100.000 millones de euros para rescatar a una banca que ha estafado a los ciudadanos. Y a cambio, se han impuesto los mismos recortes que a otros países de la Unión Europea anteriormente rescatados: reducción de empleo público, bajada de salarios, aumento de jornada y supresión de pagas extras a los funcionarios, privatizaciones de empresa públicas, despido más fácil y barato, aumento de la edad de jubilación y endurecimiento de las condiciones, ataque a los servicios públicos esenciales (enseñanza, sanidad, copago de los medicamentos…), regresión fiscal con medidas como la subida del IVA y del IRPF y la amnistía a los defraudadores, etc.
Todo ello, hace que el paisaje dominante sea la angustia y la inseguridad social y laboral por la falta de futuro. Desde hace cuatro años el suicidio es la principal causa de muerte externa –sin contar enfermedades- en España, más que los accidentes de tráfico. Los últimos datos del INE recogen que en 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi nueve al día. La crisis está detrás de muchos de ellos.
Somos un país que pierde soberanía y con unas instituciones en el mayor descrédito. En una reciente encuesta publicada, los colectivos en los que más confían los españoles eran los médicos, los científicos y el profesorado de la educación pública; por el contrario, la clase política, los bancos, jueces, los sindicatos y los obispos salían muy mal parados.
Nada es casual. Los paquetes sucesivos de recortes que se hacen contraviniendo totalmente el programa electoral con el que llegó al gobierno, aún no hace un año, el actual gobierno soluciones hay que aplicar urgentemente. No les interesa a los dos principales partidos que comparten responsabilidades sobre la actual situación. Ni se producen debates sobre el estado del país, ni se crean comisiones de investigación sobre la estafa bancaría y el golpe de estado financiero.
Rajoy sigue desaparecido y comparece a regañadientes para anunciar más y más recortes; espera que el mantra de la “herencia recibida” siga funcionando, al menos entre sus votantes.
El PSOE hace una oposición errática, criticando los recortes y planteando a la vez pactos de Estado para seguir recortando. Tampoco se renueva, ni construye un discurso coherentes ni recupera crédito entre la ciudadanía. Se podría pensar que juega a la certidumbre de que Rajoy se quemará con la crisis y que ello les creará oportunidades de retorno al poder sin cambiar sustancialmente de política, como ya hizo Zapatero. Pero más bien parece que el PSOE, con su oposición de baja intensidad, se instala en una travesía voluntaria del desierto para no recuperar espacio político y no tener que gobernar a corto plazo. Sólo así se explica que mantenga el liderazgo de Rubalcaba y que presente a determinados candidatos en las elecciones autonómicas.
De lo que podemos estar seguros es que no se saldrá de esta situación con la política de austeridad. Algo que, inteligentemente, opinan tres de cada cuatro ciudadanos españoles y premios Nobel de economía del peso de Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Con los ajustes seguiremos andando por el fondo de la piscina unos cuantos años más y cuando salgamos a flote, quizá dentro de diez-quince años, el nivel salarial, de derechos, del estado social será de mínimos.
Por ello la pregunta a hacerse ante este estado de cosas es ¿qué guerra hemos perdido para que los ciudadanos españoles suframos este castigo? Las respuestas pueden ser varias.
Creo que la principal derrota es haber dejado la política en manos de los poderosos, los aprovechados y los corruptos, en aquellos que sólo gobiernan para sus intereses. Haber renunciado a controlar al poder político por parte de los ciudadanos. Permitir que los bancos y los neoliberales se ocupen de algo tan importante como la economía. Consentir que políticos mediocres nos gobiernen. Tolerar que se incumplan una y otra vez los compromisos electorales. Permitir una construcción europea a la medida de los mercados y del gran capital.
No movilizarnos suficientemente contra la injusticia y el desmantelamiento de los derechos.
Aunque las cosas vienen de lejos. Visto con perspectiva histórica, la principal batalla perdida ha sido el modelo escasamente democrático implantado en la transición, donde se excluían temas “intocables” (monarquía, memoria histórica, poder de la iglesia y del ejército, modelo territorial…) y se fomentaba la despolitización ciudadana (partitocracia, ley de D`Hondt, listas cerradas, irresponsabilidad de los políticos…). Lo que suponía una soberanía descafeinada y la pasividad política de la ciudadanía. Y hoy el coste es demasiado alto.
Por ello, estamos obligados a resistir, a organizarnos, a construir alternativas. Empezando por exigir a los sindicatos, a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales (15-M, 25-S…) que nos convoquen a una lucha unitaria, sostenida y contundente. Con la Huelga General del 14 de noviembre, tenemos la oportunidad de gritar ¡Basta ya! y de empezar a levantarnos.
Pero debe de ser sólo el comienzo. Después tendrá que venir una profunda regeneración democrática, en la se implique la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas alejados y expulsados de la política, si queremos transformar la sociedad.
8 de noviembre de 2012
Matrimonio entre personas del mismo sexo: El Tribunal Constitucional pone punto final a siete años de infamia
Matrimonio entre personas del mismo sexo: El Tribunal Constitucional pone punto final a siete años de infamia
Por 8 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Constitucional ha decidido avalar la ley que permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio.
España
Tercera Información
07-11-2012
La mayoría de seis votos que ayer adelantaban diferentes medios de comunicación ha sido al final más amplia. A falta de conocer los detalles, todo parece indicar que los dos magistrados de cuyo voto se dudaba han decidido finalmente avalar la ponencia favorable al matrimonio igualitario redactada por Pablo Pérez Tremps.
Las primeras informaciones indican que el Tribunal Constitucional no aprecia objeciones de entidad constitucional que impidan incluir a las parejas del mismo sexo dentro de la protección que dispensa el artículo 32 de la Constitución, según el cual “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. La Ley 13/2005, de hecho, lo que hace es precisamente añadir 18 palabras más al correspondiente artículo del Código Civil: la modificación legal fundamental consistió en añadir solo 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
El fallo pivotaría, esencialmente, en torno a la consideración de que la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo se inscribe en la lógica del mandato constitucional a los poderes públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (artículo 9.2).
Los votos
Los votos a favor de la sentencia han sido los del ponente Pablo Pérez Tremps (miembro del Constitucional a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero); el presidente del Tribunal Pascual Sala (de tendencia progresista, propuesto por el anterior Consejo General de Poder Judicial); Manuel Aragón (propuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero); Adela Asúa (propuesta por el PSOE en el Senado); Luis Ortega (propuesto por el PSOE en el Senado); Francisco Pérez de los Cobos (propuesto por el PP en el Senado); Fernando Valdés (propuesto por el PSOE en el Congreso) y Encarnación Roca (propuesta por el PSOE en el Congreso). Manuel Aragón emitirá un voto concurrente, al estar de acuerdo con el fallo pero no con la argumentación empleada.
En contra han votado el vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas (de tendencia conservadora, propuesto por el anterior Consejo General de Poder Judicial); Juan José González Rivas (propuesto por el PP en el Congreso) y Andrés Ollero (propuesto por el PP en el Congreso). Ollero fue diputado del propio PP y miembro del Opus Dei, y ya antes de ser elegido miembro del Constitucional era conocida su oposición del matrimonio igualitario, pese a lo cual no se ha abstenido de participar en la votación. Sí que lo ha hecho Francisco Hernando (propuesto por el PP en el Senado), cuya oposición al matrimonio igualitario también era ya conocida. Los tres opositores a la sentencia emitirán votos discrepantes explicando sus razones.
Alberto Ruiz-Gallardón: “la duda existía”
Tiempo habrá de analizar con calma el nuevo escenario que la sentencia del Constitucional abre, pero ya se han producido las primeras reacciones. Por parte de Gobierno del PP, el partido que presentó el recurso contra el matrimonio igualitario, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la ley de matrimonio igualitario no será reformada. “El Tribunal Constitucional, al establecer que la Constitución ampara que esta unión de personas del mismo sexo cabe dentro de la concepción de matrimonio que recoge el texto constitucional, ha establecido una doctrina que para nosotros es, en este caso, vinculante”, ha declarado.
Ruiz-Gallardón ha aprovechado para defender la decisión de su partido de presentar el recurso,argumentando que “la duda existía”.
Iñaki Oyarzábal (PP): el recurso “ha venido bien”
Por lo que se refiere al propio PP, como era previsible las primeras reacciones han sido las de los representantes de su sector más aperturista, presto a lavar la cara del partido y minimizar daños. Su secretario de Justicia, Derechos y Libertades, Iñaki Oyarzábal, él mismo abiertamente gay, ha señalado que la sentencia dará “seguridad jurídica” a las parejas del mismo sexo que se hayan casado ya o quieran hacerlo. Oyarzábal ha afirmado incluso que el recursom en este sentido, “hasta ha venido bien” . En línea con lo anunciado por Gallardón, Oyarzábal ha asegurado que su partido “asume” la sentencia y se compromete a mantener la ley en sus mismos términos.
Por el momento no nos han llegado declaraciones de ninguno de los líderes del PP que en su momento expresaron con más fiereza su oposición al matrimonio igualitario. Tampoco del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que tomó personalmente la decisión de presentar el recurso.
Foro de la Familia: “la ley debe ser derogada”
Si el PP encarnó en lo político la oposición al matrimonio igualitario, en lo social fue el ultraconservador Foro de la Familia el que actuó como punta de lanza contra la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo. Su presidente, Benigno Blanco, ha afirmado que la decisión del Constitucionalhará que muchos españoles “pierdan confianza” en la Constitución, y ha insistido en que la ley debe ser derogada.
Satisfacción en PSOE, Izquierda Plural, UPyD y PNV
Como era previsible, la satisfacción es generalizada en aquellas fuerzas políticas que ya en 2005 apoyaron la aprobación del matrimonio igualitario. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha expresado que “la igualdad ha prevalecido sobre quienes, una vez más, intentaban imponer su moral. Para muchas personas acaban siete años de incertidumbre. Salvo para unos pocos, los que interpusieron ese recurso vergonzoso, el día ha traído una excelente noticia”. Desde Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se señala que el resultado de la sentencia “es uno de los varapalos democráticos más importantes” que ha recibido el PP, en palabras del diputado Joan Josep Nuet. “El fallo del Constitucional supone una histórica victoria del movimiento social LGTB sobre las posiciones intolerantes y discriminatorias que el PP ha abanderado, aconsejado por la jerarquía de la Iglesia católica”, ha declarado por su parte Alberto Hidalgo, coordinador federal de Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IU (ALEAS IU).
“Ya está bien siete años para pensárselo”, ha ironizado por su parte Rosa Díez, lider de UPyD. Y también el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha mostrado su satisfacción por el aval a una ley que, ha recordado, su partido apoyó.
IU muestra su "profunda satisfacción y alegría" por el rechazo del Constitucional al recurso del PP conra el matrimonio entre personas del mismo sexo
Desde esta formación se destaca especialmente el “intenso e incansable trabajo realizado por el movimiento LGTB a favor de la igualdad de todos los ciudadanos”.
Izquierda Unida, a través de toda su dirección y, en especial, de su Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS), quiere mostrar su “profunda satisfacción y alegría” por la decisión del Tribunal Constitucional conocida oficialmente hoy de desestimar el recurso de inconstitucionalidad que el PP interpuso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo hace ya siete años. IU “felicita especialmente al conjunto del movimiento LGTB por este nuevo logro” y quiere reconocer de forma particular el “intenso e incansable trabajo realizado por este movimiento en favor de la igualdad de todos los ciudadanos”.
Para Alberto Hidalgo, coordinador federal de ALEAS-IU, “el fallo del Constitucional supone una histórica victoria del movimiento social LGTB sobre las posiciones intolerantes y discriminatorias que el PP ha abanderado, aconsejado por la jerarquía de la Iglesia católica”. Hidalgo confía en que esta decisión, que pone fin a siete años de indefinición judicial, “sirva para acabar con los constantes ataques del PP contra la igualdad de derechos del colectivo LGTB”.
Por su parte, los diputado/as de IU Ascensión de las Heras y Joan Josep Nuet han coincidido en destacar que la “ofensiva antisocial y antidemocrática que desde hace tiempo llevan a cabo el PP y su gobierno, acentuada en los últimos meses por las acciones, entre otros, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sufren un importante varapalo que esperamos que les sirva de lección para sus políticas intransigentes con las libertades y derechos de la ciudadanía de aquí en adelante”.
Ascensión de las Heras, portavoz parlamentaria de IU en la Comisión de Igualdad del Congreso, considera que “la derecha política más retrógrada que encarna el PP sufre una doble derrota, política y moral. Ninguna formación política puede dar la espalda como ellos han hecho a los avances que decide mayoritariamente la sociedad española”.
Nuet, por su parte, destaca el hecho de que “el PP podía haber retirado su recurso hace mucho tiempo, pero ha preferido seguir las directrices marcadas por la jerarquía católica antes que oír la voz de la ciudadanía y la de muchos de sus propios militantes y simpatizantes que veían con toda normalidad el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Dirigentes, simpatizantes y militantes de IU han participado hoy activamente en las distintas movilizaciones convocadas por el movimiento LGTB para celebrar la decisión del Tribunal Constitucional.
Alegría desbordada de los colectivos LGTB
Los colectivos LGTB, por su parte, han vivido la jornada con alegría desbordada. Poco después de conocerse la noticia comenzábamos a recibir los primeros comunicados de organizaciones de toda España, todos ellos coincidentes en su satisfacción y alegría. Y diversos colectivos convocaban a celebraciones en calles y plazas.
Especialmente simbólica ha sido la celebración en plena Puerta del Sol, corazón de la capital de España, donde nos hemos acercado cámara en mano a buscar los primeros testimonios. Hemos recogido las palabras de Boti García Rodrigo (presidenta de la FELGTB), José María Núñez (presidente de Fundación Triángulo), Ascensión de las Heras (diputada de IU en el Congreso), Chesús Yuste (diputado de CHA en el Congreso), Pedro Zerolo (concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid), Carla Antonelli (diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid), Gaspar Llamazares (diputado de IU en el Congreso), Eduardo Mendicutti (escritor), Inés Sabanés (portavoz de Equo Madrid) y Agustín López (presidente de COGAM).
Por 8 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Constitucional ha decidido avalar la ley que permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio.
España
Tercera Información
07-11-2012
La mayoría de seis votos que ayer adelantaban diferentes medios de comunicación ha sido al final más amplia. A falta de conocer los detalles, todo parece indicar que los dos magistrados de cuyo voto se dudaba han decidido finalmente avalar la ponencia favorable al matrimonio igualitario redactada por Pablo Pérez Tremps.
Las primeras informaciones indican que el Tribunal Constitucional no aprecia objeciones de entidad constitucional que impidan incluir a las parejas del mismo sexo dentro de la protección que dispensa el artículo 32 de la Constitución, según el cual “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. La Ley 13/2005, de hecho, lo que hace es precisamente añadir 18 palabras más al correspondiente artículo del Código Civil: la modificación legal fundamental consistió en añadir solo 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
El fallo pivotaría, esencialmente, en torno a la consideración de que la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo se inscribe en la lógica del mandato constitucional a los poderes públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (artículo 9.2).
Los votos
Los votos a favor de la sentencia han sido los del ponente Pablo Pérez Tremps (miembro del Constitucional a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero); el presidente del Tribunal Pascual Sala (de tendencia progresista, propuesto por el anterior Consejo General de Poder Judicial); Manuel Aragón (propuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero); Adela Asúa (propuesta por el PSOE en el Senado); Luis Ortega (propuesto por el PSOE en el Senado); Francisco Pérez de los Cobos (propuesto por el PP en el Senado); Fernando Valdés (propuesto por el PSOE en el Congreso) y Encarnación Roca (propuesta por el PSOE en el Congreso). Manuel Aragón emitirá un voto concurrente, al estar de acuerdo con el fallo pero no con la argumentación empleada.
