Comisión por el derecho al aborto en Navarra
Navarra, tierra de contrastes y de algunas otras cosas más, nos
vuelve a sorprender. Esta vez ha sido gratamente. La Cámara de Comptos,
organismo dependiente del Parlamento encargado de fiscalizar las cuentas
públicas, presenta un informe en el que no sólo sugiere, sino que
afirma rotundamente, que las Interrrupciones Voluntarias del Embarazo,
-IVE- se deben hacer, y salen más económicas, en los centros públicos.
Analicemos por partes, el enjundioso contenido del informe, realizado,
por cierto, a petición de la izquierda parlamentaria.
Nadie piense que al Gobierno de Navarra le importa un pito la
salud sexual y reproductiva de las mujeres y menos las cuantiosas sumas
que gasta en sostener los chiringuitos privados que prestan servicios
médicos.
En primer lugar hace un estudio exhaustivo y riguroso sobre los costes
de las intervenciones en la clínica privada de Antsoain, y llega a una
conclusión, que es casi un clásico en las manifestaciones que se
producen continuamente en contra de la privatización de la sanidad
pública: es sustantivamente más caro lo que se paga a los centros
privados por las prestaciones y servicios que debe hacer la salud
pública, que realizarlos en los centros públicos propios.
Detalla casos concretos y precios y hace varias comparativas,
en las que se ve el desfase de precios y costos, por lo que recomienda
que se economice utilizando los servicios y centros públicos. La
pregunta se une a las preguntas que estos días se están haciendo miles
de personas en nuestra sociedad navarra ¿por qué los políticos y las
políticas que gobiernan la Comunidad foral insisten de forma tan
machacona en privatizar las prestaciones y servicios públicos si salen
más caros? Urge urgar en los bosillos de los dineros no sólo públicos,
sino también privados, para analizar esta interesante pregunta.
La segunda conclusión que se deriva del informe, interesa mucho a
nuestros planteamientos, pues resulta que la realización de la IVE en la
sanidad pública gararantiza mejor los derechos de las mujeres en el
ámbito reproductivo y sexual.
Y se refiere a la calidad de la prestación. A la cercanía, a
la comodidad y a la buena asistencia para las mujeres que quieren
interrumpir un embarazo no deseado. Lo que intriga o llama la atención a
la Cámara es la práctica constante de externalizar estas prácticas
sanitarias y derivar a las pacientes –y nunca mejor dicho- al centro
privado de Antsoain. Y recuérdese que este centro lleva alrededor de un
año de funcionamiento, pues anteriormente se las derivaba a otros
centros privados de otras comunidades.
Señala con mucho acierto, que una práctica tan elemental
–hablando en términos de intervención- como es la interrupción del
embarazo hasta las 14 semanas, que tiene una realización y una
tramitación relativamente ágil, es la idónea para que se haga en los
Centros de Atención a la Mujer (CAM), y en los centros hospitalarios,
mediante la ingestión de una pastilla, hasta las siete semanas o
mediante una sencilla intervención quirúrgica.
Y aquí entra el segundo gran descubrimiento del informe de la Cámara,
cuando hace público que en el flamante registro de personal objetor del
Complejo Hospitalario de Navarra sólo hay apuntada una persona.
Es decir que hay personal de sobra para realizar estas
intervenciones, hay instalaciones superpreparadas y, además, el circuito
normal de asistencia a las mujeres embarazadas, pasa por que acuda a
los CAM para realizar la primera consulta y la asistencia normal, hasta
que se las deriva a la clínica privada. O sea, que es más accesible para
la usuaria.
La tercera conclusión que refleja el informe, da en uno de los clavos
centrales de la cuestión.
A lo largo de los datos que se han barajado se observa uno que
llama la atención, y es que, de las pacientes sometidas a intervención,
consta que el 38,7% de ellas no utilizan métodos anticonceptivos. Se
debe señalar que la media estatal es del 31,8%. Por eso una de las
recomendaciones importante del informe dice literalmente que se debe
“analizar más a fondo el perfil de la mujer a la que se le practica una
IVE con el fin de diseñar una estrategia de prevención de embarazos no
deseados adecuada, teniendo en cuenta el porcentaje que no utiliza
ningún método anticonceptivo, y mejorar la educación y orientación
sexual”.
Bingo!!! A quince años de la implantación por parte de UPN de
la política exterminadora de la educación sexual en los Centros de
Orientación Familiar y Orientación Sexual –COFES- se documenta uno de
sus mayores logros: crecen de forma alarmante los embarazos no deseados,
en una Comunidad que fue pionera en las políticas de educación sexual y
en el descenso de aquéllos entre la gente más joven.
Desde nuestra organización nos felicitamos por poner en el
candelero de nuevo tres de nuestras reivindicaciones importantes en el
campo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: aborto
libre y gratuito, en los centros de salud públicos, y unas políticas de
educación sexual y reproductiva dirigidas especialmente a los sectores
más afectados, como son las jóvenes.
Seguimos con interés las derivas de la política sanitaria navarra:
¿Cumplirá la consejera Vera algo de lo que se le recomienda desde la
Cámara de Comptos? Y si no lo hace, ¿sería éste un caso de “scrache”
institucional por acoso a las mujeres no atendidas como se merecen y
como ordena la legalidad vigente?.
