Andalucía destina más de 240.000 euros a exhumar restos y recuperar la memoria histórica
La mayor parte irá destinada a exhumaciones y acciones relacionadas con la identificación de restos, según la lista provisional, en fase de alegaciones. En total, tienen asignaciones 36 proyectos de ayuntamientos, asociaciones y una universidad, la Olavide
Trabajos en la fosa de Víznar. // CHARO VALENZUELA
La Junta de Andalucía sigue apostando por la recuperación de la memoria histórica a pesar de las limitaciones presupuestarias y los recortes. Según la propuesta provisional de ayudas, ahora mismo en fase de alegaciones, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha adjudicado este año 242.700 euros en subvenciones a 36 proyectos de ayuntamientos, asociaciones y una universidad, la Pablo de Olavide. La mayor parte, 162.410 euros (el 67%), irá destinada a exhumaciones y acciones relacionadas con la identificación de restos, a diferencia del pasado año, cuando la mayor parte de los 266.144 euros concedidos (el 60%) se dedicó a proyectos de investigación y difusión.










Wert puede ser todo lo neoliberal que quiera, pero no puede ponerse a la derecha del sentido común. No puede afirmar que con decenas de miles de profesores menos en las aulas y con más alumnado va a mejorar la calidad educativa y el éxito escolar. Y cuando se insulta a la inteligencia con este descaro, ya no es creíble nada de lo que se diga. Por ejemplo, cuando para defender su ley asegura que no perjudica a la escuela pública, sino todo lo contrario. Para limitar el peso de la educación pública en España utiliza argumentos de brocha gorda que niegan una evidencia: la educación ha mejorado en la etapa democrática, aunque tenga que seguir mejorando. Veamos las vías para reducirla.









El ministro asegura que la reforma que entra este mes de octubre no contemplará la ley de plazos y revisará la de supuestos. De manera inconcreta, impone la prohibición de la IVE a menores sin el consentimiento paterno, pide al Constitucional que deniegue este derecho en casos de malformación e insiste en que “la última palabra” la tendrá el Ejecutivo.