En contra han votado el vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas (de tendencia conservadora, propuesto por el anterior Consejo General de Poder Judicial); Juan José González Rivas (propuesto por el PP en el Congreso) y Andrés Ollero (propuesto por el PP en el Congreso). Ollero fue diputado del propio PP y miembro del Opus Dei, y ya antes de ser elegido miembro del Constitucional era conocida su oposición del matrimonio igualitario, pese a lo cual no se ha abstenido de participar en la votación. Sí que lo ha hecho Francisco Hernando (propuesto por el PP en el Senado), cuya oposición al matrimonio igualitario también era ya conocida. Los tres opositores a la sentencia emitirán votos discrepantes explicando sus razones.
Alberto Ruiz-Gallardón: “la duda existía”
Tiempo habrá de analizar con calma el nuevo escenario que la sentencia del Constitucional abre, pero ya se han producido las primeras reacciones. Por parte de Gobierno del PP, el partido que presentó el recurso contra el matrimonio igualitario, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la ley de matrimonio igualitario no será reformada. “El Tribunal Constitucional, al establecer que la Constitución ampara que esta unión de personas del mismo sexo cabe dentro de la concepción de matrimonio que recoge el texto constitucional, ha establecido una doctrina que para nosotros es, en este caso, vinculante”, ha declarado.
Ruiz-Gallardón ha aprovechado para defender la decisión de su partido de presentar el recurso,argumentando que “la duda existía”.
Iñaki Oyarzábal (PP): el recurso “ha venido bien”
Por lo que se refiere al propio PP, como era previsible las primeras reacciones han sido las de los representantes de su sector más aperturista, presto a lavar la cara del partido y minimizar daños. Su secretario de Justicia, Derechos y Libertades, Iñaki Oyarzábal, él mismo abiertamente gay, ha señalado que la sentencia dará “seguridad jurídica” a las parejas del mismo sexo que se hayan casado ya o quieran hacerlo. Oyarzábal ha afirmado incluso que el recursom en este sentido, “hasta ha venido bien” . En línea con lo anunciado por Gallardón, Oyarzábal ha asegurado que su partido “asume” la sentencia y se compromete a mantener la ley en sus mismos términos.
Por el momento no nos han llegado declaraciones de ninguno de los líderes del PP que en su momento expresaron con más fiereza su oposición al matrimonio igualitario. Tampoco del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que tomó personalmente la decisión de presentar el recurso.
Foro de la Familia: “la ley debe ser derogada”
Si el PP encarnó en lo político la oposición al matrimonio igualitario, en lo social fue el ultraconservador Foro de la Familia el que actuó como punta de lanza contra la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo. Su presidente, Benigno Blanco, ha afirmado que la decisión del Constitucionalhará que muchos españoles “pierdan confianza” en la Constitución, y ha insistido en que la ley debe ser derogada.
Satisfacción en PSOE, Izquierda Plural, UPyD y PNV
Como era previsible, la satisfacción es generalizada en aquellas fuerzas políticas que ya en 2005 apoyaron la aprobación del matrimonio igualitario. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha expresado que “la igualdad ha prevalecido sobre quienes, una vez más, intentaban imponer su moral. Para muchas personas acaban siete años de incertidumbre. Salvo para unos pocos, los que interpusieron ese recurso vergonzoso, el día ha traído una excelente noticia”. Desde Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se señala que el resultado de la sentencia “es uno de los varapalos democráticos más importantes” que ha recibido el PP, en palabras del diputado Joan Josep Nuet. “El fallo del Constitucional supone una histórica victoria del movimiento social LGTB sobre las posiciones intolerantes y discriminatorias que el PP ha abanderado, aconsejado por la jerarquía de la Iglesia católica”, ha declarado por su parte Alberto Hidalgo, coordinador federal de Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IU (ALEAS IU).
“Ya está bien siete años para pensárselo”, ha ironizado por su parte Rosa Díez, lider de UPyD. Y también el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha mostrado su satisfacción por el aval a una ley que, ha recordado, su partido apoyó.
IU muestra su "profunda satisfacción y alegría" por el rechazo del Constitucional al recurso del PP conra el matrimonio entre personas del mismo sexo
Desde esta formación se destaca especialmente el “intenso e incansable trabajo realizado por el movimiento LGTB a favor de la igualdad de todos los ciudadanos”.
Izquierda Unida, a través de toda su dirección y, en especial, de su Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS), quiere mostrar su “profunda satisfacción y alegría” por la decisión del Tribunal Constitucional conocida oficialmente hoy de desestimar el recurso de inconstitucionalidad que el PP interpuso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo hace ya siete años. IU “felicita especialmente al conjunto del movimiento LGTB por este nuevo logro” y quiere reconocer de forma particular el “intenso e incansable trabajo realizado por este movimiento en favor de la igualdad de todos los ciudadanos”.
Para Alberto Hidalgo, coordinador federal de ALEAS-IU, “el fallo del Constitucional supone una histórica victoria del movimiento social LGTB sobre las posiciones intolerantes y discriminatorias que el PP ha abanderado, aconsejado por la jerarquía de la Iglesia católica”. Hidalgo confía en que esta decisión, que pone fin a siete años de indefinición judicial, “sirva para acabar con los constantes ataques del PP contra la igualdad de derechos del colectivo LGTB”.
Por su parte, los diputado/as de IU Ascensión de las Heras y Joan Josep Nuet han coincidido en destacar que la “ofensiva antisocial y antidemocrática que desde hace tiempo llevan a cabo el PP y su gobierno, acentuada en los últimos meses por las acciones, entre otros, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sufren un importante varapalo que esperamos que les sirva de lección para sus políticas intransigentes con las libertades y derechos de la ciudadanía de aquí en adelante”.
Ascensión de las Heras, portavoz parlamentaria de IU en la Comisión de Igualdad del Congreso, considera que “la derecha política más retrógrada que encarna el PP sufre una doble derrota, política y moral. Ninguna formación política puede dar la espalda como ellos han hecho a los avances que decide mayoritariamente la sociedad española”.
Nuet, por su parte, destaca el hecho de que “el PP podía haber retirado su recurso hace mucho tiempo, pero ha preferido seguir las directrices marcadas por la jerarquía católica antes que oír la voz de la ciudadanía y la de muchos de sus propios militantes y simpatizantes que veían con toda normalidad el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Dirigentes, simpatizantes y militantes de IU han participado hoy activamente en las distintas movilizaciones convocadas por el movimiento LGTB para celebrar la decisión del Tribunal Constitucional.
Alegría desbordada de los colectivos LGTB
Los colectivos LGTB, por su parte, han vivido la jornada con alegría desbordada. Poco después de conocerse la noticia comenzábamos a recibir los primeros comunicados de organizaciones de toda España, todos ellos coincidentes en su satisfacción y alegría. Y diversos colectivos convocaban a celebraciones en calles y plazas.
Especialmente simbólica ha sido la celebración en plena Puerta del Sol, corazón de la capital de España, donde nos hemos acercado cámara en mano a buscar los primeros testimonios. Hemos recogido las palabras de Boti García Rodrigo (presidenta de la FELGTB), José María Núñez (presidente de Fundación Triángulo), Ascensión de las Heras (diputada de IU en el Congreso), Chesús Yuste (diputado de CHA en el Congreso), Pedro Zerolo (concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid), Carla Antonelli (diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid), Gaspar Llamazares (diputado de IU en el Congreso), Eduardo Mendicutti (escritor), Inés Sabanés (portavoz de Equo Madrid) y Agustín López (presidente de COGAM).
6 de noviembre de 2012
prohibición de protestar en edificios públicos
prohibición de protestar en edificios públicos
UPN dice que las protestas contra los recortes "no responden a la realidad social que hay en Navarra"
Barcina considera que es como si ella pusiera en la sede del gobierno "vote a upn"
Los grupos de la oposición de izquierdas rechazan la medida de los regionalistas por ir en contra de la libertad de expresión
elena urabayen - Martes, 6 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 05:10h
Pancarta en el colegio público Virgen Blanca de Huarte.
A pesar del clamor popular que lleva meses latente en la Comunidad Foral en contra de los recortes del Gobierno, UPN valoró ayer que las protestas "no responden a la realidad social que ahora mismo hay en Navarra" para justificar así la orden que prohíbe los mensajes de protesta en los edificios públicos y en la vestimenta de los trabajadores del sector.
pamplona. Así lo defendió el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, pese a que su Gobierno trabaja en minoría. Quien sí tiene mayoría en el Parlamento son los grupos de la oposición, que rechazaron mediante una declaración institucional la orden del Gobierno hecha pública el pasado miércoles.
Adanero criticó la declaración aprobada por el resto de grupos (excepto el PP) y defendió que los servicios públicos "están al servicio de todos los ciudadanos". A su juicio, es una "barbaridad" utilizar los servicios públicos para "hacer cualquier propaganda o crítica al Gobierno" y sostuvo que "si tanto gusta que se pueda decir cualquier cosa, si nos atenemos a las mayorías, nos lo repartimos con la Ley D'Hondt y cada uno pone la publicidad que estime conveniente". "En ese caso a UPN nos tocaría mucho más que al resto para alabar nuestra gestión, seguro que si lo hiciéramos así al resto de grupos no le haría gracia", dijo Adanero.
En los mismos términos se expresó la presidenta, Yolanda Barcina, que, según declaraciones recogidas por Europa Press, apuntó que los edificios públicos son "de todos los navarros" y que "hay que respetarlos institucionalmente". "Igual que un policía no puede hacer publicidad en un uniforme consideramos que los edificios públicos tampoco son un lugar donde de alguna forma no mantener tu neutralidad e imparcialidad. Nunca se me ocurriría poner en el Palacio de Navarra, aunque esté en él, 'vota a UPN", defendió Barcina.
oposición Por contra, los grupos de la oposición consideraron tras la reunión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral que UPN quiere silenciar la protesta porque no está de acuerdo con ella y, además de aprobar la declaración institucional en contra de la orden del Gobierno, anunciaron que seguirán promoviendo iniciativas para paralizar las intenciones del Ejecutivo de acallar la protesta.
El socialista Roberto Jiménez señaló que desde su grupo defienden la libertad de expresión "como un bien jurídico a proteger" y consideró que "las cosas se tienen que hacer con sentido común". "El Gobierno no puede matar moscas a cañonazos", dijo, para agregar que "sería deseable que la libertad de expresión se practique con mesura y sin intentar molestar".
Desde NaBai, Patxi Zabaleta criticó que el Ejecutivo foral "pretende coartar la libertad que se ha ejercicio durante años" y valoró que, con la declaración aprobada, "ha prevalecido el derecho a la libertad de expresión sobre una concepción del orden anticuada y restrictiva".
Por su parte, Maiorga Ramírez, de Bildu, tildó de "inaceptable" la regulación en este tema realizada por el Gobierno y valoró que es "un exponente claro de las convicciones democráticas del Gobierno de UPN, al que le molesta que la ciudadanía pueda expresar su descontento".
UPN dice que las protestas contra los recortes "no responden a la realidad social que hay en Navarra"
Barcina considera que es como si ella pusiera en la sede del gobierno "vote a upn"
Los grupos de la oposición de izquierdas rechazan la medida de los regionalistas por ir en contra de la libertad de expresión
elena urabayen - Martes, 6 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 05:10h
Pancarta en el colegio público Virgen Blanca de Huarte.
A pesar del clamor popular que lleva meses latente en la Comunidad Foral en contra de los recortes del Gobierno, UPN valoró ayer que las protestas "no responden a la realidad social que ahora mismo hay en Navarra" para justificar así la orden que prohíbe los mensajes de protesta en los edificios públicos y en la vestimenta de los trabajadores del sector.
pamplona. Así lo defendió el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, pese a que su Gobierno trabaja en minoría. Quien sí tiene mayoría en el Parlamento son los grupos de la oposición, que rechazaron mediante una declaración institucional la orden del Gobierno hecha pública el pasado miércoles.
Adanero criticó la declaración aprobada por el resto de grupos (excepto el PP) y defendió que los servicios públicos "están al servicio de todos los ciudadanos". A su juicio, es una "barbaridad" utilizar los servicios públicos para "hacer cualquier propaganda o crítica al Gobierno" y sostuvo que "si tanto gusta que se pueda decir cualquier cosa, si nos atenemos a las mayorías, nos lo repartimos con la Ley D'Hondt y cada uno pone la publicidad que estime conveniente". "En ese caso a UPN nos tocaría mucho más que al resto para alabar nuestra gestión, seguro que si lo hiciéramos así al resto de grupos no le haría gracia", dijo Adanero.
En los mismos términos se expresó la presidenta, Yolanda Barcina, que, según declaraciones recogidas por Europa Press, apuntó que los edificios públicos son "de todos los navarros" y que "hay que respetarlos institucionalmente". "Igual que un policía no puede hacer publicidad en un uniforme consideramos que los edificios públicos tampoco son un lugar donde de alguna forma no mantener tu neutralidad e imparcialidad. Nunca se me ocurriría poner en el Palacio de Navarra, aunque esté en él, 'vota a UPN", defendió Barcina.
oposición Por contra, los grupos de la oposición consideraron tras la reunión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral que UPN quiere silenciar la protesta porque no está de acuerdo con ella y, además de aprobar la declaración institucional en contra de la orden del Gobierno, anunciaron que seguirán promoviendo iniciativas para paralizar las intenciones del Ejecutivo de acallar la protesta.
El socialista Roberto Jiménez señaló que desde su grupo defienden la libertad de expresión "como un bien jurídico a proteger" y consideró que "las cosas se tienen que hacer con sentido común". "El Gobierno no puede matar moscas a cañonazos", dijo, para agregar que "sería deseable que la libertad de expresión se practique con mesura y sin intentar molestar".
Desde NaBai, Patxi Zabaleta criticó que el Ejecutivo foral "pretende coartar la libertad que se ha ejercicio durante años" y valoró que, con la declaración aprobada, "ha prevalecido el derecho a la libertad de expresión sobre una concepción del orden anticuada y restrictiva".
Por su parte, Maiorga Ramírez, de Bildu, tildó de "inaceptable" la regulación en este tema realizada por el Gobierno y valoró que es "un exponente claro de las convicciones democráticas del Gobierno de UPN, al que le molesta que la ciudadanía pueda expresar su descontento".
Los jueces sortean la dura ley del desahucio con veredictos vanguardistas
Escrito por J. Elola / J. M. Irujo
Martes, 06 de Noviembre de 2012 00:00
Magistrados denuncian usura, abuso y enriquecimiento injusto de los bancos
Una batalla sorda se libra en los juzgados. Sus resultados, en ocasiones, pasan desapercibidos, pero dejan huella. Magistrados que se enfrentan día a día al drama del desahucio bucean en la legislación y aplican fórmulas que evitan que el número de personas que quedan en la calle siga creciendo. Desde 2008 se han ejecutado 350.000 desahucios.
“Me pica la toga”, dice muy gráficamente la juez de Barcelona Gemma Vives. “Yo también soy persona. Hay que resolver conforme a justicia, con equidad y coherencia. No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla”, reivindica. “Tenemos que buscar una salida, medidas cautelares para suspender las ejecuciones, pagos parciales, daciones en pago”, apunta el magistrado de Pamplona José Francisco Cobo. “Los ciudadanos están pagando un dineral para salvar los bancos, no parece justificado que les amparemos dándoles esa tutela que piden”, dice el juez Eduardo Rodríguez Achutegui. En las sentencias y autos, los jueces argumentan que se producen situaciones de “enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas que no difieren mucho de la “usura”. Algunos fallos acusan a los bancos de ser los causantes de la crisis y describen la indefensión del desahuciado.
