La Comisión Nacional de la Competencia acaba de publicar el volumen de ayudas del Estado al sector financiero en el año 2010. Nada menos que 87.000 millones de euros a los que habría que sumar, según la misma fuente, al menos otros 58.000 de los años 2009 y 2008. Es decir, 145.000 millones hasta 2010. La deuda del Estado en ese mismo periodo ha aumentado en 186.000 millones. Una simple comparación aritmética nos dice de donde proviene el 80% de la deuda pública acumulada en este tiempo. Ni caída de la recaudación ni administración duplicada, ni nada; lo que no nos podemos permitir es mantener a esta banca. Sin hablar de las ayudas concedidas en 2011 y 2012, más el rescate previsto que ya está claro que no va a poner “Europa”.
A esta deuda odiosa, centralizada en los Presupuestos Generales del Estado y que se paga con la subida del IVA y los recortes en los servicios públicos, hay que sumarle la deuda difusa pero igualmente odiosa que atenaza a decenas de millares de personas que están perdiendo sus viviendas por no pagar las hipotecas, y a los cientos de miles más que, para no perderlas, están reduciendo su consumo al mínimo vital. Según el Banco de España, más de cuatro millones de los hogares españoles tenían en 2008 una hipoteca obtenida para la compra de su vivienda habitual (no se publican datos más recientes). Del orden de un millón, en aquel año, tenían que destinar al menos la mitad de su renta a pagarla. ¿Cuántos serán ahora? Es difícil dar cifras pues está por medio el sacrosanto “secreto bancario” pero una estimación razonable de esta deuda insufrible estaría en unos 60.000 millones que, en todo caso, las personas endeudadas no pretenden que se les perdone sino simplemente que se les permita pagar de otra forma o, en el peor de los casos, que les acepten la dación en pago.
Junto a la deuda odiosa centralizada y a la deuda odiosa difusa, tenemos una tercera modalidad: la deuda odiosa oculta. Me refiero a las obras que se realizan bajo la fórmula denominada colaboración público-privada (CPP). Desde el inicio de la crisis, la obra pública contratada por el mecanismo tradicional ha caído en más del 50%. ¿De qué van a vivir ACS, Ferrovial y las demás? ¿Cómo van a seguir asfaltando el país? Igual que para sus hermanos mayores los bancos, también para ellas hay un rescate. La constructora adelanta el dinero y financia la obra, recuperándolo luego en peajes o cánones durante veinte o treinta años a tipos de interés muy convenientes, no para la administración, sino para el constructor. ¿De dónde sale el dinero si no hay crédito? Del Banco Europeo de Inversiones. ¿Por qué no se presta a la administración en lugar de a las constructoras? Porque así no computa para los criterios de Maastricht, ¡qué casualidad! Pero pagarlo habrá que pagarlo durante las próximas décadas, asfixiando los presupuestos hasta dentro de veinte años. ¿A cuánto asciende esta deuda oculta? No lo sabemos pero para botón de muestra un dato; según datos del Consello de Contas en la Galicia de Feijoo la mitad de la obra pública se hace así ya.