Hedor a gran altura
José M. Roca
Escritor
nuevatribuna.es
21 Enero 2013 - 18:56 h. .
El conocimiento de que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, dispone de 22 millones de euros en cuentas secretas en Suiza, que ha derivado otras sumas a Estados Unidos, que se ha acogido a la amnistía fiscal decidida por el ministro de Hacienda para blanquear 10 millones de euros, que altos cargos del Partido han cobrado durante años sobresueldos en dinero negro, que van de los 5.000 euros a los 15.000 euros mensuales, y que se han repartido propinas menores a otros militantes, son hechos publicados por la prensa, que, de probarse como ciertos, y parece probable que así sea, revelan que el partido del Gobierno está hundido en la corrupción.
Los viejos y nuevos casos de corrupción en Castilla-León, Galicia, Baleares, en Valencia, Castellón y Alicante; en Murcia, Madrid (Ayuntamiento y Comunidad) y las extensas ramificaciones del caso Gurtel, que es, mientras prosigue la investigación, el mayor caso de corrupción conocido hasta hoy en España, no son anomalías locales toleradas por la dirección, sino una manera de financiar el partido y, de paso, a muchos dirigentes nacionales, autonómicos y locales, cuya práctica sigue. Y ahí están los casos recientes de José Luís Baltar, el cacique orensano, acusado de dar empleo a más de cien personas afines al partido, que no ha podido ser sometido a una comisión de investigación a causa del veto de la mayoría “popular” dirigida por su hijo, que le ha sucedido en la presidencia de la Diputación de Orense, y el caso de Angel Currás, alcalde de Santiago que ha dejado el cargo por presunta adjudicación a un grupo empresarial. Currás sucedió en el cargo a Gerardo Conde, también del PP, forzado a dimitir tras admitir un fraude fiscal por 290.000 euros. También es ilustrativo que el presidente de la Comunidad Valenciana no exija la dimisión de la diputada Milagros Martínez, para la que el fiscal ha pedido la semana pasada 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación, por adjudicaciones irregulares a Orange Market, una de las empresas de la trama Gurtel. O el ático del presidente de la Comunidad de Madrid en Marbella, al parecer alquilado, pero recién comprado a una empresa extranjera bastante sospechosa, con un dinero que tampoco está claro de dónde ha salido. Es decir, los asuntos turbios y la poca disposición de denunciar a los corruptos y apartarlos de los cargos públicos siguen existiendo en el Partido Popular. No se ve rectificación alguna.
Unilabs acaba de comprar el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el propio Güemes, siendo Consejero de Sanidad, adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños. Son los seis centros cuya gestión sanitaria quiere privatizar próximamente la Comunidad de Madrid.















