Navarra
Esta comunidad fue puntera en denunciar el sistema de desahucios. Todo empezó con esta pregunta: Tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela al BBVA por el 50% de su valor de tasación, ¿se puede seguir reclamando la deuda a los afectados? La sección segunda de la Audiencia de Navarra, presidida por José Francisco Cobo, dictó un auto en 2010 donde respondió con un rotundo no, ratificó la decisión de una juez en la que se aplicaba la dación en pago y señaló a los bancos como responsables de la crisis y del drama de miles de familias. Este auto, “histórico” para las asociaciones de afectados, fue rectificado por el propio tribunal cuando el Constitucional validó el proceso de ejecución hipotecaria cuestionado por un juzgado de Sabadell.
Pero, en un auto del pasado 16 de julio, estos magistrados de Navarra vuelven a la carga. El juez Cobo explica su cambio de criterio y asegura que ante la imposibilidad de mantenerlo cómo se han buscado nuevas vías para evitar los abusos de los bancos: “Ahora ofrecemos una vía de solución en base al artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que el ejecutado puede hacer valer a través de un juicio ordinario determinadas causas de oposición”. Entre ellas cita el pago parcial de la cantidad por el enriquecimiento sin causa por el banco ejecutante, la dación en pago necesaria que regula el derecho foral de Navarra, la “increíble” bajada de precios de las viviendas, los excesos en la tasación y el precio por el que se adjudica en subasta. Francisco José Goyena, miembro de la misma sección que Cobo y ponente del “histórico” auto, lo hace en otra resolución reciente sobre una ejecución hipotecaria de Caja Navarra. Y habla de “la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias”. Goyena recuerda las “feroces críticas” que recibió del ámbito financiero.
Girona
Una sentencia de la Audiencia de Girona, del 7 de abril de 2011, dejaba claro que el banco no debe adjudicarse un bien por un precio inferior al de su tasación, obtener un beneficio adicional revendiéndolo a un tercero y, además, seguir persiguiendo al deudor que no podía abonar las cuotas. “La actuación de banco incurre en abuso de derecho”, dice la sentencia, que firma el presidente de la Audiencia, Jaume Masfarré Coll, y es “contraria al principio de buena fe”. La sentencia dejaba sin efecto la ejecución hipotecaria de una vivienda que se tasó en 325.000 euros y que el Deutsche Bank se adjudicó por 162.500. “Se olvida a veces que en la interpretación y aplicación de las leyes los tribunales deben buscar aquella respuesta que, sin contravenirlas, sea más acorde con una decisión justa, que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera”, reza la sentencia.
Torrejón (Madrid)
Un auto del juzgado 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), del 10 de enero de 2012, habla del “enriquecimiento injusto” de Caja Madrid, hoy Bankia, por adjudicarse un inmueble a la mitad de su valor. El magistrado Carmelo Jiménez hablaba de “ejercicio abusivo y antisocial, hacía una descripción de la crisis y la comparaba con el crack de 1929. La aplicación de la regulación, explicaba, “conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación” de la crisis y le permitiría adquirir la vivienda “por un precio irrisorio”. El juez concluía que permitir que el banco reclamase además la deuda al desahuciado era amparar una operación “que no difiere mucho de la usura”.
Elche
Entre las resoluciones imaginativas cabe destacar el auto de la juez Encarnación Aganzo, del juzgado 5 de Elche (Alicante), en el que supeditaba la entrega del inmueble al Banco Popular a que dijera qué uso iba a darle: hasta que no fuera vendido a una tercera persona o arrendado a nuevos propietarios, instaba a que los desahuciados permanecieran en el inmueble pagando un alquiler.
Barcelona
¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? La pregunta la formuló en julio de 2011 el magistrado José María Fernández Seijo en un auto que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cuestión se resolverá antes de navidades, según explica el juez, y puede ser determinante. De ser refrendada, podría declarar el sistema de desahucios español, uno de los más duros de Europa, “ilegal o contrario al derecho comunitario. El juez es taxativo: “Cuando haces la pregunta es porque piensas que el sistema es profundamente injusto”.
“El deudor está en inferioridad”
Gemma Vives dictó un auto en 2011 en el juzgado de Primera Instancia 44 de Barcelona en el que defendió que con la adjudicación en pública subasta del bien hipotecado quedaba saldada la deuda. El banco quería más. Para la juez primó, en cambio, el valor de la tasación y no el de la adjudicación, un 50% menor. La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de revocar su resolución y da la razón a la entidad bancaria.
“La crisis no tiene que perjudicar solo al deudor. ¿Te hubiera dado el banco el dinero que te dio si no valía lo que decía que valía? Entendí que era una situación de privilegio para el banco. El problema es la regulación de las subastas, que favorece a la entidad bancaria. Puse el acento en la propia tasación del banco. Por razones de equidad entiendo que, en esas situaciones, con la entrega de la vivienda vale. La ejecución hipotecaria es legal, pero no es justa. Si una persona pierde su casa, pierde la dignidad, pierde su refugio. Sabemos que un juez no es una ONG, pero tenemos piel”, señala Vives.
La juez, titular hoy del juzgado de Primera Instancia 22 de Barcelona, afirma que el deudor está en inferioridad de condiciones. “Apliqué el artículo 3.1 del Código Civil sobre la equidad: la justicia del caso concreto. Hay que interpretar la ley. Los jueces estamos en el límite, no te lo prohíbe la ley, pero tampoco te lo permite. ¿Qué papel haces? Estamos sometidos a la ley, pero debemos tener sensibilidad con este drama. Debería regularse todo el procedimiento hipotecario”. Vives, doctora en Derecho Civil, cree que su auto, al menos, ha generado debate.
En la imagen superior, varias personas intentan evitar un desahucio en Madrid en 2011. / Samuel Sánchez (EL PAÍS)
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Fuente: El País
Escrito por J. Elola / J. M. Irujo
Martes, 06 de Noviembre de 2012 00:00
Magistrados denuncian usura, abuso y enriquecimiento injusto de los bancos
Una batalla sorda se libra en los juzgados. Sus resultados, en ocasiones, pasan desapercibidos, pero dejan huella. Magistrados que se enfrentan día a día al drama del desahucio bucean en la legislación y aplican fórmulas que evitan que el número de personas que quedan en la calle siga creciendo. Desde 2008 se han ejecutado 350.000 desahucios.
“Me pica la toga”, dice muy gráficamente la juez de Barcelona Gemma Vives. “Yo también soy persona. Hay que resolver conforme a justicia, con equidad y coherencia. No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla”, reivindica. “Tenemos que buscar una salida, medidas cautelares para suspender las ejecuciones, pagos parciales, daciones en pago”, apunta el magistrado de Pamplona José Francisco Cobo. “Los ciudadanos están pagando un dineral para salvar los bancos, no parece justificado que les amparemos dándoles esa tutela que piden”, dice el juez Eduardo Rodríguez Achutegui. En las sentencias y autos, los jueces argumentan que se producen situaciones de “enriquecimiento injusto”, “abuso de derecho” y prácticas que no difieren mucho de la “usura”. Algunos fallos acusan a los bancos de ser los causantes de la crisis y describen la indefensión del desahuciado.
Navarra
Esta comunidad fue puntera en denunciar el sistema de desahucios. Todo empezó con esta pregunta: Tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela al BBVA por el 50% de su valor de tasación, ¿se puede seguir reclamando la deuda a los afectados? La sección segunda de la Audiencia de Navarra, presidida por José Francisco Cobo, dictó un auto en 2010 donde respondió con un rotundo no, ratificó la decisión de una juez en la que se aplicaba la dación en pago y señaló a los bancos como responsables de la crisis y del drama de miles de familias. Este auto, “histórico” para las asociaciones de afectados, fue rectificado por el propio tribunal cuando el Constitucional validó el proceso de ejecución hipotecaria cuestionado por un juzgado de Sabadell.
Pero, en un auto del pasado 16 de julio, estos magistrados de Navarra vuelven a la carga. El juez Cobo explica su cambio de criterio y asegura que ante la imposibilidad de mantenerlo cómo se han buscado nuevas vías para evitar los abusos de los bancos: “Ahora ofrecemos una vía de solución en base al artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que el ejecutado puede hacer valer a través de un juicio ordinario determinadas causas de oposición”. Entre ellas cita el pago parcial de la cantidad por el enriquecimiento sin causa por el banco ejecutante, la dación en pago necesaria que regula el derecho foral de Navarra, la “increíble” bajada de precios de las viviendas, los excesos en la tasación y el precio por el que se adjudica en subasta. Francisco José Goyena, miembro de la misma sección que Cobo y ponente del “histórico” auto, lo hace en otra resolución reciente sobre una ejecución hipotecaria de Caja Navarra. Y habla de “la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos consecuencia para una inmensa mayoría de ejecutados de una situación económica que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias”. Goyena recuerda las “feroces críticas” que recibió del ámbito financiero.
Girona
Una sentencia de la Audiencia de Girona, del 7 de abril de 2011, dejaba claro que el banco no debe adjudicarse un bien por un precio inferior al de su tasación, obtener un beneficio adicional revendiéndolo a un tercero y, además, seguir persiguiendo al deudor que no podía abonar las cuotas. “La actuación de banco incurre en abuso de derecho”, dice la sentencia, que firma el presidente de la Audiencia, Jaume Masfarré Coll, y es “contraria al principio de buena fe”. La sentencia dejaba sin efecto la ejecución hipotecaria de una vivienda que se tasó en 325.000 euros y que el Deutsche Bank se adjudicó por 162.500. “Se olvida a veces que en la interpretación y aplicación de las leyes los tribunales deben buscar aquella respuesta que, sin contravenirlas, sea más acorde con una decisión justa, que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera”, reza la sentencia.
Torrejón (Madrid)
Un auto del juzgado 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), del 10 de enero de 2012, habla del “enriquecimiento injusto” de Caja Madrid, hoy Bankia, por adjudicarse un inmueble a la mitad de su valor. El magistrado Carmelo Jiménez hablaba de “ejercicio abusivo y antisocial, hacía una descripción de la crisis y la comparaba con el crack de 1929. La aplicación de la regulación, explicaba, “conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como entidad financiera, en la causación” de la crisis y le permitiría adquirir la vivienda “por un precio irrisorio”. El juez concluía que permitir que el banco reclamase además la deuda al desahuciado era amparar una operación “que no difiere mucho de la usura”.
Elche
Entre las resoluciones imaginativas cabe destacar el auto de la juez Encarnación Aganzo, del juzgado 5 de Elche (Alicante), en el que supeditaba la entrega del inmueble al Banco Popular a que dijera qué uso iba a darle: hasta que no fuera vendido a una tercera persona o arrendado a nuevos propietarios, instaba a que los desahuciados permanecieran en el inmueble pagando un alquiler.
Barcelona
¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? La pregunta la formuló en julio de 2011 el magistrado José María Fernández Seijo en un auto que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La cuestión se resolverá antes de navidades, según explica el juez, y puede ser determinante. De ser refrendada, podría declarar el sistema de desahucios español, uno de los más duros de Europa, “ilegal o contrario al derecho comunitario. El juez es taxativo: “Cuando haces la pregunta es porque piensas que el sistema es profundamente injusto”.
“El deudor está en inferioridad”
Gemma Vives dictó un auto en 2011 en el juzgado de Primera Instancia 44 de Barcelona en el que defendió que con la adjudicación en pública subasta del bien hipotecado quedaba saldada la deuda. El banco quería más. Para la juez primó, en cambio, el valor de la tasación y no el de la adjudicación, un 50% menor. La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de revocar su resolución y da la razón a la entidad bancaria.
“La crisis no tiene que perjudicar solo al deudor. ¿Te hubiera dado el banco el dinero que te dio si no valía lo que decía que valía? Entendí que era una situación de privilegio para el banco. El problema es la regulación de las subastas, que favorece a la entidad bancaria. Puse el acento en la propia tasación del banco. Por razones de equidad entiendo que, en esas situaciones, con la entrega de la vivienda vale. La ejecución hipotecaria es legal, pero no es justa. Si una persona pierde su casa, pierde la dignidad, pierde su refugio. Sabemos que un juez no es una ONG, pero tenemos piel”, señala Vives.
La juez, titular hoy del juzgado de Primera Instancia 22 de Barcelona, afirma que el deudor está en inferioridad de condiciones. “Apliqué el artículo 3.1 del Código Civil sobre la equidad: la justicia del caso concreto. Hay que interpretar la ley. Los jueces estamos en el límite, no te lo prohíbe la ley, pero tampoco te lo permite. ¿Qué papel haces? Estamos sometidos a la ley, pero debemos tener sensibilidad con este drama. Debería regularse todo el procedimiento hipotecario”. Vives, doctora en Derecho Civil, cree que su auto, al menos, ha generado debate.
En la imagen superior, varias personas intentan evitar un desahucio en Madrid en 2011. / Samuel Sánchez (EL PAÍS)
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Fuente: El País
#NOSINCULTURA: Manifiesto en defensa de la Cultura
#NOSINCULTURA: Manifiesto en defensa de la Cultura
Unión de Actores
Los recortes en la inversión pública y las medidas antisociales que el Gobierno
ha adoptado en su política cultural son la consecuencia de tres planteamientos
muy corrosivos: la conformidad estratégica con la destrucción de puestos de
trabajo, una idea insustancial de la cultura y un menosprecio alarmante por la
ciudadanía española.
El desempleo es sin duda el problema fundamental de nuestra sociedad. No se
entiende que todas las medidas adoptadas para combatir la crisis económica
que padecemos estén más preocupadas por controlar el déficit y solucionar los
problemas de los bancos que por la creación de puestos de trabajo. Las
reformas laborales impuestas por los gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy sólo han servido para facilitar el despido y dañar la
dignidad laboral de los que todavía tienen la suerte de encontrar o conservar un
empleo. Porque el paro, desde la reforma laboral de Zapatero, en Junio de
2010, que era de 3.892.000 personas, ha aumentado en 1.800.000 parados
más, a día de hoy. A los que hay que añadir los cientos de miles de jóvenes
licenciados que la política de recortes de nuestro gobierno ha empujado al
exilio económico en otros países de Europa.
El sector de la cultura supone el 4% del Producto Interior Bruto de España y da
empleo directo a más de 600.000 personas. El desmantelamiento de la
inversión pública y la subida del IVA del 8% al 21 % para los espectáculos
culturales está provocando la paralización del sector, el cierre de empresas y el
despido de muchos trabajadores. Las ayudas económicas a la producción
cultural se han reducido, entre los años 2011 y 2013, un 75 % por parte del
gobierno central y se han suprimido totalmente en la mayoría de ayuntamientos
y autonomías. Los daños se proyectan de manera irreversible hacia el futuro
porque afectan a la formación y las posibilidades de los artistas más jóvenes.
Confundir la cultura con el rostro de algunos nombres famosos significa
desconocer de un modo demagógico la realidad humana, económica y laboral
de la música, el cine, el teatro, la literatura y el arte.
La confusión de la cultura con una idea insustancial del entretenimiento es una
operación neoliberal para separar a los ciudadanos de la educación intelectual
y sentimental, un derecho imprescindible para la formación de las conciencias
críticas. Educación y cultura son el fundamento de un contrato social de
carácter democrático. La Constitución Española, en su artículo 44.1, defiende
la cultura como un bien público que debe ser protegido por el Estado. La
operación de considerar los productos culturales como objetos de lujo y su
abandono posterior a los mecanismo exclusivos del mercado y de los intereses
privados supone un intento elitista de rebajar la educación de la ciudadanía,
impedir su formación colectiva y facilitar un panorama en el que triunfen la
demagogia, los instintos bajos y las manipulaciones mediáticas de los poderes
financieros. Sin la educación de las sensibilidades individuales resultan
imposibles el respeto y las voluntades solidarias que crean los vínculos de una
comunidad. El desprecio a la cultura provoca la incapacidad de comprensión
mutua, porque implica el desmantelamiento del pasado común, la falta de
diálogo en el presente y la cancelación del futuro.
