El órdago soberanista planteado por el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el apoyo de buena parte de la sociedad catalana, al gobierno español, ha añadido una enorme dosis de inquietud a un panorama ya suficientemente sombrío por el efecto de los recortes. Sin entrar a valorar la legitimidad de la pretensión independentista ni su viabilidad –me considero defensor de un modelo de federalismo solidario–, no puedo sino censurar su lamentable inoportunidad.
1.- Distrae la atención del verdadero conflicto que la crisis plantea, que no es el del autogobierno nacional sino el del autogobierno social, es decir, el de si el Estado ha de servir al interés de los ciudadanos o al de los mercados, y no el de cuántos Estados sería justo constituir. La primera cuestión es políticamente más esencial que la primera y creo ser honesto al afirmar que preferiría ser un ciudadano con derechos y protecciones plenas en un estado extranjero que desempleado y súbdito en el propio.
2.- La urgencia de las reivindicaciones soberanistas solo podría estar justificada cuando la parte presuntamente ocupada estuviera en grave inferioridad de derechos, libertades y prosperidad respecto a la parte ocupante. Si tenemos en cuenta que la renta per capita en Cataluña en el 2011 fue de 27,300 euros frente a la media nacional cifrada en 23,271, y a los 16.149 de Extremadura, surge la sospecha de que la verdadera motivación de la urgencia no sea la romántica sublevación de la colonia contra la metrópoli, sino el desnudo interés económico: el deseo de la parte rica de reducir su contribución a la parte pobre.
3.- El debate identitario hace que el conflicto vertical entre élites financieras y ciudadanos oprimidos se soslaye en beneficio del choque horizontal entre catalanes pobres y españoles pobres, que la indignación por las injusticias sociales se sublime en odio patriótico, que la transformación social se sustituya por la confrontación nacional, que la lucha contra el desmantelamiento del estado de bienestar se convierte en agria disputa entre las víctimas de dicho desmantelamiento.
4.- La rivalidad nacionalista, lejos de debilitar a los gobiernos conservadores que la provocan, tanto de España como de Cataluña, responsables de los recortes y rehenes de los mercados, les dará cohesión y legitimidad. Dada la visceralidad que involucra este tipo de conflictos, todos, ciudadanos de izquierdas y derechas, cerraremos previsiblemente filas en torno a nuestros respectivos comandantes en jefe, sea Rajoy o Artur Mas. Nuestra procedencia será más importante que nuestra condición. De este modo los efectos devastadores de las políticas neoliberales dejarán de ocasionar el merecido desgaste a sus gestores -esa ha sido precisamente la astuta estrategia de Artur Mas.
5.- El conflicto nacionalista, por su propia naturaleza no puede ser dirimido por medio de un referéndum de autodeterminación, ya que tendría que ser deslindado previamente cuál es el ámbito en el que éste debe realizarse, Cataluña o España. ¿Corresponde el título de pueblo soberano al territorio que reclama la secesión o al que se considera con potestad para otorgarla? Dilema irresoluble en términos estrictamente democráticos -la democracia confiere legitimidad a la mayoría de las respuestas, pero no establece quién, el todo o la parte, tiene legítimamente derecho a la pregunta-, por lo que corre el riesgo de desembocar en un estallido de violencia.
6.- Es ingenuo pensar, y éste es tan solo un argumento pragmático, que el nacionalismo español cederá pacíficamente, en términos económicos o policiales, a las pretensiones del nacionalismo catalán. Y Artur Mas lo sabe, o debería saberlo. Lo que lo convierte en un necio o un irresponsable o ambas cosas a la vez.