| Al Sr. Juez del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional |  |  |  |
| Derechos y Libertades - Libertad de Expresión |
| Escrito por Amadeo Martínez Inglés |
| Miércoles, 13 de Marzo de 2013 00:00 |
 Don Amadeo Martínez Inglés, Coronel del Ejército español diplomado de Estado Mayor, Escritor e Historiador militar
Personado en el día de hoy, 12 de marzo de 2013, a las 11,30 horas, en la Secretaría del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional tras ser citado por una resolución del Sr. Juez titular de ese Juzgado para asistir al acto del juicio oral en el Procedimiento Abreviado 54/2012, le manifiesto lo siguiente:
PRIMERO.-
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la resolución que emitió a mediados de 2011con motivo del recurso a tan alto Tribunal elevado por el ciudadano español Arnaldo Otegui, condenado por la Audiencia Nacional a un año de prisión por injurias al rey de España sobre la base de lo que especifica el artículo 490.3 del Código Penal español, dejó bien claro que el citado artículo vulnera el legítimo derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental de la persona humana recogido fehacientemente tanto en la legislación de Naciones Unidas como en la de la Unión Europea, instando a las autoridades españolas a eliminarlo urgentemente de su ordenamiento penal al mismo tiempo que condenaba al Gobierno español a pagar al recurrente una indemnización de veinte mil euros por dañar ese derecho.
Resolución del alto Tribunal Europeo que, en enero de este mismo año 2013, ha sido corroborada en todos sus extremos por una solemne declaración oficial de la Unión Europea en la que rechaza de plano como contraria a los derechos fundamentales del ciudadano en el marco de cualquier Estado democrático y de derecho, la condena impuesta por la justicia tailandesa a un editor de esa nacionalidad que se “atrevió a publicar” un artículo periodístico presuntamente injurioso contra su rey.
SEGUNDO.-
El Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas tiene en su poder, desde septiembre de 2005 en el que recibió un primer y exhaustivo documento de 40 páginas remitido también al presidente del Gobierno de la nación y a las más altas instituciones del Estado, cinco prolijos Informes redactados por el historiador militar que emite la presente declaración (unos 300 folios en total) en los que, después de casi treinta años de estudios e investigaciones y con abundantes e irrefutables indicios racionales de culpabilidad, se denuncian variados y presuntos delitos del todavía rey de España, Juan Carlos de Borbón, y se pide la creación de una Comisión Parlamentaria que depure sus presuntas responsabilidades. Del último de estos informes, remitido en diciembre de 2011, el Congreso de los Diputados acusó recibo señalando que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones para su “estudio y tramitación”.
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Con la república la mujer comenzó a ver cumplidas algunas de sus aspiraciones que como ser humano tenía derecho y que sistemáticamente le habían sido denegadas, la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal. En ello tuvo especial importancia el tesón de Clara Campoamor, un legado que nunca sabremos llegar a valorar en su justo valor para lo que supuso la emancipación femenina, supongo que por la ausencia de un republicanismo fuerte y porque pasada la dictadura sus planteamientos fueron parte de nosotros por asimilación natural de los tiempos.
Corren días convulsos para la familia González Martín después de que ‘El País’ publicase un reportaje en el que denunciaba que el ultraderechista que en 1980 mató a la mayor de los hermanos –Yolanda, de 19 años– prestó servicios de asesoría a la Guardia Civil y a la Policía española. El ministro de Interior trata de justificarlo sin sonrojo mientras los allegados de la militante del PST insisten en la cobertura que las FSE vienen dando desde 1980 a Emilio Hellín Moro.