Los ciudadanos holandeses y franceses que compran una entrada de teatro
pagan un máximo del 4,5 % de IVA. Los ciudadanos alemanes, el 7%. Pero su
salario mínimo interprofesional es de 1.445 € al mes, mientras en España es de
641 € mensuales. Y Portugal, un país rescatado e intervenido, y en peor
situación que España, lo mantiene en el 13 %. Que los ciudadanos españoles
tengamos que pagar el 21% es una muestra más del desprecio con el que
somos tratados por un Gobierno que ahoga a su población y obedece las
directrices de la banca alemana y de la política neoliberal impuesta por la
derecha europea.
Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura queremos denunciar esta
situación y unir nuestras fuerzas a todas las personas y las organizaciones que
están luchando por defender la dignidad de los ciudadanos españoles y el
derecho constitucional a un puesto de trabajo. Cada individuo afectado sufre la
crisis en la incertidumbre de su propia soledad. Pero las soluciones nos
esperan allí donde seamos capaces de reunirnos. Por eso nos
comprometemos a movilizarnos de manera colectiva para defender la
democracia, la justicia social y los servicios públicos en nuestro país y en una
Europa diferente.
Unión de Actores
Los recortes en la inversión pública y las medidas antisociales que el Gobierno
ha adoptado en su política cultural son la consecuencia de tres planteamientos
muy corrosivos: la conformidad estratégica con la destrucción de puestos de
trabajo, una idea insustancial de la cultura y un menosprecio alarmante por la
ciudadanía española.
El desempleo es sin duda el problema fundamental de nuestra sociedad. No se
entiende que todas las medidas adoptadas para combatir la crisis económica
que padecemos estén más preocupadas por controlar el déficit y solucionar los
problemas de los bancos que por la creación de puestos de trabajo. Las
reformas laborales impuestas por los gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy sólo han servido para facilitar el despido y dañar la
dignidad laboral de los que todavía tienen la suerte de encontrar o conservar un
empleo. Porque el paro, desde la reforma laboral de Zapatero, en Junio de
2010, que era de 3.892.000 personas, ha aumentado en 1.800.000 parados
más, a día de hoy. A los que hay que añadir los cientos de miles de jóvenes
licenciados que la política de recortes de nuestro gobierno ha empujado al
exilio económico en otros países de Europa.
El sector de la cultura supone el 4% del Producto Interior Bruto de España y da
empleo directo a más de 600.000 personas. El desmantelamiento de la
inversión pública y la subida del IVA del 8% al 21 % para los espectáculos
culturales está provocando la paralización del sector, el cierre de empresas y el
despido de muchos trabajadores. Las ayudas económicas a la producción
cultural se han reducido, entre los años 2011 y 2013, un 75 % por parte del
gobierno central y se han suprimido totalmente en la mayoría de ayuntamientos
y autonomías. Los daños se proyectan de manera irreversible hacia el futuro
porque afectan a la formación y las posibilidades de los artistas más jóvenes.
Confundir la cultura con el rostro de algunos nombres famosos significa
desconocer de un modo demagógico la realidad humana, económica y laboral
de la música, el cine, el teatro, la literatura y el arte.
La confusión de la cultura con una idea insustancial del entretenimiento es una
operación neoliberal para separar a los ciudadanos de la educación intelectual
y sentimental, un derecho imprescindible para la formación de las conciencias
críticas. Educación y cultura son el fundamento de un contrato social de
carácter democrático. La Constitución Española, en su artículo 44.1, defiende
la cultura como un bien público que debe ser protegido por el Estado. La
operación de considerar los productos culturales como objetos de lujo y su
abandono posterior a los mecanismo exclusivos del mercado y de los intereses
privados supone un intento elitista de rebajar la educación de la ciudadanía,
impedir su formación colectiva y facilitar un panorama en el que triunfen la
demagogia, los instintos bajos y las manipulaciones mediáticas de los poderes
financieros. Sin la educación de las sensibilidades individuales resultan
imposibles el respeto y las voluntades solidarias que crean los vínculos de una
comunidad. El desprecio a la cultura provoca la incapacidad de comprensión
mutua, porque implica el desmantelamiento del pasado común, la falta de
diálogo en el presente y la cancelación del futuro.
Los ciudadanos holandeses y franceses que compran una entrada de teatro
pagan un máximo del 4,5 % de IVA. Los ciudadanos alemanes, el 7%. Pero su
salario mínimo interprofesional es de 1.445 € al mes, mientras en España es de
641 € mensuales. Y Portugal, un país rescatado e intervenido, y en peor
situación que España, lo mantiene en el 13 %. Que los ciudadanos españoles
tengamos que pagar el 21% es una muestra más del desprecio con el que
somos tratados por un Gobierno que ahoga a su población y obedece las
directrices de la banca alemana y de la política neoliberal impuesta por la
derecha europea.
Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura queremos denunciar esta
situación y unir nuestras fuerzas a todas las personas y las organizaciones que
están luchando por defender la dignidad de los ciudadanos españoles y el
derecho constitucional a un puesto de trabajo. Cada individuo afectado sufre la
crisis en la incertidumbre de su propia soledad. Pero las soluciones nos
esperan allí donde seamos capaces de reunirnos. Por eso nos
comprometemos a movilizarnos de manera colectiva para defender la
democracia, la justicia social y los servicios públicos en nuestro país y en una
Europa diferente.
5 de noviembre de 2012
El paro subió en octubre en Navarra en 1.316 personas, hasta 50.993
El paro subió en octubre en Navarra en 1.316 personas, hasta 50.993
En 12 meses el paro ha crecido en 6.222 personas, un 13,9 %, cuando de media en el Estado ha subido el 10,84 %
AGENCIAS - Lunes, 5 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 09:11h
Cola de desempleados en una oficina de empleo. (EP)
La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo, ha valorado negativamente el alza de los datos del desempleo en octubre, aunque ha matizado que "este aumento sigue la tónica general de los meses de octubre en los últimos años". En los mismos términos se ha expresado la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, antes de participar en una recepción en el Palacio de Navarra: "Hay más personas que pierden empleo en la Comunidad porque sectores como el agroalimentario o el del comercio han acabado campañas como suele suceder en otros meses de octubre".
PAMPLONA. García Malo ha añadido además en un comunicado que "si comparamos la subida del mes de octubre de 2012 tanto en valores absolutos como relativos (1.316 personas, 2,65%), con la del mes de octubre de 2011 (2.153 personas, 5,05%), vemos que esta subida es bastante inferior".
El número de personas desempleadas registradas en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) se situó al finalizar el mes de octubre en 50.933, lo que supone un aumento del 2,65% (1.316 personas) respecto al mes anterior, en el que el número de desempleados fue de 49.677. En relación a octubre de 2011, el paro registrado ha aumentado en 6.222 personas, lo que representa un aumento del 13,90%.
En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de trabajo en Navarra registrados en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) fue de 20.339. Ello significa un aumento de 1.629 respecto a septiembre.
García Malo ha apuntado que "analizando los datos por sectores de actividad, este aumento se debe principalmente a la finalización de las campañas en sectores como el agroalimentario y comercio".
Por agencias de empleo, el paro registrado aumenta en todas ellas siendo en la capital en donde menos aumenta, un 0,80% (245 personas). En el lado contrario se sitúan Tafalla, con un aumento del 8,69% (273 personas); Lodosa, con un 7,11% más (107 personas) y Tudela con un incremento de un 5,59% (502 desempleados más).
En el resto de Agencias del Servicio Navarro de Empleo el aumento ha sido de 3,54% (44 personas) en la de Santesteban, de un 3,34% (94 personas) en la Agencia de Estella, de un 2,54% (28 personas) en Aoiz y de un 1,51% (23 personas más) en la zona de Alsasua.
Por sectores económicos, el aumento del paro se ha repartido entre el sector servicios, con 639 nuevos desempleados; la industria, con un aumento de 355 personas y el sector primario, donde el paro ha aumentado en 301 personas.
Menor es el aumento que se ha dado en el sector de la construcción, que ha visto aumentado su desempleo en 24 personas, mientras que en el colectivo de sin empleo anterior el paro registrado ha descendido en 3 personas.
Por subsectores económicos, destaca el aumento en 189 personas en la industria de la alimentación debido a la finalización de la campaña de transformación de productos agrarios (lo que explica el aumento del desempleo producido este mes en el sur de Navarra) y los 215 nuevos desempleados en actividades relacionadas con el empleo.
Destaca también el aumento producido en la Administración Pública (49 personas), en las actividades sanitarias (24 personas), en servicios postales (31 personas) o en la asistencia en establecimientos residenciales (53 personas). En el lado contrario, destaca el descenso en 86 personas en educación por los contratos de sustitución.
Dentro del sector industrial se ha producido un aumento del paro sobre todo en industrias relacionadas con el sector del metal, así como en la fabricación de maquinaria y de fabricación de otro material de transporte. En el sector servicios se deja notar todavía el final de la campaña de verano tanto en el comercio al por menor como en la hostelería y los servicios de alojamiento.
Por sexo, el paro registrado se cifró en 25.794 mujeres, con un aumento del 1,38% (351 mujeres) y en 25.199 hombres, un 3,98% más (965 hombres) sobre el mes anterior. Según la edad, han sido 128 hombres menores de 25 años y 837 mayores de 25 años los que han incrementado las listas del paro este mes. Entre las mujeres menores de 25 años el desempleo ha aumentado en 64 y en 287 entre las mujeres mayores de 25 años.
Por grupos de edad, el paro ha aumentado principalmente entre los menores de 25 años, con un aumento del 3,60% (192 jóvenes más) hasta situarse en 5.524 los jóvenes desempleados (2.478 mujeres y 3.046 hombres). Entre los mayores de 25 años el desempleo ha aumentado en un 2,53% respecto al mes anterior (1.124 personas), situándose la cifra en 45,469 (23.029 mujeres y 21.316bhombres).
LA CONTRATACIÓN De los 20.399 contratos registrados en octubre, 1.562 (el 7,66%) tuvieron un carácter indefinido mientras que 18.704 fueron temporales. Los 133 restantes fueron contratos de formación. De este modo, respecto al mes anterior, aumentan en 392 el número de contrataciones indefinidas, en 1.275 el número de contratos temporales y desciende en 33 el número de contratos formativos.
Por sexo, 11.165 mujeres (1.653 más que el mes pasado) y 9.234 hombres (24 menos que en septiembre) firmaron un contrato. Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 3.584 contratos registrados entre menores de 25 años (66 más que el mes pasado), los 12.624 firmados por trabajadores de entre 25 y 44 años (988 más que en septiembre) y 4.191 firmados por personas mayores de 45 años (lo que supone un aumento de 575 contrataciones).
Por sectores de actividad aumentó la contratación en servicios (17.120 contratos, 2.242 más que en septiembre) y en la construcción (892 contratos, 104 más que el mes anterior). Por el contrario, se reduce la contratación este mes en la industria (1.790 contratos), 340 menos y en agricultura (se firmaron 597 contratos en el sector primario en septiembre, 377 menos que en agosto).
VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS NAVARROS Los partidos navarros han valorado de forma negativa el aumento del paro en el mes de octubre.
En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el regionalista Carlos García Adanero ha manifestado que los datos son "negativos" y que "a todos nos gustaría que fueran mejores". A su juicio, "sería bueno dar con la fórmula mágica para poder dinamizar la economía, aunque ya se están poniendo medios, y crear empleo".
Por su parte, el socialista Roberto Jiménez ha dicho que los datos en Navarra son "francamente malos y preocupantes", lo que "conlleva a hacer una reflexión de que las medidas económicas adoptadas por los Gobiernos se están tornando como fracasadas".
El portavoz de NaBai Patxi Zabaleta ha indicado que "el desempleo es una situación tan grave, tan cercana, tan dramática, que merece un examen riguroso". Y ha criticado que en Navarra no existe un plan industrial. "Estamos en situaciones de emergencia que requieren planes de choque", ha opinado.
Y Maiorga Ramírez, de Bildu, ha considerado "inaceptables" los datos del desempleo y se ha preguntado "qué otro dato necesita UPN para asumir que sus políticas en materia económica han fracasado". "El dato evidencia con crueldad ese fracaso y obliga a una reorientación de las políticas económicas", ha agregado.
Desde el PPN, Enrique Martín de Marcos ha señalado que los datos de octubre "no son buenos" pero "si los comparamos con octubre del año pasado, con un incremento del 5 por ciento, estamos en una situación mejor". "Dato malo pero hay que mantener las alertas y seguir trabajando para conseguir cuanto antes la reactivación económica", ha expuesto.
José Miguel Nuin, de I-E, ha manifestado que los datos de octubre son "muy malos" y "especialmente malos en Navarra". A su juicio, "es consecuencia de una política económica profundamente equivocada".
Fuente: Diario de Noticias de Navarra
En 12 meses el paro ha crecido en 6.222 personas, un 13,9 %, cuando de media en el Estado ha subido el 10,84 %
AGENCIAS - Lunes, 5 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 09:11h
Cola de desempleados en una oficina de empleo. (EP)
La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo, ha valorado negativamente el alza de los datos del desempleo en octubre, aunque ha matizado que "este aumento sigue la tónica general de los meses de octubre en los últimos años". En los mismos términos se ha expresado la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, antes de participar en una recepción en el Palacio de Navarra: "Hay más personas que pierden empleo en la Comunidad porque sectores como el agroalimentario o el del comercio han acabado campañas como suele suceder en otros meses de octubre".
PAMPLONA. García Malo ha añadido además en un comunicado que "si comparamos la subida del mes de octubre de 2012 tanto en valores absolutos como relativos (1.316 personas, 2,65%), con la del mes de octubre de 2011 (2.153 personas, 5,05%), vemos que esta subida es bastante inferior".
El número de personas desempleadas registradas en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) se situó al finalizar el mes de octubre en 50.933, lo que supone un aumento del 2,65% (1.316 personas) respecto al mes anterior, en el que el número de desempleados fue de 49.677. En relación a octubre de 2011, el paro registrado ha aumentado en 6.222 personas, lo que representa un aumento del 13,90%.
En cuanto a la contratación, el número de contratos con centro de trabajo en Navarra registrados en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) fue de 20.339. Ello significa un aumento de 1.629 respecto a septiembre.
García Malo ha apuntado que "analizando los datos por sectores de actividad, este aumento se debe principalmente a la finalización de las campañas en sectores como el agroalimentario y comercio".
Por agencias de empleo, el paro registrado aumenta en todas ellas siendo en la capital en donde menos aumenta, un 0,80% (245 personas). En el lado contrario se sitúan Tafalla, con un aumento del 8,69% (273 personas); Lodosa, con un 7,11% más (107 personas) y Tudela con un incremento de un 5,59% (502 desempleados más).
En el resto de Agencias del Servicio Navarro de Empleo el aumento ha sido de 3,54% (44 personas) en la de Santesteban, de un 3,34% (94 personas) en la Agencia de Estella, de un 2,54% (28 personas) en Aoiz y de un 1,51% (23 personas más) en la zona de Alsasua.
Por sectores económicos, el aumento del paro se ha repartido entre el sector servicios, con 639 nuevos desempleados; la industria, con un aumento de 355 personas y el sector primario, donde el paro ha aumentado en 301 personas.
Menor es el aumento que se ha dado en el sector de la construcción, que ha visto aumentado su desempleo en 24 personas, mientras que en el colectivo de sin empleo anterior el paro registrado ha descendido en 3 personas.
Por subsectores económicos, destaca el aumento en 189 personas en la industria de la alimentación debido a la finalización de la campaña de transformación de productos agrarios (lo que explica el aumento del desempleo producido este mes en el sur de Navarra) y los 215 nuevos desempleados en actividades relacionadas con el empleo.
Destaca también el aumento producido en la Administración Pública (49 personas), en las actividades sanitarias (24 personas), en servicios postales (31 personas) o en la asistencia en establecimientos residenciales (53 personas). En el lado contrario, destaca el descenso en 86 personas en educación por los contratos de sustitución.
Dentro del sector industrial se ha producido un aumento del paro sobre todo en industrias relacionadas con el sector del metal, así como en la fabricación de maquinaria y de fabricación de otro material de transporte. En el sector servicios se deja notar todavía el final de la campaña de verano tanto en el comercio al por menor como en la hostelería y los servicios de alojamiento.
Por sexo, el paro registrado se cifró en 25.794 mujeres, con un aumento del 1,38% (351 mujeres) y en 25.199 hombres, un 3,98% más (965 hombres) sobre el mes anterior. Según la edad, han sido 128 hombres menores de 25 años y 837 mayores de 25 años los que han incrementado las listas del paro este mes. Entre las mujeres menores de 25 años el desempleo ha aumentado en 64 y en 287 entre las mujeres mayores de 25 años.
Por grupos de edad, el paro ha aumentado principalmente entre los menores de 25 años, con un aumento del 3,60% (192 jóvenes más) hasta situarse en 5.524 los jóvenes desempleados (2.478 mujeres y 3.046 hombres). Entre los mayores de 25 años el desempleo ha aumentado en un 2,53% respecto al mes anterior (1.124 personas), situándose la cifra en 45,469 (23.029 mujeres y 21.316bhombres).
LA CONTRATACIÓN De los 20.399 contratos registrados en octubre, 1.562 (el 7,66%) tuvieron un carácter indefinido mientras que 18.704 fueron temporales. Los 133 restantes fueron contratos de formación. De este modo, respecto al mes anterior, aumentan en 392 el número de contrataciones indefinidas, en 1.275 el número de contratos temporales y desciende en 33 el número de contratos formativos.
Por sexo, 11.165 mujeres (1.653 más que el mes pasado) y 9.234 hombres (24 menos que en septiembre) firmaron un contrato. Por grupos de edad, la contratación se ha dividido en los 3.584 contratos registrados entre menores de 25 años (66 más que el mes pasado), los 12.624 firmados por trabajadores de entre 25 y 44 años (988 más que en septiembre) y 4.191 firmados por personas mayores de 45 años (lo que supone un aumento de 575 contrataciones).
Por sectores de actividad aumentó la contratación en servicios (17.120 contratos, 2.242 más que en septiembre) y en la construcción (892 contratos, 104 más que el mes anterior). Por el contrario, se reduce la contratación este mes en la industria (1.790 contratos), 340 menos y en agricultura (se firmaron 597 contratos en el sector primario en septiembre, 377 menos que en agosto).
VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS NAVARROS Los partidos navarros han valorado de forma negativa el aumento del paro en el mes de octubre.
En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el regionalista Carlos García Adanero ha manifestado que los datos son "negativos" y que "a todos nos gustaría que fueran mejores". A su juicio, "sería bueno dar con la fórmula mágica para poder dinamizar la economía, aunque ya se están poniendo medios, y crear empleo".
Por su parte, el socialista Roberto Jiménez ha dicho que los datos en Navarra son "francamente malos y preocupantes", lo que "conlleva a hacer una reflexión de que las medidas económicas adoptadas por los Gobiernos se están tornando como fracasadas".
El portavoz de NaBai Patxi Zabaleta ha indicado que "el desempleo es una situación tan grave, tan cercana, tan dramática, que merece un examen riguroso". Y ha criticado que en Navarra no existe un plan industrial. "Estamos en situaciones de emergencia que requieren planes de choque", ha opinado.
Y Maiorga Ramírez, de Bildu, ha considerado "inaceptables" los datos del desempleo y se ha preguntado "qué otro dato necesita UPN para asumir que sus políticas en materia económica han fracasado". "El dato evidencia con crueldad ese fracaso y obliga a una reorientación de las políticas económicas", ha agregado.
Desde el PPN, Enrique Martín de Marcos ha señalado que los datos de octubre "no son buenos" pero "si los comparamos con octubre del año pasado, con un incremento del 5 por ciento, estamos en una situación mejor". "Dato malo pero hay que mantener las alertas y seguir trabajando para conseguir cuanto antes la reactivación económica", ha expuesto.
José Miguel Nuin, de I-E, ha manifestado que los datos de octubre son "muy malos" y "especialmente malos en Navarra". A su juicio, "es consecuencia de una política económica profundamente equivocada".
Fuente: Diario de Noticias de Navarra
El padrino de Urdangarin es… secreto de Estado
Escrito por Arturo del Villar / UCR
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 05:06
Preciso es reconocer que el diario El Mundo ha tenido un papel protagonista en la revelación más sensacional sobre la monarquía juancarlista: la infanta Cristina de Borbón y su marido el jugador de balonmano Iñaki Urdangarin, nombrados duques de Palma como real regalo de bodas, han cometido los mayores delitos económicos en toda la historia de España. Destapó el secreto El Mundo/El Día de Baleares, dirigido por Eduardo Inda, que tenía como jefe de investigación a Esteban Urreiztieta.
El 17 de febrero de 2006, un día para la historia de la monarquía del 18 de julio, publicaron un informe tan minucioso como escandaloso sobre el coste y los enigmas del foro sobre turismo y deporte celebrado en Mallorca, el Illes Balears Forum: 1,2 millones de euros, de los que se había pagado el 75 por ciento antes de su inauguración, y el 25 por ciento a su término. El diputado socialista Antoni Diéguez emplazó al presidente de la Generalitat, Jaume Matas, a explicar los enigmas de ese foro, y comunicó a los periodistas que quisieron escucharle sus temores acerca de la comisión de un fraude mayúsculo, que estaba dispuesto a perseguir y denunciar.
El Instituto Nóos de Investigación Aplicada, presidido por Iñaki Urdangarin, organizador del festejo, respondió con una nota escueta de medio folio, que no aclaraba nada sobre el destino del dinero pagado por el Govern de la Generalitat balear. Inmediatamente Diego Torres, vicepresidente de Nóos, y el conocido como Pepote Ballester, entonces director general de Deportes de la Generalitat, se presentaron en la redacción del diario, para entregar unos folletos explicativos acerca de lo fantástico que era el Instituto (cosa cierta), y advertir que si se continuaba criticando su gestión se enfadarían tanto que los próximos foros previstos para celebrar en las islas se los llevarían a un país extranjero.
La ley del silencio
Los responsables de El Mundo les respondieron que continuarían publicando los informes que descubrieran, pero en cambio el diputado Diéguez se olvidó de sus requisitorias: el entonces presidente del Gobierno nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, su jefe por ser secretario general del partido Pseudo Socialista Obrero Español (PSOE), le impuso la ley del silencio sobre el tema, porque así lo mandaba quien podía hacerlo. El compañero Rodríguez, además de ser el más nefasto jefe del Gobierno español desde 1823, cuando el funesto rey borbónico Fernando VII designó para el cargo a su confesor Víctor Damián Sáez, tenía la debilidad de adoptar la actitud más servil ante los mandamases, tanto del imperio estadounidense como del reino de España y hasta de ese presunto Estado de opereta llamado Vaticano.
La ley del silencio estuvo vigente hasta que las revelaciones de El Mundo fueron tan escandalosas y bien documentadas que todos los vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor las comentábamos. A lo largo del siglo XIX los gobiernos de turno pagaban unos llamados fondos de reptiles, para mantener domesticados a los periodistas. En el XXI los fondos no sólo se pagan en euros, sino también en otra clase de prebendas, siempre con la misma intención. Las constituciones garantizan la libertad de prensa, pero en la práctica se halla supeditada a los caprichos del poder político y económico.
Al final el caso Urdangarin-Borbón ha adquirido tal importancia que acabará siendo el que promueva el cambio en la forma del Estado. Los responsables de haberlo aireado en sus comienzos han decidido aprovechar la circunstancia, para recopilar en un volumen la historia completa del caso hasta ahora mismo. Le han dado como título el apellido del yernísimo del rey Juan Carlos, con un subtítulo que rinde homenaje a la divertida novela de Mark Twain sobre el yanqui que apareció en la corte del rey Arturo. Con la diferencia de que este libro no tiene nada de divertido, a tono con el reinado de Juan Carlos I de España, en el que se alían las corrupciones y los disparates por igual.
Una novela picaresca
Los autores del libro han preferido imitar una técnica novelesca a redactar un ensayo histórico. El resultado está próximo a la novela picaresca, ese género de los tiempos dorados de la literatura castellana, en el que sobresalieron el lazarillo de Tormes y el buscón don Pablos, entre otros famosos vividores. Hay que reconocer que Urdangarin los sobrepasa a todos en malandanzas, y que la imaginación más calenturienta de un novelista sería incapaz de inventar tal cúmulo de fechorías para enriquecerse fraudulentamente como las llevadas a cabo por el yernísimo y su mujer.
No se sigue un argumento temporal, sino que se presentan saltos secuenciales. La narración a menudo queda recargada excesivamente. Por poner un solo ejemplo, el relato del viaje en avión de Urdangarin desde Madrid a Palma de Mallorca ocupa dos páginas largas, de la 337 a la 339, cuando se podía resumir en dos líneas.
Se incluyen numerosos diálogos entre los personajes, a la manera tradicional de la técnica novelesca. Por supuesto, los autores no pudieron grabar las conversaciones transcritas, de modo que deben de estar supuestas a partir de unos resultados. Por ejemplo, el 18 de enero de 2008 el duque de Palma celebró sus atléticos 40 años con una fiesta, como es lo habitual, pero durante su transcurso mantuvo un diálogo nada habitual con su cuñado el tripríncipe de Asturias, Girona y Viana, presunto sucesor en la monarquía instaurada por el exgeneral dictadorísimo sublevado contra la República para perpetuar su régimen.
El duque reclamaba una ayuda económica para pagar la hipoteca de la casa-torre que compró en 2004 en la zona más lujosa de Barcelona, Pedralbes, por 6.316.000 euros, a los que debió añadir dos y medio más por la reforma; en total, nueve milloncejos de euros, una minucia para un exjugador olímpico de balonmano. Esta parte es la más sustanciosa del diálogo:
--Son 20.000 euros al mes. Lo único que le pido es que se me ayude, tal y como se me prometió. Yo compré esta vivienda porque el rey quería alojarse en nuestra casa cada vez que viniera a Barcelona y, como el piso en que vivíamos no era muy apropiado para el padre del señor [así llama el duque a su cuñado el tripríncipe], se me aseguró que me echarían una mano […].
--Eso es mentira, nosotros jamás te hemos prometido nada entre otras cosas, porque aquí cada uno se paga su casa –replicó, airado, el heredero de la Jefatura del Estado. (Página 26.)
Es increíble, no que el duque pidiera dinero al hermano de su mujer, sino que el tripríncipe asegurase que en la familia llamada real, aunque es la más irreal de España, “cada uno se paga su casa”. Su padre vive en un palacio gratis total, incluidos la servidumbre y los guardaespaldas, y a él le hemos pagado todos los vasallos el palacio en donde habita, y se lo mantenemos, como le mantenemos a él con cargo a los Presupuestos Generales del Estado desde que nació.
Diálogos de sordos
Para empezar esta novela picaresca por el principio hay que remontarse al noviazgo del jugador de balonmano con la hija menor del rey. Al padre y muy señor nuestro le disgustó la elección hecha por su hija, porque pensaba que un jugador de balonmano no tenía categoría para casarse con una infanta. No sabía lo que le esperaba por esa parte, ni tampoco lo que le vendría por la triprincipesca, al elegir como novia a una presentadora de televisión divorciada e hija de divorciados, con un pasado también novelesco. Pero Cristina estaba y al parecer sigue estando, contra huracanes y maremotos, muy enamorada del olímpico, de modo que se hizo la sorda y no quiso escuchar los consejos de su real padre, que al final han resultado ser muy atinados.
Se habían conocido en los Juegos Olímpicos celebrados en Atlanta en 1996, y en los sordos oídos de la infanta resonó el famoso cuplé “Es mi hombre”, de letra muy apropiada: “Es un maquereau, un gigoló, pero no importa porque así lo quiero yo.” Pues buen provecho.
Por aquellas calendas Iñaki llevaba cinco años de convivencia con Carme Camí, pero cuando la infanta se encaprichó de él no tuvo ninguna duda en darle su consentimiento para lo que se sirviera mandarle. A la que no dijo nada fue a su amante, que se enteró del anuncio del compromiso por el telediario. Ya apuntaba claramente sus agallas el olímpico, porque se llevó todo el dinero de la cuenta corriente que tenía a medias con su amante, y la dejó compuesta, sin novio y sin un céntimo. Al final resultó una suerte para la despechada muchacha.
En realidad había empezado antes las trapisondas, porque consiguió evitar cumplir el servicio militar obligatorio en su época, alegando ser más sordo que un farol. Y el farol le salió bien, porque los médicos militares se lo creyeron. Sí que sabía fingir bien, y después perfeccionó la técnica hasta límites insospechados. Desde entonces se ha hecho el sordo muchas veces.
Sin ánimo de lucro, decían
Pese a todo su encaprichamiento, a la misma Cristina le parecía que un jugador de balonmano resultaba poca cosa para ser marido de una infanta, así que lo animó a seguir unos cursos acelerados en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona. Es evidente que fue un pésimo consejo, porque entre sus profesores figuraba un tal Diego Torres, que iba a ser la causa de sus males posteriores.
El tal Torres se fijó en aquel alumno tan poco dotado para los estudios, pero que era yerno del rey de España, y pensó que uniendo los dos conceptos podría conseguir pingües beneficios personales, que compartiría con su esposa, Ana Tejeiro, a la que como buen marido había prometido estar unido en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, aunque ellos preferían la riqueza.
Y así empezó la sucesión de desafueros, al registrar el Instituto Nóos de Investigación Aplicada como una “asociación científica sin ánimo de lucro” dependiente “de la ayuda voluntaria de sus miembros”, que hay que tener mucha y muy dura la cara por parte de sus patronos: el presidente Iñaki Urdangarin, el vicepresidente Diego Torres, el secretario Miguel Tejeiro (cuñado para todo del anterior), el tesorero Carlos García Revenga, y la vocal Cristina de Borbón. Nótese que al nombre sagrado en España de un Borbón se unía el de García Revenga, secretario personal de las llamadas infantas Elena y Cristina, vinculado por lo tanto con la llamada Casa Real, en la que tenía entrada permanente con capacidad para tomar decisiones.
Menuda trama picaresca
Puesto que Nóos carecía en teoría de ánimo de lucro, cuentan Inda y Urreiztieta que el 11 de febrero de 2003 la banda de los cinco registró la promotora inmobiliaria Aizoon, con muchísimo ánimo de lucro, domiciliada en el despacho de Miguel Tejeiro, y propiedad a partes iguales de los duques de Palma Cristina e Iñaki, los Bonnie and Clyde en versión española. Con el tiempo se fueron añadiendo otras empresas fantasmales para complicar el descubrimiento de sus fechorías.
Nóos cobraba por sus asesorías ficticias, y las otras empresas facturaban a Nóos unos supuestos trabajos no realizados. Pero al tener ingresos sin gastos, otro cuñado, Marco Antonio Tejeiro, ideó una trama sutil para cruzar facturas falsas entre las diversas empresas. Solamente pagaban impuestos por los beneficios declarados, que eran los mínimos imprescindibles.
Debutaron en Alcalá de Henares en 2003, aprovechando que el alcalde era un jugador de balonmano compañero del duque cuando estaba soltero. La lista de los sucesivos fraudes resulta interminable, porque Iñaki se presentaba a reclamar dinero como yerno del rey de España, y en eso era en lo único que no mentía, y muy pocos se atrevieron a darle con la puerta en sus altas narices, allá por los 1,95 de altas. Al Villarreal Club de Fútbol le facturaron 696.000 euros por un presunto informe de doce páginas copiado de Internet, pero confesó el presidente que no se atrevió a decirle al yernísimo que le estaba tomando el pelo, y prefirió pagar. No inventaron nada, porque así actúa la mafia desde hace mucho.
En setiembre de 2003 el palacio de Marivent, residencia veraniega en Palma de la conocida como familia real, pese a su irrealidad manifiesta, fue testigo de una entrevista entre el poseedor del ducado correspondiente a esa ciudad, que no tiene la culpa de ello, y el presidente del Govern de las Illes Balears, Jaume Matas, que pronto sería tristemente célebre como prevaricador y tuvo que abandonar el cargo. Por ingenuidad o por complicidad Matas le pagó 300.000 euros del presupuesto comunitario, para patrocinar un equipo ciclista que Nóos se comprometía a seguir y conseguir. Después, en 2005 le entregó 2,3 millones por organizar dos reuniones dedicadas a analizar la relación entre turismo y deporte, apasionante tema.
El mismísimo rey católico nuestro señor, que Dios guarde a buen recaudo, el 6 de julio de 2004, según cuentan los autores de este novelón, puso en contacto a su yernísimo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, otro de su cuerda, que asimismo iba a hacerse tristemente célebre por su implicación en el llamado caso Gürtel. Como resultado de su buena sintonía, Iñaki se embolsó 3,5 millones de euros por la organización de tres esperpénticos congresos para analizar el impacto de los eventos deportivos en las grandes ciudades. Ya dice el refrán que al que tiene padrino lo bautizan, y al que no lo dejan sin cristianar.
Negociantes indiscutidos
Aseguran Inda y Urreiztieta que los integrantes de la banda de los cinco, o seis desde la incorporación del otro cuñado, “Fijaban el presupuesto, que no era discutido por ningún presidente autonómico, conseguían los patrocinios suficientes para cubrir los costes de la iniciativa y el resto, casi la práctica totalidad de la subvención pública, iba a parar intacto a sus bolsillos” (p. 112). Además acumularon contratos con las grandes empresas españolas, como bancos, constructores automovilísticos, aseguradoras, embotelladoras, fabricantes, editoriales, y un enorme etcétera.
Nadie tenía cuajo para señalarle la puerta al yerno del rey, presidente de una empresa en la que, por si fuera poco, figuraban una infanta y el tesorero de las dos infantas. Solamente, que se sepa, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, le fue dando largas, sin atreverse a dar el no, pero sin tampoco dar el sí. No le importó al astuto Iñaki, porque convenció a algunos consejeros para que le facilitasen sus propósitos al margen del presidente.
Dado que le salían muy bien los enjuagues económicos, el presuntuoso exjugador balonmánico pretendió escalar de un salto a lo más alto del Olimpo, como los héroes mitológicos que acababan siendo dioses. Ya no se conformaba con acumular riquezas, sino que ansiaba también poder. Utilizando las malas artes habituales desde su parentesco real, se empeñó en ser presidente del Comité Olímpico Español y además del Internacional, pero los presidentes de las diversas federaciones se lo tomaron a broma, y se estrelló contra su negativa.
Bajo control real
“¿Y Franco qué opina de esto?”, se preguntaba el abuelo de Majaelrayo, ajeno al devenir histórico. Sabemos lo que opinaba el rey, según confidencia del mismísimo duque, aportada por los autores de este libro:
“Tengo que dar cuenta a mi suegro una vez al mes de cómo va todo”, confesaba Urdangarin a Torres, con quien preparaba concienzudamente los encuentros en La Zarzuela. “Nos convoca a Maricharlar y a mí para que le tengamos al día de nuestros asuntos”, le comentó, “pero tranquilo, que está muy contento de cómo marcha todo.” (P. 211.)
No era para menos: tenía un yerno que llevaba camino de conseguir amasar una fortuna como la suya, calculada en 1.800 millones de euros por entonces. Pero fueron tantos los saqueos cometidos por Iñaki en nombre propio y de su mujer la infanta, que los timados se quejaban en voz baja, aunque audible. No se atrevían a rechazar las deshonrosas proposiciones del duque, pero lamentaban tener que hacerlo, y el coro de las lamentaciones engrosaba cada vez más.
Así que el rey envió a uno de sus hombres de confianza, José Manuel Romero, marqués de San Saturnino y conde de Fontao, a Barcelona para exigir a los duques de Palma que abandonasen el Instituto, lo mismo que García Revenga. El 23 de agosto de 2006, cuentan los autores, el Instituto Nóos cambió de junta directiva, pasando a presidirla Diego Torres, con desaparición física de Iñaki, Cristina y Revenga. Entre 2003 y 2006 el Instituto Nóos había obtenido casi veinte millones de euros desde su minúscula oficina barcelonesa.
El taimado Torres encontró una solución para obedecer el mandato real sin cumplirlo, y así el 13 de diciembre siguiente quedó constituida la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, presidida por él mismo, con Iñaki como presidente del anodino consejo asesor. Sin ánimo de lucro, como es natural, se dedicaría a procurar la integración social de niños discapacitados. Era el colmo de la perversidad: utilizar a niños discapacitados como tapadera de sus chanchullos económicos. En dos años cobraron 420.000 euros a los patrocinadores. La incontenible rapacidad de Torres le llevó a alquilar su barco a la Fundación que él mismo presidía, en doce mil euros semestrales.
La Fundación pasó a detentar la mayoría del capital de la compañía De Goes Center for Stakeholder Management, utilizada para desviar el dinero recaudado al paraíso fiscal de Belice. También lo guardaban en Suiza y Luxemburgo.
La gran explosión
Todo les salía bien a los de la banda, hasta que las elecciones autonómicas y municipales de 2007 derribaron a Matas del Govern de las Illes Balears. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, creó una Fiscalía Anticorrupción en las islas, para investigar los negocios urbanísticos montados durante el mandato del partido autoproclamado Popular. La pieza mayor era el velódromo Palma Arena, presupuestado en 45 millones de euros, y que acabó costando más de 110.
Uno de los principales implicados era el antiguo director general de Deportes de la Generalitat, conocido como Pepote Ballester, íntimo amigo y colega del duque de Palma. El asunto cayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que tiene como titular al juez José Castro, con fama de insobornable. Acusó a Pepote de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho, lo detuvo y ordenó requisar su ordenador. En su disco duro se conservaba una gran cantidad de mensajes de Urdangarin, con tales documentos que el juez abrió un procedimiento separado del Palma Arena, y el 22 de julio de 2010 reclamó al Govern toda la documentación sobre los llamados Illes Balears Forum organizados por el Instituto Nóos.
Para entonces Iñaki y Cristina habían puesto el océano por medio, con intención de desvincularse de cuanto pudiera suceder. La Compañía Telefónica Nacional de España, obediente a las recomendaciones recibidas, había nombrado delegado en los Estados Unidos al duque, un cargo sin contenido, pero retribuido con 1,5 millones de euros anuales, más 1,2 de gastos adicionales, más el pago de los gastos ordinarios, como el alquiler de la lujosa mansión, el servicio doméstico, el colegio de sus cuatro hijos, y los ocho escoltas. Inauguraron su nuevo hogar americano en agosto de 2009.
Si el duque no tenía nada que hacer, lo mismo le sucedía a la duquesa como asesora de la Fundación La Caixa, que por ello le abona 90.000 euros. Sumados a los 72.00 que percibe de la llamada Casa Real, pese a su irrealidad, la pareja se gana una bicoca de manera legal sin recurrir al sudor de sus frentes. Pues no les bastaba.
¡Descubiertos!
El fiscal Pedro Horrach reclamó a la Agencia Tributaria datos sobre el Instituto Nóos, y descubrió un fraude muy real. Se dirigió al Instituto para exigir toda la documentación relativa a sus actividades, y Torres se la envió en agosto de 2011, según cuentan los autores.
Al no haber declarado el juez secreto el sumario, las facturas estaban a disposición de todas las partes personadas en el caso Palma Arena. Se aprovechó de ello El Mundo para publicar el 25 de setiembre un reportaje explosivo. Aparecía implicado también un hermano del duque, y se encontraron extrañas facturas, como el pago por comisiones futuras. Los medios de comunicación hasta entonces ignoraban el asunto, por obedecer al pacto no escrito, pero real, acordado en los inicios de la monarquía instaurada por el dictadorísimo, de mantenerla impoluta pasara lo que pasase.
Por ello los duques de Palma se atrevieron a acompañar a los reyes, los tripríncipes y la infanta Elena en la tribuna presidencial desde la que presenciaron el desfile de la victoria el 12 de octubre de 2011. Fue su última aparición como familia unida, y el último acto representativo de los duques ante el público.
El 7 de noviembre debiera festejarse oficialmente en la Comunidad de Madrid, por ser el día en que el pueblo madrileño rechazó el ataque de los militares sublevados en 1936. A esa efeméride hay que añadir que en el año de gracia 2011, de desgracia para la monarquía, el juez Castro ordenó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía Judicial de Palma trasladarse a Barcelona, para registrar el domicilio social del Instituto Nóos. Desde entonces los medios de comunicación tuvieron que enterarse de los chanchullos económicos de Cristina de Borbón y su marido y cómplice. La banda estaba tan segura de su impunidad, garantizada por el parentesco real, que no había destruido ningún documento.
El duque se indigna
Iñaki nombró abogado y portavoz a Mario Pascual Vives, un amigo con el que jugaba al tenis, quien aceptó un encargo tan difícil porque le catapultaba a las primeras planas de los medios de comunicación, sacándolo del anonimato en que transcurrió su vida profesional hasta entonces.
El 11 de noviembre de 2011 el duque viajó a Madrid, reclamado por el rey antes que por la Justicia. La entrevista en el palacio de la Zarzuela parece haber sido muy violenta. Según cuentan los autores, Iñaki llegó a gritar: “¡Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, pues yo también!” (página 285), y por esta vez tenía razón.
Casualmente, aunque no recogen el dato los autores, esa tarde su majestad el rey católico nuestro señor apareció con el ojo izquierdo ennegrecido por un violento golpe, proporcionado al chocar con una puerta, según aclaró convenientemente la llamada Casa Real.
El rey y el tripríncipe han pedido a Cristina que se divorcie, siguiendo el ejemplo de su hermana, pero ella está cada día más enamorada de su marido y cómplice y no escucha ningún razonamiento. También se hace la sorda.
Exactamente un mes después, 11 de diciembre, de nuevo en Washington, Iñaki leyó por teléfono una breve nota a la Agencia Efe, en la que con toda contumacia se declaró inocente y culpó a los medios de comunicación de tenerle manía. Al día siguiente su abogado recibió a los periodistas barceloneses, no para felicitarles las fiestas navideñas, sino para advertirles de que el duque se hallaba muy indignado por los comentarios que publicaban, y les exigía que se comportasen bien con él, puesto que es un santo inocente.
El jefe de la llamada Casa del Rey, Rafael Spottorno, convocó también a los periodistas, esta vez madrileños, para explicar que la Casa consideraba la conducta de Urdangarin “no ejemplar”, y en consecuencia quedaba excluido de los actos oficiales. No calificó la conducta de su mujer y cómplice.
La ESADE barcelonesa expulsó a Diego Torres de su cuadro de profesores, porque su nombre era sinónimo de corrupción. También él se había comprado un chalé, pero valorado solamente en 1,5 millones de euros, nada ver con a casita de Pedralbes.
En su discurso nochebuenero el rey aludió al caso sin citarlo, y aseguró que, como afirma la Constitución, en este reino la Justicia es igual para todos, lo que provocó la hilaridad general en los hogares españoles que tenían el televisor encendido. No obstante, supusimos todos los espectadores que el rey católico se desentendía de su hija y yerno. Todo lo contrario de lo demostrado por la reina, al ir a pasar cinco días en la casa gringa de los duques, y facilitarle una amplia información a la revista rosácea ¡Hola!, que publicó un reportaje con fotografías el 14 de diciembre. Así quedó demostrado que está rota la armonía del matrimonio real. Y eso que aún no había sucedido la aventura de Botsuna con Corina y sus elefantes.
El juez insobornable
Al día siguiente de la conmemoración de los santos inocentes, el juez Castro imputó a Urdangarin y lo citó a declarar lo mismo que a Diego Torres, su mujer, sus dos cuñados, el asesor Salvador Trinxet, Pepote Ballester y dos altos cargos del Govern balear: Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía. ¿Por qué está imputada la mujer de Torres y no la de Iñaki? Porque la Justicia no es igual para todos en el reino.
El fiscal Horrach acusa a Iñaki de la comisión de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Pero él sigue proclamando a gritos su inocencia.
Aquello había llegado demasiado lejos y demasiado alto, como un jugador olímpico. El Consejo General del Poder Judicial abrió diligencias contra el juez Castro por revelación de secretos, con el propósito de apartarlo del caso, pero era tan absurdo que no prosperó Después se intentó declarar prescritos los delitos, cosa tampoco admisible. Por fin se pretendió trasladar el caso a la Audiencia Nacional, en donde obtendría benevolencia, y asimismo la burda intentona manipuladora fracasó. Es sospechoso que haya tantos interesados en evitar el juicio, aunque no lo consigan.
En consecuencia, el 25 de febrero de 2012, annus horribilis para la monarquía del 18 de julio instaurada por el dictadorísimo, Iñaki Urdangarin compareció ante el juez. La familia había llegado a Palma el día 18, y se alojó en el palacio de Marivent, residencia oficial veraniega de los reyes y demás acompañantes. De modo que el duque estaba excluido de los actos oficiales, pero no de los palacios reales.
Para entrar al Juzgado número 3 de Palma hay que atravesar una pendiente de unos cien metros, que jueces, funcionarios, encausados y testigos recorren a pie, pero la llamada Casa Real pretendió que Iñaki llegase en automóvil hasta la puerta, lo que negó el juez. Después se reclamó que la declaración no fuese grabada en vídeo, lo que encontró justificado Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder judicial, alegando que “no todos los ciudadanos son iguales”. No se le ha abierto expediente, pese a negar el artículo 14 de la vigente Constitución monárquica, según el cual “Los españoles son iguales ante la ley”.
Chantaje a la vista
Aquel 25 de febrero la Policía Nacional tomó las calles aledañas al Juzgado. Los balcones próximos había sido alquilador por los reporteros gráficos a precio de oro. La multitud agrupada en las cercanías enarbolaba banderas tricolores y reclamaba el fin de la monarquía. El duque recorrió el callejón con aspecto sonámbulo, se paró ante unos periodistas e hizo una breve declaración para insistir en su inocencia.
Idéntica actitud mantuvo ante el juez, porque culpó de todo a su antiguo profesor y después cómplice Diego Torres, y le acusó de haberle robado a él. Continuó el interrogatorio el día 26, cuando el fiscal le preguntó si tenía alguna cuenta en bancos suizos, lo que negó. Al mostrarle el fiscal un documento que lo probaba, replicó que esos 375.000 euros pagados por Aguas de Valencia eran para el empresario jordano Mansour Tabbaa, emparentado con el rey Faisal y amigo del rey Juan Carlos, por lo que hace negocios en España.
Ocurrió entonces una deriva inesperada. El abogado Manuel González Peeters, elegido para su defensa por Torres, advirtió al fiscal Horrach que su cliente le había facilitado “doscientos correos electrónicos que pueden hacer saltar por los aires la corona” (p. 372), y el 16 de abril presentó ante el Juzgado tres de ellos: Iñaki le contaba a Torres la mediación del rey para organizar un chanchullo económico-deportivo. El letrado reclamaba la exoneración de su cliente, a cambio del silencio.
Puestas así las cosas, Diego Torres reveló que él mismo se encargó de comprar el anillo de pedida de Letizia Ortiz, valorado en tres mil euros, que pagó con una tarjeta de crédito del Instituto Nóos, y que Iñaki se lo regaló generosamente al tripríncipe Felipe (páginas 378 s.). De cualquier modo, el anillo, y todo lo demás, lo pagamos los resignados vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor, así que no importa quién efectuase el pago en la joyería.
En espera de saber
En las páginas 380 y siguiente se narra el diálogo entre el abogado González Peeters y un anónimo del que se dice únicamente que pertenece “al entorno de Iñaki Urdangarin”. Ha de ser un personaje importantísimo y secretísimo, cuando en las páginas anteriores se han escrito tantos nombres públicos sin afectación. El letrado proponía a ese personaje venderle los correos electrónicos por seis millones de euros, más otros doscientos para el pago de la fianza de responsabilidad civil, un empleo para su cliente en Telefónica, y un millón más para él por sus honorarios.
Comentan Inda y Urreiztieta: “Ese fue el punto de partida de una negociación que se desconoce cómo ha terminado, aunque todo indica que muy mal no lo ha hecho, fundamentalmente porque ni Diego Torres ni su ángel de la guarda jurídico han vuelto a decir esta boca es mía” (p. 381). ¿Será una historia real?
El pasado 28 de agosto los duques comunicaron su regreso a la patria anhelada, por lo que Iñaki abandonó el suculento y descansado trabajo, es un decir, en Telefónica. Se ignora si cobrará los 4,5 millones de euros de indemnización que tiene contratados. En Suiza le han bloqueado las cuentas bancarias. A este paso, acabaremos viéndole pedir limosna por la calle, si es que no lo encierran por la comisión de tantos delitos financieros.
¿Y Cristina? No está imputada y ni siquiera citada a declarar como testigo, porque el 4 de marzo del annus horribilis declaró el juez Castro: “Citar a declarar a la infanta sólo contribuirá a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo.” Lo cual demuestra que el artículo 14 de la Constitución es falso. Cosa que todos sabíamos desde hace 37 años. Además, Cristina nunca ha hecho nada gratuitamente.
Y lo mismo que se anuncia en los seriales, este folletín continuará, y solamente a su final se desvelará si la Justicia en este reino es igual para todos. Yo apuesto a que no, aunque no encontraré a nadie que opine lo contrario. ¡Viva España con honra!
Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, 422 páginas, 20,90 euros.
Escrito por Arturo del Villar / UCR
Lunes, 05 de Noviembre de 2012 05:06
Preciso es reconocer que el diario El Mundo ha tenido un papel protagonista en la revelación más sensacional sobre la monarquía juancarlista: la infanta Cristina de Borbón y su marido el jugador de balonmano Iñaki Urdangarin, nombrados duques de Palma como real regalo de bodas, han cometido los mayores delitos económicos en toda la historia de España. Destapó el secreto El Mundo/El Día de Baleares, dirigido por Eduardo Inda, que tenía como jefe de investigación a Esteban Urreiztieta.
El 17 de febrero de 2006, un día para la historia de la monarquía del 18 de julio, publicaron un informe tan minucioso como escandaloso sobre el coste y los enigmas del foro sobre turismo y deporte celebrado en Mallorca, el Illes Balears Forum: 1,2 millones de euros, de los que se había pagado el 75 por ciento antes de su inauguración, y el 25 por ciento a su término. El diputado socialista Antoni Diéguez emplazó al presidente de la Generalitat, Jaume Matas, a explicar los enigmas de ese foro, y comunicó a los periodistas que quisieron escucharle sus temores acerca de la comisión de un fraude mayúsculo, que estaba dispuesto a perseguir y denunciar.
El Instituto Nóos de Investigación Aplicada, presidido por Iñaki Urdangarin, organizador del festejo, respondió con una nota escueta de medio folio, que no aclaraba nada sobre el destino del dinero pagado por el Govern de la Generalitat balear. Inmediatamente Diego Torres, vicepresidente de Nóos, y el conocido como Pepote Ballester, entonces director general de Deportes de la Generalitat, se presentaron en la redacción del diario, para entregar unos folletos explicativos acerca de lo fantástico que era el Instituto (cosa cierta), y advertir que si se continuaba criticando su gestión se enfadarían tanto que los próximos foros previstos para celebrar en las islas se los llevarían a un país extranjero.
La ley del silencio
Los responsables de El Mundo les respondieron que continuarían publicando los informes que descubrieran, pero en cambio el diputado Diéguez se olvidó de sus requisitorias: el entonces presidente del Gobierno nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, su jefe por ser secretario general del partido Pseudo Socialista Obrero Español (PSOE), le impuso la ley del silencio sobre el tema, porque así lo mandaba quien podía hacerlo. El compañero Rodríguez, además de ser el más nefasto jefe del Gobierno español desde 1823, cuando el funesto rey borbónico Fernando VII designó para el cargo a su confesor Víctor Damián Sáez, tenía la debilidad de adoptar la actitud más servil ante los mandamases, tanto del imperio estadounidense como del reino de España y hasta de ese presunto Estado de opereta llamado Vaticano.
La ley del silencio estuvo vigente hasta que las revelaciones de El Mundo fueron tan escandalosas y bien documentadas que todos los vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor las comentábamos. A lo largo del siglo XIX los gobiernos de turno pagaban unos llamados fondos de reptiles, para mantener domesticados a los periodistas. En el XXI los fondos no sólo se pagan en euros, sino también en otra clase de prebendas, siempre con la misma intención. Las constituciones garantizan la libertad de prensa, pero en la práctica se halla supeditada a los caprichos del poder político y económico.
Al final el caso Urdangarin-Borbón ha adquirido tal importancia que acabará siendo el que promueva el cambio en la forma del Estado. Los responsables de haberlo aireado en sus comienzos han decidido aprovechar la circunstancia, para recopilar en un volumen la historia completa del caso hasta ahora mismo. Le han dado como título el apellido del yernísimo del rey Juan Carlos, con un subtítulo que rinde homenaje a la divertida novela de Mark Twain sobre el yanqui que apareció en la corte del rey Arturo. Con la diferencia de que este libro no tiene nada de divertido, a tono con el reinado de Juan Carlos I de España, en el que se alían las corrupciones y los disparates por igual.
Una novela picaresca
Los autores del libro han preferido imitar una técnica novelesca a redactar un ensayo histórico. El resultado está próximo a la novela picaresca, ese género de los tiempos dorados de la literatura castellana, en el que sobresalieron el lazarillo de Tormes y el buscón don Pablos, entre otros famosos vividores. Hay que reconocer que Urdangarin los sobrepasa a todos en malandanzas, y que la imaginación más calenturienta de un novelista sería incapaz de inventar tal cúmulo de fechorías para enriquecerse fraudulentamente como las llevadas a cabo por el yernísimo y su mujer.
No se sigue un argumento temporal, sino que se presentan saltos secuenciales. La narración a menudo queda recargada excesivamente. Por poner un solo ejemplo, el relato del viaje en avión de Urdangarin desde Madrid a Palma de Mallorca ocupa dos páginas largas, de la 337 a la 339, cuando se podía resumir en dos líneas.
Se incluyen numerosos diálogos entre los personajes, a la manera tradicional de la técnica novelesca. Por supuesto, los autores no pudieron grabar las conversaciones transcritas, de modo que deben de estar supuestas a partir de unos resultados. Por ejemplo, el 18 de enero de 2008 el duque de Palma celebró sus atléticos 40 años con una fiesta, como es lo habitual, pero durante su transcurso mantuvo un diálogo nada habitual con su cuñado el tripríncipe de Asturias, Girona y Viana, presunto sucesor en la monarquía instaurada por el exgeneral dictadorísimo sublevado contra la República para perpetuar su régimen.
El duque reclamaba una ayuda económica para pagar la hipoteca de la casa-torre que compró en 2004 en la zona más lujosa de Barcelona, Pedralbes, por 6.316.000 euros, a los que debió añadir dos y medio más por la reforma; en total, nueve milloncejos de euros, una minucia para un exjugador olímpico de balonmano. Esta parte es la más sustanciosa del diálogo:
--Son 20.000 euros al mes. Lo único que le pido es que se me ayude, tal y como se me prometió. Yo compré esta vivienda porque el rey quería alojarse en nuestra casa cada vez que viniera a Barcelona y, como el piso en que vivíamos no era muy apropiado para el padre del señor [así llama el duque a su cuñado el tripríncipe], se me aseguró que me echarían una mano […].
--Eso es mentira, nosotros jamás te hemos prometido nada entre otras cosas, porque aquí cada uno se paga su casa –replicó, airado, el heredero de la Jefatura del Estado. (Página 26.)
Es increíble, no que el duque pidiera dinero al hermano de su mujer, sino que el tripríncipe asegurase que en la familia llamada real, aunque es la más irreal de España, “cada uno se paga su casa”. Su padre vive en un palacio gratis total, incluidos la servidumbre y los guardaespaldas, y a él le hemos pagado todos los vasallos el palacio en donde habita, y se lo mantenemos, como le mantenemos a él con cargo a los Presupuestos Generales del Estado desde que nació.
Diálogos de sordos
Para empezar esta novela picaresca por el principio hay que remontarse al noviazgo del jugador de balonmano con la hija menor del rey. Al padre y muy señor nuestro le disgustó la elección hecha por su hija, porque pensaba que un jugador de balonmano no tenía categoría para casarse con una infanta. No sabía lo que le esperaba por esa parte, ni tampoco lo que le vendría por la triprincipesca, al elegir como novia a una presentadora de televisión divorciada e hija de divorciados, con un pasado también novelesco. Pero Cristina estaba y al parecer sigue estando, contra huracanes y maremotos, muy enamorada del olímpico, de modo que se hizo la sorda y no quiso escuchar los consejos de su real padre, que al final han resultado ser muy atinados.
Se habían conocido en los Juegos Olímpicos celebrados en Atlanta en 1996, y en los sordos oídos de la infanta resonó el famoso cuplé “Es mi hombre”, de letra muy apropiada: “Es un maquereau, un gigoló, pero no importa porque así lo quiero yo.” Pues buen provecho.
Por aquellas calendas Iñaki llevaba cinco años de convivencia con Carme Camí, pero cuando la infanta se encaprichó de él no tuvo ninguna duda en darle su consentimiento para lo que se sirviera mandarle. A la que no dijo nada fue a su amante, que se enteró del anuncio del compromiso por el telediario. Ya apuntaba claramente sus agallas el olímpico, porque se llevó todo el dinero de la cuenta corriente que tenía a medias con su amante, y la dejó compuesta, sin novio y sin un céntimo. Al final resultó una suerte para la despechada muchacha.
En realidad había empezado antes las trapisondas, porque consiguió evitar cumplir el servicio militar obligatorio en su época, alegando ser más sordo que un farol. Y el farol le salió bien, porque los médicos militares se lo creyeron. Sí que sabía fingir bien, y después perfeccionó la técnica hasta límites insospechados. Desde entonces se ha hecho el sordo muchas veces.
Sin ánimo de lucro, decían
Pese a todo su encaprichamiento, a la misma Cristina le parecía que un jugador de balonmano resultaba poca cosa para ser marido de una infanta, así que lo animó a seguir unos cursos acelerados en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de Barcelona. Es evidente que fue un pésimo consejo, porque entre sus profesores figuraba un tal Diego Torres, que iba a ser la causa de sus males posteriores.
El tal Torres se fijó en aquel alumno tan poco dotado para los estudios, pero que era yerno del rey de España, y pensó que uniendo los dos conceptos podría conseguir pingües beneficios personales, que compartiría con su esposa, Ana Tejeiro, a la que como buen marido había prometido estar unido en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, aunque ellos preferían la riqueza.
Y así empezó la sucesión de desafueros, al registrar el Instituto Nóos de Investigación Aplicada como una “asociación científica sin ánimo de lucro” dependiente “de la ayuda voluntaria de sus miembros”, que hay que tener mucha y muy dura la cara por parte de sus patronos: el presidente Iñaki Urdangarin, el vicepresidente Diego Torres, el secretario Miguel Tejeiro (cuñado para todo del anterior), el tesorero Carlos García Revenga, y la vocal Cristina de Borbón. Nótese que al nombre sagrado en España de un Borbón se unía el de García Revenga, secretario personal de las llamadas infantas Elena y Cristina, vinculado por lo tanto con la llamada Casa Real, en la que tenía entrada permanente con capacidad para tomar decisiones.
Menuda trama picaresca
Puesto que Nóos carecía en teoría de ánimo de lucro, cuentan Inda y Urreiztieta que el 11 de febrero de 2003 la banda de los cinco registró la promotora inmobiliaria Aizoon, con muchísimo ánimo de lucro, domiciliada en el despacho de Miguel Tejeiro, y propiedad a partes iguales de los duques de Palma Cristina e Iñaki, los Bonnie and Clyde en versión española. Con el tiempo se fueron añadiendo otras empresas fantasmales para complicar el descubrimiento de sus fechorías.
Nóos cobraba por sus asesorías ficticias, y las otras empresas facturaban a Nóos unos supuestos trabajos no realizados. Pero al tener ingresos sin gastos, otro cuñado, Marco Antonio Tejeiro, ideó una trama sutil para cruzar facturas falsas entre las diversas empresas. Solamente pagaban impuestos por los beneficios declarados, que eran los mínimos imprescindibles.
Debutaron en Alcalá de Henares en 2003, aprovechando que el alcalde era un jugador de balonmano compañero del duque cuando estaba soltero. La lista de los sucesivos fraudes resulta interminable, porque Iñaki se presentaba a reclamar dinero como yerno del rey de España, y en eso era en lo único que no mentía, y muy pocos se atrevieron a darle con la puerta en sus altas narices, allá por los 1,95 de altas. Al Villarreal Club de Fútbol le facturaron 696.000 euros por un presunto informe de doce páginas copiado de Internet, pero confesó el presidente que no se atrevió a decirle al yernísimo que le estaba tomando el pelo, y prefirió pagar. No inventaron nada, porque así actúa la mafia desde hace mucho.
En setiembre de 2003 el palacio de Marivent, residencia veraniega en Palma de la conocida como familia real, pese a su irrealidad manifiesta, fue testigo de una entrevista entre el poseedor del ducado correspondiente a esa ciudad, que no tiene la culpa de ello, y el presidente del Govern de las Illes Balears, Jaume Matas, que pronto sería tristemente célebre como prevaricador y tuvo que abandonar el cargo. Por ingenuidad o por complicidad Matas le pagó 300.000 euros del presupuesto comunitario, para patrocinar un equipo ciclista que Nóos se comprometía a seguir y conseguir. Después, en 2005 le entregó 2,3 millones por organizar dos reuniones dedicadas a analizar la relación entre turismo y deporte, apasionante tema.
El mismísimo rey católico nuestro señor, que Dios guarde a buen recaudo, el 6 de julio de 2004, según cuentan los autores de este novelón, puso en contacto a su yernísimo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, otro de su cuerda, que asimismo iba a hacerse tristemente célebre por su implicación en el llamado caso Gürtel. Como resultado de su buena sintonía, Iñaki se embolsó 3,5 millones de euros por la organización de tres esperpénticos congresos para analizar el impacto de los eventos deportivos en las grandes ciudades. Ya dice el refrán que al que tiene padrino lo bautizan, y al que no lo dejan sin cristianar.
Negociantes indiscutidos
Aseguran Inda y Urreiztieta que los integrantes de la banda de los cinco, o seis desde la incorporación del otro cuñado, “Fijaban el presupuesto, que no era discutido por ningún presidente autonómico, conseguían los patrocinios suficientes para cubrir los costes de la iniciativa y el resto, casi la práctica totalidad de la subvención pública, iba a parar intacto a sus bolsillos” (p. 112). Además acumularon contratos con las grandes empresas españolas, como bancos, constructores automovilísticos, aseguradoras, embotelladoras, fabricantes, editoriales, y un enorme etcétera.
Nadie tenía cuajo para señalarle la puerta al yerno del rey, presidente de una empresa en la que, por si fuera poco, figuraban una infanta y el tesorero de las dos infantas. Solamente, que se sepa, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, le fue dando largas, sin atreverse a dar el no, pero sin tampoco dar el sí. No le importó al astuto Iñaki, porque convenció a algunos consejeros para que le facilitasen sus propósitos al margen del presidente.
Dado que le salían muy bien los enjuagues económicos, el presuntuoso exjugador balonmánico pretendió escalar de un salto a lo más alto del Olimpo, como los héroes mitológicos que acababan siendo dioses. Ya no se conformaba con acumular riquezas, sino que ansiaba también poder. Utilizando las malas artes habituales desde su parentesco real, se empeñó en ser presidente del Comité Olímpico Español y además del Internacional, pero los presidentes de las diversas federaciones se lo tomaron a broma, y se estrelló contra su negativa.
Bajo control real
“¿Y Franco qué opina de esto?”, se preguntaba el abuelo de Majaelrayo, ajeno al devenir histórico. Sabemos lo que opinaba el rey, según confidencia del mismísimo duque, aportada por los autores de este libro:
“Tengo que dar cuenta a mi suegro una vez al mes de cómo va todo”, confesaba Urdangarin a Torres, con quien preparaba concienzudamente los encuentros en La Zarzuela. “Nos convoca a Maricharlar y a mí para que le tengamos al día de nuestros asuntos”, le comentó, “pero tranquilo, que está muy contento de cómo marcha todo.” (P. 211.)
No era para menos: tenía un yerno que llevaba camino de conseguir amasar una fortuna como la suya, calculada en 1.800 millones de euros por entonces. Pero fueron tantos los saqueos cometidos por Iñaki en nombre propio y de su mujer la infanta, que los timados se quejaban en voz baja, aunque audible. No se atrevían a rechazar las deshonrosas proposiciones del duque, pero lamentaban tener que hacerlo, y el coro de las lamentaciones engrosaba cada vez más.
Así que el rey envió a uno de sus hombres de confianza, José Manuel Romero, marqués de San Saturnino y conde de Fontao, a Barcelona para exigir a los duques de Palma que abandonasen el Instituto, lo mismo que García Revenga. El 23 de agosto de 2006, cuentan los autores, el Instituto Nóos cambió de junta directiva, pasando a presidirla Diego Torres, con desaparición física de Iñaki, Cristina y Revenga. Entre 2003 y 2006 el Instituto Nóos había obtenido casi veinte millones de euros desde su minúscula oficina barcelonesa.
El taimado Torres encontró una solución para obedecer el mandato real sin cumplirlo, y así el 13 de diciembre siguiente quedó constituida la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, presidida por él mismo, con Iñaki como presidente del anodino consejo asesor. Sin ánimo de lucro, como es natural, se dedicaría a procurar la integración social de niños discapacitados. Era el colmo de la perversidad: utilizar a niños discapacitados como tapadera de sus chanchullos económicos. En dos años cobraron 420.000 euros a los patrocinadores. La incontenible rapacidad de Torres le llevó a alquilar su barco a la Fundación que él mismo presidía, en doce mil euros semestrales.
La Fundación pasó a detentar la mayoría del capital de la compañía De Goes Center for Stakeholder Management, utilizada para desviar el dinero recaudado al paraíso fiscal de Belice. También lo guardaban en Suiza y Luxemburgo.
La gran explosión
Todo les salía bien a los de la banda, hasta que las elecciones autonómicas y municipales de 2007 derribaron a Matas del Govern de las Illes Balears. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, creó una Fiscalía Anticorrupción en las islas, para investigar los negocios urbanísticos montados durante el mandato del partido autoproclamado Popular. La pieza mayor era el velódromo Palma Arena, presupuestado en 45 millones de euros, y que acabó costando más de 110.
Uno de los principales implicados era el antiguo director general de Deportes de la Generalitat, conocido como Pepote Ballester, íntimo amigo y colega del duque de Palma. El asunto cayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que tiene como titular al juez José Castro, con fama de insobornable. Acusó a Pepote de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho, lo detuvo y ordenó requisar su ordenador. En su disco duro se conservaba una gran cantidad de mensajes de Urdangarin, con tales documentos que el juez abrió un procedimiento separado del Palma Arena, y el 22 de julio de 2010 reclamó al Govern toda la documentación sobre los llamados Illes Balears Forum organizados por el Instituto Nóos.
Para entonces Iñaki y Cristina habían puesto el océano por medio, con intención de desvincularse de cuanto pudiera suceder. La Compañía Telefónica Nacional de España, obediente a las recomendaciones recibidas, había nombrado delegado en los Estados Unidos al duque, un cargo sin contenido, pero retribuido con 1,5 millones de euros anuales, más 1,2 de gastos adicionales, más el pago de los gastos ordinarios, como el alquiler de la lujosa mansión, el servicio doméstico, el colegio de sus cuatro hijos, y los ocho escoltas. Inauguraron su nuevo hogar americano en agosto de 2009.
Si el duque no tenía nada que hacer, lo mismo le sucedía a la duquesa como asesora de la Fundación La Caixa, que por ello le abona 90.000 euros. Sumados a los 72.00 que percibe de la llamada Casa Real, pese a su irrealidad, la pareja se gana una bicoca de manera legal sin recurrir al sudor de sus frentes. Pues no les bastaba.
¡Descubiertos!
El fiscal Pedro Horrach reclamó a la Agencia Tributaria datos sobre el Instituto Nóos, y descubrió un fraude muy real. Se dirigió al Instituto para exigir toda la documentación relativa a sus actividades, y Torres se la envió en agosto de 2011, según cuentan los autores.
Al no haber declarado el juez secreto el sumario, las facturas estaban a disposición de todas las partes personadas en el caso Palma Arena. Se aprovechó de ello El Mundo para publicar el 25 de setiembre un reportaje explosivo. Aparecía implicado también un hermano del duque, y se encontraron extrañas facturas, como el pago por comisiones futuras. Los medios de comunicación hasta entonces ignoraban el asunto, por obedecer al pacto no escrito, pero real, acordado en los inicios de la monarquía instaurada por el dictadorísimo, de mantenerla impoluta pasara lo que pasase.
Por ello los duques de Palma se atrevieron a acompañar a los reyes, los tripríncipes y la infanta Elena en la tribuna presidencial desde la que presenciaron el desfile de la victoria el 12 de octubre de 2011. Fue su última aparición como familia unida, y el último acto representativo de los duques ante el público.
El 7 de noviembre debiera festejarse oficialmente en la Comunidad de Madrid, por ser el día en que el pueblo madrileño rechazó el ataque de los militares sublevados en 1936. A esa efeméride hay que añadir que en el año de gracia 2011, de desgracia para la monarquía, el juez Castro ordenó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía Judicial de Palma trasladarse a Barcelona, para registrar el domicilio social del Instituto Nóos. Desde entonces los medios de comunicación tuvieron que enterarse de los chanchullos económicos de Cristina de Borbón y su marido y cómplice. La banda estaba tan segura de su impunidad, garantizada por el parentesco real, que no había destruido ningún documento.
El duque se indigna
Iñaki nombró abogado y portavoz a Mario Pascual Vives, un amigo con el que jugaba al tenis, quien aceptó un encargo tan difícil porque le catapultaba a las primeras planas de los medios de comunicación, sacándolo del anonimato en que transcurrió su vida profesional hasta entonces.
El 11 de noviembre de 2011 el duque viajó a Madrid, reclamado por el rey antes que por la Justicia. La entrevista en el palacio de la Zarzuela parece haber sido muy violenta. Según cuentan los autores, Iñaki llegó a gritar: “¡Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, pues yo también!” (página 285), y por esta vez tenía razón.
Casualmente, aunque no recogen el dato los autores, esa tarde su majestad el rey católico nuestro señor apareció con el ojo izquierdo ennegrecido por un violento golpe, proporcionado al chocar con una puerta, según aclaró convenientemente la llamada Casa Real.
El rey y el tripríncipe han pedido a Cristina que se divorcie, siguiendo el ejemplo de su hermana, pero ella está cada día más enamorada de su marido y cómplice y no escucha ningún razonamiento. También se hace la sorda.
Exactamente un mes después, 11 de diciembre, de nuevo en Washington, Iñaki leyó por teléfono una breve nota a la Agencia Efe, en la que con toda contumacia se declaró inocente y culpó a los medios de comunicación de tenerle manía. Al día siguiente su abogado recibió a los periodistas barceloneses, no para felicitarles las fiestas navideñas, sino para advertirles de que el duque se hallaba muy indignado por los comentarios que publicaban, y les exigía que se comportasen bien con él, puesto que es un santo inocente.
El jefe de la llamada Casa del Rey, Rafael Spottorno, convocó también a los periodistas, esta vez madrileños, para explicar que la Casa consideraba la conducta de Urdangarin “no ejemplar”, y en consecuencia quedaba excluido de los actos oficiales. No calificó la conducta de su mujer y cómplice.
La ESADE barcelonesa expulsó a Diego Torres de su cuadro de profesores, porque su nombre era sinónimo de corrupción. También él se había comprado un chalé, pero valorado solamente en 1,5 millones de euros, nada ver con a casita de Pedralbes.
En su discurso nochebuenero el rey aludió al caso sin citarlo, y aseguró que, como afirma la Constitución, en este reino la Justicia es igual para todos, lo que provocó la hilaridad general en los hogares españoles que tenían el televisor encendido. No obstante, supusimos todos los espectadores que el rey católico se desentendía de su hija y yerno. Todo lo contrario de lo demostrado por la reina, al ir a pasar cinco días en la casa gringa de los duques, y facilitarle una amplia información a la revista rosácea ¡Hola!, que publicó un reportaje con fotografías el 14 de diciembre. Así quedó demostrado que está rota la armonía del matrimonio real. Y eso que aún no había sucedido la aventura de Botsuna con Corina y sus elefantes.
El juez insobornable
Al día siguiente de la conmemoración de los santos inocentes, el juez Castro imputó a Urdangarin y lo citó a declarar lo mismo que a Diego Torres, su mujer, sus dos cuñados, el asesor Salvador Trinxet, Pepote Ballester y dos altos cargos del Govern balear: Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía. ¿Por qué está imputada la mujer de Torres y no la de Iñaki? Porque la Justicia no es igual para todos en el reino.
El fiscal Horrach acusa a Iñaki de la comisión de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Pero él sigue proclamando a gritos su inocencia.
Aquello había llegado demasiado lejos y demasiado alto, como un jugador olímpico. El Consejo General del Poder Judicial abrió diligencias contra el juez Castro por revelación de secretos, con el propósito de apartarlo del caso, pero era tan absurdo que no prosperó Después se intentó declarar prescritos los delitos, cosa tampoco admisible. Por fin se pretendió trasladar el caso a la Audiencia Nacional, en donde obtendría benevolencia, y asimismo la burda intentona manipuladora fracasó. Es sospechoso que haya tantos interesados en evitar el juicio, aunque no lo consigan.
En consecuencia, el 25 de febrero de 2012, annus horribilis para la monarquía del 18 de julio instaurada por el dictadorísimo, Iñaki Urdangarin compareció ante el juez. La familia había llegado a Palma el día 18, y se alojó en el palacio de Marivent, residencia oficial veraniega de los reyes y demás acompañantes. De modo que el duque estaba excluido de los actos oficiales, pero no de los palacios reales.
Para entrar al Juzgado número 3 de Palma hay que atravesar una pendiente de unos cien metros, que jueces, funcionarios, encausados y testigos recorren a pie, pero la llamada Casa Real pretendió que Iñaki llegase en automóvil hasta la puerta, lo que negó el juez. Después se reclamó que la declaración no fuese grabada en vídeo, lo que encontró justificado Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder judicial, alegando que “no todos los ciudadanos son iguales”. No se le ha abierto expediente, pese a negar el artículo 14 de la vigente Constitución monárquica, según el cual “Los españoles son iguales ante la ley”.
Chantaje a la vista
Aquel 25 de febrero la Policía Nacional tomó las calles aledañas al Juzgado. Los balcones próximos había sido alquilador por los reporteros gráficos a precio de oro. La multitud agrupada en las cercanías enarbolaba banderas tricolores y reclamaba el fin de la monarquía. El duque recorrió el callejón con aspecto sonámbulo, se paró ante unos periodistas e hizo una breve declaración para insistir en su inocencia.
Idéntica actitud mantuvo ante el juez, porque culpó de todo a su antiguo profesor y después cómplice Diego Torres, y le acusó de haberle robado a él. Continuó el interrogatorio el día 26, cuando el fiscal le preguntó si tenía alguna cuenta en bancos suizos, lo que negó. Al mostrarle el fiscal un documento que lo probaba, replicó que esos 375.000 euros pagados por Aguas de Valencia eran para el empresario jordano Mansour Tabbaa, emparentado con el rey Faisal y amigo del rey Juan Carlos, por lo que hace negocios en España.
Ocurrió entonces una deriva inesperada. El abogado Manuel González Peeters, elegido para su defensa por Torres, advirtió al fiscal Horrach que su cliente le había facilitado “doscientos correos electrónicos que pueden hacer saltar por los aires la corona” (p. 372), y el 16 de abril presentó ante el Juzgado tres de ellos: Iñaki le contaba a Torres la mediación del rey para organizar un chanchullo económico-deportivo. El letrado reclamaba la exoneración de su cliente, a cambio del silencio.
Puestas así las cosas, Diego Torres reveló que él mismo se encargó de comprar el anillo de pedida de Letizia Ortiz, valorado en tres mil euros, que pagó con una tarjeta de crédito del Instituto Nóos, y que Iñaki se lo regaló generosamente al tripríncipe Felipe (páginas 378 s.). De cualquier modo, el anillo, y todo lo demás, lo pagamos los resignados vasallos de su majestad el rey católico nuestro señor, así que no importa quién efectuase el pago en la joyería.
En espera de saber
En las páginas 380 y siguiente se narra el diálogo entre el abogado González Peeters y un anónimo del que se dice únicamente que pertenece “al entorno de Iñaki Urdangarin”. Ha de ser un personaje importantísimo y secretísimo, cuando en las páginas anteriores se han escrito tantos nombres públicos sin afectación. El letrado proponía a ese personaje venderle los correos electrónicos por seis millones de euros, más otros doscientos para el pago de la fianza de responsabilidad civil, un empleo para su cliente en Telefónica, y un millón más para él por sus honorarios.
Comentan Inda y Urreiztieta: “Ese fue el punto de partida de una negociación que se desconoce cómo ha terminado, aunque todo indica que muy mal no lo ha hecho, fundamentalmente porque ni Diego Torres ni su ángel de la guarda jurídico han vuelto a decir esta boca es mía” (p. 381). ¿Será una historia real?
El pasado 28 de agosto los duques comunicaron su regreso a la patria anhelada, por lo que Iñaki abandonó el suculento y descansado trabajo, es un decir, en Telefónica. Se ignora si cobrará los 4,5 millones de euros de indemnización que tiene contratados. En Suiza le han bloqueado las cuentas bancarias. A este paso, acabaremos viéndole pedir limosna por la calle, si es que no lo encierran por la comisión de tantos delitos financieros.
¿Y Cristina? No está imputada y ni siquiera citada a declarar como testigo, porque el 4 de marzo del annus horribilis declaró el juez Castro: “Citar a declarar a la infanta sólo contribuirá a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo.” Lo cual demuestra que el artículo 14 de la Constitución es falso. Cosa que todos sabíamos desde hace 37 años. Además, Cristina nunca ha hecho nada gratuitamente.
Y lo mismo que se anuncia en los seriales, este folletín continuará, y solamente a su final se desvelará si la Justicia en este reino es igual para todos. Yo apuesto a que no, aunque no encontraré a nadie que opine lo contrario. ¡Viva España con honra!
Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, Urdangarin. Un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, 422 páginas, 20,90 euros.
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